I.- La “exitosa transición” chilena

La élite dominante en Chile está orgullosa. Y transmite su autocomplacencia al conjunto de la sociedad. A 16 años del término del régimen militar, el sistema de dominación está plenamente consolidado y no se advierten mayores síntomas de cuestionamiento o crisis, ni en lo político, ni en lo ideológico-cultural, ni en lo económico. Su dominio se ejerce sin mayor contrapeso en la sociedad chilena.

Los procesos de adecuaciones institucionales del marco jurídico político establecido por la Constitución de 1980, y de ajustes y profundización del modelo económico neoliberal, han sido hechos con el gradualismo y prudencia que la gobernabilidad aconsejaba y con un claro sentido de oportunidad de lo que el contexto internacional ha permitido.

Así, a la vuelta del presente año, cuando está terminando el tercer gobierno de la Concertación por la Democracia, como en la célebre novela “El gatopardo”, las cosas “han cambiado para que nada (esencial) cambie”.

En lo político,  hoy Chile exhibe un régimen de democracia electoral aún encuadrado en la Constitución heredada de la dictadura. Sin embargo, acaban de aprobarse reformas constitucionales que ponen término a muchas de las instituciones antidemocráticas de la misma: senadores designados y vitalicios, inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, composición mayoritariamente designada del Tribunal Constitucional y rol tutelar del Consejo de Seguridad Nacional.

Ha pasado ya suficiente tiempo y el consenso en cuanto a la esencia del sistema dentro de los actores políticos relevantes está bastante consolidado, de modo que estos cambios no afectarán la estabilidad política hacia delante.  Se preserva aún el sistema electoral binominal, que permite a la derecha mantener su sobre-representación parlamentaria y excluir a la izquierda. Se garantiza así un proceso legislativo que sólo habilita cambios dentro de la continuidad, dados los quórum requeridos para reformas de envergadura.

En lo medular, el cambio más significativo es el que hacía al rol tutelar de las FF.AA. sobre el sistema político; que se ha desvanecido prácticamente por completo. Catalizadores del proceso para replegar la “tutela militar” sobre el sistema político fueron dos hechos ocurridos más allá de las fronteras: primero, la detención de Pinochet en Londres, en 1999; y segundo, el descubrimiento de las cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs, de los EE.UU. en 2004. Ambas situaciones terminaron de desmoronar el prestigio del dictador en su propia base social y política, lo mismo que mermaron su peso y respaldo dentro de las FF.AA.

Pero fue determinante del desarrollo de ese proceso, la persistente lucha del movimiento por los derechos humanos, que arrancó dos informes importantes en el esclarecimiento de la verdad en cuanto  los crímenes de la dictadura –el Informe Rettig y el Informe Valech- y los juicios sobre Caravana de la Muerte y de la Operación Cóndor, que desnudaron el proceder sistemático de las Fuerzas Armadas y la articulación a nivel continental del terrorismo de estado para abatir los movimientos populares de la región.

El régimen político, altamente funcionalizado a las necesidades actuales del capital, sufrió durante los últimos años la evidencia de prácticas de corrupción que -aunque ni nuevas ni mayores que las existentes bajo dictadura- han sido absorbidas y relativizadas por la vía de reformas de “modernización del estado”, que harán más transparente los nombramientos y remuneraciones de altos cargos públicos, las compras gubernamentales, la administración de las empresas públicas y los gastos de las campañas políticas.

El acuerdo de las fuerzas políticas del sistema a propósito de lo anterior,  ha evitado que el escándalo acerca de las instituciones crezca y se convierta en factor de crisis como en otros países de la región. Se reafirma así la percepción de Chile como país “menos corrupto”. 

La estabilidad política ha pasado además por un sistema de partidos que sólo ofrece variantes de administración del modelo neoliberal, en lo económico-social. Un sistema hegemonizado por la coalición  que ha podido ofrecer una mayor capacidad para cooptar y clientelizar a amplios sectores de la población,  para mantener reducida y desarticulada la protesta social, al mismo tiempo que ganar crecientemente la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Las fuerzas políticas antisistémicas son aún marginales y sólo recientemente empiezan a superar su dispersión. Mientras que algunas se proyectan hacia el escenario de la política formal e institucional, otras se proyectan más bien en espacios autogestionarios y de autonomía. Los límites de su incidencia política están determinados por una incipiente recuperación de la iniciativa táctica de los movimientos sociales. Se trata de un movimiento popular que empieza a reconstituirse como tal; con una diversidad de dinámicas que sólo circunstancialmente se articulan y proyectan a escala nacional.   

