En Ecuador, movimientos indígenas y populares de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, en el noreste del país, lanzaron el lunes 15 de agosto del 2005 paros y movilizaciones, que incluyeron cortes de rutas, ocupación de pozos y aeropuertos, y afectaron el suministro de energía eléctrica, en demanda de una serie de reivindicaciones. Entre ellas se cuenta que las compañías petroleras empleen trabajadores y empresas locales para sus obras y servicios, que se construyan unos 200 kilómetros de carreteras, más respeto al ambiente por parte de las compañías petroleras, que se cumpla con compromisos de carácter social, ecológico y económico en beneficio de Amazonía ecuatoriana. Protestan contra las fumigaciones con glifosato que realizan Colombia y Estados Unidos en la frontera. La respuesta del gobierno de Palacio ha sido la represión con el ejército y la policía, la declaratoria del estado de emergencia, suspendiendo las garantías constitucionales en las dos provincias, el nombramiento del general ultraderechista Oswaldo Jarrín como Ministro de Defensa, la detención de las autoridades provinciales y locales y de los dirigentes sociales y populares. Los detenidos han sido maltratados. Se pide también que, como en Bolivia, el fisco se beneficie con al menos la mitad de las ganancias de esas operadoras. Además exigen la salida del país de la empresa estadounidense Occidental Petroleum (Oxy). En la zona operan además la firma estatal Petroecuador junto a la canadiense Encana, la chilena Sipec, la británico-francesa Perenco, la argentina Petrosud y la brasileña Petrobras. La voz de los movimientos indígenas en el paro amazónico La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE (www.confeniae.org.ec ) considera que la cancelación del Convenio con la Occidental es un acto de justicia histórica y de reparación de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana y contra la de toda la población ecuatoriana. “Profundamente conmovidos por la muerte de las decenas de hermanos en la frontera marítima Ecuador Colombia en el intento de dejar un país en el cual se agudiza la crisis económica, social pero esencialmente moral, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE hacemos público la exigencia al Gobierno de Alfredo Palacio para que se proceda con el carácter de inmediato a la cancelación del Contrato con la empresa Occidental y a la recuperación de los pozos que la mencionada empresa explotaba. “Llamamos al Gobierno a tomar las políticas de Estado necesarias para que todos los pueblos y nacionalidades indígenas que habitamos el Ecuador tengamos una vida digna, con respeto a nuestros derechos y a nuestros recursos naturales que son también de nuestros hijos. Estos 30 años de actividad petrolera no han significado para la mayoría de los ecuatorianos, ningún beneficio real. La evaluación final de la actividad petrolera ha sido una situación de catástrofe ambiental, la destrucción de nuestros territorios, la contaminación de nuestros ríos, la perdida de nuestras formas de vida, y al país, solo le ha traído el endeudamiento, incremento de la pobreza a niveles extremos, y delitos de lesa humanidad contra nuestros pueblos, algunos de los cuales han desaparecido o están a punto de hacerlo. “La comprensión de esta situación debe partir de una realidad: la actividad petrolera en Ecuador se realiza en la Amazonía que a más de ser una zona de gran biodiversidad y fundamental para la vida del planeta es esencialmente el hogar de los Pueblos y las Nacionalidades Indígenas que la hemos cuidado desde tiempos inmemoriales. La actividad petrolera ha significado para nosotros como Pueblos, desplazamientos forzosos, pérdidas de vidas humanas, destrucción de nuestro hábitat, atentados contra nuestra salud, contra nuestra espiritualidad y destrucción de nuestros territorios y lugares sagrados, que han sido la esencia de nuestra existencia. “En estas perspectivas, las actividades petroleras pueden ser asociadas a crímenes de lesa humanidad y a genocidio. El Estado ecuatoriano en consecuencia está en la obligación de hacer justicia y de proceder a la debida reparación y