La polémica sobre la intolerancia del gobierno del presidente Alvaro Arzú hacia los medios de comunicación local tomó un nuevo giro luego que el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Eduardo Arango Escobar, emitió una resolución contra el mandatario por violar el derecho a la libre emisión y expresión del pensamiento, en especial de la revista Crónica y diario El Periódico, recomendándole que rectifique esta conducta. El Gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo en contra de esta resolución, mientras se multiplican las adhesiones de respaldo al Procurador. El tema saltó a la palestra en la última semana de marzo cuando la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala y la Federación Internacional de Periodistas rechazaron el acoso del gobierno a la revista Crónica, por medio de la presión que se ha hecho a los anunciantes para que no utilicen los servicios de la publicación, con el fin de asfixiarla económicamente, al considerar que viola la libertad de expresión y por ende la Constitución. Los trabajadores de la Revista Crónica, por su parte, en un campo pagado expresaron su solidaridad con el medio y sus propietarios, y acusaron al gobierno de violar su derecho al trabajo. La Asociación Guatemalteca de Periodistas, bajo la presidencia de Jorge Eduardo Zarco, también se pronunció en contra del acoso. La Sociedad Interamericana de Prensa envió su apoyo incondicional a la revista en mención, así como denuncio que ha recibido denuncias de acoso de los diarios Prensa Libre y El Periódico, y el radioperiódico Guatemala Flash. En medios parlamentarios, la bancada del Partido Frente Democrático Nueva Guatemala, FDNG, planteó ante el Congreso un punto resolutivo relacionado con la libertad de Emisión del Pensamiento, en el cual se solidariza con los medios de comunicación que han denunciado un acoso y censura directa. Presión oficial Al día siguiente de la resolución, el procurador Julio Eduardo Arango Escobar, quien fue electo por la mayoría oficialista en el parlamento, recibió la visita de personeros del órgano oficial Avances, quienes le exigieron que se retractara de la misma. A criterio del doctor Arango, esto es un claro reflejo de la intimidación gubernamental. "Se presentaron alrededor de 12 personas, entre abogados, periodistas, camarógrafos... Creo que lo que pretendían era que yo flaqueara ante tanta gente, y grabarlo y luego transmitirlo como si mis declaraciones no fueran consistentes", indicó. La bancada del partido oficial citó al Procurador de los Derechos Humanos ante el Congreso, para exigirle una explicación por la resolución emitida, y tras acaloradas discusiones, le sugirieron que renunciara y amenazaron con emprender un antejuicio por daños y prejuicios al presidente Arzú. Arzú dijo que no debe condenársele sin haberlo citado, oído y vencido en juicio, alegando que por tanto no es legal la resolución del Procurador. Al respecto, Arango respondió que el Procurador es un delegado de conciencia que emite resoluciones morales, que no tienen implicaciones ni procedimientos en la jurisdicción formal. Amplio apoyo a resolución Ante la reacción gubernamental en contra del procurador Arango Escobar, diversas organizaciones ciudadanas y de derechos humanos se pronunciaron en su favor, reiterando que sus resoluciones deben acatarse y no discutirse. La Asamblea de la Sociedad Civil, ASC, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala -CONADEHGUA- llamaron al presidente Alvaro Arzú a acatar la resolución emitida por el Procurador de los Derechos Humanos. El Arzobispo Metropolitano, monseñor Prospero Penados del Barrio, extendió una invitación (6 abril) al presidente de la República, Alvaro Arzú a que deje de lado su actitud prepotente e inicie un dialogo con el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango y la prensa, que es un sector importantísimo de la democracia. Es obligación del Presidente Constitucional de la República, mantener la unidad del Estado y la unidad constitucional, es por eso que es necesario el respeto y la tolerancia a las instituciones del mismo Estado, manifestó finalmente el Presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz Abularach Con información del Centro de Estudios de Guatemala, CEG. 15-04-98 Guatemala: Gobierno viola libertad