Ginebra.- El ser humano, para ejercer su derecho a estar informado depende de los medios de comunicación, pues más allá de su entorno inmediato, para conocer lo que ocurre en el mundo tiene que recurrir a los proveedores de información, es decir a los medios de comunicación. En la transmisión de la información a través de los medios de comunicación existen por lo menos dos niveles de subjetividad: el primero consiste en la selección y jerarquización de la información (el comunicador decide primero qué hechos son noticias y deben comunicarse y luego cuáles son importantes y cuáles no, es decir, el lugar o el tiempo que se le atribuye a cada noticia en el medio de comunicación). El segundo nivel de subjetividad es la interpretación de la noticia: el comunicador impregna al hecho con su versión del mismo. De modo que el derecho a estar informado está mediatizado por la subjetividad (o más concretamente por la ideología) del comunicador. Pero también puede ocurrir que la información sea totalmente ocultada o deformada, cuando la misma contraría los intereses de quienes tienen el control económico directo o indirecto del medio de comunicación. El ser humano puede teóricamente ejercer su derecho de opinión en diferentes niveles: en el entorno inmediato, en la colectividad cercana y ante la sociedad en general. La base del derecho de opinión es la libertad de expresión: cada uno debe poder expresar sus opiniones sin correr el riesgo de sufrir una sanción. Pero además, el ejercicio del derecho de opinión ante la sociedad en general requiere la posibilidad de acceder a los medios de comunicación de masa. Este acceso está limitado por el poder de decisión de los propietarios de dichos medios de comunicación. La propiedad de los medios de comunicación está sometida desde hace tiempo a un proceso de concentración, que se ha acentuado en los últimos decenios. Concentración monopólica Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, se han formado grandes conglomerados transnacionales que abarcan la producción y utilización de los soportes materiales: editoriales, periódicos, radiodifusoras, films, emisoras de televisión, vídeos, satélites, medios electrónicos, etc., que dominan también las redes de comercialización y difusión. De la comunidad de intereses que se ha creado a través del capital financiero y de los presupuestos publicitarios entre los grandes medios de comunicación de masa y el gran capital en general, se está pasando a una comunidad concreta de intereses a través de la fusión de conglomerados industriales de diversa naturaleza que incluyen medios de comunicación de masa. Este proceso de concentración de los medios de comunicación ha entrado pues, en una nueva etapa consistente en la fusión de las empresas de comunicación con empresas de ramas productivas totalmente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, General Electric, que entre otras cosas produce piezas para la industria bélica, es propietaria de la National Broadcasting Corporation (NBC). Y se está concretando la alianza entre Microsoft y la NBC. El gigante tabacalero Reynolds también controla medios de comunicación de masa. En Francia, Matra, de la industria del armamento, está vinculada a Hachette, que controla entre otros, a Europa 1 y Canal 5 (1). Ahora puede ocurrir que cuando un canal de televisión muestra la supuesta precisión "quirúrgica" de un bombardeo aéreo, está haciendo publicidad a un producto bélico electrónico fabricado por el mismo conglomerado de que forma parte la emisora televisiva. Es cierto que, teóricamente, todo ciudadano o grupo de ciudadanos tiene derecho a crear un medio de información. Pero en la práctica no sólo eso es imposible, sino que los medios de comunicación existentes desaparecen o son absorbidos por los grandes consorcios. Quedan algunos medios independientes aislados con una audiencia limitada, que de ninguna manera pueden competir con los grandes consorcios transnacionales que llegan con sus productos (informativos y otros) a centenares de millones de personas y que son los verdaderos formadores (más bien deformadores) de la opinión pública. Un ejemplo clásico es el de la CNN durante la guerra del Golfo Pérsico. La CNN tuvo el virtual monopolio de la información, controlada además por el Estado Mayor de la coalición. El resultado fue que la opinión pública mundial se hizo una idea totalmente falsa de dicha guerra, con bombardeos de una precisión quirúrgica y casi sin muertos. La verdad sólo se supo después: más de 200.000 muertos civiles y la destrucción casi total de la infraestructura civil de Irak. Se intentó hacer algo similar con la agresión israelí al sud de Líbano en abril de 1996, pero la ausencia de monopolio de la información hizo fracasar el intento. Cabe concluir entonces, que el ejercicio pleno de los derechos a estar informado verazmente y a opinar requiere una pluralidad de fuentes, una pluralidad de medios de información y su gestión democrática y transparente. El proceso de concentración monopólica u oligopólica de los medios de comunicación que tiene lugar a través de empresas trasnacionales se opone a estos requisitos básicos del ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión. Es preciso establecer normas internacionales y nacionales que garanticen el pluralismo de los medios de información contra la concentración monopólica y desarrollar políticas en el mismo sentido. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo inciso 3 dice: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas u opiniones", es un buen modelo para dicha normatividad. En cuanto a las políticas necesarias para garantizar dichos derechos, las reflexiones contenidas en el informe de la Comisión Internacional de Estudios de los Problemas de la Comunicación (Comisión MacBride) sometido a la Conferencia General de la UNESCO de 1980, constituyen una ineludible referencia (2). Las mensajerías electrónicas Las mensajerías electrónicas despiertan expectativas acerca de la posibilidad de democratizar el diálogo y la información, de crear una especie de democracia virtual. Pero las estadísticas demuestran que hay una relación directa entre el PNB de cada país y el número de utilizadores del correo electrónico. En 1992, el 96,74% de los utilizadores del correo electrónico estaban en 14 países desarrollados, el 64,94% de ellos en los Estados Unidos. En los países en desarrollo, solo una reducida élite utiliza el correo electrónico. Parece ser que la tasa de crecimiento de la utilización del correo electrónico es más rápida en los últimos años en los países del Tercer Mundo que en los países desarrollados, pero las medidas del tráfico mostrarían que la brecha en el consumo de información en las redes tiende a aumentar y no a disminuir (3). La información económica y científico-técnica. En 1974, el Programa de Acción por un Nuevo Orden Económico Internacional, propuso establecer instrumentos eficaces de cooperación en el campo de la industria, de la ciencia y de la tecnología, de los transportes, de la navegación y de los medios de comunicación de masa. El concepto de cooperación técnica entre los países en desarrollo (TCDC) se formuló en la Conferencia de Buenos Aires de 1978, cuyo plan de acción fue adoptado por la Asamblea General de la ONU y se encargó al PNUD su puesta en práctica. El proyecto, elaborado en 1979, preveía un sistema de intercambio de información entre los países del Tercer Mundo (Development Information Network-DEVNET). Se estableció un organismo de ejecución: Comunicación para el Desarrollo (CODEV). Pero Estados Unidos se opuso al Proyecto, amenazando con retirar su contribución al PNUD si éste lo llevaba adelante. Estados Unidos adujo, entre otras cosas, que con el dinero de las Naciones Unidas se iba a poner en pie un competidor de las agencias de prensa comerciales. El Proyecto tuvo que abandonarse, pero cierto tiempo después se estableció un Sistema Piloto de Información Técnica (SPIT) mucho más modesto que DEVNET (4). "Después de los tempestuosos debates sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación en la UNESCO, vinculados a la voluntad de los Estados Unidos (y de Gran Bretaña) de mantener el control sobre la transferencia de tecnologías... los Estados Unidos cambian de estrategia: en lugar de afrontar las organizaciones internacionales, las transforman en verdaderos vectores de expansión del libre cambio generalizado". "Las experiencias de puesta en práctica y de utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en los países del Sud... no inclinan al optimismo en la medida en que parecen realizarse a un precio económico y sociopolítico elevado: pérdida relativa de la soberanía del Estado, presiones convergentes de las empresas transnacionales y, lo que es nuevo, de la mayor parte de los organismos internacionales, hacia el modelo del libre cambio generalizado y amenazas de represalias, en caso de éxito parcial, de parte de los países de la OCDE, en particular de los Estados Unidos"... ..."El Estado (en los países en desarrollo), cuya función se ha desdibujado, ya no puede desempeñar, incluso muy parcialmente, su papel de árbitro y con frecuencia se contenta con aceptar la política del Banco Mundial consistente en reservar esos servicios (sistemas desarrollados de telecomunicaciones) precisamente a las elites y a la clientela empresaria y descuida a las capas populares, consideradas insolventes"(5). A modo de colofón Existe actualmente en el mundo un proceso en estado avanzado de privatización de los servicios públicos de comunicaciones, que pueden ser sumamente rentables y han despertado el apetito insaciable de grandes empresas transnacionales. El caso más reciente es el de Telebras, en Brasil, vendida en julio de 1998. Un periodista y sindicalista belga, Gérard de Selys, cuenta cómo en Europa, mediante el trabajo en equipo de la Comisión Europea (un grupo de funcionarios sin representatividad democrática) y de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos -ERT (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras) ayudados por el Tribunal Europeo de Luxemburgo, que interpreta a su modo el párrafo 3 del artículo 90 del Tratado de Roma, organizaron el despojo al patrimonio público de los países europeos de las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas (6). France Telecom, que ha sido semiprivatizada para ajustarse a las directivas de la Comisión Europea, acaba de anunciar (agosto de 1998) que suprimirá las cabinas públicas telefónicas que no son rentables. Esto significa que desaparecerán cabinas telefónicas en los barrios pobres y en lugares poco poblados, que es donde más se necesitan. Esta decisión de France Telecom muestra cómo la privatización de servicios esenciales y la primacía del criterio de rentabilidad está haciendo desaparecer la noción de servicio público y, en este caso de los teléfonos, en nombre del beneficio se vulnera un derecho fundamental del ser humano: el derecho a comunicarse. Y los principales afectados son los malos "clientes" es decir los pobres. (1) Martin Lee, Le complexe militaro-médiatique en: Medias, mensonges et démocratie. Le Monde Diplomatique. Manière de voir 14, febrero 1992. (2) Versión abreviada del Informe: Voix multiples, un seul monde, UNESCO, 1986. (3) Thomas L. Jacobson, Les messageries électroniques et les services dans les pays du tiers monde, en: Revue Tiers Monde, Institut d'Etude du Développement Economique et Social. Université de Paris I. Tome XXXV, N? 138, avril-juin 1994. (4) Anthony Giffard, Un pont a travers le Sud: le Système Pilote d'Information Technique (SPIT), en Revue Tiers Monde, Institut d'Etude du Développement Economique et Social. Université de Paris I. Tome XXXV, N?138, avril-juin 1994. (5) Yvonne Mignot-Lefebvre, Technologies de communication et d'information, une nouvelle donne internationale?, en: Revue Tiers Monde, loc. cit. (6) Gérard de Selys, Privé de public. A qui profitent les privatisations? Ediciones EPO, Bruselas, 1995. Alejandro Teitelbaum, Abogado Representante permanente en Ginebra de la Asociación Americana de Juristas