II.-Economía  neoliberal y derechos económicos, sociales y culturales

Durante los pasados 16 años, la administración del modelo neoliberal en Chile por parte de los gobiernos electos democráticamente ha tenido la flexibilidad suficiente como para reducir los índices de pobreza prevalecientes en el país, sin tener que recurrir a medidas de claro corte redistributivo. A partir de allí, se ha difundido una imagen engañosa, de un modelo económico que estaría encaminando a Chile en la senda del desarrollo, ampliando cada vez más sus beneficiarios en la sociedad.

El centro de las preocupaciones de las autoridades políticas y económicas, sin embargo,  ha sido y sigue siendo mantener la confianza del gran empresariado  en quienes ejercen el poder ejecutivo. Y esto ha sido básicamente logrado por la vía de asegurar la estabilidad y modernización del marco estructural neoliberal. Esto es, de un marco en el que el “sector privado” es el motor y guía del crecimiento mientras que el estado –reducido- se limita a funciones subsidiarias y de regulación funcional, en el que se avanza a una creciente apertura comercial y financiera de la economía y en el que también existe un amplio imperio del mercado como mecanismo de regulación de la vida social y económica, en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad social y del trabajo.

El éxito de los gobiernos aludidos se ha reflejado en la fuerte y creciente afluencia de capital extranjero a la economía chilena, que ha sido un soporte fundamental del crecimiento alcanzado; lo mismo que en la dinámica mayor de inversión privada que se ha registrado en la economía chilena a contar de 1990 en adelante.

Fuente: “La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2004”, CEPAL.

Si algún objetivo central ha tenido la política económica, éste no ha sido crecer con equidad, sino crecer con estabilidad en los ritmos de crecimiento. Y los grados de estabilidad se han conseguido ofreciendo crecientes garantías y rentabilidades a los inversionistas privados, nacionales y sobre todo, extranjeros. La política macroeconómica aplicada ha contribuido a aumentar la concentración del poder económico en transnacionales y grandes empresas, al mismo tiempo que ha ido marginalizando al sector de medianas, pequeñas y micro empresas, que generan tan sólo un 20% del PIB no obstante emplear al 90% de la fuerza de trabajo.

Por esto, en Chile ha habido crecimiento del producto, pero no habido desarrollo. No al menos bajo una concepción del desarrollo que tenga ciertas connotaciones tales como:

·        Justicia, equidad e integración social.

·        Integración geográfica-territorial y descentralización del desarrollo.

·        Sustentabilidad y armonía con el medio ambiente.

·        Respeto y preservación de la diversidad nacional y cultural de los pueblos.

·         Democracia participativa  y fortaleza de la sociedad civil.

·        Soberanía política y económica.

Más aún, la vigencia del modelo neoliberal en  el caso chileno ha significado violaciones, primero –durante la dictadura militar-, y  limitaciones y postergación, después –durante la democracia electoral-, a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la mayoría de la población. Bajo este último régimen, no ha existido una política de redistribución del ingreso, sino más bien  una política de “chorreo”, complementada con políticas sociales de alcance limitado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Banco Central.

En efecto, los avances registrados en la disminución de la pobreza, se lograron sobre todo en la fase de crecimiento rápido, cuando la generación de empleos y el mejoramiento de las remuneraciones reales, permitieron hacer caer las cifras de pobreza, de un 45% a un 21,7% entre 1987 y 1998. De allí en adelante,  y hasta 2003, si bien la pobreza se redujo hasta un 18,8%; los resortes del esfuerzo pasaron por un asistencialismo estatal y privado más focalizado aún, en la medida que tanto el empleo como las remuneraciones tendieron a estancarse. 

En todo caso, la incapacidad de las políticas sociales para revertir los procesos de concentración del ingreso, exclusión y desintegración social que derivan del modelo en aplicación ha quedado claramente demostrada. Aunque entre 1990 y 1998, el gasto público social creció a tasas de 8% anual, se mantuvieron claras deficiencias de cobertura en todas las políticas y programas sociales. Como entre 1999 y 2004, el gasto público se limitó a crecer a un ritmo de 4% anual, se tuvo que extremar el esfuerzo de focalización del mismo para no  retroceder en el combate a la pobreza. El gasto social en relación al PIB, en todo caso, se mantiene en torno al 17%, en circunstancias que antes de 1973, alcanzó porcentajes superiores al 30%.

