En Granada, departamento del Meta, "conocimos otro caso de locura, de paroxismo infamante de la violencia. Un grupo paramilitar que allí funciona en asocio con el (batallón) XXI Vargas, tenía acuerdos con la funeraria del pueblo, de tal forma que cuando iban a realizar una matanza les avisaban a los propietarios para que fuesen los primeros en llegar a ofrecer los servicios fúnebres; luego la funeraria les pagaba una comisión a lo sicarios"... Esta anécdota, recogida en el libro "Colombia: Cortarle las alas a la impunidad...", testimonio de vida de Josué Giraldo, un abogado defensor de los derechos humanos asesinado por grupos paramilitares, retrata cómo funciona el comercio de la muerte en Colombia. Y precisamente, en medio de un nueva escalada de violencia paramilitar que fue respondida con una gran ofensiva guerrillera, es necesario analizar el tema de los paramilitares, así como el papel que les corresponde jugar a los diversos actores del conflicto en los diálogos y negociaciones de paz. Los paramilitares ?Deben ser reconocidos los paramilitares como actores políticos? La pregunta tomó relevancia a raíz de que el presidente entrante, Andrés Pastrana, mantuviera conversaciones con paramilitares y delegados del Consejo Nacional de Paz se reunieran con 16 líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que dirige Carlos Castaño Gil, al cabo de la cual se firmó un acuerdo de "humanización del conflicto". Varios de los miembros del Consejo Nacional de Paz participaron también en los encuentros con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Alemania, y, paradójicamente, han sido objeto de amenazas de muerte por parte de los mismos paramilitares. Los cuestionamientos provenientes del Partido Comunista, los movimientos guerrilleros y algunas ONGs no se hicieron esperar, y coincidieron en que "reconocer como fuerza beligerante a los grupos paramilitares" constituye un "hecho insólito y de enorme peligrosidad". El ELN, por su lado, interrumpió un diálogo programado con un grupo de representantes civiles, pidiendo explicaciones públicas sobre el tratamiento que se está dando a los jefes paramilitares. Fundamentan su posición en el sentido de que las AUC, conformadas por cerca de 4000 hombres armados distribuidos en 500 municipios del país, fueron responsables en 1997 de numerosas masacres colectivas en las que perdieron la vida 982 personas a las que acusaron de ser "auxiliadores de la guerrilla" o bajo el argumento de la "limpieza social". Un segundo argumento es que los paramilitares actúan bajo la protección y la complicidad de la policía, el ejército y los grupos de latifundistas y narcotraficantes y que por lo tanto es con el Estado con el único que hay que negociar. Y un tercer razonamiento, apunta a señalar que los acuerdos con los paramilitares, estos adquieren "status político y militar" que les permitiría gozar de impunidad y seguir actuando legalmente como aparatos de terror. De otro lado, mientras los desplazados por la violencia, que en el primer semestre de este año llegaron a 150.000, reclaman también un lugar en los diálogos de paz, los militares, por boca del ministro de Defensa Rodrigo Lloredo Caicedo, se han mostrado en desacuerdo de participar en mesas de negociación con las guerrillas. Colombia es el país con mayores gastos militares y de seguridad en Amércia Latina. Se calcula que anualmente gasta 8000 millones de dólares para financiar la guerra no declarada y reponer los daños ocasionados. Gran parte de ese dinero se destina a sueldos y pensiones de los militares y a sostener el aparato de guerra, mientras se recortan los fondos de áreas sociales. La paz se presenta como la única alternativa para lograr superar la crisis económica y social, sinembargo, frente a ello, surge la pregunta ?está dispuesta la cúpula militar a hacer concesiones y a entrar en un verdadero proceso de paz? La sociedad civil En los últimos años sectores de la sociedad civil se han involucrado de manera activa en la tarea de ir generando una cultura de paz. En este marco, 400 organizaciones civiles de todo tipo promovieron el "mandato por la paz" en las elecciones regionales del 26 de octubre de 1997. Cerca de 10 millones de colombianos, en esta ocasión, se acercaron a depositar el "tarjetón verde" o "voto por la paz". Aunque este pronunciamiento ciudadano tenía más una fuerza moral que legal -y en este sentido, los responsables de las masacres y los asesinatos selectivos lo han ignorado olímpicamente- permitió unir voluntades y abrir