"Contraviene las normas del derecho internacional, obstruye el camino para un genuino proceso de esclarecimiento de graves crímenes” Los 25 países miembros de la Unión Europea adoptaran hoy la decisión de apoyar o no la ley de « Justicia y Paz », el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. La decisión será oficializada por los ministros europeos de Relaciones Exteriores en su reunión de este lunes en Luxemburgo, según informaron fuentes diplomáticas europeas. Las dudas sobre la bondad de la ley, que alega el Gobierno colombiano, han ido creciendo gracias a la presión internacional de organismos de derechos humanos de toda Europa. El Parlamento tomó en cuenta también, y muy especialmente, el llamado de 150 ONG –75 europeas, 68 colombianas y cuatro internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos (www.fidh.org) y la Organización Mundial contra la Tortura (www.omct ) – para que no apoye la desmovilización porque “contraviene las normas del derecho internacional, obstruye el camino para un genuino proceso de esclarecimiento de graves crímenes y la reconciliación que contribuya al establecimiento de una paz duradera en Colombia”. El 6 de septiembre pasado se reunió el Comité por América Latina del Consejo de la Unión Europea (COLAT). Alemania y España apoyaron al Gobierno colombiano, pero Italia, Dinamarca, Finlandia y Holanda exigieron una verificación creíble sobre el desmonte del paramilitarismo, y una evaluación de la ley por parte de la ONU y la OEA. Francia estuvo en contra del apoyo al programa de desmovilización. El próximo martes 4 de octubre la Comisión UE por el desarrollo, coordinada por la presidenta italiana Luisa Morgantini (GUE), ha organizado una audiencia con la participación de Nicolás Echavarria Mesa, embajador de Colombia, Senadora Piedad Cordoba (en representación de la oposición) y Dick Oosting (Amnesty International). Criticas de la sociedad civil europea BELEN TORRES, de la Coordination Belge pour la Colombie, subraya desde Bruxellas que “hemos estado siguiendo detenidamente la evolucion de la toma de decisiones de la UE frente a la ley de justicia y Paz; la semana pasada hubo debates activos en el parlamento europeo frente a este tema. Por nuestra parte, como Coordinación belga, hemos enviado ya hace varios días cartas a las Comisiones de relaciones exteriores de Cámara y Senado, proponiendo preguntas parlamentarias al Ministro. Estamos pidiendo en todos los casos el aplazamiento de toma de decisiones en tanto no comparezca ante el PE y el Consejo el designado por el Alto Comisionado de Derechos humanos de la ONU para presentar su informe. Sin embargo, el ambiente político es bastante negativo, pues los dos grandes grupos políticos a nivel europeo (PPE y PSE) hacen un lobing intenso en favor del respaldo que Uribe necesita. Lo que cuenta en el lobing son las inversiones y en eso Bélgica tampoco se escapa, hay intereses económicos muy fuertes, todo el mundo lo sabe. “Claro, no perdemos las esperanzas, así que estamos preparando una audición para el 4 de octubre donde hemos invitado a Piedad Córdoba y Amnistía Internacional; quizás ayude a contrarrestar el gran cabildeo que hizo la derecha la semana pasada”. Amira Armenta de Transnation Institute TNI (www.tni.org ) evidencia, desde Ámsterdam, que “hemos seguido muy atentamente los últimos desarrollos de la ley de “Justicia y Paz”. Zapatero se ha mostrado favorable a darle su apoyo, así como otros gobiernos europeos, con lo que muy probablemente -y a pesar de todas las manifestaciones de rechazo- resulte una posición similar de parte de la UE. Tal como nos has sugerido, hemos enviado la carta a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda”. Luis Guillermo Pérez, de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH, analiza desde Paris que “sobre dos párrafos en torno a la "Ley de Justicia y Paz", en lo que hay que insistir claramente es que no se trata de una ley que promueva lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario: la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, el blanqueo del despojo de los bienes cientos de miles de personas y del dinero sucio de las mafias de narcotraficantes y, la consolidación del proyecto hegemónico del paramilitarismo a nivel local, regional y nacional. Los grandes asesinos y mafiosos no sólo no pagarán un sólo día de cárcel, sino que se convertirán de la noche a la mañana en prestigiosos personajes políticos, que podrán ser elegidos "democráticamente" en las zonas que han controlado con el terror, con la garantía de que no serán extraditados ni a Estados Unidos, ni el futuro