Si bien a comienzos de la década de los 90’ se aprobó una reforma tributaria, la misma no revirtió mayormente el regresivo y bajo nivel de carga tributaria que pesa sobre los contribuyentes más adinerados, muchos de los cuales figuran hoy entre los mayores multimillonarios de América Latina.

El crecimiento del empleo, se ha alcanzado sobre todo vía la extensión del trabajo precario y del trabajo femenino, discriminados remuneracionalmente. Los sectores en que se ha implantado el capital extranjero, en particular,  dada su alta tecnología, han generado un mínimo de empleo e incluso, en el caso de las privatizaciones, han significado la reducción absoluta del personal empleado en esas actividades. Los empleos indirectos generados por la inversión extranjera están ligados a las prácticas de “externalización” (“outsourcing”) y de recurrencia al subcontratismo.

El mejoramiento real de los salarios que se ha producido en los últimos 16 años,   ha estado por debajo de los incrementos de productividad del trabajo. En consecuencia, los limitados espacios de progreso material de los trabajadores se han conseguido sin afectar la concentración del ingreso y de la riqueza en manos de los grupos económicos que manejan el país. Por el contrario, se continúa produciendo un sostenido proceso de deterioro en la distribución funcional del ingreso, agravándose la diferenciación social.

El modelo económico seguido, desde los años de la dictadura, amplió la brecha entre ricos y pobres. Entre los dos deciles extremos –el primero y el décimo- la distancia aumentó. Si en 1990 era de 30,1 veces y en 1992 de 27,9 veces, en 2003 alcanzó a 34,3 veces, habiendo estado en 38,5 veces hacia el año 2000. La inequidad distributiva es muy superior si la comparación se efectúa por veintiles, es decir, por grupos de 5% de los hogares.  A consecuencia de ello, Chile sigue entre los 12 países con peor distribución del ingreso en el mundo, según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2003.

Cabe destacar al mismo tiempo el costo social y humano que han debido pagar esas familias para alcanzar, en ese período, algunos grados de mayor bienestar material. La incorporación de la mujer al empleo remunerado, que se acentuó en forma importante en los pasados 20 años, ha tenido otros efectos en la vida familiar, más allá de permitir un mayor ingreso de los hogares y una mayor independencia económica de la mujer; cuestiones que cabe valorar positivamente. En este sentido, junto con el aumento de la tasa de participación de las mujeres en el empleo, se ha producido un impacto de funcionalización de las familias populares al modelo económico.

La norma es hoy que  padre y madre se vean obligados a trabajar fuera del hogar para sostener a la familia y que vivan amarrados al trabajo, lo que trae graves consecuencias sociales e ideológicas en el mundo popular. 

Las reformas a los sistemas de educación, salud, seguridad social, a la legislación laboral, al reconocimiento de derechos de los consumidores, al cuidado del medio ambiente, a los Pueblos Indígenas, etc. se han hecho en el marco de preservar una institucionalidad esencialmente neoliberal que hace ya 25 años impuso la descentralización, privatización y  mercantilización de los servicios públicos, y la flexibilización laboral y del mercado del trabajo.

“En materia educacional, la obligatoriedad escolar hasta 12 años, la generalización de la jornada escolar completa, el aumento de las colaciones diarias y del reparto gratuito de textos de estudio, son avances de los últimos años. Sin embargo, estamos lejos de llegar a la cifra necesaria de recursos a destinar por el Estado a la educación que recomienda la UNESCO, el 7% del PIB. Persisten graves déficits de conocimiento y comprensión de los alumnos, como lo han demostrado pruebas de carácter nacional e internacional, las que dan cuenta de la baja calidad de la enseñanza en Chile, de la que se exceptúan los colegios privados, que atienden a los hijos de las familias pudientes”[1].

Detrás de los deficientes resultados de la educación chilena se encuentran no sólo las deficiencias de infraestructura y de calificación –y remuneración- de los docentes (que mejoraron significativamente, en todo caso, en los últimos 16 años), sino que las carencias de entorno familiar favorable con que se enfrenta la gran mayoría de los niños y jóvenes, provenientes de hogares de menores ingresos.