al resarcimiento de nuestros derechos. Una primera expresión de ello sería la cancelación del Contrato con la OCCIDENTAL, la salida inmediata de la Empresa Brasilera PETROBRAS del Parque Nacional Yasuní y la cancelación del contrato con la CGC que amenaza la vida del pueblo de Sarayaku. La CONFENIAE junto a la no está dispuesta a permitir que esto continué, concluie el documento difundido el sabado 20 de agosto del 2005. “La Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Ecuador CONAIE (www.conaie.org.ec ) en la nota del lunes 22 de agosto del 2005 declara el “respaldo activo a las justas demandas de las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, que representan al Ecuador en esta lucha. Rechazamos la brutal represión por parte del régimen dictatorial en contra de los hermanos amazónicos y exigimos la renuncia inmediata del Ministro de Gobierno y Policía Mauricio Gándara para impedir la continuidad dictatorial. Los procesos de resistencia tanto urbanos como rurales, en al Ecuador que han determinado las caídas de tres gobiernos desde 1997 hasta el último proceso del 20 de abril del 2005, no pueden quedarse como una simple asonada sino que son parte de la resistencias de los pueblos del Ecuador en busca de la construcción de un nuevo proyecto país que tiene como lineamientos generales la defensa de la soberanía y su autodeterminación, la eliminación del sistema de partidos políticos tradicionales, la construcción de una democracia real que represente y tome en cuenta las necesidades reales del pueblo ecuatoriano”. Salvador Quishpe, Diputado por la Provincia de Zamora Chinchipe y Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional, manifestó que los Municipios y Consejos Provinciales dirigidos por autoridades del Movimiento Pachakutik, podrían sumarse a la voz de protesta que mantienen los habitantes de Orellana y Sucumbíos si el gobierno nacional no acoge las demandas socio – económicas presentadas por el pueblo amazónico. El Parlamentario rechaza el decreto de emergencia y control militar impuestos por el Presidente Palacio en las dos provincias, al tiempo de exigirle al gobierno el retiro de este decreto y la liberación inmediata de los dirigentes detenidos. “Condenamos la brutal represión que ha ocasionado más de 60 heridos y la encarcelación de algunas autoridades… estos actos de violencia contravienen a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados y Convenios Internacionales…”, declaró el Legislador. El principal requerimiento que mantiene a la ciudadanía en pie de lucha, es la cesación del contrato que mantiene el Estado Ecuatoriano con la empresa estadounidense Occidental Exploration and Production Company, que ha sido perjudicial para el país, debido a que se han incumplido las cláusulas establecidas en el contrato firmado con Petroecuador. Ante esta problemática, Quishpe hizo un llamado al Mandatario y a las autoridades para que se cancele inmediatamente el contrato con la Empresa OXY: “las infracciones cometidas por esta empresa son evidentes, cuando por ejemplo, no se han realizado las inversiones mínimas establecidas en el contrato y, por el contrario, han operado en Zonas Protegidas contaminando ríos y provocando la expropiación de territorios indígenas… y, a pesar de ello, la empresa pide que el Estado Ecuatoriano les devuelva 75 millones de dólares por concepto del IVA petrolero, lo cual es irónico”, puntualizó Salvador Quishpe. Finalmente, el parlamentario agregó, que de no respetarse la soberanía nacional, ni acatarse a los pedidos formulados, es posible que, durante los próximos días, el Movimiento Pachakutik (www.diputadospk.org) convoque a una paralización de actividades a nivel del país, esto es, a nivel de las organizaciones indígenas y sociales de los 28 municipios y 5 prefecturas en los que Pachakutik tiene representación. “Nos solidarizamos con nuestros hermanos amazónicos porque el paro binacional es una medida de hecho que han adoptado ante la pasividad del Gobierno para resolver sus problemas y, si el gobierno persiste en no atenderlos, adoptaremos medidas más radicales, nos plegaremos a las voces de protesta