a la Corte Penal Internacional, porque la ley de "Justicia y Paz" les convierte en delincuentes políticos. Para intentar contrarrestar esta impunidad anunciada, la FIDH con sus ligas en Colombia: el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, presentaron una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que se investigue la responsabilidad penal de la cúpula paramilitar y las altas autoridades civiles y militares del Estado colombiano en los más de dos mil crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos y que serían de competencia de la CPI. En el mismo sentido,la FIDH presentó un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe dictar sentencia próxima frente a la masacre de Mapiripán para que se declare que la ley de "Justicia y Paz" es contraria a las obligaciones del Estado colombiano contraídas en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”. Con ocasión del III Foro Internacional “Colombia Vive!”, realizado en la ciudad de Cascina (Italia) el 17 y 18 de septiembre, organizado por la coordinación de la Red italiana de solidaridad con las comunidades de paz de Colombia, los y las representantes de entes locales, asociaciones e instituciones de Alemania, España, Suiza, Francia e Italia, Bélgica, expresaron la “preocupación por las siguientes situaciones que afectan en modo grave la vida del pueblo colombiano: - La persistencia de los asesinatos, detenciones ilegales, amenazas y en general de la violación a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario contra sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, periodistas y líderes populares. - El irrespeto y no reconocimiento del principio de distinción de la población civil. Tanto el Estado como los actores armados ilegales, siguen agrediendo las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que se han declarado públicamente neutrales frente a la guerra y los actores que alimentan y protagonizan el conflicto armado que vive el país. - La negación de su gobierno a reconocer la existencia de un conflicto político, social y armado en Colombia, y su reducción a la simple calificación de amenaza terrorista, lo cual no deja espacio para la solución negociada del mismo y para la consideración de sus causas sociales y políticas. - La impunidad de los crímenes de lesa humanidad y en general de las violaciones a los derechos humanos de la población civil y de manera especial, de líderes y activistas del movimiento social colombiano. - La legitimación de la impunidad y la negación de los derechos de las victimas como características mas importantes del modo como se está llevando a cabo el actual proceso de negociación y desmovilización de las organizaciones paramilitares, en el marco de la ley de Justicia y Paz”. La organización no gubernamental "Comisión Internacional de Juristas" (CIJ) pidió el miércoles 21 de septiembre a la UE que no apoye el plan de desmovilización de paramilitares porque asegura que "las políticas del Gobierno colombiano en los últimos tres años han contribuido al desmantelamiento del Estado de derecho y a la consolidación de la impunidad". Con este gesto, la ONG pretende llamar la atención de la comunidad internacional y de la UE para que extremen las precauciones a la hora de establecer algún tipo de acuerdo de cooperación con la política de seguridad nacional del Gobierno colombiano. El presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la Comunidad Andina, el diputado verde Alain Lipietz, asistió a la presentación del informe para respaldar las conclusiones a las que ha llegado la CIJ tras su estudio. El informe de CIJ (www.cij.org ), realizado por el fiscal español anticorrupción Carlos Castresana y la ex responsable de Derechos Humanos mexicana Mariclaire Acosta, se centra en dos grandes aspectos: la política de seguridad nacional y el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. La CIJ consideró que la postura del Gobierno de Alvaro Uribe es errónea ya que pretende negar la existencia de un conflicto armado en Colombia y reducirlo a una "guerra contra el terrorismo", por lo que no es aplicable el principio de distinción entre civiles y combatientes. La ONG recordó que se trata de un conflicto mucho más complicado en el que cada año más de 6.000 personas son asesinadas tanto por grupos paramilitares como por la guerrilla. En cuanto al proceso de desmovilización, la CIJ subrayó que aunque la ley de "justicia y paz" no protege a paramilitares procesados o condenados por delitos de secuestro, desaparición, tortura, genocidio o desplazamiento interno de población, en realidad, el 99 % de los