Diez años después de la firma de los Acuerdos de Paz, la situación agraria en Guatemala continúa explosiva. Y los derechos humanos en el campo son frágiles. Balance desalentador de un proceso de justicia agraria pospuesto y de una transición democrática, que en todo en caso para los campesinos, espera mejores horas. Así lo expresó en entrevista exclusiva Alma Noser, responsable para América Central y México de Amnistía Internacional Suiza, para quien “no ha habido cambios positivos en lo que hace a la actividad agropecuaria…y la violencia en el campo sigue aumentando”. Noser tiene con una larga experiencia en esa región del continente latinoamericano ya que trabajó durante diez años como responsable de proyectos de Caritas/Suiza y sigue visitando regularmente la región. “Por una verdadera política agraria” El pasado 3 de septiembre, al finalizar una visita de dos semanas a Guatemala, una delegación de Amnistía Internacional hizo público un comunicado donde “expresa su honda preocupación por las profundas irregularidades, violaciones a los derechos humanos y el trato discriminatorio del que son objetos campesinos guatemaltecos…” El documento hace mención a los procesos judiciales que culminan con órdenes de desalojo. “Esas prácticas son muy autoritarias y muchas veces violentas” enfatiza Alma Noser quien denuncia al mismo tiempo “la impunidad total con la que se ejecutan los desalojos”. Según la misión de inspección del organismo internacional, al menos once fallas e irregularidades significativas fundamentan su denuncia. Entre ellas, el no pago de salarios e indemnizaciones acordes con la ley en las fincas de Guatemala; las órdenes de captura y desalojo contra cientos de familias que han ocupado con frecuencia sus tierras durante generaciones; la falta de respuesta de las autoridades correspondientes ante las denuncias elevadas por los delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos, etc. Si bien el organismo “reconoce la importancia dada a los procesos de mediación y conciliación”, sin embargo “ve con preocupación que dichos procesos sean en ocasiones interrumpidos por la ejecución del desalojo”, lo que provoca mas violencia, tal como lo señala el comunicado y la ratifica Alma Noser. El Informe “insta a las autoridades a desarrollar una política agraria específica para prevenir y resolver los casos de conflictividad agraria centrada en la protección y defensa de los derechos humanos”. Valoración profundizada por la responsable para Centroamérica de Amnistía Suiza, quien está convencida que “sin una reforma agraria verdadera y sin que se frenen los desalojos, no hay solución real en el campo”. La explosividad y la protesta social son visibles. A pesar de la represión histórica que ha soportado la sociedad guatemalteca “es significativo constatar que muchos sectores se siguen movilizando”, expresa. “Estuve en abril allá y ví con mis propios ojos protestas ciudadanas significativas contra la firma del Tratado del Libre Comercio que estaba en discusión en parlamento en ese momento” sostiene. El peso de la represión histórica La actual y compleja realidad es la consecuencia directa de “toda la historia que vivió mi país”, enfatiza por su parte Hugo Cabrera, físico guatemalteco que reside en Suiza desde hace tres años y que realiza su post-grado en Zurigo. Durante la década de los noventa desempeñó actividades de responsabilidad en diversos organismos de derechos humanos y de investigación en Guatemala. Cabrera presenta, en un rápido recuento, la historia de su país desde la conquista hasta el presente. Destacando los momentos de gobiernos populares (1945-1954) o de movilizaciones sociales (80-90) en los cuales importantes actores sociales trataron de promover la transformación en la tenencia y propiedad de la tierra. Como reacción a cada una de esas experiencias de auge participativo, se sucedieron golpes o gobiernos militares que contaron con el apoyo norteamericano. Guatemala, según Cabrera, paga el precio hoy de una política contrainsurgente que se impuso con sangre, balas, y “tierra arrasada”. Como corolario de dicha concepción, resulta una de las naciones más martirizadas del continente con: 130 mil personas asesinadas, 45 mil desaparecidos, 626 masacres y más de 1 millón de refugiados durante la última confrontación bélica. El proceso de solución negociada que culminó a fines de 1996, es sin embargo, para el joven analista guatemalteco, “una oportunidad perdida” en tanto no se aplicaron los contenidos de dicha negociación. Y aunque algunos sectores de la dirigencia política quisieran reactivar esos Acuerdos, “pareciera que ya es demasiado tarde”, afirma. En cuanto a la situación actual y a los sucesivos cambios de gobiernos democráticos que experimenta el país centroamericano, “hay que entenderlo como la confrontación de dos fuerzas o proyectos electorales de poder que se suceden uno a otro”, pero en el marco de un “pueblo sin mayor capacidad de incidencia política” y en una realidad “donde no hay opción de izquierda nacionalista en el escenario electoral con perspectivas claras”. Reactivar la solidaridad Ante una situación tan compleja, “es importante que la solidaridad no se olvide de Guatemala”, enfatiza Alma Noser. Lo peor que puede pasar “es que olvidemos a Guatemala, que sigue siendo una de las naciones centroamericanas con mayores problemas en cuanto a derechos humanos”. La ciudadanía internacional debe prestar atención a los llamamientos, a las acciones urgentes que impulsan diversas organizaciones de derechos humanos y de solidaridad, insiste Noser. Para quien el otro gran problema que puede confrontar el otrora movimiento de apoyo a Guatemala “es el cansancio”. Si la “comunidad internacional se cansa, esto es terrible y grave… A pesar que los gobernantes no siempre son sensibles a la presión externa, el peso de la acción de la comunidad internacional sigue siendo importante” concluye la coordinadora de Amnistía Internacional, sección suiza. - En colaboración con E-CHANGER