y no permitiremos que se nos gobierne a punta de bala”, enfatizó Quishpe en la nota del 19.07.2005 difundida por su responsable de prensa Martha Santillán (joven periodista quechua que conozco desde el levantamiento del 2001 y admiro como ejemplo de protagonismo indígena en los medios de comunicación independientes). También las mujeres amazónicas levantaron su voz en una carta pública: “¿Sabe usted señor presidente, los malabares que tienen que hacer las mujeres madres de familia - que en su mayoría son cabeza de familia- para mantener un hogar de cuatro hijos promedio, con la escasa seguridad que da la economía informal? , ¿Sabe usted cuanto puede llegar a endeudarse una familia cuando uno de sus miembros se enferma y no puede ser atendido en el pequeño e incompleto hospital que existe en Lago Agrio? ¿Sabe usted todo lo complicado que puede ser salir de quinta línea en caso de una emergencia? , ¿Sabe qué tiene que vender o empeñar una madre para pagar sus propias medicinas porque no tiene acceso a la Seguridad Social?; ¿Sabe que encontrar trabajo aquí en Sucumbíos, es mucho más difícil que en otros lugares sobretodo para las mujeres, primero porque la oferta laboral es escasa y segundo porque las mujeres aquí tenemos el índice más bajo de escolarización? Solo por enumerar unos aspectos. Presidente Palacio, usted y nosotras sabemos que estas no son condiciones para una vida digna, o al menos no son las condiciones que nosotras consideramos dignas. Usted y nosotras sabemos que el estado es quien debe garantizar el desarrollo humano de las personas y que quienes están a la cabeza de los gobiernos están llamados a trabajar por ello. Es verdad que hay quienes asumen activamente este reto y hay quienes se instalan pasivamente en las excusas. ”De todas maneras señor Presidente ¡aquí estamos!. Aquí estamos nosotras las mujeres de Sucumbíos, creativas, conscientes, humanas, capaces de construir con dos palos un castillo para nuestras hijas e hijos y también para nosotras mismas. Capaces de encontrar alternativas para salir de las crisis. Capaces de mantener encendida la llama de la esperanza cuando todos piensan que ya no hay mucho que esperar. Con nosotras debería contar. Con nosotras tendría que sentarse a conversar, a nosotras tendría que tomarnos en cuenta, en sus planes de gobierno, en sus políticas de estado. ”Nosotras señor Presidente somos mujeres orgullosas de lo que somos y de lo que tenemos. Somos mujeres que creemos que Sucumbíos es un lugar para vivir, nos sentimos convocadas a trabajar por Sucumbíos, no ahora, no por la coyuntura del paro, nos hemos sentido convocadas desde hace mucho tiempo y nos hemos ido implicando quienes estamos en Organizaciones Populares y Sociales -de manera particular- en procesos de cambio”. El famoso economista Alberto Acosta analiza que “el discurso sobre la importancia de la región, tan repetido en actos oficiales, se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia sólo por la revalorización de sus recursos en función de la acumulación de capital -especialmente transnacional-, aún cuando estas actividades pongan en riesgo la vida misma. Un ejemplo de esta realidad es el vandalismo desatado por la actividad petrolera desde que empezó a trabajar la Texaco en los años 60. El daño se podría cuantificar en miles de millones de dólares por derrames, contaminación de pantanos, quema del gas, deforestación, pérdida de biodiversidad, por animales silvestres y domésticos muertos, por materiales utilizados sin pago, por salinización de los ríos, por enfermedades, por trabajo mal remunerado. Son cuantiosos los perjuicios económicos, sociales y culturales causados a los indígenas sionas, secoyas, cofán, quichuas y huoranis, incluyendo a los colonos. Sobre Texaco pesa la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris. “Desde hace más de 30 años, las actividades petroleras han atropellado la biodiversidad y el bienestar de la población sin que el resto del Ecuador se desarrolle. La práctica gubernamental, sobre todo para favorecer a las transnacionales, como sucede con la OXY, ha sido la violación de leyes, el empleo de la fuerza, la