Bolivia vivió septiembre en medio de levantamientos y bloqueos y la multiplicación y dispersión de conflictos en todo el país, como expresión del fracaso del modelo neoliberal adoptado hace 15 años. Desde entonces se ha larvado la crisis económica, política, social e institucional que vive el país, sumergido en un vacío de liderazgo, inmovilidad gubernamental e incapacidad de la clase política para dar solución o servir de interlocutor en los conflictos. Las revueltas, especialmente de los campesinos, son el resultado de una ira silenciosa contra las élites y políticos, contra su exclusión de las mesas de diálogos y participación, contra la corrupción institucionalizada. El estallido de la ira del pueblo boliviano se ha dado en un escenario donde también están presentes la crisis de liderazgo y falta de proyecto político de la oposición y organizaciones populares, y las influencias del narcotráfico, aprovechándose de la falta de confiabilidad en la clase política. El cerco a La Paz Septiembre fue el mes de la síntesis de las demandas y de la visibilidad de la gravedad de los problemas que cotidianamente vive la mayoría del pueblo. En las ciudades, los profesores urbanos y rurales en huelga general enfrentaron a la Policía en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Alumnos de la Universidad Siglo XX de Oruro, marcharon por La Paz todos los días, durante dos semanas, reivindicando la distribución equitativa de los recursos para las universidades, y fueron apoyados por centenas de padres de alumnos que se juntaron a ellos en los bloqueos a las calles de la capital. Mientras tanto, en el Altiplano y Trópico, campesinos bloquearon los caminos y carreteras, desencadenando el cerco a la Paz, en demanda del cumplimiento de los acuerdos que permitieron el cese de las movilizaciones de abril y la suspensión del estado de sitio en el país, que dejó un saldo de muertos y heridos en los enfrentamientos entre campesinos y Fuerzas Armadas. El acuerdo preveía la anulación de la Ley de Aguas, que reglamenta la privatización de los servicios de distribución de agua y la concesión de exploración de los recursos hídricos en el país, la anulación o reformulación de la Ley de Reforma Agraria, entre otros. Los campesinos productores de coca, que también participaron de los bloqueos de abril, intensifican los cercos y se preparan para los enfrentamientos, exigiendo la suspensión de la instalación de tres cuarteles del Ejército en la región de Chapare, para el control de la erradicación de los plantíos y la garantía de producción mínima de coca por cada familia. Todas las carreteras que dan acceso a La Paz son cercadas y tomadas por campesinos, interrumpiendo la circulación de productos agrícolas y de primera necesidad. La Paz comienza a estar desabastecida. De la región del trópico cochabambino, donde la Coordinadora de Aguas reinició grandes movilizaciones en apoyo a los campesinos, al Chapare, Atachachi, Altiplano y Trópico, comités cívicos, juntas vecinales y alcaldes obedecen las órdenes campesinas: ningún producto sale del campo a las ciudades. La protesta se extiende Los tres principales grupos en protesta exigen la renuncia del presidente Hugo Banzer. Éste reúne al alto mando de las Fuerzas Armadas y pide apoyo para reprimir las movilizaciones y desbloquear los caminos. Los militares, alegando las críticas y denuncias que sufrieron por su actuación en la represión a los levantamientos de abril, exigen respaldo formal para reprimir los bloqueos. El Ejército detiene a los líderes de los profesores y reprime las manifestaciones en las ciudades con bombas lacrimógenas. Mientras tanto, los conflictos entre campesinos y Fuerzas Armadas se intensifican en el interior, nueve personas mueren, entre ellas, siete campesinos, y hay centenares de heridos. En Huarina, en el Altiplano, aviones de la Fuerza Aérea, en vuelos rasantes sobre los bloqueos, hieren decenas y matan tres campesinos con tiros de armas de precisión. La multiplicación y dispersión de los conflictos afecta a todo el país. En La Paz, mujeres de militares reinician una huelga de hambre exigiendo el cumplimiento del acuerdo de abril que puso fin al amotinamiento de