La VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se realizar en Venezuela en noviembre próximo, tendrá como eje temático los "valores éticos de la democracia". En preparación de este acontecimiento, organismos de derechos humanos de la región elaboraron un documento de consenso, que reafirma los derechos humanos como horizonte ético, que ser presentado a la Cumbre. A continuación presentamos una versión abreviada. En ocasión de celebrarse en 1997 la VII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Margarita, Venezuela con el propósito de dialogar sobre "los valores éticos de la democracia", las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en América Latina, ratificamos las propuestas que se han venido impulsando con la esperanza de que los gobiernos de Iberoamérica asuman como valores éticos de la democracia, los principios y valores aceptados por la comunidad internacional, en materia de derechos humanos, considerando que estos nunca deben sacrificarse en aras de modelos de desarrollo que atenúen contra la dignidad humana, reafirmándose la democracia como el escenario ideal para el pleno goce y disfrute de los derechos humanos. Las organizaciones que suscriben este documento consideran de mucha importancia el encuentro de los Jefes de estado y gobierno y recomiendan tengan en cuenta: La ratificación del principio de responsabilidad única y exclusiva del Estado en la protección de los derechos humanos. La ratificación de los principios de cooperación y coordinación entre los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, así como el derecho de los particulares afectados a elegir el mecanismo que mejor satisfaga su necesidad de respuesta oportuna y efectiva; y el derecho a la reparación. La promoción, el respeto, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, tanto en el terreno nacional como en el internacional. El rechazo a la imposición de medidas legislativas o económicas que signifiquen menoscabo a los derechos adquiridos de los trabajadores/as y la denuncia de la incompatibilidad entre los tratados internacionales de derechos humanos y las medidas de ajuste estructural. La reafirmación de la estrecha e indisoluble relación existente entre Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos, para lo cual es indispensable ampliar el conjunto de derechos políticos reconocidos a los ciudadanos. El impulso del recurso de Habeas Corpus como un recurso de tramite sencillo, breve y efectivo y el rechazo contra toda medida que atenté contra el pleno disfrute del derecho a la vida, la integridad física, a la libertad personal y la protección contra la desaparición forzosa, derechos que se ven particularmente afectados a causa del abuso de poderes excepcionales. La creación de un Tribunal Penal Internacional de derechos humanos. El establecimiento de canales y mecanismos que aseguren una creciente intervención de las organizaciones de mujeres, minorías, niños y adolescentes grupos étnicos, pueblos indígenas, discapacitados y otros sectores discriminados o vulnerables, en la toma de decisiones que afectan y comprometan el disfrute de sus derechos. El impulso de programas de formación en derechos humanos, con el objeto de promocionar una cultura acorde con el respeto y la defensa de los derechos humanos por parte de los Estados. La inclusión de la perspectiva de género en los niveles de los organismos normativos nacionales e internacionales, que contribuya a una lectura de la realidad reveladora de las causas y efectos de la discriminación contra las mujeres que permita superarla y desarrollen una cultura de participación igualitaria. La independencia de la administración de justicia y su fortalecimiento, a partir de sistemas de designación y remoción de jueces y funcionarios -as- acordes con la imparcialidad, como garantía de la vigencia de los derechos constitucionales y del acceso a la justicia para todos y todas. La ratificación de los pactos e instrumentos protectores de los derechos humanos por parte de todos los Estados, sin reservas que disminuyan su eficacia. La aplicación del derecho al desarrollo como un derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. La participación igualitaria de los Estados en las decisiones de las instituciones financieras internacionales. La protección del medio ambiente como derecho indivisible e interdependiente con los demás. Salo a través de políticas de desarrollo que garanticen un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente racional se puede satisfacer equitativamente el derecho a la vida digna de las generaciones