corrupción y el permanente engaño a la población. La miseria, la desnutrición, la mortalidad infantil, las enfermedades, la contaminación, la violencia alcanzan los niveles más altos justamente en las provincias petroleras, afectadas también por el Plan Colombia. “Al tiempo que el Estado pierde participación en la renta petrolera, se diluye más y más su débil presencia en la región, cediendo terreno a las empresas petroleras privadas, que copan el tradicional espacio estatal, relacionándose directamente con las poblaciones amazónicas, asumiendo el papel de suministradores de todo tipo de servicios y de constructoras de obras públicas. En la medida que se debilita la lógica del Estado de derecho, se consolidan repuestas miopes y torpes de un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema, complicando cada vez más la situación. La región amazónica recibe un trato, en la práctica, de periferia en un país que forma a su vez parte de la periferia del sistema económico global. Todo esto explica y justifica la amplia y diversa reclamación amazónica”. El conflicto en el Parque de Yasuní en contra de PETROBRAS Paralelamente al paro de las provincias amazónicas se ha realizado la visita (16-17 de agosto) del Canciller brasileño Celso Amorin; entre los temas que Amorín ha abordado en Quito figura el de Petrobras, cuya salida definitiva de la reserva Yasuní exigen los indígenas hoaoranis, por considerar que daña sus territorios. El Ministerio de Ambiente de Ecuador decidió este mes impedir provisionalmente la entrada de Petrobras en Yasuní, pese a que esa compañía está autorizada para explotar una concesión en el área. El Parque Nacional Yasuní, de 680.000 hectáreas, es el área protegida más grande e importante de Ecuador y alberga 621 especies catalogadas de aves, 173 de mamíferos, once de anfibios, 107 de reptiles y 385 de peces, además de 1.500 de plantas. Cabe recordar que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió recientemente una carta a Palacio en la que señaló que Petrobras "tiene la intención de seguir trabajando" en Ecuador. He pedido el comentario de Elizabeth Bravo, destacada especialista en conflictos socio-ambientales de la ONG “Accion Ecologica” de Quito y docente universitaria reconocida a nivel internacional (que conozco desde el 2001 cuando yo trabajé en la misma organización sobre la campana en contra del Oleducto de Crudos Pesados OCP). Su análisis es muy interesante y evidencia que “en el último mes hemos presenciado dos acontecimientos que aparentemente no tienen ninguna relación. A medidos de julio, un grupo de indígenas amazónicos, portando lanzas hechas de chonta, con plumas y taparrabos, ocuparon por varias horas la Plaza Grande de Quito. Esta semana, llegó el canciller de Brasil. ¿Qué tiene en común estos dos acontecimientos? La empresas Petrobrás. Celso Amorín, Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil llegó a Quito el 16 de agosto. El propósito de su visita, aunque no reconocido abiertamente por el canciller brasileño, fue presionar al gobierno del Ecuador para que se le reanude la licencia ambiental a la petrolera estatal Petrobrás que requiere para operar en el corazón del Parque Nacional Yasuní y el territorio del pueblo Huaorani. Días antes, el Presidente Luis Ignacio Lula da Silva escribió al Presidente del Ecuador, Alfredo Palacio, donde le expresó su preocupación por la situación de la petrolera estatal brasileña. La controversia se inició cuando la Ministra del Ambiente dirigió una comunicación a Petrobrás el 7 julio del 2005 donde le informa que no tiene autorización para iniciar las actividades de construcción de un puente sobre el río Tiputini, ni de ingresar al Parque Nacional Yasuní. El Río Tiputini se ubica en el límite del Parque Nacional Yasuní. La empresa dice que no está definido si el borde del Parque se encuentra al Norte o Sur de Río Tiputini, y basándose en este argumento, Petrobras introdujo un recurso de amparo constitucional en contra del Ministerio del Ambiente pues considera que éste no podía suspender la licencia ambiental, ya que el puente no estaría ubicado dentro de los límites del