El país que se educó para atesorar y acumular bienes materiales como sinónimo de prestigio y ascenso social, está aterrado por el destino de la propiedad privada. Enamorados del estilo de vida americano, sienten pánico presumiendo restricciones a la posesión de bienes cualquiera sea su origen o función. Ese pequeño país, es sólo una minoría para la que el concepto de propiedad privada tiene significado; la misma que a partir del impacto de la explotación petrolera se apropió mediante los mecanismos de redistribución de la renta pública de los beneficios que derivaron de nuestra bonanza fiscal. El otro país, la mayoría invisibilizada durante años no tiene propiedad privada, porque las oportunidades que en teoría debieron ser para todos fueron privilegio de unos pocos, para esa mayoría la propiedad privada es una abstracción incomprensible en ausencia de empleo, salud, vivienda, educación, transporte, recreación. Abundantes estudios explican el carácter multiplicador de la renta petrolera en el proceso de acumulación capitalista en Venezuela, acumulación que no es más que consolidación progresiva de la propiedad privada. Desde la colonia los mecanismos institucionales del Estado han estado al servicio de la formación de ese tipo de propiedad. Tierra, trabajo y capital han sido transferidos del patrimonio público al privado, el latifundio, el financiamiento blando, los subsidios, los regímenes de cambio diferencial, las privatizaciones, las exoneraciones, el proteccionismo, todos drenaron riqueza social para crear riqueza privada. La educación como elemento esencial de movilidad social fue perdiendo su capacidad transformadora en al medida que crecían los cordones de miseria circundando los principales centros urbanos, poblados por campesinos alfabetizados, pero sin tierra, ni tecnología, ni seguridad social, obreros explotados en la Venezuela Industrial de la sustitución de importaciones e inmigrantes hermanos expulsados por la idéntica miseria del resto de Latinoamérica. En esta Venezuela, la minoría que posee propiedad privada le teme a un Estado que pretende la democratización de la propiedad y su uso como un bien social. Las acciones orientadas hacia la erradicación del latifundio como régimen contrario al interés social y primitiva forma de organización de la producción agropecuaria, desataron el escándalo mediático. Como si por primera vez se hablara de las limitaciones de la explotación latifundista, tanto en lo económico como en lo social, se rechazan las políticas del Estado. El latifundio se originó institucionalmente en la Colonia cuando el Papa Alejandro VI promulgó las llamadas Bulas Alejandrinas en 1493, dictaminando la repartición de las tierras descubiertas o por descubrir entre las coronas de España y Portugal, iniciándose con ello la propiedad privada de la tierra. En la medida que el proceso colonizador avanzó, y en premio a las acciones genocidas investidas de actos civilizatorios de los conquistadores, se usaron como formas legales de propiedad el repartimiento, la encomienda, la merced real y la composición. Así nace el latifundio, el que por usurpación y ocupación de ejidos, tierras baldías y tierras indígenas creció ilimitadamente. También en la República a partir de la Independencia, se produce la transferencia de tierras públicas a particulares, a pesar de la nobleza política del ideal bolivariano que pretendió reparar años de injusticia en relación a la posesión y explotación de la tierra a marginados, indios y esclavos, se impuso la acumulación territorial de los caudillos militares que desvirtuó el espíritu igualitario de la gesta independentista. En la Venezuela petrolera la Reforma Agraria se constituyó en instrumento definitorio de la política de tierras, afianzando en sus resultados la concentración de la propiedad privada en el ámbito rural. Su fundamento político: la dilución de la lucha campesina por la propiedad de la tierra; su objetivo: garantizar la explotación capitalista privada y del Estado, el marco institucional, la alianza para el progreso, el modelo neoliberal de economía de mercado y el consenso de Washington. La negación a la erradicación del latifundio, más que una manifestación mediática, es una revelación histórica de nuestra estructura económica; constituye la forma primaria de propiedad privada que evolucionó desde la plantación colonial que se transforma en hacienda mantuana, y produce excedentes para la actividad comercial de exportación y en asociación con el capital extranjero inicia la acumulación capitalista, hasta los conglomerados económicos actuales que en perfecta integración de la cadena de valor son propietarios de las tierras de mayor calificación productiva, poseen la infraestructura tecnológica de producción, conservación, distribución y comercialización, se asociaron en redes financieras que permitieron la diversificación de la actividad económica que les ha posibilitado ya no sólo producir en la agroindustria sino ser igualmente los propietarios de la producción de maquinaria y equipos, inmuebles, vehículos, servicios financieros, telecomunicaciones, servicios de salud, educación, recreación y hasta servicios públicos. Por todas estas razones, latifundio y propiedad privada tienen en Venezuela tan estrecha relación.