La educación ha dejado de ser un vehículo importante de movilidad social. Factor decisivo en ello es su transformación en una mercancía, lo que posibilita que sólo los sectores de mayores ingresos tengan acceso a una educación de calidad y potencialidad de proyectarse normalmente hasta el nivel profesional o universitario.  

En cuanto a la salud, se ha iniciado una reforma que extiende la garantía de atención a las 25 patologías más comunes en la población, pero que implica aumentar las contribuciones obligatorias de las personas y que no modificó la estructura básica del sector: salud privada para el 25% de ingresos medios altos y altos y salud pública para el resto. Persiste, por tanto, una brecha en la calidad y oportunidad de la atención de salud.

La salud privada es cara y está convertida en próspero negocio de sus prestadores y de las administradoras de la salud previsional (isapres). Entre tanto, los servicios públicos de salud están lejos aún de atender las necesidades de los chilenos, por mucho que se hayan aumentado los recursos, después de la bancarrota en que los dejó la dictadura. El déficit de hospitales, servicios de urgencia y consultorios, la falta de profesionales, insumos y equipos que se expresan en congestión, hacinamiento y largas esperas, sigue siendo un problema pendiente. 

En materia de seguridad social, se ha mantenido la privatización de la previsión, permitiendo que ella sólo haya redundado en una mayor concentración de la rentabilidad de las transnacionales y grupos económicos que administran los ahorros de los trabajadores. Tardíamente se admite que los empleados públicos que fueron obligados a entrar en las AFP sufren graves perjuicios a la hora de jubilar. Diversos estudios, por otra parte,  anuncian el colapso del sistema porque centenares de miles de sus afiliados apenas tendrán acceso a una pensión mínima (25% de los cotizantes) y que otros muchos más (el 50%) no habrán cumplido el requisito para acceder a ella, por no enterar los 20 años continuos o discontinuos de cotización.

Desde la óptica de la integración geográfica-territorial y descentralización del crecimiento, la vigencia de la pauta neoliberal ha significado  una relativa desintegración territorial, con pueblos, zonas y regiones del país que se condenan a la postración y a la miseria; mientras los beneficios y el crecimiento se concentran particularmente en Santiago, la megalópolis de Chile, y en los barrios acomodados de algunas otras ciudades.

Por otra parte, el proceso de crecimiento bajo la égida de las empresas transnacionales  en Chile ha significado un creciente avasallamiento del territorio propio de los pueblos originarios. Las empresas forestales e hidroeléctricas han ido ocupando espacios cada vez más amplios, en desmedro de aquellos en que residen las comunidades indígenas, amenazando la continuidad histórica y cultural de algunas de ellas.

Finalmente, el crecimiento concentrado en la exportación de materias primas se está logrando a costa de una enorme destrucción del medio ambiente. La destrucción de los bosques y la desertificación de los suelos, la contaminación de las aguas y del aire, la sobreexplotación de los recursos naturales y la consecuente extinción de numerosas especies vegetales y animales, la destrucción del hábitat y los perjuicios a la salud por la utilización de agroquímicos, se encuentran entre las numerosas consecuencias negativas de la modalidad de crecimiento “desregulado” que se ha tenido.

III.- Contrarrevolución y derrota ideológica 

El panorama político y económico reseñado sólo se comprende cabalmente si se analiza como resultado de un proceso histórico que abarca los últimos 32 años de Chile. El golpe militar significó una ruptura con el sistema político, económico y social precedente y dio paso a una profunda contrarrevolución neoliberal, cuyas transformaciones en todos los planos son perceptibles hoy.

En particular, la relativa estabilidad política, así como el dinamismo del crecimiento liderado por los grupos económicos en Chile a contar de 1990, de los que se ha dado cuenta, habrían sido imposibles sin la profunda derrota política e ideológica del movimiento popular que se procesa entre 1986 y 1995 y que conllevó su desarticulación casi total hacia mediados de la década de los 90.

Es importante, por ello, dar cuenta de qué ha significado esa derrota en lo ideológico- cultural, en lo ético y en lo organizativo.

