Con el fin de erradicar, mediante la fuerza, los cultivos de coca, el gobierno presidido por Hugo Bánzer convirtió a la región tropical del Chapare en una "zona de guerra", arremetiendo violentamente contra los campesinos cocaleros, quienes anunciaron que resistirán recurriendo a todos los medios. La ofensiva militar al Chapare se dio en circunstancias en que en Bolivia continuaban las protestas de maestros, campesinos de zonas deprimidas y estudiantes universitarios, convocadas por la Central Obrera Boliviana exigiendo alzas salariales y otras reivindicaciones. El balance trágico de estas jornadas de lucha, es de 9 muertos, cien heridos y numerosos detenidos. Se calcula que unos 5 mil efectivos de la élite anti-drogas, pertenecientes al ejército, a la Marina y a la policía fueron movilizados a la región del Chapare, los que sitiaron las zonas cocaleras e impusieron un virtual toque de queda, impidiendo a los pobladores circular y reunirse entre las ocho de la noche y las seis de la mañana. Crece la tensión El punto de mayor confrontación se ubicó en Villa 14 de Septiembre, departamento de Cochabamba, en donde los campesinos instalaron "su cuartel general" para resistir a los operativos de erradicación y represión, lo que fue acompañado con bloqueos de caminos. El ejército y la policía, por su parte, ubicaron en esta misma zona un campamento, desde donde se movilizaron para tomar por la fuerza Villa 14, el 21 de abril. En el operativo, los uniformados allanaron varias casas y arrestaron al menos a 36 personas. Los campesinos cocaleros denunciaron la desaparición de 15 de sus compañeros, quienes habrían sido amarrados y torturados en los campamentos militares. Los campesinos cocaleros, en reuniones masivas clandestinas, decidieron impedir el trabajo de las brigadas de reducción cocalera y exigir la desmilitarización del Chapare, la libertad de los detenidos e indemnización a las familias de los fallecidos. La posibilidades de llegar a consensos sobre el conflicto del Chapare se ha visto entrampadas por la decisión del régimen de no dialogar con el diputado y máximo dirigente cocalero Evo Morales, luego de que éste comentó que el narcotráfico en Bolivia empezó en el primer gobierno de Hugo Bánzer. El ministro de Gobierno, Guido Nayar, dijo que "no hay más diálogo con la COB si Evo Morales no se retracta", en tanto que dirigentes del partido oficial, Acción Democrática Nacionalista, lo amenazaron con enjuiciarlo e incluso agredirlo físicamente. Los operativos para erradicar los sembríos de coca forman parte del Plan quinquenal antidrogas del gobierno de Bánzer (denominado "Por la dignidad"), que cuenta con el visto bueno de los Estados Unidos y se propone erradicar 33.000 hectáreas en cinco años. Para este año, la meta es de 5.000 a 8.000 hectáreas. En este contexto, el gobierno adoptó la decisión de bajar de 2.500 dólares por hectárea erradicada a 1650 dólares, lo que causó el malestar y la respuesta de los campesinos. Atacar el problema en el nido En el fondo, existen visiones y estrategias distintas en relación al problema de la coca. Por un lado, el criterio del gobierno de Estados Unidos y del régimen boliviano es que los cultivos de la hoja de coca, que sirve de base para la elaboración de la cocaína, son ilegales y que por lo tanto hay que erradicarlos. Según esta política, iniciada en la administración Bush, hay que "combatir la colmena", es decir atacar el problema en el "nido" antes que combatir seriamente a las "abejas". Para cumplir este propósito, Estados Unidos duplicó el apoyo para la lucha anti-drogas en Bolivia, pasando de seis a doce millones de dólares en este año. En esta estrategia anti-drogas los más afectados resultan los peces chicos: consumidores, correos, pequeños agricultores, antes que los peces grandes: narcotraficantes, y lavadores de dinero (banqueros) que se llevan el 80% de los ingresos del negocio más lucrativo del planeta. Por lo general, para la erradicación de la plantas se utilizan métodos reñidos con el medio ambiente y se recurre a la violencia (en el Chapare han sido asesinados 63 personas en los últimos 10 años), sin presentar alternativas de solución viables para los campesinos. Coca no es lo mismo que cocaína Por otro lado, la concepción de los campesinos cocaleros es que la hoja de coca no es igual a cocaína. La coca en su estado natural no es droga, ni su uso puede considerarse como estupefaciente. Desde hace miles de años, ha sido considerada como hoja sagrada por los pueblos indígenas, y usada como planta medicinal, alimenticia, estimulante e incluso de afirmación de la cultura andina. En Bolivia, millones de quechuas y aymaras "acullican" coca, lo mismo que en el Perú. Es la cultura occidental, la que ha aislado, usado y abusado de la cocaína. En un contexto de crisis y ajustes estructurales, los campesinos no han tenido otro camino que la producción de la hoja de coca para enfrentar la pobreza, por ser el más rentable. En esas circunstancias, los campesinos plantean revalorizar el consumo de la coca; promover su industrialización benéfica; impulsar el desarrollo integral con protección del medio ambiente y anular los convenios antidrogas firmados por los países productores de coca con Estados Unidos y otros países.