Parque. En una nota de prensa reciente, se informó que el Ministerio del Ambiente inició negociaciones para arreglar sus diferencias con Petrobrás. Es posible que este cambio de actitud del Ministerio se deba a las presiones que el Gobierno Brasileño está ejerciendo sobre el ecuatoriano y al más alto nivel. Mientras tanto el pueblo Huaorani, cuyo territorio se encuentra invadido por Petrobras y otras empresas petroleras, hicieron una marcha a Quito a mediados de julio, donde dieron a conocer al país y al mundo que no quieren más petroleras en su territorio. Particularmente a Petrobras. Expresamente pidieron al presidente de Brasil, que retire a la estatal Petrobras de su territorio. Las comunidades del pueblo Huaorani rechazaron el convenio firmado por el ex presidente de la ONAHE (Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador) con la empresa petrolera, porque no ha consultado con las comunidades y porque esto no representa lo que ellos quieren para su futuro. “Ningún dirigente de la ONHAE tiene derecho a firmar nada con nadie sin el consentimiento de nuestras comunidades“, declararon. Por su parte, Alicia Cahuiya, presidenta de la Asociación de Mujeres Huaorani, ratificó la decisión: "queremos nuestro territorio libre de petroleras para nuestros hijos, por eso vamos a desconocer todo lo negociado por la ONAHE". El convenio firmado por ONAHE y Petrobras incluía el financiamiento de proyectos de desarrollo y asistencia social por US$200,000 anuales en los próximos cinco años. En esa ocasión, el Gobierno Ecuatoriano se comprometió a conformar una comisión para que evalúe la situación del territorio Huaorani. Sin embargo, en lugar de dar paso a la mencionada comisión, el Ministerio de Energía a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental inició un proceso de mediación entre la Petrobrás y la ONAHE, cuya dirigencia ha sido desconocida por sus bases. Al momento, se prepara una asamblea del pueblo Huaorani donde esperan establecer nuevas bases para construir su futuro. La asamblea tendrá lugar en el territorio Huaorani la próxima semana”. Mas detalles en: http://www.accionecologica.org/webae/index.php?option=com_content&task=v... emid=39 El miércoles 17 de agosto la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Ecuador CONAIE exhortó al Canciller ecuatoriano Antonio Parra Gil a mantener una política exterior soberana, como la que ha venido ejerciendo, frente a las presiones del gobierno brasileño y su Canciller Celso Amorin que está en el país con la intención de lograr el otorgamiento de la "licencia ambiental" para que PETROBRAS ingrese a explotar en el Parque Nacional Yasuní, que es a la vez territorio de la Nacionalidad Huaorani. PETROBRAS opera en el bloque 31, un espacio de 200.000 hectáreas, de las cuales el 70% está en el Parque Nacional Yasuní, la reserva más grande del país en flora y fauna. El mes pasado, el Director del Parque impidió el ingreso de la compañía porque parte de su personal estuvo navegando (con material pesado) sobre el río Tiputini, zona donde, supuestamente, estaba prohibido su tránsito. Huaoranis resueltos a no permitir explotación petrolera en el Yasuní Más de 20 comunidades Huaoranis que agrupan a más de 2300 sobrevivientes de la explotación petrolera en las provincias de Orellana y Sucumbíos, decidieron NO permitir más explotación en sus territorios y desconocer los contratos y no seguir permitiendo la violación de la Constitución y marcharon en Quito el martes 12 de julio del 2005. La CONAIE y la Nacionalidad Huaorani anunciaron su resolución de impedir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní (Declarada área Protegida y Reserva de la Biosfera), autorizada por el gobierno corrupto y defenestrado de Lucio Gutiérrez quien violentó la Constitución, convenciones internacionales y las leyes, principalmente los derechos humanos, colectivos, ambientales y difusos a favor de las transnacionales PETROBRAS y REPSOL- YPF. El dirigente Huaorani Moi Enomenga y el Presidente de la CONAIE, Luis Macas, afirmaron que jamás se cumplió la Consulta Previa y no van a permitir que las compañías exploten petróleo. La CONAIE