un proceso de coordinación de las diversas tendencias y procesos, que desde los ámbitos locales y sectoriales, venían trabajando por la paz. Los diálogos con el ELN y los paramilitares, y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que se reunió en Bogotá el 30 y 31 de julio de este año, aparecen como la continuación de esos esfuerzos. Durante esta Asamblea, que congregó a tres mil delegados de diversas organizaciones civiles y políticas, se sacó cinco acuerdos concretos que tienen que ver con el modelo de desarrollo, la regionalización, la reestructuración democrática, un nuevo orden político y una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos. En definitiva, se reclaman cambios estructurales que permitan afirmar una paz con justicia social. Los mayores movimientos guerrilleros (las FARC y el ELN) valoran de distinta manera la participación de la sociedad civil (ver artículos adjuntos) en los procesos de paz. Para los FARC, la paz no se la puede firmar con la "sociedad civil" sino con los responsables de la guerra, en tanto que para el ELN la "sociedad civil" juega un importante papel como tercera voz en el conflicto. En todo caso, lo importante es que ningún esfuerzo por la paz sea minimizado para no tener que recordar siempre aquella frase del escritor colombiano Fernando Vallejo, quien, refiriéndose a su país dijera: "La única cosa segura aquí es la muerte". FARC: "Solo hay dos interlocutores: el gobierno y la guerrilla" Al cerrar esta edición, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, lanzaron una fuerte ofensiva militar en 16 de los 32 departamentos de Colombia como despedida al gobierno de Ernesto Samper. Con las acciones que dejaron 248 víctimas, los movimientos guerrilleros hicieron una demostración de fuerza para estar en mejores condiciones a la hora de sentarse a la mesa de eventuales negociaciones de paz con el flamante presidente Andrés Pastrana. En la siguiente entrevista, Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, puntualiza lo que esta organización espera del nuevo gobierno y precisa los conceptos sobre la sociedad civil. ALAI ?Que perspectivas se presentan luego del encuentro de la FARC con el presidente Andrés Pastrana? RAUL REYES (RR)=: Lo que se espera es que el nuevo gobierno le diga al mundo cual es su programa de gobierno y empiece a ejecutar y cumpla los compromisos adquiridos en el encuentro con Manuel Marulanda de retirar toda la fuerza pública de los municipios de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, la Macarena y San Vicente del Caguán, en los departamentos de Meta y Caquetá. Y además que desmonte los grupos paramilitares, que por ley de la República derogue las leyes que les dieron legitimidad a los grupos paramilitares, como las Convivir, y que de verdad haga que las fuerzas militares se comprometan de alguna manera a cumplir con los acuerdos y a respetar los derechos humanos. Se ha pedido igualmente que se debe descriminalizar la protesta social para permitir que la gente pueda expresarse libremente sin el peligro de ser asesinados, desaparecidos, o calificados de subversivos o de apoyo a la guerrilla, por el simple hecho de reclamar que se les pague oportunamente los sueldos que correspondan al valor de la canasta familiar. ALAI ?Cuáles son los actores del conflicto armado colombiano? R.R. Lo que tenemos claro es que solamente hay dos actores: el gobierno, que lo hace en representación de los gremios económicos, del Estado, del establecimiento, de las instituciones que se sienten afectadas, y la comunidad, no hay más actores. El ejército es el aparato represivo que defiende los intereses del Estado y los paramilitares son un grupo de apoyo al ejército y a ese Estado, por lo tanto los diálogos que puede hacer el gobierno con los paramilitares y con los militares es un poco como el diálogo de yo con yo, son lo mismo. Los únicos interlocutores que representan intereses diametralmente opuestos son el gobierno y la guerrilla. ALAI: ?Qué opinión tiene del encuentro del Ejército de Liberación Nacional con la sociedad civil? R.R. Nos parece bien importante todo lo que contribuya a sentar las bases para la solución definitiva que tienen que conseguir los colombianos (...) Pero resulta que la paz no la podemos firmar con la sociedad civil, la paz tiene que contar con la participación de la sociedad civil, con todos los sectores de colombianos, pero la paz se tiene que firmar entre los que deciden, los responsables de la guerra, de las desigualdades, el