La compleja distribución de la riqueza de las naciones, el particular desarrollo de éstos y la situación geográfica y política de los países denominados del Tercer Mundo, ha incidido en el nacimiento de las democracias, la vigencia y el respeto de los derechos humanos en estas regiones. Estados Unidos ha jugado un papel fundamental en la desestabilización de América y en especial de Colombia. Desde aquel zarpazo que nos arrebató a Panamá en 1903, luego la masacre de las bananeras en 1928, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y el posterior derramamiento de sangre que cegó la vida a más de medio millón de personas, la incursión de asesores gringos en los proyectos de contrainsurgencia y la implementación del Plan Laso en 1964, el adiestramiento de oficiales colombianos en la Escuela de las Américas que posteriormente implementan los grupos paramilitares, el desarrollo de una política anti-drogas que no toca los carteles norteamericanos que se lucran con el 80% de las ganancias del tráfico de estupefacientes, hasta la amenaza de invasión, resumen la particular manera de "proteger la democracia mas antigua de América Latina". Esto por supuesto se refleja en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en Colombia. Los Gobiernos norteamericanos se han aliado con las oligarquías criollas para poder desarrollar estrategias económicas, que permiten sostener el proceso de acumulación y de paso marginar a la mayoría de la población de los frutos de la riqueza nacional; esto por supuesto produce no solo violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población sino que también afecta los derechos políticos de la mayoría marginada. Lo que pretendemos demostrar es cómo las más graves violaciones a los derechos humanos de los colombianos, están íntimamente ligadas a la implementación de modelos económicos y al desarrollo de mega-proyectos que marginan brutalmente a campesinos, indígenas, mineros, trabajadores y a la simple población civil en zonas de paso de la insurgencia armada. El caso Sur de Bolívar es uno de lo más elocuentes. Un caso, el Sur de Bolívar El Sur de Bolívar esta ubicado hacia el centro de Colombia y posee alrededor de la mitad de la población de este norteño Departamento. Es bañado por el río Magdalena y ha sido zona de permanentes conflictos sociales. El Sur de Bolívar produce la mitad del oro que genera el país (1), Río Viejo era, antes de las incursiones Paramilitares, la población con mayor producción, por encima de las poblaciones antioqueñas tradicionalmente las más productoras. Mineros procedentes de diferentes zonas de la república que huían de la "violencia" (2) se asentaron en la serranía de San Lucas, al Sur del Departamento de Bolívar a explotar de manera artesanal los yacimientos de oro. Paralelo a esto, una familia apellidada Illera Palacios pretendía unas minas ubicadas "en cercanías del municipio de Simiti", no cumplían ni siquiera con la ubicación geográfica de dichas minas, no poseían título de la corona española, nunca habían metido siquiera un pie a la mina y no tenían sentencia del contencioso administrativo que reconociera la propiedad privada de estas "minas", elementos estos que exige la legislación colombiana para reconocer dicha propiedad privada. Siempre alegaron problemas de orden público en la zona (antes de 1970) para no iniciar trabajos de exploración o explotación, pero en el momento que se iniciaba la más criminal acción paramilitar sobre esos humildes mineros, si solicitan al Ministerio de Minas una "conciliación" con los reales propietarios. Pero lo que se escondía detrás de esta propuesta era una muy bien montada estrategia para quitarles su medio de subsistencia. Una abogada de la transnacional minera Corona Goldfiels, (subsidiaria de la norteamericana Conquistador Mines), que se había constituido en la apoderada de dicha familia, creó (3) una empresa denominada Minera San Lucas Ltda en compañía de un ciudadano norteamericano llamado James David Greembaum (posible miembro de la Corona Goldfiels) para contratar la explotación de esas "supuestas minas" y firman un contrato con los Illera Palacio (4), a sabiendas que existía ya desde 1994 una solicitud de los mineros de hecho para que se legalizaran estas minas de oro y ésta debía ser concedida por el Ministerio