(El 14 de octubre, más de 5 mil inmigrantes se movilizaron en Nueva York, y miles más en otras seis ciudades de Estados Unidos, con el objetivo de exigir a los candidatos a la presidencia de ese país, George W. Bush y Al Gore, que se pronuncien en favor de una amnistía general incondicional para trabajadores indocumentados/as. También propusieron un nuevo sistema de ingreso al país, con derechos y obligaciones, que permita que los inmigrantes eviten ser presa de los coyotes o ser víctimas de los vigilantes fronterizos. La marcha fue organizado por la Coalición Nacional por Dignidad y Amnistía de l@s Inmigrantes Indocumentad@s. ALAI entrevistó a Mónica Santana, integrante del directivo de esta Coalición.) - ¿Qué es la Coalición Nacional por Dignidad y Amnistía? La Coalición Nacional por Dignidad y Amnistía está formada por un conjunto de 200 a 250 organizaciones en todo el país, que representan la diversidad del movimiento inmigrante en Estados Unidos, no solamente en términos de los sectores sociales sino también los grupos étnicos. Actualmente en la Coalición están mayoritariamente grupos latinos, sin embargo, tenemos la presencia de grupos africanos, asiáticos y europeos. La razón por la que surge la Coalición es para impulsar nacionalmente un movimiento en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de nuestra gente que tiene, por diversas razones, que venir a Estados Unidos, son muy malas. Así decidimos, diferentes grupos que trabajamos con inmigrantes, reunirnos y comenzar a plantear, bajo una misma agenda, una campaña nacional, primero que enfrente la xenofobia y el racismo y en sí la exclusión de sectores sobre todo inmigrantes; también, como parte de ese mismo movimiento, está una demanda principal en este momento por una nueva ley de amnistía general que permita a los trabajadores cambiar su estatus migratorio. Actualmente tenemos cerca de seis millones de personas indocumentadas en el país, trabajando, aportando y creando riqueza para el país. Sin embargo, estas personas que están trabajando una cantidad enorme de horas no están recibiendo ningún tipo de beneficio, no tienen ningún reconocimiento de parte de la sociedad. Por el contrario, se ha generado un movimiento antimigrante muy fuerte, en el cual están culpando a los trabajadores inmigrantes -sobre todo latinos- de los problemas que pueden acarrearse en el país, como la criminalidad. - ¿La coalición está principalmente enfrentando la formulación de políticas públicas, o está enfatizando más en la reivindicación de derechos? En este momento, el enfoque de la Coalición es lograr la documentación de estos seis millones de personas y esta demanda está planteada en dos partes. Una es la legalización de toda esa masa trabajadora, que está fundamentalmente inserta en el mercado informal y el sector servicios de la economía. Y la segunda demanda está planteando la necesidad de cambiar el actual sistema de regulación de las leyes migratorias. Las leyes migratorias en Estados Unidos, desde nuestro punto de vista, y los propios oficiales de inmigración lo están reconociendo, son obsoletas. Entonces, estamos demandando un cambio de política en el sector migración, reformas de las reglas y los requerimientos para que las personas puedan entrar legalmente y no tengan que exponerse a todo lo que implica el negocio del tráfico de seres humanos, a través del cual miles de personas están perdiendo la vida. - Han habido intentos de introducir reformas en las políticas públicas que van más bien en el otro sentido, por ejemplo para limitar el acceso de los inmigrantes a algunos servicios públicos. ¿Qué balance hacen en torno a esto? En 1996, introdujeron unos cambios bien profundos a la ley inmigratoria, muy enfatizados en cuestiones racistas y discriminatorias propiamente. Se volcaron una serie de beneficios, no solamente a la población inmigrante, sino a los trabajadores pobres, en general. Todo eso trató de cortarse o de limitarse y, en el caso particular de la comunidad inmigrante, aún para personas que ya eran residentes, simplemente se dijo que no van a tener acceso a esos servicios, aunque las personas tenían que seguir cumpliendo con sus obligaciones en términos de impuestos. El segundo elemento que se intentó, y fue una lucha bien fuerte para que eso no pasara, fue cuando se trató de introducir una modificación a la ley que le negaba el derecho a la