gobierno, el régimen. La sociedad civil no puede comprometerse a nada distinto que a luchar por los mismos intereses de que son parte de la guerrilla. Entonces, ahí debe corresponder bien el concepto de sociedad civil...es decir si nosotros nos vamos a reunir con el movimiento sindical, ya sea agrario, urbano, con el sector petrolero y energético del país para ponernos de acuerdo cómo vamos a resolver los problemas del país, podemos sacar un pliego petitorio muy importante para el gobierno, pero entre nosotros nada podemos resolver. Ahora, yo no conozco, donde se puede conseguir a la sociedad civil, donde está la dirección para incluir a la sociedad civil, nosotros por eso hablamos de que se tiene que darse un encuentro con la nación. Hablar con todos los sectores que representen el pueblo, pero también con el gobierno, con los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial que constituyen los pilares del Estado colombiano, y obviamente cuando se avance con algún compromiso que el gobierno hace, quienes deben estar allí, son todos sectores que se llaman sociedad civil: los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los profesores, los estudiantes, los médicos, para que ellos den sus opiniones, contribuyan con sus aportes, sobre cuáles son las necesidades fundamentales, las que hay que pedir para solucionar los grandes problemas que nos afectan. Pero nosotros no podemos pedirles nada, por ejemplo, a los maestros o al estudiantado, que son afectados por la guerra, por las políticas de la banca mundial, del Fondo Monetario y del imperialismo. ELN: "Sociedad civil: Tercera voz en el conflicto" Tras el denominado "Acuerdo puerta del cielo" suscrito entre el ELN y representantes de la sociedad civil en Alemania, la dirigencia del ELN aclaró que de este proceso quedan descartados "elementos sustanciales", como el desarme, la reinserción, la desmovilización o los ceses al fuego de carácter unilateral o cualquier concesión al Estado o a sus gobiernos. La organización guerrillera, en un documento evaluatorio de este proceso, suscrito por los dirigentes Pablo Beltrán, Milton Hernández y Juan Vásquez, con respecto a la participación de la sociedad civil dice lo siguiente: * "Si bien los actores del conflicto armado son dos, Estado e insurgencia, al producirse este conflicto por las profundas causas sociales y políticas que separan las clases en Colombia, éstas juegan un enorme papel movilizador en función de sus propios intereses. En este sentido la llamada "sociedad civil" juega un importante papel como tercera voz en el conflicto y ella contiene un enorme potencial movilizador, de capacidad intelectual y de trabajo de adhesión política a uno u otro actor en el conflicto. Esto hace indispensable la participación de esta "sociedad civil" tanto en las deliberaciones sobre todo las que deben realizarse en las regiones, como en el ser garante de los acuerdos". * "Los conceptos de paz y de participación de la sociedad civil como interlocutora legítima, no son ajenos a nuestra lucha. En distintas propuestas hemos insistido en estos planteos. Reconstruyamos la historia y digamos ahora que: Nosotros hablamos de una sociedad más humanitaria, más justa y con una economía que garantice que las mayorías se beneficien de la distribución de la riqueza que haya en el país. Dentro de todo ese elemento de que sea una sociedad justa, igualitaria, humana, donde los derechos sociales de la población, y por tanto la persona humana sea el centro del desarrollo, consideramos que ya la concreción de cada uno de los criterios debe ser construida precisamente por todos los sectores sociales que participan de la construcción de la sociedad. Creemos que ahí es donde se debe garantizar la democracia de las reivindicaciones de todos los sectores de la población. Por eso ubicamos un marco en lo social, en lo económico, en lo político y, por supuesto, en la garantía de nuestra soberanía, en la cual se construirá esa sociedad justa, igualitaria y democrática". * "Algunos planteamientos consignados en el Acuerdo como el reconocimiento al gran movimiento nacional inspirado en el Mandato por la Paz, la Convocatoria de la Asamblea Permanente por la Paz impulsada por la Comisión de Conciliación Nacional y cientos de impulsos populares y de ONGs Defensoras de los Derechos Humanos en torno a los mismos objetivos, no son más que el reconocimiento a la gran aspiración nacional y popular de construir un nuevo país y en un nuevo marco nacional de Justicia, Soberanía y Dignidad".