El asesinato a golpes de Monsenor Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Guatemala, el pasado domingo 26 de abril, ha marcado un grave retroceso para el proceso de restablecimiento de los derechos humanos en ese país, y pone de nuevo en escena el tema de la impunidad. Dos días antes de su muerte, Monseñor Gerardi había participado en la divulgación del informe del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, titulado "Guatemala, nunca más", relacionado con la violación de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, en el cual la Iglesia responsabiliza al Ejército de Guatemala de la mayoría de los casos. El asesinato, que provocó una reacción unánime de indignación y repudio dentro y fuera de Guatemala, es considerado por muchos sectores, que lo vinculan con la publicación del informe, como un atentado al proceso de paz. Un comunicado firmado por unas 60 organizaciones civiles guatemaltecas expresa su rechazo a "las versiones del gobierno que tipifican el crimen como un caso más de delincuencia común, sin haber realizado las investigaciones pertinentes", y exige el concurso de todos los poderes del Estado para realizar una investigación exhaustiva y expedita "que permita procesar judicialmente a los autores materiales e intelectuales" del crimen. Mientras tanto, desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, ODHA, se promovió la campaña internacional "Nunca Más", para presionar al gobierno a esclarecer el asesinato y consolidar el proceso de paz. Acorralado por las presiones, el gobierno anunció la creación de una comisión de alto nivel para investigar el caso, conformada por los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH, el secretario privado de la Presidencia, el Fiscal General de la Nación, y cuatro representantes que designaría la Iglesia. La Conferencia Episcopal, sin embargo, luego de estudiar la invitación, dio a conocer su negativa, señalando de que no es función de los obispos fungir de garantes de las instituciones civiles. Entre tanto, el 30 de abril, la Policía Nacional Civil, con la cooperación de investigadores del FBI, capturó a un sospechoso, Carlos Enrique Vielman, de 24 anos. Si bien dos testigos le habrían identificado como el asesino, existen fuertes dudas que sea el autor del crimen, o por lo menos, no el único. Edgar Gutierrez, coordinador técnico del proyecto REMHI, ha dado a conocer que las evidencias hacen deducir que hubo más de una persona involucrada. Según las declaraciones de Vielman, la policia le habría amenazado de muerte y ofrecido dinero para que se declare culpable. Flotan, entonces, las sospechas de que Vielman haya sido escogido como chivo expiatorio. Más de 400 masacres El informe del REMHI, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, durante un período de tres años, investiga las violaciones cometidas contra la población civil no combatiente, a base de testimonios documentados, durante los 36 años que duró el conflicto armado interno. Sus conclusiones dan cuenta de un total de 55.021 casos, de los cuales un 79% son atribuidos al Ejército de Guatemala. El documento, dividido en cuatro tomos: Los Impactos de la Violencia, Los Mecanismos del horror, EL Entorno Histórico, y Las Víctimas del Conflicto, sera entregado a la Comisión del Esclarecimiento Histórico, formada en cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados hace 16 meses entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- y el gobierno. El estudio da cuenta de un total de 422 masacres, de las cuales 295 -el 70% del total- ocurrieron en el período entre 1981 y 1982. 263 fueron perpetradas en el solo Departamento de El Quiche. Tres de cada cuatro víctimas de masacres fueron indígenas. A nivel urbano, la época represiva cobró auge durante los años '80, cuando el Ejército reprimió a grupos de estudiantes, sindicales y políticos profesionales. El informe "Guatemala, nunca más" incluye una lista de demandas y recomendaciones dirigidas a las partes señaladas como responsables de los hechos, que además del Ejército, incluyen a los grupos paramilitares, las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC- y la URNG. A está última se atribuye un 9% del total de las violaciones. Las principales recomendaciones son el resarcimiento económico, social y cultural de parte del Estado para los familiares de las víctimas; la petición