Montreal.- Hace diez meses la Comisión Real sobre los Pueblos Autóctonos puso en manos del gobierno canadiense un voluminoso informe, pero hasta la fecha éste apenas ha respondido con algunas declaraciones vagas. Al término del trabajo iniciado en 1991, poco tiempo después de la crisis de Oka (1), los siete miembros de la Comisión (cuatro autóctonos y tres no-autóctonos, tres mujeres y cuatro hombres) presentaron un plan concreto para superar el colonialismo interno, que sigue aquejando al país. La Comisión Erasmus-Dussault, así llamada por sus co-presidentes -Georges Erasmus, Dene y antiguo gran jefe de la Asamblea de Primeras Naciones, y René Dussault, quebequense francófono, juez de la Corte de Apelación de esa provincia- mantuvo 178 días de audiencias, visitó 96 comunidades, escuchó centenares de personas, expertos/as, ancianos/as, jefes y ciudadanos/as y realizó diversas investigaciones.(2) La Comisión constata que los intentos de asimilación que se repiten desde hace 150 años han fracasado, siendo que la población autóctona está en acelerado crecimiento demográfico y continúa luchando por el reconocimiento de sus derechos.(3) Recuerda al Canadá las promesas incumplidas y los tratados no respetados. Afirma que las intenciones de asimilación, dominación, ingerencia y coerción que han caracterizado la política colonial canadiense deben desaparecer, así como la doctrina de Terra Nullius o el recurso al "derecho de descubrimiento" que les ilustran. En efecto, al inicio de su informe, la Comisión declara: "Estamos firmemente convencidos de que ha llegado el momento de poner fin a la contradicción flagrante que resulta del hecho que nos hagamos los defensores de los derechos humanos en el plano internacional, mientras nos burlamos de nuestros propios pueblos autóctonos con la actitud colonialista y condescendiente que nosotros mantenemos todavía hacia ellos". Subraya asimismo que "la negociación enmarcada en las reglas actuales no ha permitido resolver las diferencias y que la repetición de los fracasos podría desembocar en la violencia". Es hora de reconocer que los pueblos autóctonos son naciones distintas (naciones mas no Estados- naciones) que desde hace mucho tiempo han ejercido su plena soberanía. Canadá debe construir su relación con ellos sobre bases de reconocimiento mutuo, de respeto, de reparto y de responsabilidad, que la Comisión define en estos términos: * El reconocimiento por los no-autóctonos que los primeros habitantes son "los guardianes de las tierras de nuestro país y que este hecho les confiere responsabilidades y derechos particulares". A la inversa, los autóctonos deben reconocer que los no-autóctonos pertenecen también a este territorio. * El respeto a las instituciones, prácticas, lenguas y símbolos de cada pueblo. * El reparto equitativo de las ventajas que ofrecen los recursos que dispone el Canadá. * Las responsabilidades mutuas de cara a los compromisos tomados, lo que implica la transformación de la relación actual con el Estado de "tutor/alumno" a la de asociados. La Comisión pinta también un retrato detallado de los problemas sociales y de la pobreza que sufren los autóctonos y vincula esta situación deplorable a la expoliación y la pérdida de autonomía que han padecido, particularmente a partir de la segunda mitad del Siglo XIX. Un programa ambicioso Las recomendaciones de la Comisión constituyen un programa ambicioso que prevé cambios profundos a todos los niveles del sistema canadiense, al mismo tiempo que un aumento sustancial de los presupuestos destinados a los pueblos autóctonos durante los próximos veinte años. A nivel simbólico, la Comisión propone una nueva proclama real (4) que contendría: una afirmación del respeto del Canadá a los autóctonos; un reconocimiento de su responsabilidad ante los gestos prejuiciosos registrados en contra de los autóctonos; una declaración de la voluntad de establecer la relación sobre la base del respeto, del reconocimiento, del reparto y de la responsabilidad mutua; un reconocimiento del derecho inherente de los autóctonos a dirigir sus propias vidas; un reconocimiento que la justicia es esencial a una eventual reconciliación. Un marco legislativo sería el paso siguiente a esta proclama, particularmente con miras a reorganizar los servicios gubernamentales actuales. A nivel de los principios, la Comisión aclara que el derecho a la autonomía no es un "regalo del gobierno" a los pueblos autóctonos, sino un derecho inherente derivado de varias fuentes: el Creador, el Derecho Internacional, la Historia de Canadá y la Constitución. Según la Comisión: "El Derecho Constitucional a la autonomía gubernamental no se sustituye al derecho a la autodeterminación, ni prima sobre el. Este derecho se ofrece más bien a los pueblos autóctonos que desean acogerse de él, además de su derecho a la autodeterminación, de los derechos que provienen de tratados y de todos los demás derechos de los cuales se benefician actualmente o que podrían eventualmente negociar. El Derecho Constitucional a la autonomía gubernamental no es sino una de las opciones que se ofrecen a los pueblos autóctonos". Los beneficiarios de este derecho a la autonomía son las naciones en número de 60 a 80 que habitan en todo el Canadá (y no las comunidades o "bandas")(5). Ahora bien, éstas en varios casos han sido desmanteladas por la política canadiense y ahora conviene reconstruirlas para que se transformen en sujetos colectivos de estos derechos. Un tercer orden de gobierno En el plano institucional, la Comisión propone que un tercer orden de gobierno autóctono sea instituido, además de los niveles federal y provincial. Este gobierno tendría un poder legislativo y sería autónomo en los dominios de su competencia, que según la Comisión serían principalmente: la ciudadanía; el acceso al territorio y