de expresión La polémica sobre la intolerancia del gobierno del presidente Alvaro Arzú hacia los medios de comunicación local tomó un nuevo giro luego que el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Eduardo Arango Escobar, emitió una resolución contra el mandatario por violar el derecho a la libre emisión y expresión del pensamiento, en especial de la revista Crónica y diario El Periódico, recomendándole que rectifique esta conducta. El Gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo en contra de esta resolución, mientras se multiplican las adhesiones de respaldo al Procurador. El tema saltó a la palestra en la última semana de marzo cuando la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala y la Federación Internacional de Periodistas rechazaron el acoso del gobierno a la revista Crónica, por medio de la presión que se ha hecho a los anunciantes para que no utilicen los servicios de la publicación, con el fin de asfixiarla económicamente, al considerar que viola la libertad de expresión y por ende la Constitución. Los trabajadores de la Revista Crónica, por su parte, en un campo pagado expresaron su solidaridad con el medio y sus propietarios, y acusaron al gobierno de violar su derecho al trabajo. La Asociación Guatemalteca de Periodistas, bajo la presidencia de Jorge Eduardo Zarco, también se pronunció en contra del acoso. La Sociedad Interamericana de Prensa envió su apoyo incondicional a la revista en mención, así como denuncio que ha recibido denuncias de acoso de los diarios Prensa Libre y El Periódico, y el radioperiódico Guatemala Flash. En medios parlamentarios, la bancada del Partido Frente Democrático Nueva Guatemala, FDNG, planteó ante el Congreso un punto resolutivo relacionado con la libertad de Emisión del Pensamiento, en el cual se solidariza con los medios de comunicación que han denunciado un acoso y censura directa. Presión oficial Al día siguiente de la resolución, el procurador Julio Eduardo Arango Escobar, quien fue electo por la mayoría oficialista en el parlamento, recibió la visita de personeros del órgano oficial Avances, quienes le exigieron que se retractara de la misma. A criterio del doctor Arango, esto es un claro reflejo de la intimidación gubernamental. "Se presentaron alrededor de 12 personas, entre abogados, periodistas, camarógrafos... Creo que lo que pretendían era que yo flaqueara ante tanta gente, y grabarlo y luego transmitirlo como si mis declaraciones no fueran consistentes", indicó. La bancada del partido oficial citó al Procurador de los Derechos Humanos ante el Congreso, para exigirle una explicación por la resolución emitida, y tras acaloradas discusiones, le sugirieron que renunciara y amenazaron con emprender un antejuicio por daños y prejuicios al presidente Arzú. Arzú dijo que no debe condenársele sin haberlo citado, oído y vencido en juicio, alegando que por tanto no es legal la resolución del Procurador. Al respecto, Arango respondió que el Procurador es un delegado de conciencia que emite resoluciones morales, que no tienen implicaciones ni procedimientos en la jurisdicción formal. Amplio apoyo a resolución Ante la reacción gubernamental en contra del procurador Arango Escobar, diversas organizaciones ciudadanas y de derechos humanos se pronunciaron en su favor, reiterando que sus resoluciones deben acatarse y no discutirse. La Asamblea de la Sociedad Civil, ASC, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala -CONADEHGUA- llamaron al presidente Alvaro Arzú a acatar la resolución emitida por el Procurador de los Derechos Humanos. El Arzobispo Metropolitano, monseñor Prospero Penados del Barrio, extendió una invitación (6 abril) al presidente de la República, Alvaro Arzú a que deje de lado su actitud prepotente e inicie un dialogo con el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango y la prensa, que es un sector importantísimo de la democracia. Es obligación del Presidente Constitucional de la República, mantener la unidad del Estado y la unidad constitucional, es por eso que es necesario el respeto y la tolerancia a las instituciones del mismo Estado, manifestó finalmente el Presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz Abularach Con información del Centro de Estudios de Guatemala, CEG. 15-04-98 Guatemala: Gobierno