A las amenazas, asesinatos y atentados que sufren, desde hace algunos meses, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos, ha venido a sumarse un elemento mucho más grave: han sido acusadas de ser fachada de la "guerrilla" y por consiguiente declarados como "objetivo militar". En un informe de la XIII Brigada, incorporado a un expediente por terrorismo, se sindica a 50 defensores de derechos humanos, sindicalistas, dirigentes cívicos, profesionales, alcaldes, concejales de la Unión Patriótica, etc. como agentes de la guerrilla. Uno de los mencionados en el informe de la XIII Brigada es el abogado Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" a quien se acusa de pertenecer a una red de apoyo al Ejército de Liberación Nacional. Uribe, según el ejército, "viene realizando una campaña para que los bandoleros recluidos en las diferentes cárceles sean declarados presos políticos". Según el jefe militar, Manuel José Bonnet, los guerrilleros presos no son "delincuentes políticos sino ratas", según declaró a la prensa el pasado 3 de septiembre. Los miembros del colectivo José Alvear se dedican a defender a los insurgentes capturados y también actúan como parte civil en diversos procesos que se siguen contra militares por su participación en masacres, torturas, detenciones ilegales, etc. Por su labor, el colectivo recibió, en 1996, dos premios internacionales. El líder sindical Nelson Cruz, la dirigente feminista Teresa Quiñones, el ex-dirigente de la Asociación de Usuarios Campesinos, Marcos Almeidam, y el-expresidente de la Asociación de Usuarios de la Coordinadora de Derechos Humanos de Amnistiados y Refugiados de la Guerra Sucia, Esteban Cancelados, hoy detenido, también se los incluye en el informe militar. Otras organizaciones señaladas como subversivas son el Comité Regional de Derechos Humanos del Magdalena Medio (CREDHOS), la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES) y el Colectivo Semillas de Libertad de Antioquia (CODEHSEL). En este último departamento se han abierto investigaciones previas contra 15 organizaciones, se han iniciado procesos contra 5 defensores de los derechos humanos y se han asesinado, en los últimos meses, a 10 personas que investigaban violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. A más de este informe de "inteligencia", existen otros elaborados por las brigadas XIV, XVII, XX y IV que han sido entregados a las fiscalías delegadas en las brigadas, sirviendo de base para iniciar el enjuiciamiento de decenas de militantes sociales. Los organismos de derechos humanos son blanco de hostigamientos y ataques, en un ambiente que pretende criminalizar la protesta popular y descalificar a quienes defienden los derechos humanos. En mayo, un grupo de enmascarados asesinó en Bogotá a los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado y al padre de ésta última. Calderón y Alvarado trabajaban en el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del país. El mensaje, en esta ocasión, fue claro: ninguna persona u organización social está a salvo: no importa su prestigio, ni el ámbito en que desarrolla su trabajo. El 24 de junio, la sede de ASFADDES en Medellín fue objeto de un atentado dinamitero, el cual, al parecer, estuvo vinculado con decisiones judiciales en contra de paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas responsables de la detención y posterior desaparición de varias personas en los municipios de San Roque, Armenia-Mantequilla y Turbo. Las sedes regionales de la Asociación en Urabá, Neiva y Ocaña fueron clausuradas. En julio, la dirigente de ASFADES y actual presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos-Desaparecidos, FEDEFAM, Janneth Bautista Montañez, tuvo que salir del país, luego de recibir amenazas de muerte. En este mismo mes, Amnistía Internacional cerró sus oficinas en Colombia por falta de seguridad. Toda esta persecución se produce cuando el régimen de Ernesto Samper habla de paz y la Corte Constitucional acaba de aprobar los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada, antes denominadas Cooperativas de Seguridad Rural, CONVIVIR. Las CONVIVIR cuentan con la complacencia de los ganaderos, del régimen y de las Fuerzas Armadas. La delegada en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Almudena Mazarrasa, expresó su preocupación en el sentido de que con estas "asociaciones se pueda incrementar la involucración de la sociedad civil en el conflicto armado". En este mismo sentido se pronunciaron los coordinadores del "Mandato por la paz, la vida y la libertad", que el pasado 26 de octubre, promovió el "voto por la paz" que obtuvo un masivo respaldo ciudadano.