arrepentidos disfrutan de impunidad. La ley ofrece beneficios a los miembros de grupos armados que se desmovilicen y sus primeros beneficiarios son los paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que mantiene negociaciones con el Ejecutivo colombiano desde hace más de dos años (con noticias EFE). Oposición en Colombia IVAN CEPEDA, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, declara que “actualmente seguimos adelantando las acciones jurídicas y políticas contra la ley y su implementación. Hemos denunciado que mientras se crean los irrisorios mecanismos de la ley (entre los cuales está la comisión de "reparación", la cual rechazamos por no independiente y limitada)los paramilitares siguen afianzando su poder corruptor y legalizando sus capitales fraudulentos a través de una inmensa operación de lavado de dineros y tierras. “De cara a la reunión del COLAT hemos hecho públicos algunos mensajes que te trasmito en forma de pregunta - respuesta. ¿Apoyamos el fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en vez de una verificación diferente de la Unión Europea? Sí. Creemos que es importante fortalecer la oficina, y que las recomendaciones formuladas -especialmente aquellas relacionadas con los grupos paramilitares y los derechos de las víctimas- por fin se cumplan. Europa no tiene por qué crear nuevas instancias de verificación si existe ya una que ha demostrado independencia, y a la cual se le han invertido tantos recursos. Consideramos que la verificación debe tomar en consideración seriamente los desarrollos que va teniendo la paramilitarización del país en el campo político y económico. Es significativo diferenciar entre aparente desmovilización y desmonte real de los grupos paramilitares, pues si bien hay desmovilizaciones se observa un fortalecimiento del paramilitarismo. El control de las poblaciones es un elemento de violación al cese de hostilidades anunciado. - ¿En que consiste la Comisión Etica que propone el movimiento? ¿Qué tareas tendría? ¿Quién la compondría? La Comisión que proponemos está conformada por organizaciones internacionales y personalidades muy reconocidas. Su función específica está centrada en verificar la situación de las víctimas, los crímenes y hostigamientos que se cometen contra sus asociaciones y contra el Movimiento, la situación de violación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; la situación de los desplazados. Consideramos que es vital hacer que la atención se concentre en las víctimas y que el futuro y el bienestar de los desmovilizados deje de ser el tema prioritario. De la Comisión han aceptado ser parte hasta ahora las Madres de la Plaza de Mayo y la FIDH. -¿Cómo se puede apoyar desde afuera (ONG, Redes y Estados) las víctimas y a las asociaciones de víctimas? Se necesita apoyar y proteger los procesos organizativos de las víctimas que se están desarrollando. Durante los diálogos con los paramilitares han sido asesinados o desaparecidos cerca de 30 líderes de asociaciones de víctimas o de miembros de comunidades de paz. También es importante exigir al Estado que no calumnie o censure nuestra participación, y que la Comisión de Reparación -que dirige Eduardo Pizarro- no se atribuya la representación de las víctimas, pues ellas no han sido consultadas en todo este proceso. “Se precisa respaldar los procesos de documentación de la verdad que hacen las víctimas, sus esfuerzos por conservar la memoria y por socializar su voz. Es indispensable presionar para que el Gobierno obedezca las sentencias de la Corte Constitucional sobre los desplazados, y exigir que el Estado cumpla con las decisiones del sistema interamericano -sentencias y medidas cautelares- sobre casos de derechos humanos. Igualmente se requiere que se respete a las organizaciones y a la población en zonas de control paramilitar. - ¿Cuál es el aporte de las víctimas al proceso? Las víctimas se han venido organizando. Han exigido que las salidas que se adopten no sean formales ni minimalistas, pues pueden conducir a una falsa reconciliación y a la legalización paramilitar que conduzca a nuevas situaciones de violencia aún más graves de las que se han ya presentado. Las víctimas han elaborado propuestas de justicia, verdad y reparación que no han sido tomadas en consideración. Además han venido promoviendo un acercamiento con otros sectores de víctimas que promueven un acuerdo humanitario como forma de llegar a la solución negociada del conflicto armado. - Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil. Fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS. E-mail: campana_paz_colombia@yahoo.com