de Minas (5). No contenta con esta situación, dicha abogada crea una empresa temporal se hace contratar por el Ministro de Minas Rodrigo Villamizar Alvargonzalez (6), para elaborar el nuevo proyecto de Código de Minas y en él introduce un artículo (el 29), que pretende reconocer la propiedad de una mina al que primero presente la solicitud, en este caso la empresa que previamente habían constituido los representantes de la norteamericana Conquistador Mines. Además de este artículo introduce otros que garantizan el no pago de impuestos para la importación de maquinarias y equipos (artículo 184) para las compañías transnacionales, la no-aplicación de la legislación ambiental que protege los recursos naturales (7) y pone en peligro la existencia de las comunidades indígena y negra (artículo 105). La comisión Quinta de la Cámara de Representantes agrega después a la propuesta inicial, el artículo 128 "Programa de Sustitución Económica, cuyo objeto es apoyar a los pequeños mineros desplazados de sus actividades mineras". Con ello cerraban el más macabro círculo alrededor de unos humildes mineros, que no poseen sino su vida y unos pocos elementos con los que sobreviven en precarias condiciones. La citada familia había enviado el 3 de marzo de 1997 una carta (desde el fax de la Corona Goldfiels) en la que planteaba "que no estaban interesados en patrocinar o colaborar con grupos paramilitares o fuerzas extrañas". Tres meses después se inicia la operación paramilitar que se toma al pueblo más productor de Oro, el municipio de Río Viejo, donde asesinan un poblador cortándole la cabeza, jugando con ella, plantándola en una estaca en dirección de la Serranía de San Lucas y expresándole a la población que se dirigían hacia la Sierra, a sacar a los mineros porque éstos colaboraban con la guerrilla, que las ACCU iniciaban su presencia para garantizar la entrada de las transnacionales, que sí daban empleo, generaban desarrollo y pagaban impuestos al Estado. El 20 de julio de este año y después de una conferencia en la Ciudad de Cartagena donde se denunciaron estos hechos, es asesinado el vicepresidente de Asoagromisbol (8) Orlando Caamaño en la ciudad de Aguachica (Cesar). Posteriormente se acentúa la operación paramilitar a varias poblaciones con presencia de mineros a saber: San Pablo, Simiti, Santa Rosa del Sur, Pueblito Mejía, Tiquisio, San Blas, Monterrey, Puerto Rico, La Pacha, Morales, Moralito y Arenal. En estas operaciones que han destruido pueblos, saqueado e incendiado 689 viviendas y dos alcaldías, han hurtado y saqueado a 7 poblaciones enteras, masacrado a mas de 400 personas, violando mujeres y hombres, desmembrándolos y desplazando a mas de 35.000 habitantes de la región. Los militares (9) que han estado al mando de estas operaciones han sido entrenados en la Escuela de las Américas, que además de darles adiestramiento los capacita para defender los intereses de las transnacionales, tal y como ha ocurrido con las compañías Texas Petroleum Company y B.P. Vale la pena resaltar aquí, que estas operaciones paramilitares se han desarrollado a la par de procesos legislativos, que buscan legalizar las situaciones de hecho generadas por el accionar de estos grupos, es decir desplazamiento forzado de mineros y creación de una nueva legalidad que favorece ampliamente a compañías norteamericanas, con el agravante que quienes están acusados de montar, sostener y apoyar la avanzada Paramilitar gozan de una enorme impunidad, que los hace intocables ante cualquier autoridad nacional. Estos hechos generaron un éxodo masivo de campesinos, mineros y habitantes de estas poblaciones y de las zonas adyacentes, es decir el Magdalena Medio, hacia la capital de la República (a la sede de la embajada norteamericana) y hacia la población de Barrancabermeja; luego de un desplazamiento lleno de represión, marginamiento y hacinamiento, el gobierno de Andrés Pastrana Arango, firma un acuerdo con los representantes del éxodo el 4 de octubre de 1998 donde se compromete a dar ayudas, a realizar inversión social, a proteger a los desplazados, a combatir a los grupos paramilitares y a procesar penalmente a sus agentes que hayan tenido alguna connivencia con estos grupos. Todo ello ha parado en la absoluta impunidad, no se ha procesado a los culpables a pesar de los