soldados de la Guardia Nacional; los reservorios de agua de la ciudad reciben amenaza de bomba y son protegidos por el Ejército; funcionarios de la empresa de aguas se declaran en huelga, al igual que los trabajadores del sistema de seguridad social. Para Bill Clinton, Banzer "está en el camino correcto" y promete un nuevo paquete de ayuda financiera. A casi 20 días de cerco, La Paz comenzó a ser abastecida por aviones Hércules de las Fuerzas Armadas, que pasaron a realizar también transporte de pasajeros, en dos puentes aéreos de emergencia. Los bloqueos continúan con enfrentamientos y muertes. Mientras la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tratan de intermediar un proceso de negociación entre Gobierno y campesinos, la coordinadora de aguas da un plazo de 24 horas para que el Gobierno atienda las reivindicaciones de los campesinos. De lo contrario, anticipa que seguirá con las protestas y bloqueos en la región de Cochabamba. Las raíces del conflicto Los tres grupos que lideran los levantamientos han puesto al descubierto el cúmulo de demandas postergadas desde hace décadas y han desnudado la incapacidad y falta de prioridad de la élite dirigente para promover el desarrollo del país con la inclusión de la mayoría. La crisis de la educación se viene arrastrando por más de 20 años. El abandono de la agricultura y la pauperización de las poblaciones campesinas de la región del Altiplano han agravado los problemas sociales y económicos. La falta de diálogo y negociación con los cocaleros para la erradicación de los plantíos de coca y la indiferencia frente a los efectos dramáticos para los campesinos productores tradicionales, entre tanto, se han encargado de encender la revuelta de los productores. Y por detrás de ésto, las políticas de privatizaciones y concesiones para la explotación de los recursos naturales han creado el caldo de cultivo para la revuelta y el cansancio social boliviano. Este complejo panorama tiene raíces más profundas: el modelo neoliberal adoptado y la arrogancia de las élites y clase política para ignorar los problemas sociales, especialmente los relacionados a las poblaciones tradicionales. Mientras establece una política servil ante el modelo neoliberal, en beneficio de las transnacionales, para los problemas sociales, el Gobierno ha establecido políticas compensatorias vía proyectos bilaterales, que se amparan en el discurso del combate a la pobreza y se traducen en la transferencia de millones de dólares para programas administrados por ONG's. Otro punto de fractura que enciende los conflictos es la frustración con la ley de participación popular, que al principio había generado un clima de euforia en la población y sus instancias organizativas, hasta que descubrieron que la participación y el diálogo se realizaba entre los iguales. O sea, entre élite y clase política, a través de acuerdos mutuos y la corrupción institucionalizada, excluyendo a las organizaciones populares de las mesas negociación y diálogo. Un claro ejemplo de esta realidad fue la realización del diálogo 2000, promovido por el Gobierno, en cumplimiento de las exigencias del FMI. La mayoría de los grupos que hoy bloquean los caminos en protesta, fueron llamados a la ronda del diálogo nacional. Sin embargo, los resultados no tuvieron en cuenta sus demandas y solo sirvieron para respaldar la exigencia del cumplimiento de las metas de ajustes exigidas por el Banco Mundial. De las mesas del diálogo 2000, a los bloqueos de las carreteras, fue la salida. La riqueza ostentosa de la élite política, mientras en el discurso habla de carencia de recursos para solucionar los problemas y pide más sacrificios de la población, aumentan la revuelta y la fractura. No hay una cultura de rendición de cuentas, la corrupción hace parte del ceremonial de las relaciones entre políticos y élites y se dispersa por otras instituciones del país, pasando por la Justicia y empresas públicas, hasta cristalizarse en la impunidad. ¿Cómo creer en una clase política que promete un futuro peor que el presente? ¿Cómo creer en los liderazgos sindicales y populares si no son capaces de apuntalar un proyecto que rescate la esperanza y la confianza?