Las organizaciones sociales panameñas están convocando nuevamente al pueblo a llevar sus protestas a las calles con relación a las reformas que adelanta el gobierno nacional en torno al sistema de seguridad social. Una primera movilización se ha programado para el jueves, 24 de noviembre, en horas de la tarde. La protesta se centra en la pretensión del gobierno de aprobar una nueva ley de seguridad social que privatiza el 50 por ciento de los fondos de la Caja de Seguro Social y que, además, crea un sistema de dos pilares que eliminaría las pensiones de casi el 70 por ciento de los asegurados. Entre mayo y junio de 2005, protestas multitudinarias obligaron al presidente Martín Torrijos a entablar un “diálogo” con los diferentes sectores afectados por las reformas aprobadas en la Ley 17. Estas reformas aumentaban la edad de retiro, la densidad de cuotas y el descuento de cada contribuyente. El “diálogo”, sin embargo, fue utilizado por el gobierno para imponer nuevas condiciones, incluso más dañinas, para los trabajadores panameños. Según Alternativa Patriótica Popular (APP), miembro de FRENADESO, organización que ha encabezado la lucha contra las reformas al sistema de seguridad social, el nuevo “modelo establece un aumento de la edad de jubilación para hombres y mujeres hasta 70 años y más”. Además, en un comunicado APP señala que la propuesta del gobierno “sienta las bases para la privatización absoluta del sistema de pensiones y niega el derecho de jubilación para decenas de miles de panameñas y panameños condenados a la indigencia en sus últimos años de vida”. APP plantea que al pueblo panameño sólo le queda como alternativa salir nuevamente a protestar en las calles. Según el análisis que hace APP, la nueva propuesta, elaborada en el diálogo, “privatiza un total de US$900 millones de los ahorros de los asegurados, establece el sistema de los dos pilares, privatiza los servicios médicos y entrega la administración de la Caja de Seguro Social (CSS) al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y su aliado el Partido Popular (PDC). El comunicado denuncia que “se dice que hay crisis (en la CSS) pero se aumentan las dietas de los miembros de la Junta Directiva y el salario, privilegios y poderes del director general”. El nuevo proyecto, una vez aprobado, “borra la estabilidad de los funcionarios administrativo, del personal médico y los profesionales de la salud. Se reducen los beneficios de los asegurados. Deja por fuera el Programa de Riesgos Profesionales, pues intentan que el mismo sea manejado por el sector privado. No se atacan los problemas de deficiencia administrativa y de los servicios de salud que tanto preocupan a la población”. Las organizaciones populares panameñas también están alarmadas por el incremento en las tácticas represivas que ha asumido el gobierno. Según APP, “en los últimos días el pueblo ha mostrado su indignación por el cierre de la Universidad de Panamá (que duró una semana) y los colegios secundarios, (al igual que la forma en que) se reprimen y sancionan a los estudiantes, particularmente del Instituto Nacional. Los detenidos por la Policía Nacional (dirigida por Rolando) Mirones, durante los actos de protestas contra (la visita de George) Bush, fueron desnudados, recibieron amenazas, incluyendo 4 abogados, uno de ellos fue pateado en el suelo”. El comunicado agrega que “en (la provincia de) Chiriquí casi 40 compañeros fueron arrestados por intentar participar de los desfiles patrios (del 3 de noviembre). En Colón alrededor de 40 miembros del (grupo estudiantil) PAT fueron arrestados antes de llegar a Colón para los desfiles. Ronaldo Ortíz del (grupo estudiantil) FER-29 fue arrestado y su casa allanada durante la oprobiosa visita de George Bush. Una dirigente del FER-29 del Instituto Nacional fue expulsada por protestar frente a la tarima presidencial (en los desfiles patrios). Salomón Samudio también del FER-29 fue secuestrado, amenazado y llevado en un carro por uniformados enmascarados”. La represión policíaca alcanzó a dirigentes que estaban en la mesa de diálogo sobre la seguridad social con el gobierno. Según APP, “el profesor Andrés Rodríguez, coordinador general de FRENADESO, y Genaro López, secretario general del sindicato de trabajadores de la construcción, SUNTRACS, fueron detenidos mientras se disponían a participar de los desfiles (patrios) en Santiago de Veraguas”. Para enfrentar la ofensiva del gobierno, FRENADESO y otras organizaciones como APP, han “convocado al pueblo a manifestarse en las calles, en todas las provincias, el próximo 24 de noviembre a las 4:00 p.m....” En el caso de las propuestas sobre la seguridad social, APP exige “un referéndum para que el pueblo decida entre la Ley de la Vida o la Ley de la Muerte empeorada en el mal llamado diálogo”. Panamá, 18 de noviembre de 2005.