testigos y las pruebas aportadas en su momento y con la legalidad necesaria, la situación persiste extendiéndose a otras zonas mineras del país, objeto de Mega-Proyectos mineros. No solo mineros y campesinos, también negros e indígenas Estos mismos procesos de violencia se desarrollan en proyectos mineros de oro ubicados en otras zonas geográficas como Taraira-La Pedrera en el Vaupes, la Serranía del Naquen en Guainia, regiones estas pobladas de comunidades indígenas y donde no existe presencia de la insurgencia. Otros proyectos como Río-Sucio-Atrato, en Antioquia (Pavarandó, Mutatá y Pavarandocito), Ataco-Tolima, La Loma-Cesar, Montelibano-Córdoba, Yumbo y Vijes en el Valle del Cauca y San Juan del Chocó donde las comunidades han tenido que desplazarse hacia Panamá, por ser víctimas de operaciones paramilitares que han desplazado a la población nativa de la zona, en aras de garantizar la entrada de multinacionales que van a desarrollar potenciales proyectos mineros. Similar situación ocurre alrededor de los Valles del río Magdalena y el Cauca, donde se explota petróleo y en la zona de la Gabarra y Tibu donde existen importantes yacimientos de Carbón coquizable para procesos siderúrgicos de alta demanda norteamericana; vale la pena resaltar aquí que precisamente las zonas del sur de Bolívar, la zona de Tibu, la Gabarra y Ataco, son los sitios designados por el gobierno de EE.UU., para establecer unas bases militares "Anti-narcóticos". Las transnacionales que además de las ya citadas hacen presencia en estas zonas son: Exploradora La esperanza, subsidiaria de la canadiense Sur American Gold Corporation, la también canadiense Greestone, la Midas, la Normandy, la Minera Archangel S.A., la Multinacional AngloGold que por un acuerdo con la Conquistador Mines, pretende entrar a nuestro país a desarrollar procesos mineros y el Gobierno de los EE.UU., que por medio de su Secretario de Energía anunció que para respaldar la inversión energética y minera norteamericana, triplicaría la "ayuda" militar al gobierno colombiano (10). Qué pedimos los colombianos Lo que arriba hemos descrito demuestra que los colombianos no somos una "raza violenta" como lo dicen a gritos algunos medios de comunicación, que pagados por los verdaderos responsables de la violencia en Colombia, pregonan a medio mundo esta falsedad. Nuestra "maldición" es poseer enormes recursos naturales y estar en una posición geopolítica definitiva para los planes de las multinacionales, por ello a ellas y a los gobiernos norteamericano, europeos y canadiense les exigimos cesen su intervención política y económica en la guerra y les conminamos a que en las zonas donde hagan inversiones, garanticen, junto al Estado colombiano, la vida, la honra, los bienes de los pobladores de estas zonas. Notas 1.- Datos del Ministerio de Minas y Energía para 1996. 2.- Así llamado el período de enfrentamiento generado después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, en 1948 por la C.I.A., en la denominada "operación pantomima". 3.- En marzo 17 de 1995, con matrícula comercial No. 00639965 inscrita el 31 de Marzo de 1995, bajo el numero 487094, del libro 9 de la Cámara de Comercio de Bogotá. 4.- El 22 de marzo de 1995, en la Notaria 6 de Barranquilla. 5.- En noviembre 26 de 1996 en un informe de la Dirección de Ingeniería se expresa que "el área de reconocimiento (de los Illera Palacio) presenta superposición con las solicitudes de minería de hecho", es decir de los pequeños mineros que desde 1994 habían solicitado su legalización. 6.- Por contrato de consultoría No. 153/ 95 del 20 de septiembre de 1995, entre la Unión Temporal Aramburu y Ricaurte y Fiduciar, por encargo fiduciario entre el Ministerio de Minas y Energía y presentado el 26 de abril de 1996. 7.- Artículos 7, 34, 35, 36, 37, 38, 98, 99, 100, 101 y 102. 8.- Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, hoy Fedeagromisbol, organización que reúne a 3.500 mineros que trabajan en la zona y que ha encabezado las denuncias y las movilizaciones que exigen respeto a sus derechos mineros. 9.- Alvaro Hennan Velandia H. Farouk Yanine Díaz, Hernando Navas Rubio, Carlos Gil Colorado, Rogelio Correa Campos, Harold Bedoya Pizarro, Jesús Maria Clavijo Clavijo. 10.- Foro sobre inversión en Energía y Minería, Cartagena de Indias en 1999.