A raíz de que la Central Obrera Boliviana decretara una huelga general el primero de abril, se abrió un período de paros, movilizaciones y bloqueo de carreteras en la que diversos sectores sociales exigieron mejoras salariales y otras reivindicaciones. La protestas que incluyeron a obreros, maestros, estudiantes universitarios, médicos, campesinos y cocaleros fueron reprimidas por la policía y los militares, lo que dejó como saldo siete personas muertas, un centenar de heridos y decenas de presos, entre ellos el dirigente campesino de Cochabamba y diputado nacional Alejo Véliz y la dirigente de los docentes, Vilma Plata. La conflictividad social revestía tal gravedad que las Fuerzas Armadas fueron puestas en "estado de emergencia", en tanto que la Conferencia Episcopal de Bolivia, a través de su secretario general, monseñor Jesús Juárez, hizo un llamado conciliatorio para que el Gobierno y la COB ingresaran en un clima de concertación y se evitaran nuevos actos de violencia. Mientras se desarrollaban las acciones, se organizaron seis comisiones con representantes de la COB y el gobierno para abordar los temas de salarios, agrario-campesino, seguridad social, educación, fuero sindical y trabajadores del sector privado. Sin embargo, el trabajo de las comisiones hasta el 7 de abril avanzaban muy lentamente y no alcanzaban puntos de coincidencia, especialmente en lo relacionado a los incrementos salariales que el gobierno fijó en un 6.5%. La COB exige un monto mayor a ese porcentaje, pero el gobierno ha replicado que no dispone de recursos económicos para solventar el mismo, y que para atender esta demanda debería incrementar el IVA del 13 al 55%, los carburantes en un 38% y despedir a 119 mil funcionarios de la administración pública. Médicos y maestros Los profesores agrupados en la Confederación de Maestros Urbanos y Rurales bloquearon las dos únicas carreteras que unen a la ciudad pobre de El Alto con la Paz exigiendo mejoras salariales, designaciones de nuevas autoridades educativas y no descuento por los días no trabajados. A los maestros se unieron los estudiantes universitarios y los médicos. Los primeros realizaron el 7 de abril una multitudinaria marcha por la principal avenida de La Paz demandando un incremento de un 20% en el presupuesto para las universidad pública, calculado en un poco menos de 20 millones de dólares. Los segundos, agrupados en el Colegio Médico Departamental, suspendieron el 8 de abril los hospitales de salud y seguridad social, con excepción de los servicios de emergencia, reclamando la institucionalización de 192 cargos en salud, de los cuales las autoridades solo han cumplido con cuatro. Paro cívico en Potosí En la ciudad de Potosí, se realizó un paro cívico que duró cinco días solicitando el cumplimiento de un pliego regional. La medida de hecho culminó con la suscripción de un documento entre el ministro de Defensa, Fernando Kieffer, y las instituciones locales. El gobierno se comprometió a ejecutar en esta región afectada por la sequía tres paquetes de proyectos por un monto de 9 millones de dólares. Los trabajadores de sanidad, de educación y de la universidad de Potosí, luego de que se levantó el paro regional, continuaron con la huelga decretada por la COB esperando los resultados de las negociaciones a nivel nacional. Enfrentamientos en el Chapare La decisión del gobierno de Hugo Bánzer de recortar en un 40% la compensación de 2.500 dólares por hectárea de coca destruida, ocasionó la protesta de los campesinos cocaleros de la región tropical del Chapare, quienes armados de machetes, dinamita y palos bloquearon los caminos troncales, y las rutas de acceso a Cochabamba, Sucre y Potosí, provocando desabastecimiento de alimentos. En el Chapare se produjeron los más fuertes enfrentamientos con fuerzas militares que trataban de despejar las vías, lo que ocasionó cinco muertos, entre ellos, un menor de edad y el campesino Bernardino Huaranca, que recibió dos impactos de bala en la cabeza. El gobierno de Bánzer, que a los 8 meses de asumido el poder enfrenta la más dura presión social, se negaba a ceder a las demandas de los cocaleros, quienes a su vez, anunciaron que radicalizarán las acciones hasta conseguir la libertad de su dirigente Alejo Véliz.