“En el ámbito cultural predomina la de solidaridad, el individualismo, y se instala una nueva racionalidad, fundada sobre un nuevo tipo de escasez, producto de una propiedad privada que abarca hasta los bienes públicos y la riqueza inmaterial (social) de otros tiempos, actualmente disuelta en el mercado de la comunicación y de la cultura chatas. Adicionalmente, en el dominio de la subjetividad, cunde la desesperanza”[2]

Como producto del marco económico, pero también del conjunto del sistema político, ideológico y jurídico, se ha instalado un cambio profundo en la subjetividad de las personas. Una mercantilización del sentido de la vida, que deshumaniza a los seres humanos y sus relaciones, vaciándolas por completo de valores éticos y remitiéndolas  por completo a lo que significan monetariamente.  Una persona entonces ya no vale por lo que es, como expresión única e irrepetible de la vida, sino por el dinero que tiene o es capaz de generar. Las relaciones con otra persona importan en la medida que nos permiten ganar dinero; de lo contrario, son una pérdida de tiempo. La medida del éxito en la vida es la cantidad de dinero que acumulamos. Y como la mayoría no tiene mucho, su autoestima decae proporcionalmente.

Los medios de comunicación de masas, lo mismo que el sistema educativo y las autoridades públicas se encargan de remarcar que vivimos en un mundo de competidores y que los triunfadores son aquellos que merced a su espíritu emprendedor, vencen en el mercado. Los grandes empresarios son convertidos en  “modelos de conducta” a ser imitados por toda la sociedad. En esa óptica, hasta los trabajadores por cuenta propia, pasan a ser denominados como “microempresarios”.

En el mundo del trabajo asalariado, las empresas entregan un mensaje claro y que cala profundamente en la conciencia de los trabajadores, sobre todo los más jóvenes: "el camino para el progreso económico del trabajador no pasa por la organización, la solidaridad, el sindicato, la negociación colectiva. El camino pasa por el esfuerzo individual, la deslealtad con mis compañeros y la subordinación a mis superiores y al empleador".

La des-responsabilización del Estado de su rol de garante de los derechos económicos, sociales y culturales de la población lleva a que los pobres terminen percibiéndose a sí mismos, como culpables de su propia situación. Es culpa de su falta de competitividad, de su ignorancia, de su poco espíritu de superación, de su falta de creatividad o espíritu emprendedor.

Este sentido común que se instala, ha llevado a los sectores medios y populares a una tensión enorme por elevar rápida y sostenidamente su nivel de consumo, como objetivo prioritario y hasta único de su vida. Esa tensión es canalizada y aprovechada por el sistema económico de muy diversas y complementarias formas. Además de trabajar, las personas en su afán de poder gastar más, se endeudan progresivamente, hasta padecer de “endeudamiento crónico”.

Como el incumplimiento de las deudas lleva a una espiral que puede amenazar la pérdida de todo, hasta de la vida, las personas son empujadas a multiplicar su esfuerzo laboral, con alargamiento de las jornadas de trabajo y la recurrencia a múltiples trabajos parciales. Las personas empiezan a vivir para trabajar y no trabajan para vivir.

Sacrifican su salud, su tiempo de descanso y de compartir con su familia, con sus amigos y vecinos, para obtener algunas comodidades de la modernidad. Pierden en cambio, años de vida y el afecto, incluso de sus seres más cercanos. No tienen más tiempo para crear, para pensar, para compartir, para atender a sus hijos y darles ejemplo. Se tornan en personas tensas, agresivas, violentas; cuando no se sumergen en el estrés, la depresión, en el alcohol o la droga.

Las consecuencias son graves: Chile exhibe una de las jornadas de trabajo más largas en el mundo, al mismo tiempo que se ubica en el tercer lugar de maltrato infantil, y lidera la región en alteraciones mentales, accidentes de tránsito, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción juvenil

En el plano organizativo, luego de la masiva represión policial y militar desatada por la dictadura -sobre todo en los ciclos 1973-1976 y 1983-1986-, para asegurar la atomización y fragmentación de la organización de los trabajadores y del pueblo, se transformó radicalmente la legislación laboral  y  la institucionalidad sobre organizaciones vecinales.  Se destruyeron así las bases de la movilización social y los diques de contención de las medidas exigidas por el gran empresariado.

Con el pretexto de la “libertad sindical”, se acabó con la afiliación sindical obligatoria y se abrió espacio a la fragmentación y división de los trabajadores, manipulados económicamente por sus empleadores, facultados para otorgar lo mismo a quienes se organizan que a los no organizados. Los procesos de filialización de las empresas, las externalizaciones de personal y las múltiples medidas organizativas y administrativas orientadas a reducir los costos salariales, han terminado por atomizar y debilitar estructuralmente la organización sindical de los trabajadores.