viola libertad de expresión La polémica sobre la intolerancia del gobierno del presidente Alvaro Arzú hacia los medios de comunicación local tomó un nuevo giro luego que el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Eduardo Arango Escobar, emitió una resolución contra el mandatario por violar el derecho a la libre emisión y expresión del pensamiento, en especial de la revista Crónica y diario El Periódico, recomendándole que rectifique esta conducta. El Gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo en contra de esta resolución, mientras se multiplican las adhesiones de respaldo al Procurador. El tema saltó a la palestra en la última semana de marzo cuando la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala y la Federación Internacional de Periodistas rechazaron el acoso del gobierno a la revista Crónica, por medio de la presión que se ha hecho a los anunciantes para que no utilicen los servicios de la publicación, con el fin de asfixiarla económicamente, al considerar que viola la libertad de expresión y por ende la Constitución. Los trabajadores de la Revista Crónica, por su parte, en un campo pagado expresaron su solidaridad con el medio y sus propietarios, y acusaron al gobierno de violar su derecho al trabajo. La Asociación Guatemalteca de Periodistas, bajo la presidencia de Jorge Eduardo Zarco, también se pronunció en contra del acoso. La Sociedad Interamericana de Prensa envió su apoyo incondicional a la revista en mención, así como denuncio que ha recibido denuncias de acoso de los diarios Prensa Libre y El Periódico, y el radioperiódico Guatemala Flash. En medios parlamentarios, la bancada del Partido Frente Democrático Nueva Guatemala, FDNG, planteó ante el Congreso un punto resolutivo relacionado con la libertad de Emisión del Pensamiento, en el cual se solidariza con los medios de comunicación que han denunciado un acoso y censura directa. Presión oficial Al día siguiente de la resolución, el procurador Julio Eduardo Arango Escobar, quien fue electo por la mayoría oficialista en el parlamento, recibió la visita de personeros del órgano oficial Avances, quienes le exigieron que se retractara de la misma. A criterio del doctor Arango, esto es un claro reflejo de la intimidación gubernamental. "Se presentaron alrededor de 12 personas, entre abogados, periodistas, camarógrafos... Creo que lo que pretendían era que yo flaqueara ante tanta gente, y grabarlo y luego transmitirlo como si mis declaraciones no fueran consistentes", indicó. La bancada del partido oficial citó al Procurador de los Derechos Humanos ante el Congreso, para exigirle una explicación por la resolución emitida, y tras acaloradas discusiones, le sugirieron que renunciara y amenazaron con emprender un antejuicio por daños y prejuicios al presidente Arzú. Arzú dijo que no debe condenársele sin haberlo citado, oído y vencido en juicio, alegando que por tanto no es legal la resolución del Procurador. Al respecto, Arango respondió que el Procurador es un delegado de conciencia que emite resoluciones morales, que no tienen implicaciones ni procedimientos en la jurisdicción formal. Amplio apoyo a resolución Ante la reacción gubernamental en contra del procurador Arango Escobar, diversas organizaciones ciudadanas y de derechos humanos se pronunciaron en su favor, reiterando que sus resoluciones deben acatarse y no discutirse. La Asamblea de la Sociedad Civil, ASC, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala -CONADEHGUA- llamaron al presidente Alvaro Arzú a acatar la resolución emitida por el Procurador de los Derechos Humanos. El Arzobispo Metropolitano, monseñor Prospero Penados del Barrio, extendió una invitación (6 abril) al presidente de la República, Alvaro Arzú a que deje de lado su actitud prepotente e inicie un dialogo con el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango y la prensa, que es un sector importantísimo de la democracia. Es obligación del Presidente Constitucional de la República, mantener la unidad del Estado y la unidad constitucional, es por eso que es necesario el respeto y la tolerancia a las instituciones del mismo Estado, manifestó finalmente el Presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz Abularach Con información del Centro de Estudios de Guatemala, CEG. 15-04-98 