actuales, sin afectar el derecho a las generaciones futuras. La formulación de una declaración expresa de condena a todas las formas de discriminación y/o multidiscriminación por condición de género y orientación sexual, de razas, de etnias, de religión, de grupos sociales o culturales, de nacionalidad y opinión política. La protección especial nacional e internacional para las personas discapacitadas y de la tercera edad, trabajadores -as- migrantes, población sin techo, desplazados -as- internos, afectados -as- por HIV + y múltiples grupos discriminados y marginados. La necesidad de no discriminar a portadores -as- y enfermos -as- del HIV+ y el resguardo de su derecho a recibir los tratamientos necesarios que le garanticen mejor calidad de vida en todos los niveles incluyendo a quienes se encuentra privados -as- de libertad. La condena y la inclusión de medidas internas e internacionales eficaces contra políticas de limpieza social que se manifiestan, entre otras formas, por el exterminio físico, la marginación o los atentados contra las prostitutas, homosexuales, lesbianas, niños y niñas de la calle, y otros grupos sociales discriminados. La protección de niños, niñas y jóvenes, desplazados por la violencia política, víctimas de conflictos armados y en situación de abandono. La condena del tráfico de niños y niñas, falsas adopciones, negación de su identidad, venta de sus órganos, prostitución de toda otra forma de abuso que vaya en contra de su desarrollo, y su consideración como violaciones masivas de los derechos humanos de la niñez. La protección legal de niños y adolescentes trabajadores y la erradicación de toda forma de explotación económica. El cumplimiento por parte de los Estados de la Convención Internacional sobre los derechos del niño, respetando su legítima identidad y resaltando su condición de sujetos de derechos humanos. El reconocimiento específico de los -as- desplazados -as- internos, la creación de un órgano independiente e internacional que les brinde protección, as¡ como la protección de la población que se desplaza por causa de la violencia hacia otros países. La prohibición absoluta del uso de minas terrestres anti personales y el desmantelamiento y destrucción de todas las que est n instaladas. La afirmación de los derechos a la comunicación, a la investigación y a la recepción de informaciones y opiniones. Establecer la obligación de los Estados miembros de derogar todos los mecanismos de censura oficiales, as¡ como todas las figuras penales que supongan una protección especial para funcionarios -as- para garantizar el pluralismo informativo, facilitando el acceso a los medios de difusión masiva de las organizaciones intermedias de la sociedad, con espacios fijos en los medios del Estado y otorgando la administración de estos a una conducción plural, ajena al poder gubernamental. La promulgación de leyes que garanticen el derecho a la objeción de conciencia. El proceso de evaluar el sistema interamericano de derechos humanos debe hacerse propiciando una discusión m s amplia con organizaciones no gubernamentales, expertos y gobiernos, con el común propósito de que las reformas que eventualmente se propongan, beneficien a las víctimas de violaciones de derechos humanos, as¡ como a las tareas de promoción y defensa en general. Nos preocupa que con la propuesta de reforma del sistema interamericano se pretenda fusionar la Comisión a la Corte Interamericana, limitar la admisibilidad de los casos, aumentar el carácter confidencial de las decisiones y restringir la representación de organizaciones no gubernamentales e individuos. Las personas que la Asamblea General elija para integrar los órganos del sistema interamericano deben ser personas moralmente intachables y de reconocida trayectoria de compromiso con los derechos humanos y asegurar una adecuada independencia de los órganos del sistema. La impunidad constituye un fenómeno internacional y generalizado en la región, cuyos efectos tiene directa relación con las dificultades que han presentado nuestras sociedades para reconciliarse y reencontrarse efectivamente con la democracia. La impunidad permea y corroe nuestras sociedades en sus basamentos temáticos y morales. En ese sentido, es urgente que las autoridades de nuestra Región reconozcan las fallas de los sistemas jurídicos e implementen las reformas necesarias para erradicar la impunidad. Para finalizar, exhortamos a los jefes de Estado y de Gobierno, se garantice la participación de las organizaciones no gubernamentales en la próximas Cumbres Iberoamericanas y de las Américas.