Al término de la dictadura, la Concertación por la Democracia, que ha gobernado Chile desde entonces, desestimó recurrir a estrategias de movilización social y participación ciudadana. Por el contrario, utilizó sus vínculos con las cúpulas del debilitado movimiento sindical y social para contener las demandas populares y desmovilizar más profundamente al pueblo. Partió un proceso de “clientelización”  y subordinación de las organizaciones sociales que sumió a sus bases en la más profunda confusión y apatía, de la que sólo en la última década se ha ido parcialmente saliendo.

La fragmentación y debilitamiento de las organizaciones sociales en los años de la “transición” es uno de los procesos que cuestionan más radicalmente el curso de “profundización de la democracia” que pregonan sus actores políticos. Aunque se da generalizadamente en el mundo popular, es a nivel del movimiento sindical donde las estadísticas revelan más crudamente el hecho. El movimiento sindical chileno, hoy está reducido a menos de un 10% de los asalariados. La  baja conflictividad laboral de estos años, en este contexto, se explica por el elevado grado de desarticulación de las organizaciones sindicales.

IV.- De las resistencias sectoriales dispersas al parto de un nuevo sujeto popular

En la última década, diversos movimientos sociales se fueron reconstituyendo y desarrollando luchas sectoriales de resistencia a las pretensiones de mayor opresión y exclusión de las clases dominantes y de generación de propuestas alternativas.

Se trata de núcleos avanzados en su conciencia y organización, en la medida que los sectores más amplios están aún sumidos en la alienación y desmovilización más profunda

El movimiento por los derechos humanos cobró renovados bríos en la presente década y arrancó un nuevo Informe sobre Prisión y Tortura (2004), que arrinconó al ejército  en la imagen pública, forzando a su Comandante en jefe a reconocer -aunque con ambigüedades en el discurso- la responsabilidad política de su institución en las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura.  

Al conmemorarse los 30 años del golpe, en este sentido, se extendió una percepción pública sobre la historia que enaltece la memoria de Salvador Allende y condena la intervención de las Fuerzas Armadas. Paralelamente, puede decirse que fruto del activismo del movimiento por los Derechos Humanos, ha ido saliendo a la luz pública bastante de la verdad, al mismo tiempo que se ha avanzado en hacer justicia y otorgar reparaciones a las víctimas y sus familiares. Y, lo que muy importante, se ha derrotado varios intentos por cerrar por completo estos procesos otorgando inmunidad e impunidad a los responsables de los crímenes.

El movimiento del pueblo mapuche adquirió particular fuerza en los últimos años, protagonizando recuperaciones de tierras y reclamando el reconocimiento como “pueblo-nación” dotado de una cultura y una cosmovisión propia, por parte del estado. Fuertemente reprimido, ha logrado sin embargo, obligar al estado a destinar mayores recursos para compras y devoluciones de tierras y a contener parcialmente la expansión de forestales e hidroeléctricas en sus tierras ancestrales. 

Las movilizaciones de los gremios del sector público (profesores, trabajadores de la salud, empleados fiscales y municipales) se han mantenido a lo largo de los años, con algún grado de éxito en sus demandas remuneracionales, pero derrotadas y aisladas en sus propuestas políticas sobre las reformas pertinentes a la educación y a la salud. Siendo el sector de los trabajadores que mantiene una capacidad de movilización nacional más amplio, no ha logrado aún ponerse a la cabeza de un programa que sume a otros sectores y movimientos sociales.

La Central Unitaria de Trabajadores, principal referente del movimiento sindical, se atrevió finalmente en agosto de 2003 a convocar a un primer paro-protesta  nacional en contra del modelo y de la flexibilización laboral. Millares de chilenos en diversas ciudades del país se sumaron a esa movilización, que marcó el inicio de una inflexión en las luchas sociales, con una recuperación de la iniciativa táctica de los movimientos sociales, en que empieza a superarse la dispersión, el defensismo y el reivindicacionismo que la ha caracterizado por un largo período.

Dentro del vasto mundo de los trabajadores asalariados, han destacado en la acción directa en defensa de sus derechos los trabajadores contratistas de empresas mineras y de la construcción, y los trabajadores portuarios que se han ido articulando a partir de su lucha reivindicativa.  En la lucha por una explotación racional de los recursos marinos de Chile y en defensa de su actividad se han destacado los pescadores artesanales.  

