Plataforma Laboral de las Américas
12/10/2005
- Opinión
El movimiento sindical de las Américas, representado en la Organización Regional
Interamericana de Trabajadores (ORIT), el Consejo Consultivo Laboral Andino
(CCLA), el Congreso Laboral Caribeño (CLC), la Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur (CCSC), la Coordinadora Sindical de América Central y el
Caribe (CSACC) y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos,
pone a consideración de los pueblos de las Américas, la sociedad civil
organizada, de los gobiernos y las instituciones internacionales, la
Plataforma Laboral de las Américas, fruto de un proceso democrático de reflexión,
debate y consulta entre diferentes perspectivas del movimiento sindical,
investigadores/as y representantes de otros sectores sociales, en la búsqueda de
contribuir a la elaboración de una propuesta de desarrollo alternativo para las
Américas, expresión de la diversidad económica, social y cultural presente en
nuestro continente y del aporte de los diferentes sectores sociales que la
conforman.
Plataforma Laboral de las Américas
Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el
Caribe, unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo
Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe,
y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre
y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un
urgente cambio de rumbo.
Decimos:
La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en
las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización
es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del
modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro
muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de
vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La
actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos
naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y
precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y
etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan
seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El
grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad
social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda
posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de
las empresas.
El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado
el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.
Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación,
empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados
a dejar nuestras tierras, les exigimos abandonar las actuales políticas
económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”.
Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al
empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que
permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas
desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales
fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en
la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar
empleo decente y trabajo digno[1] y adoptar políticas de desarrollo sostenible.
Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como
respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre
y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de
integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente.
Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no
encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con
los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.
Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de
partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y
naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.
1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y
Perspectiva de Género
Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no
será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.
Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo
consenso fundado en los siguientes presupuestos:
* Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos
humanos,
* Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de
decisiones nacionales y supranacionales
* Justicia Social
* Perspectiva de género,
* No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.
* Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible
* Sociedades sin excluidos/as
* Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas
proactivas.
Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados,
convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones
abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida
para lograr la libertad y la justicia social.
La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la
perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las
políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la
producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser
considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y
mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las
leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben
contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la
participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras,
considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el
hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales
y reproductivos.
Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar
programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las
relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios
positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y
hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si
se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no
sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para
que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos
sociales.
Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que
resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de
nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos
en esta Plataforma Laboral de las Américas.
Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:
a) Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y
multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.
b) Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración
subregionales sin afectar su autonomía.
c) Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un
tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.
d) Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.
e) Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de
convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que
puedan apelar los ciudadanos.
f) Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y
presupuestos.
g) Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y
seguimiento de sus decisiones y sentencias.
h) Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema
interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.
2. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro
al empleo decente y al trabajo digno.
Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner
en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y
coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo
del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a
abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y
adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la
generación de empleo productivo y trabajo digno.
Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas
sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe
abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:
* Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe
simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la
mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la
pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la
ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que
impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa
deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los
acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con
las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos
deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las
regiones.
Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo,
tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de
las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en
forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes
legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para
convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con
capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe
adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la
OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de
seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco.
Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las
fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el
impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y
participación en todo el proceso.
* Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de
pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas,
de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de
los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria,
educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas,
de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de
trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas
exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo
como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.
* Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas
nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas
sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes,
desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es
necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los
derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los
Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el
desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de
capitales.
* Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas
políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la
distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo
a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos
productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura
familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y
monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.
* Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas
debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el
concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén
en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.
* La promoción del desarrollo local a través de la implementación de
proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía
solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la
riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio
territorial donde se desenvuelve.
* Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el
compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras
del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y
la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de
infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.
* Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un
componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo
sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las
acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala
nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales
de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para
el fortalecimiento de microempresas y PYMES.
* Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades
nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura
familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la
soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no
degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del
continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.
* Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social
generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una
estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas
de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario
mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de
reducción de la jornada laboral.
* Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a
las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base
a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del
trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una
responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías
entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de
Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos
Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de
Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las
Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para
acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública,
para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán
financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y
naturaleza sostenible.
* Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el
endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la
limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los
capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el
desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados.
Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el
mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para
satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar
medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la
evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los
denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.
* Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los
Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el
impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados
y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que
resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos
financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto
social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y
consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas
como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.
* Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al
conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que
afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de
nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de
transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos
desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las
pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta
capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.
* Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir
su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad,
ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas
Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la
Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos
Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social
tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus
relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y
supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites
y contratistas.
* Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo
intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales
con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad
de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el
financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las
particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la
agricultura familiar.
* Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para
las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para
promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere
a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y
políticas públicas de cuidado infantil.
* Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo
Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes,
con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo
y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben
asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización
de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los
puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la
inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las
oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la
participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos,
sociales y sindicales.
* Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el
ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación
infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de
los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad
preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.
* Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso
y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio
pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación
profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las
jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las
calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.
3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales
* Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad
laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de
fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales
nacionales.
* Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos
de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente
las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben
comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de
las normas básicas del trabajo de la OIT. * Justicia Laboral: En muchos
países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para
resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y
colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se
politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores.
Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben
resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y
cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
* Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social,
como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas
enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de
millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y
consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos,
recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones,
en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las
mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los
modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.
* Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un
paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora
real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una
profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos
sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los
niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser
protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.
* Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar
un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los
trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias
y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los
gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente
la atención del problema en tres ámbitos principales:
a) en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin
disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la
empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.
b) en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y
todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos
c) en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo
reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.
* Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en
el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como
misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un
estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la
discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural.
Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su
trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato
deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer
indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o
retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer
medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos
de los pueblos indígenas.
* Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del
movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que
impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de
millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a
migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del
Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es
desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad
de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que
han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es
necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan
la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los
Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre
Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se
hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas
de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea
agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de
las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la
subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y
laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos
continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las
remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el
principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la
Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares
para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking),
explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad
sindical.
4. Garantizar una sociedad sin excluidos.
Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para
encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin
lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección
social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo,
excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente
imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de
empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también
es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del
sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo
sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas
medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados
nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los
trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.
Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con
políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la
cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes
son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.
5. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas
Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se
establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional,
fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil.
Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo
plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo
digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.
Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y
subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:
* Desigualdad
* Pobreza
* Desocupación
* Empleo informal
* Igualdad de género
* Trabajo Infantil
* Índice de desarrollo de género (PNUD)
Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de
las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la
situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para
implementarlas.
[1] La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere
a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres
de las Américas.
https://www.alainet.org/es/active/9495
Del mismo autor
- Plataforma Laboral de las Américas 12/10/2005