al Ejército y a la URNG para que en forma oficial reconozcan su responsabilidad en las violaciones y la inclusión en los programas educativos de la narración de lo ocurrido. Al Estado se le pide que evite rendir honores militares a los miembros de la institución castrense que tengan responsabilidad en los hechos, incluyendo a los ex-presidentes, así como la inmediata desmovilización de los oficiales y personal de tropa implicados. A la URNG se recomienda que proporcione a los familiares de las víctimas toda la información que posea sobre los lugares donde puedan estar enterrados los cadáveres. El dirigente de la URNG, Arnoldo Noriega, ha respondido que en su organización jamás existió una política de violación a los Derechos Humanos o una política atentatoria contra la población civil, indicando que cada caso en el que se vincule a la ex-guerrilla será aclarado con objetividad y honestidad. Se estima que el informe del REMHI podrá servir a los familiares de las víctimas para abrir demandas en contra de los responsables. Ellos podrán consultar los expedientes sobre su caso, que se encuentren disponibles en los archivos. Impunidad Todo indicaba que Guatemala estaba realizando pasos firmes en el avance hacia una situación de respeto de los derechos humanos, si bien muchos sectores civiles consideraron precipitado la reciente decisión de las Naciones Unidas de quitar a Guatemala de la lista de países violadores de derechos. Se considera que la muerte violenta de Monseñor Gerardi podría significar un retroceso de 10 años, no por el solo hecho del asesinato, que siguen siendo demasiado frecuentes en Guatemala, sino por el significado de su trabajo por los derechos humanos y su participación en el informe del REMHI. Existen temores de que la impunidad seguirá campante, y que, a pesar de los intentos de depuración en el Ejército, sigan teniendo fuerza los sectores de línea dura, dentro y fuera de la institución. Al respecto resulta muy ilustrativo el proceso judicial contra los militares implicados en la masacre de Xaman, que se ha llevado con una serie de anomalías para favorecer a los procesados. En razón de estas irregularidades, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que interviene en el proceso como querellante adhesiva, ha planteado una recusacion contra los integrantes del Tribunal de Coban que lleva el caso, sin que hasta la fecha haya sido considerada su demanda. CONAVIGUA documenta genocidio y violaciones Al día siguiente del asesinato de Monsenor Juan Gerardi, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, presentó a la Comisión del Esclarecimiento Histórico su propio informe resumido sobre seis mil casos de víctimas afectadas durante el conflicto armado interno. La recopilacion de 3.545 testimonios, iniciada a finales de 1996, también atribuye las violaciones mayoritariamente a los militares. Un 49% de los testimonios se refiere a ejecuciones extrajudiciales, 15% a desapariciones forzadas y un 5% a casos de tortura. El informe registra, además, 845 casos de daños colectivos, que incluyen quema de bosques, templos mayas, salones comunales, escuelas y municipalidades destruidas. La diputada Rosalina Tuyuc, máxima dirigenta de CONAVIGUA, indicó que las pruebas evidencian que hubo genocidio en contra de las comunidades indígenas, ixiles, qeqchis, caqchiqueles, mam, entre otras, en el altiplano occidental. CONAVIGUA, que reune a unas 15 mil viudas de la guerra, en su gran mayoría indígenas, destaca el impacto de la guerra en las mujeres. El informe señala que un 13% de mujeres indígenas murieron como consecuencia del desplazamiento forzado. Muchas mujeres indígenas sufrieron violaciones sexuales, embarazos forzados y esclavitud sexual de entre 15 y 20 dias, en los cuarteles castrenses y destacamentos de las desaparecidas PAC, que fueron el brazo derecho de la lucha antiguerrillera. Las violaciones sexuales cometidas masivamente durante el conflicto, fueron un arma de guerra usada como política de Estado. En el documento se sugiere el nombramiento de una Relatora Especial de ONU en materia de violencia contra las mujeres indígenas de Guatemala, para que investigue esta situación. También demanda una indemnización económica para las familias que perdieron sus bienes durante el conflicto armado, así como la asignación de recursos para la recuperación y consolidación de su cultura.