a la residencia; las instituciones gubernamentales, las elecciones y los referendos; la reglamentación de las empresas, tierras, aguas, glaciares, recursos naturales, la protección y la gestión del medio ambiente, la actividad económica, la gestión de fondos públicos y la fiscalización; las cuestiones familiales; los derechos de propiedad y de sucesión; la salud; la ayuda social y a la infancia; la educación, el idioma y la cultura; ciertos aspectos del derecho penal y de los procedimientos judiciales; la administración de la justicia, el mantenimiento del orden, el alojamiento y las obras públicas. Tres tipos de modelo de autonomía se desprenden: un gobierno basado en la nación; un gobierno popular (compartido con no-autóctonos en un territorio dado); un gobierno fundado en la comunidad de intereses (se dirige principalmente a los autóctonos urbanos que podrían participar en forma voluntaria). Estas nuevas instituciones deben necesariamente, según la Comisión, estar acompañadas de una redistribución justa de tierras y recursos, puesto que las tierras de reservas que actualmente cubren el 0,5% del territorio canadiense al sur del paralelo 60, son insuficientes para asegurar el desarrollo. Esta redistribución comprendería tres categorías: tierras de uso exclusivo de los autóctonos; tierras en gestión compartida con los gobiernos o instituciones no-autóctonas; tierras de la corona (públicas), pero con derechos especiales para los autóctonos. La ampliación de la base territorial de las naciones autóctonas es identificada como prioridad. La Comisión recomienda también la creación de comisiones regionales paritarias y de un tribunal de los tratados y tierras autóctonos, a fin de poner fin a la actual situación donde el gobierno es juez y parte en todo litigio territorial. Desafíos significativos La puesta en vigencia de las recomendaciones de la Comisión plantea desafíos significativos. No será fácil convencer a los canadienses que inviertan montos considerables en un período de restricciones presupuestarias (se habla de recortes adicionales 1,5 a 2 mil millones de dólares canadienses ($can 1,00 = US$ 0,75) anuales durante 15 años) aún si la Comisión sostiene que estos gastos redundarán en economías a largo plazo. Según ésta, el statu quo resultará en un costo mayor, tanto económico como en problemas sociales y en riesgo de violencia. Tampoco será fácil levantar el desafío de reconstruir las naciones autóctonas que han sido fragmentadas por la política colonial, y cuyas instituciones tradicionales no siempre corresponden a lo que generalmente se define como instituciones "nacionales" (la diversidad sería tal vez la norma en ese respecto). En efecto, el gobierno federal, salvo excepción, ha hecho más bien de las "bandas" sus interlocutores privilegiados y los receptores de fondos gubernamentales. Sin embargo, este trabajo monumental permite el arranque de una verdadera descolonización, por lo menos a nivel del imaginario político canadiense. Asimismo pone en evidencia la importancia del respeto de los derechos colectivos de los pueblos para el ejercicio completo de los derechos individuales. "Los Autóctonos, como los no-autóctonos, se esperan que una asociación política les permita participar libremente en el gobierno de sus sociedades y vivir su vida privada en completa autonomía y responsabilidad. Toda vez, los pueblos autóctonos no pueden gozar de la primera ventaja -la participación cívica- si se encuentran privados de su autonomía y sujetados a gobiernos externos". "Una sociedad plurinacional que trate con mofa o despectivamente a la cultura de una de sus naciones constituyentes, corre un fuerte riesgo de minar el autorespeto de quienes pertenecen a esa cultura. Entonces, les resulta difícil participar activamente en la vida de sus coletividades y funcionar efectivamente en tanto individuos autónomos en su vida profesional y privada. Las desastrosas consecuencias de las sucesivas políticas de asimilación cultural de las sociedades autóctonas aportan un testimonio acongojante en este sentido". La reformulación de las instituciones políticas canadienses, necesaria al reconocimiento del espacio de los pueblos autóctonos, permitirá sin duda profundizar en un debate crucial en este fin de milenio, que va mucho más allá de la estricta autonomía gubernamental y que se refiere al equilibrio entre el respeto de los derechos de los pueblos y de los individuos. La emergencia de un tercer orden de gobierno, con poderes legislativos, la revalorización de los tratados entre naciones, que están al centro de las recomendaciones de la Comisión, abren efectivamente la vía a profundos cambios. Ciertas preguntas quedan pendientes, sin embargo. ¿Serán reconocidas las naciones autóctonas como sujetos de derecho a nivel internacional? El reconocimiento de su derecho a la autodeterminación deja creer que sí, pero ¿el discurso político canadiense confirmará esta presunción? La creación de un tercer orden de gobierno implica a la vez el reconocimiento de la importancia y de la diferencia de los pueblos autóctonos, pero significa también su integración al conjunto de la política canadiense. Ahora, si bien esta perspectiva complace a ciertos pueblos autóctonos, en cambio indispone a otros que siguen considerándose como naciones soberanas. Mientras la mayoría de los autóctonos se han regocijado del esfuerzo de la Comisión, al que el propio Jefe de la Asamblea de Primeras Naciones calificó de "última oportunidad", otros le han dado una recepción más reservada. De cualquier forma, el informe de la Comisión Real sobre pueblos autóctonos será, de ahora en adelante, una herramienta esencial para la discusión de los derechos de los pueblos autóctonos de Canadá, como de otros lugares. * Invetigadora del Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático