Colombia

Se inicia el tema “fin del conflicto”: positiva participación de militares activos

Álvaro Villarraga Sarmiento

07/09/2014

Opinión

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El inicio del trabajo de la Subcomisión sobre el punto tres de la agenda, “Fin del conflicto” muestra un avance notable de las conversaciones de paz Gobierno-FARC en La Habana, por cuanto éste tema por su naturaleza constituye una de las premisas decisivas para lograr el cierre del conjunto de la negociación de paz, alude al elemento altamente sensible de abordar lo militar y conseguir su necesaria superación y conlleva una serie de siete subtemas importantes relacionados con las garantías de superación de las hostilidades bélicas, los consiguientes dispositivos activados para tal efecto, las garantías necesarias y la coherencia de un ambiente signado por la superación de factores y agentes de la violencia y la aplicación de las reformas y demás medidas comprometidas en el conjunto de los acuerdos de paz. En tal contexto, resulta ser una medida positiva el que el Gobierno designe una comisión de militares activos para participar junto con otros funcionarios civiles en tal comisión, hecho que motivó nuevas desafortunadas reacciones de los opositores al proceso de paz.

Es necesario recordar que el tema “Finalización del conflicto” incluye una serie de tópicos importantes, exigentes y necesarios de abordar, que llevarán a compromisos de las partes, como garantía para el cierre de la guerra. No es tan simple como lo han interpretado los principales medios de prensa y opinión, por lo regular proclives sólo a hacer eco a la desmovilización y desarme de las guerrillas, pero que en flaco servicio al proceso de paz ignoran o callan sobre el conjunto de los asuntos a abordar. Al respecto, en conformidad con lo estrictamente estipulado en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por las partes el 26 de agosto de 2012, este tema incluye los siguientes siete compromisos a lograr: 1. Cese al fuego y a las hostilidades de manera bilateral y definitiva. 2. Dejación de las armas y reintegración de los combatientes de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, social y político, con respeto a sus intereses. 3. Revisión por parte del Gobierno de la situación de las personas privadas de la libertad por pertenecer o colaborar con ésta guerrilla. 4. Intensificación por parte del Gobierno de la acción contra organizaciones criminales y sus redes de apoyo, en diversos aspectos, como condición para el logro de un ambiente de garantías. 5. El Gobierno estará en tal contexto aplicando las reformas y ajustes institucionales derivados del reto de la construcción de la paz. 6. Logro de garantías en materia de seguridad. 7. En relación con el tema paralelamente tratado sobre las Víctimas, se esclarecerá el fenómeno paramilitar, entre otros.

Es claro que de conjunto este tema de finalización del conflicto demanda entonces construir consensos por las partes sobre cada uno de los siete tópicos, pero a la vez el primero sobre ceses de fuegos y hostilidades es de compromiso reciproco, el segundo sobre desarme y reintegración es de compromiso en buen grado de la insurgencia de las FARC y en los cinco restantes, referidos a población carcelaria por motivos del conflicto con relación a este movimiento guerrillero, garantías, seguridad e iniciativa en la implementación de las reformas y medidas institucionales derivadas de los acuerdos y del compromiso general con la construcción de la paz, son básicamente de responsabilidad gubernamental y de resortes y actuaciones de compromisos estatales. Se agrega como elemento importante de la agenda y la dinámica de los compromisos, que sobre esta base, se podrá llegar a la firma del Acuerdo Final de Paz, el cual a la vez iniciará la implementación de todas las medidas acordadas, a cumplirse bajo el criterio de “deben desarrollarse en un tiempo prudencial por las partes”.

En una temática que es amplia y compleja, grosso modo puede anotarse que el cese al fuego y las hostilidades si bien será definitivo y bilateral, por tanto sinónimo del cierre de la guerra, debería como lo han reclamado diversos sectores contemplar medidas de aproximación y aplicación parcial, como acuerdos de regulación, niveles de des-escalamiento o desmilitarización y nuevas posibles declaraciones de treguas unilaterales de la guerrilla. De hecho en los dos años de negociación las FARC ha declarado cuatro treguas temporales unilaterales con positivos resultados, por lo cual en lo político y en el alivio de violencia y humanitario, repetir tal tipo de gesto sería muy importante y conminaría a la parte estatal a obrar en correspondencia. El CICR ha demandado también a las partes considerar acuerdos inmediatos de regulación humanitaria. Y es de advertir, que en el curso del tratamiento de estas opciones caben las figuras de la discreción y no necesaria publicidad de determinadas medidas, tanto por su índole militar como por circunstancias del orden político, como los costos políticos que al respecto tanto previene una flexibilización gubernamental al respecto. Anteriores negociaciones de paz en el país y otras en el orden internacional muestras experiencias positivas al respecto y agregan los necesarios mecanismos de veeduría y acompañamiento con el concurso internacional e interno que habrán de implementarse.

La dejación de las armas y la reintegración de la insurgencia a la vida civil en todo caso podrá ser el resultado, no el antecedente, del logro de acuerdos de implicación política, social e institucional, enfocados hacia la superación del conflicto armado, sus causas y orígenes. La experiencia interna e internacional lo demuestra con creces. Los pactos políticos de paz con las guerrillas M19, EPL y otras menores tuvieron fundamento entre 1989 y 1991 en el proceso de apertura política que dio lugar a la reforma política más importante aplicada en Colombia, mediante la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la expedición de una nueva Constitución Política. En la actualidad, sólo el cuerpo de compromisos políticos y sociales que se cuaja con los acuerdos convenidos con las FARC y los que se podrán consensuar en igual sentido con el ELN, podrán dar fundamento a pactos de paz que impliquen la desactivación militar voluntaria también de estos dos restantes movimientos insurgentes. A la vez, ha sido y es claro que las organizaciones insurgentes no han sido derrotadas y no entregan las armas al gobierno. El M19 las dejó en manos de una veeduría internacional, el EPL las dejó a la Constituyente del 91 con recurso en veeduría internacional. Con las FARC y el ELN, tras una confrontación más radicalizada y extendida, el destino final de inutilización o destrucción de las armas habrá de conseguirse a partir de la construcción de confianza en el proceso y en el recurso de formas originales con el concurso de terceros actores.

Los compromisos gubernamentales estipulados en este tema no se restringen a la parte operativa de lo militar aunque lo incluye, en términos de la desmilitarización, la transformación de estructuras y dinámicas militares acorde con la nueva situación, la revisión de la nefasta herencia de la doctrina de la seguridad nacional, etc., sino que conllevan temas más amplios relativos a las garantías, la seguridad y la aplicación paralela de compromisos con otros temas como las reformas políticas, las reformas sociales y el marco jurídico que permita el acceso de la insurgencia la vida legal. En tal sentido, la situación de los excombatientes y de quienes están recluidos en cárceles se podrá resolver, en aras de su excarcelación, pero también en correspondencia con el rescate de medidas en justicia a favor de las víctimas y sus derechos. El esclarecimiento del fenómeno paramilitar considerado así como el logro efectivo de seguridad en los territorios y el combate efectivo a los grupos armados ilegales y redes delincuenciales que persisten tras la desmovilización parcial de las AUC y la no superación del mismo fenómeno paramilitar, entregan un alto reto a la parte gubernamental y estatal.

En tal contexto, es de advertir que el positivo aporte a brindar por parte de personas activas de las Fuerzas Militares en la subcomisión sobre el tema “Fin del conflicto”, en beneficio de estos propósitos, es algo digno de reconocer y saludar. En lógica de construir las demandas de la paz es algo totalmente contrario a lo interpretado por la lógica pugnaz, militarista e intolerante del uribismo, su partido Centro Democrático y los sectores de extrema derecha que le son afines que pregonan el hecho como claudicación ante la guerrilla, traición y desmoralización de la fuerza pública o incluso hechos inconstitucionales e ilegales, alegados sin ningún argumento posible. El presidente Santos y la comisión negociadora gubernamental bien han argumentado lo positivo que resuelta el aporte técnico, el aprovechamiento de la experiencia y el conocimiento así como los elementos de legitimidad y compromiso institucional con la paz que entraña de manera positiva tal tipo de participación.

Además, no debe desestimarse tanto el hecho histórico de tener por primera vez el concurso activo del estamento militar en la construcción de los consensos de un proceso de paz, hecho contrario a anteriores experiencias negativas cuanto tal estamento jugó como obstáculo y abierta oposición, de lo cual aún quedan rezagos y expresiones, que precisamente este tipo de medidas pueden ayudar a superar de forma constructiva. En consecuencia, el que el gobierno reconozca como instancia entre las Fuerzas Militares al grupo encargado de tal participación, a título de “comando para la transición”, es un hecho positivo y lleva el mensaje explícito del paso de la guerra a la paz, con implicación directa en las fuerzas armadas estatales. Así mismo, aunque con preocupaciones y demandas propias de las discusiones y propuestas en la mesa de negociaciones y su entorno, las FARC por su parte en actitud recíproca declararon conformar un Comando Guerrillero de Normalización, el cual también lejos de descalificar con el mensaje aún de guerra enviado por el Ministro de Defensa, puede interpretarse en igual sentido y, más aún, sus consideraciones hechas públicas resultan compatibles con el tema y los tópicos a tratar.

Álvaro Villarraga Sarmiento

Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 415

Semana del 5 al 11 de septiembre de 2014

Corporación Viva la Ciudadanía

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