Guatemala: Gobierno viola libertad de expresión La polémica sobre la intolerancia del gobierno del presidente Alvaro Arzú hacia los medios de comunicación local tomó un nuevo giro luego que el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Eduardo Arango Escobar, emitió una resolución contra el mandatario por violar el derecho a la libre emisión y expresión del pensamiento, en especial de la revista Crónica y diario El Periódico, recomendándole que rectifique esta conducta. El Gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo en contra de esta resolución, mientras se multiplican las adhesiones de respaldo al Procurador. El tema saltó a la palestra en la última semana de marzo cuando la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala y la Federación Internacional de Periodistas rechazaron el acoso del gobierno a la revista Crónica, por medio de la presión que se ha hecho a los anunciantes para que no utilicen los servicios de la publicación, con el fin de asfixiarla económicamente, al considerar que viola la libertad de expresión y por ende la Constitución. Los trabajadores de la Revista Crónica, por su parte, en un campo pagado expresaron su solidaridad con el medio y sus propietarios, y acusaron al gobierno de violar su derecho al trabajo. La Asociación Guatemalteca de Periodistas, bajo la presidencia de Jorge Eduardo Zarco, también se pronunció en contra del acoso. La Sociedad Interamericana de Prensa envió su apoyo incondicional a la revista en mención, así como denuncio que ha recibido denuncias de acoso de los diarios Prensa Libre y El Periódico, y el radioperiódico Guatemala Flash. En medios parlamentarios, la bancada del Partido Frente Democrático Nueva Guatemala, FDNG, planteó ante el Congreso un punto resolutivo relacionado con la libertad de Emisión del Pensamiento, en el cual se solidariza con los medios de comunicación que han denunciado un acoso y censura directa. Presión oficial Al día siguiente de la resolución, el procurador Julio Eduardo Arango Escobar, quien fue electo por la mayoría oficialista en el parlamento, recibió la visita de personeros del órgano oficial Avances, quienes le exigieron que se retractara de la misma. A criterio del doctor Arango, esto es un claro reflejo de la intimidación gubernamental. "Se presentaron alrededor de 12 personas, entre abogados, periodistas, camarógrafos... Creo que lo que pretendían era que yo flaqueara ante tanta gente, y grabarlo y luego transmitirlo como si mis declaraciones no fueran consistentes", indicó. La bancada del partido oficial citó al Procurador de los Derechos Humanos ante el Congreso, para exigirle una explicación por la resolución emitida, y tras acaloradas discusiones, le sugirieron que renunciara y amenazaron con emprender un antejuicio por daños y prejuicios al presidente Arzú. Arzú dijo que no debe condenársele sin haberlo citado, oído y vencido en juicio, alegando que por tanto no es legal la resolución del Procurador. Al respecto, Arango respondió que el Procurador es un delegado de conciencia que emite resoluciones morales, que no tienen implicaciones ni procedimientos en la jurisdicción formal. Amplio apoyo a resolución Ante la reacción gubernamental en contra del procurador Arango Escobar, diversas organizaciones ciudadanas y de derechos humanos se pronunciaron en su favor, reiterando que sus resoluciones deben acatarse y no discutirse. La Asamblea de la Sociedad Civil, ASC, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala -CONADEHGUA- llamaron al presidente Alvaro Arzú a acatar la resolución emitida por el Procurador de los Derechos Humanos. El Arzobispo Metropolitano, monseñor Prospero Penados del Barrio, extendió una invitación (6 abril) al presidente de la República, Alvaro Arzú a que deje de lado su actitud prepotente e inicie un dialogo con el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango y la prensa, que es un sector importantísimo de la democracia. Es obligación del Presidente Constitucional de la República, mantener la unidad del Estado y la unidad constitucional, es por eso que es necesario el respeto y la tolerancia a las instituciones del mismo Estado, manifestó finalmente el Presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz Abularach Con información del Centro de Estudios de Guatemala, CEG.