El balance es desalentador para los cocaleros: tras intensas luchas que se prolongaron por cerca de dos meses, no consiguieron finalmente uno de sus principales objetivos que era echar abajo el Plan antidrogas por la Dignidad impulsado por el gobierno del Gral.(r) Hugo Bánzer. El 3 de octubre, los cocaleros levantaron la huelga de hambre y retornaron al trópico de Cochabamba, tras firmar un acta de entendimiento de 12 puntos con el gobierno en la que consiguieron poco a casi nada. En el documento se acordó que el desarrollo alternativo y la reducción voluntaria de los cultivos de coca se lleve a cabo de manera concertada y que el Ministro de Gobierno analizará el caso de los detenidos con la finalidad de lograr su pronta libertad. Los productores de coca emprendieron el 10 de agosto pasado una larga marcha que partió desde el trópico de Cochabamba con rumbo a la Paz. Sus objetivos eran lograr la desmilitarización de la zona cocalera del Chapare, el cese de la erradicación forzosa de la coca y la suspensión del denominado Plan Dignidad. Hombres y mujeres se demoraron 24 días para recorrer 700 kilómetros de carreteras y caminos de herradura. Voceros del gobierno y la embajadora de Estados Unidos, Donna Hrinak, se unieron para descalificar la caminata, afirmado que se trata de una "narcomarcha" financiada por el narcotráfico. Al llegar a La Paz, los cocaleros se declararon en una huelga de hambre que duró 20 días, al tiempo que protagonizaban movilizaciones, durante las cuales 6 personas resultaron heridas y otras 10 detenidas. Esta es la cuarta marcha que realizan los cocaleros. La primera se llevó a cabo en agosto de 1994 y duró un mes. La segunda fue iniciada en 1995 por las mujeres, que demandaban el respeto a la vida y los derechos humanos en el Chapare. En la tercera, cumplida en 1996, se reivindico el derecho a la tierra y el territorio. En esta cuarta ocasión, el régimen de Hugo Bánzer, para debilitar la acción de los cocaleros, echó mano al viejo recursos del "divide y reinarás", pues, por un lado, se mostró abierto a negociar con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, y por otro, se negó a conversar con el dirigente cocalero y diputado nacional Evo Morales. Política autoritaria El gobierno mantiene una política intransigente frente al reclamo de los cocaleros y en todo momento ha hecho conocer que no está dispuesto a dar pie atrás en su plan anti-drogas, financiado mayoritariamente por Estados Unidos, que contempla la erradicación de 38.000 hectáreas de coca en los próximos cinco años. El Departamento de Estado de EE.UU considera que Bolivia es el tercer productor de coca en el mundo, después de Perú y Colombia, y que más del 95% de la coca del Chapare va al narcotráfico. La estrategia anti-drogas del gobierno de Bánzer se propone sacar a Bolivia del circuito coca- cocaína en el próximo quinquenio mediante la prevención, la erradicación, el desarrollo alternativo y la interdicción. En la práctica lo que se ha venido imponiendo es una línea autoritaria y una estrategia de guerra interna en la cual se sitúa a los pequeños productores de coca como enemigos a los que hay que aniquilar, sin ofrecerles alternativas viables y seguras para su subsistencia. En esta línea se ha reforzado la militarización del trópico de Cochabamba y ha continuado la erradicación forzosa de los cocales. En lo que va del año, la acciones contra los cocaleros han dejado un saldo de 13 muertos, decenas de heridos y más de 400 detenidos. Los campesinos cocaleros desconfían de los programas estatales de desarrollo alternativo destinados a sustituir la coca por otros cultivos como piñas, palmito, maracuyá jenjibe y arroz, debido a que han fracasado en la última década. Los recursos que se destinan para este fin, por lo general, van a parar a manos de la burocracia y no a cambiar sustancialmente la base productiva. Por otro lado, los campesinos encuentran dificultades para comercializar sus productos agrícolas (falta de carreteras, precios bajos, etc.), por lo que la coca sigue siendo el producto más atractivo. Pero el problema va más allá, pues en última instancia, la situación de los cocaleros es consecuencia de problemas estructurales de la economía agraria del país, donde la falta de fuentes de empleo obliga a muchos campesinos pobres a emigrar al trópico de Cochabamba. El plan anti-drogas de Bánzer, aunque admite esta realidad, carece de respuestas para resolver estos problemas estructurales y más bien ha reforzado la represión y la interdicción para obtener la ayuda financiera de Estados Unidos.