Después de seis días de deliberaciones, la 90ª asamblea de obispos emitió un documento de nombre pretencioso "Una luz para reconstruir la Nación". El mismo fue evaluado como positivo por la oposición de derecha e izquierda, y rechazado de plano por el gobierno. ¿Será Jorge Bergoglio el fiscal de la democracia? El vocero Con dos asambleas plenarias al año, no se puede pensar que los obispos actúan improvisadamente. Cada párrafo de sus documentos es sopesado mil veces, su redacción explícita o soterrada tampoco resulta casual, ni lo son sus silencios o temas entre paréntesis. El poder de la iglesia es así y no iba a cambiar con las conclusiones de su asamblea. Todo estuvo pensado hasta en los detalles, como que el vocero de la reunión fuera el obispo de Resistencia, Carmelo Giaquinta. Al retirarse ahora de la presidencia de la Pastoral Social no tenía ninguna otra razón para ser el expositor que no fuera incomodar al gobierno nacional. Se trata del mismo obispo que el 6 de noviembre último amenazó con instar a la "desobediencia civil" de la grey católica si el Estado seguía con sus planes de impartir educación sexual en las escuelas y distribuyendo preservativos. El prelado profirió esa amenaza en una nota de opinión publicada en el diario Norte de Chaco, donde además parafraseó al obispo castrense Antonio Baseotto: "del adulto que hace perder el rumbo a los niños y adolescentes, Jesús dijo que sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar". Esta fue una forma poco elegante de solidarizarse con el ordinario castrense. No se pueden disociar las políticas (y sus proclamas) de los personajes que las expresan. Lo correcto hubiera sido que Bergoglio, ungido el martes presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, diera la cara y presentara el documento de marras. Se trataba del primero de su institución en fijar postura sobre el acontecer político durante el gobierno de Néstor Kirchner. No lo hizo por falta de coraje personal sino por un cálculo de costo-beneficio. Estimó que no le convenía ponerse en el centro de las polémicas que sobrevendrían con el PEN, otras agrupaciones y medios de comunicación. Entonces escogió a Giaquinta como "operador táctico" y se reservó como "conductor estratégico". ¿Y después se quejan cuando algunas personas estiman que los obispos son parte de la clase política? El documento La declaración obispal de treinta páginas está disponible en internet y sus tramos salientes ya fueron publicados en los diarios. No hay necesidad de redundar en ellos; sí importa su evaluación y medir sus impactos políticos y sociales. Como los políticos de raza, los obispos pusieron en lugar destacado lo que sabían tendría mayor aceptación. De allí sus críticas a la pobreza, el desempleo y las desigualdades de ingresos, con los que la mayor parte de los argentinos iba a estar de acuerdo. En un país donde la línea de la pobreza está en 809 pesos para una familia tipo y el 40 por ciento de la sociedad no llega a ese ingreso, era obvio que los señalamientos eclesiásticos de Pilar cosecharían un aplauso fácil. Pero los redactores tuvieron que hacer una primera aclaración, ante la réplica gubernativa, sobre qué quisieron decir con lo del "crecimiento escandaloso de la desigualdad". El jefe de Gabinete los refutó desde El Calafate con una serie de índices de relativo mejoramiento de la economía. Frente a esa batería, el obispo adjunto de Buenos Aires, Jorge Lozano, debió aclarar que aquella desigualdad "es un proceso de larga data". No sorprendió que los políticos de derecha como Ricardo López Murphy y Alberto Natale, con la colaboración mediática de "La Nación", aplaudieran a rabiar el documento firmado por Bergoglio. En cambio no era tan previsible que algunos dirigentes de izquierda avalaran la postura del arzobispo. Patricio Echegaray (PC), Amancay Ardura (CCC), Raúl Castells (MIJD) y Néstor Pitrola (PO), por separado y con matices, expresaron su coincidencia con el diagnóstico económico-social del Episcopado. Ellos lo fundamentaron en que la nueva conducción de la Conferencia Episcopal tiene "una mayor preocupación por lo social". En la Catedral se jactan de que esta política tiene tantas décadas como la llamada "doctrina social de la Iglesia". Es posible que esos representantes de izquierda y de los piqueteros no hayan leído completo el documento. Es que allí se condenan "las huelgas desproporcionadas que no reparan en las injustas consecuencias sufridas por los más débiles: niños, ancianos, enfermos, trabajadores". Fue una alusión directa a la justa huelga de los enfermeros del Garrahan y a los cortes de rutas de los que no tienen un trabajo decente. 29 años después Las críticas de las primeras sotanas al orden económico-social tienen un costado correcto, sólo uno, en el sentido que deploran la existencia de tanta pobreza. Pero esa descripción, sin señalar responsables ni plantear alternativas para solucionar los dramas, no sirve de mucho. Y menos aún al no incluir una autocrítica de la Iglesia, que la debe a la sociedad por su implicancia con el establishment empresario y político de los ´90 que afianzó el neoliberalismo. ¿O Bergoglio era un simple monaguillo cuando la ola privatizadora y desnacionalizadora de Carlos Menem era apoyada por el cardenal Antonio Quarracino y obispos como Emilio Ogñenovich, Desiderio Collino y Rubén Di Monte? No, el actual cardenal alcanzó el obispado en 1992 y fue designado por Quarracino como su adjunto en Buenos Aires. La cúpula de la institución se queja del injusto orden económico pero muchos de sus integrantes tuvieron intereses económicos con el PEN menemista, que los surtió con 29 millones de pesos-dólares en Aportes del Tesoro. También tuvieron lazos con empresarios de la peor especie: Quarracino y Héctor Aguer (actual obispo de La Plata) con los banqueros Trusso del vaciado Banco de Crédito Provincial, y el emérito Raúl Primatesta con Alfredo Yabrán. Si la Iglesia estaba tan decidida a romper con ese modelo, ¿porqué no excomulgó a los popes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, co-responsables de nuestro descalabro? De ACDE participa, cada vez que visita el país, el ex titular del FMI, Michel Camdessus, sin que ningún documento eclesial lo haya acusado. Veintinueve años de mora son un poco mucho para la decisión -informada por el vocero de la CEA, Jorge Osterheld- de impulsar la investigación del crimen del obispo Enrique Angelelli, de agosto de 1976. Además de la demora, los redactores del documento empañaron ese anuncio con una nueva adhesión a la teoría de "los dos demonios", que condena tanto el terrorismo de Estado como el accionar de la guerrilla. Fue otra prueba de que la nueva conducción se posiciona como opositora, por derecha, al gobierno de K. Monseñor Angelelli se estará revolviendo en su tumba ante ese gesto político de concesión de Bergoglio -de vínculos con Emilio E. Massera durante la dictadura- hacia los genocidas, ex represores y demás partidarios de cerrar ese capítulo de la historia. Fuente: www.laarena.com.ar