ciudadanía de un niño o una niña nacido aquí de padre o madre indocumentados. Eso generó un debate muy fuerte pero, por suerte, no pasó. Dentro de ese mismo paquete se estaba presentando la idea, también, de negarle la educación a los niños y las niñas de familias indocumentadas. Tampoco eso fue posible pasar. La otra cosa que se intentó hacer fue privar de los servicios básicos de salud, y esto sí lo impusieron. Lo que no lograron fue, por ejemplo, quitar el servicio a las mujeres parturientas y embarazadas. Sí que ha habido un retroceso bien grande en términos de políticas públicas. - Para volver al tema de la amnistía, ¿cuán probable es que sea viable ahora? La amnistía es probable en la medida que haya suficientes fuerzas políticas que puedan poner presión al Congreso y a los políticos. Es una demanda política, indiscutiblemente, y que enfrenta a un movimiento antimigrante como el que se está viviendo el país, a pesar de que se admite que en este momento el país tiene la economía más fuerte de los últimos 30 años. En este momento, por ejemplo, se dice que el desempleo es el más bajo de los últimos 30 años, y cuando hablan de desempleo obviamente están hablando de la población propiamente norteamericana. Así que no nos pueden acusar de que nosotros estamos desfalcando al país o que les estamos quitando el trabajo a las personas originarias de acá. Estamos entrando al nuevo milenio y esos elementos los hemos tomado para argumentar que es posible, dentro de este año, en esta legislatura, tener una amnistía que documente todas las personas. Sin embargo, los dos partidos en el poder están resistiendo a tomar una posición que favorezca a todas estas personas indocumentadas, por temor a que eso pueda ser usado por uno de los dos partidos o para beneficio o para hacer campañas en contra. Entonces, la posición nuestra, con relación a la campaña de amnistía es que va a ser posible en la medida que el movimiento se unifique y realmente la fuerza de este movimiento se expanda. - ¿Y cuán unificado está? Yo creo que hemos logrado bastante en términos de unificación. Es bien importante que la AFL-CIO, que es la principal central obrera de Estados Unidos con alrededor de 14 millones de afiliados, a principio de año hizo una declaración de apoyo a una nueva ley de amnistía general. Tradicionalmente el sindicalismo aquí había visto a los inmigrantes como enemigos y ese cambio de política ha sido significativamente bueno. Otro elemento es que las Iglesias de todas las denominaciones religiosas también están apoyando esta demanda. Hasta hace cinco años, la lucha por la legalización se había mantenido más como una lucha o una demanda de grupos étnicos o de grupos regionales; en este momento es ya inclusivo de todos los sectores. Y en ese sentido favorece mucho nuestra demanda que debe ser una ley de amnistía general incondicional y estamos enfatizando que no debe excluir a ningún país, a ningún grupo étnico, ni tomar en cuenta la razón por la que la persona tuvo que salir de su país. Entendemos que el hecho simple de que está trabajando y produciendo riqueza aquí le da el derecho a merecer un estatus migratorio legal. - Se ha dado a conocer que Estados Unidos va a flexibilizar sus medidas de inmigración, especialmente, para beneficiar el ingreso de profesionales especializados en varias carreras técnicas. ¿Qué relación tiene eso con lo que ustedes están proponiendo? Es curioso que Estados Unidos está promoviendo el que gente profesional nuestra venga a trabar aquí, cuando el país no ha invertido ni un céntimo para la educación, en la preparación de esas personas. Entonces, básicamente lo que quieren es sustituir la mano de obra técnica que ya está aquí en el país por mano de obra importada a la cual ellos le pueden pagar unos salarios muy bajos e imponerle las condiciones que ellos quieren. Pero, al mismo tiempo, están tratando de proteger los intereses del sector más poderoso de la economía, el sector financiero, que está pidiendo mano de obra altamente calificada: técnicos en computación, programadores, analistas. Incluso, están tratando de traer también médicos y médicas. Es lo que llamamos en nuestros países la fuga de cerebros. No están con la misma actitud cuando se trata de un trabajador pobre. Más les interesa que el trabajador pobre inmigre como indocumentado, porque eso es lo que les garantiza mantener un salario por el piso.