Los movimientos ciudadanos en defensa de la ecología, por la paz y en contra de la guerra, en contra de la discriminación de minorías –diversidad sexual, discapacitados, migrantes-, por los derechos de la mujer y del niño, han cobrado un grado mayor de fuerza y presencia. Sus denuncias y demandas han logrado un nivel de incidencia en la agenda y en la política gubernamental, pero más significativamente han establecido un grado de control ciudadano por sus derechos que ha logrado dificultar la maniobra empresarial y/o gubernamental en algunas circunstancias.  

Los movimientos estudiantiles de universitarios y secundarios han luchado a lo largo de varios años por un mayor aporte fiscal a la educación superior pública y cuestionado el criterio mercantil con que opera el financiamiento universitario, además de los mayores cobros de pasaje escolar; con limitados resultados hasta la fecha.

En los últimos años, dentro de los sectores más pobres de la población,  ha emergido un movimiento por el derecho a la vivienda, conformado por deudores habitacionales y sin casa, que ha desplegado notable actividad de  marchas y acciones directas, reclamando la condonación total de sus deudas y el otorgamiento de viviendas dignas. En los ámbitos poblacionales urbanos, de otro lado, vienen proliferando redes de organizaciones culturales autogestionarias, con una dinámica contrapuesta abiertamente al discurso neoliberal.

En el último año, dos procesos de confluencia significativos se han puesto en marcha.  Por un lado, el proceso del Foro Social Chileno, cuya primera versión se realizó en noviembre 2004, en forma paralela y contrapuesta a la cumbre de la APEC. La marcha contra la presencia de Bush concitó la participación más amplia de personas (60 mil) desde el término de la dictadura. Los casi 200 talleres y debates, medio centenar de actividades culturales, una feria ciudadana y una ceremonia macroecuménica, en que participaron unas 8 mil personas, concitaron el trabajo conjunto de la más amplia confluencia de organizaciones sociales  y ONGs que se haya tenido en décadas.

El activo de voluntarios y el núcleo de organizaciones comprometidas con su desarrollo se ha mantenido articulado luego de tan trascendente evento y  le está dando continuidad por la vía de foros locales, regionales y temáticos. Si bien hay algunos movimientos sociales que se mantienen al margen todavía de este proceso, en el ámbito de los trabajadores y de los pobladores en especial, no cabe duda que el proceso en marcha va a potenciar las distintas luchas sectoriales y las proyecta dentro de una visión planetaria y continental que se va extendiendo en la conciencia de sus participantes.

El otro proceso ha sido el de la confluencia de las organizaciones políticas antineoliberales de corte más tradicional, en la coalición Juntos Podemos Más, que participará en las próximas elecciones con candidato presidencial y una lista parlamentaria única. Tanto el resultado de elecciones municipales previas en 2004, en las que el pacto Juntos Podemos obtuvo un sorpresivo 9% de los concejales, como el multitudinario funeral que acompañó a principios de 2005 el féretro de Gladys Marín, máxima dirigente del PC chileno y destacada luchadora popular a lo largo de los últimos 45 años, han tonificado las esperanzas abrir una brecha mínima en el cerrado binominalismo que impera en el Parlamento chileno.

Son estos los diversos procesos y dinámicas que cruzan a los movimientos sociales en Chile. En ellas, sin duda, empieza a germinar una nueva generación de dirigentes sociales y políticos de un nuevo movimiento popular. Pero es evidente que el parto aún no se produce. Aunque están logrando extender un renovado anhelo de justicia social y democracia.

Contribuir a esos procesos, al fortalecimiento de ellos desde la base, para que adquieren la masividad necesaria, para que ganen claridad y continuidad en su quehacer, para que sean capaces de proyectarse cuestionando al sistema de dominación neoliberal, la Constitución del 80, el modelo económico, la cultura del individualismo y del consumismo, es la tarea de todos los que creemos que otro Chile es posible y necesario. Para ello resulta imprescindible fortalecer las organizaciones sociales, desarrollando la conciencia de las personas en base a los principios de solidaridad, democracia, autonomía y unidad, lo mismo que la educación popular, para alcanzar entre todos el conocimiento de la realidad necesario para poder cambiarla; y lograr que cada quien asuma en esta lucha su responsabilidad personal, fortaleciendo su confianza en sí mismo y en los demás; en nuestra capacidad colectiva de construir una otra humanidad, la que nuestros hermanos que nos precedieron en esta larga lucha nos enseñaron  a soñar.

- Manuel Hidalgo V. es economista, Amerindia Chile, agosto 2005.