La severa política de ajuste del gobierno de Andrés Pastrana ha provocado una serie de protestas, cuyo punto culminante es un paro de 48 horas de los 800.000 trabajadores estatales, previsto para el 23 y 24 de septiembre. La administración pastranista presentó al Congreso la Ley de Presupuesto que incluye un proyecto de ajuste fiscal, que contempla, entre otras medidas, la limitación de los salarios a un 14% para 1999, la ampliación del Impuesto de Valor Agregado, IVA, a buena parte de la canasta familiar y varios gravámenes más. Con ellas, el régimen pretende descargar el peso de la crisis interna e internacional sobre los trabajadores y la población en general. En lo relacionado al IVA, el proyecto gubernamental propuso una mínima rebaja del mismo (del 16 al 15%), con el propósito de extender el tributo a un centenar de artículos y servicios de primerísima necesidad. El equipo económico, además, tenía como objetivo gravar con el impuesto a la renta a quienes devengaban más de dos salarios mínimos, pero tuvo que retroceder ante la presión de los sindicatos. A este panorama, se suma la ampliación del techo de la banda cambiaria, que en otros términos significa la devaluación del peso en relación al dólar, lo que encarece el costo de la vida. El desempleo llega a un 16%, constituyéndose en uno de los problemas más graves. En ciudades como Bogotá, Cali, Neiva y Valledupar se desarrollaron movilizaciones de vendedores ambulantes, trabajadores y médicos para pedir trabajo, pago de salarios atrasados, rechazo a los despidos y no al cierre de hospitales. Cambio de rumbo El Comando Nacional Unificado ampliado, integrado por las tres centrales obreras y los pensionados, señala que el Congreso de la República que tiene como fecha límite el 19 de octubre para aprobar el Presupuesto Nacional, está en la obligación de atender las justas demandas de los asalariados, que no "tienen por qué pagar los impuestos que los ricos evaden". Los sectores sindicalizados se han pronunciado por el cambio de rumbo en la economía, planteando el respeto al derecho al empleo y la conservación del poder adquisitivo de los salarios. El aumento del salario de los trabajadores, según el analista económico César Giraldo, no tiene efectos fiscales considerables y en cambio estimula la economía. Cada punto de incremento en los salarios equivale a la milésima del Producto Interno Bruto, PIB. Es decir, si el gobierno en vez de reajustar los salarios en un 14 %, los aumentara al 20%, el efecto sería del 0.3% del PIB, tres milésimas del PIB. Los trabajadores organizados plantean un modelo alternativo que permita defender el mercado interno y poner barreras a la importación indiscriminada de productos, fenómeno que está teniendo efectos catastróficos para la economía, especialmente luego de las crisis rusa y asiática y el derrumbe de las bolsas de valores. Para los sectores laborales, la pérdida de competitividad de la economía colombiana es resultado de las políticas de expansión del capital financiero. Al ser la crisis mundial el reflejo del sistema capitalista, no se puede plantear que sean los trabajadores los que tengan que pagar los "platos rotos", aseguran. Las propuestas concretas para establecer un modelo alternativo de desarrollo son las siguientes: * Recuperar el control frente a los capitales financieros. No se puede aceptar que éstos continúen llegando a nuestros países, obtengan rentas sin hacer ninguna inversión productiva, o sea en la economía real, y se vayan impunemente por donde llegaron. El capital financiero debe pagar impuestos. * Recortar el IVA e incrementar los impuestos a las importaciones. * Redefinir las reglas del juego frente a los bonos de pensiones. No es justo que el ahorro de los trabajadores vaya a dar a manos del capital financiero especulativo, como lo está proponiendo la reforma Pastrana. * Renegociar la deuda. La mitad de los gastos de la nación se va en el pago del servicio a la deuda: 35 ó 40 por ciento del presupuesto nacional, mientras el otro 15 por ciento se transfiere a los fondos privados de pensiones.