acudirá a todas las instancias legales internacionales: Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras, para que al igual que el pueblo de Sarayaku, hacer prevalecer sus derechos humanos, colectivos, ambientales y difusos. El gobierno defenestrado de Lucio Gutiérrez a través de sus monigotes y ministros del ambiente dieron ilegales licencias ambientales, incumpliendo leyes expresas como la "Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre" vigente desde 1981, el Convenio 169 de la OIT, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración un Universal de los Derechos Humanos de 1948. En consecuencia la "licencia ambiental" concedida a PETROBRAS no está vigente. El Parque Nacional Yasuní es la mayor reserva de biodiversidad del país, ocupado ancestralmente por los pueblos como los Huaoranis, que han convertido a esta región en el último reducto para su supervivencia y por esa razón la CONAIE está en pie de guerra para impedir que los mineros, madereros, traficantes de tierra y de biodiversidad, ladrones de propiedad intelectual, cazadores furtivos y otros aventureros ingresen a destruir la vida en el Yasuní. La CONAIE denuncia y demanda al gobierno ecuatoriano presidido por Alfredo Palacio a hacer cumplir, como lo prometió, la Constitución Política del Ecuador, los Convenios y Tratados internacionales y pide el respaldo de la comunidad nacional e internacional para hacer causa común de esta lucha en defensa de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. La CONAIE deja en claro que tampoco va ha permitir que el gobierno siga incumpliendo las medidas cautelares dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exige al gobierno su cumplimiento inmediato, así como la revisión de todos los contratos petroleros, a través de auditorias, atentatorios a los intereses nacionales y los derechos de los pueblos, como en el caso de las petroleras Occidental, Texaco- Chevron, Cliper (Arajuno), Petrobras, Repsol YPF” concluye Luis Macas, Presidente de la CONAIE. La marcha del Pueblo Huaorani que exigía la salida de sus territorios de la Petrolera Brasilera Petrobras, fue el inicio de una apretada agenda del nuevo Consejo Directivo de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA elegido en el VII Congreso realizado en Guyana Francesa del 20 al 25 de junio. El martes 12 de julio, Quito, la capital ecuatoriana, fue el escenario de un hecho histórico: la presencia de decenas de miembros del Pueblo Indígena Amazónico Huaorani, quienes en con su dignidad milenaria más firme que nunca, exigían al Gobierno Ecuatoriano el respeto a sus derechos territoriales y la salida de sus territorios de la empresa petrolera de origen brasilero Petrobras. El gobierno del defenestrado ex presidente Lucio Gutiérrez, desconociendo la condición de zona intangible, de Parque Nacional y de territorios indígenas ancestrales del Pueblo Huaorani, concesionó estos territorios a Petrobrás. La “marcha de los Huaorani” fue la ocasión para reforzar una vez más la relación directa de la dirigencia indígena internacional, nacional y regional con las comunidades y pueblos indígenas en sus luchas esenciales. Luis Macas, Presidente de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, Luis Vargas Canelos Presidente de la de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE y Vice Coordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas – COICA, ratificaron la voluntad política de las organizaciones para responder en los términos adecuados para de exigir el pleno respeto a los derechos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Ecuador y en instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. En esta misma perspectiva se expresó el apoyo indígena internacional a través de la presencia en la marcha, en el Parlamento y en reuniones con varios ministros de los dirigentes indígenas Luis Enrique González del Consejo Nacional Indio de Venezuela – CONIVE y Gustavo de Jesús López Furia de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia - OPIAC, quienes son los Coordinadores de las Areas de Cooperación Económica y Desarrollo Autónomo y de Medio Ambiente , Biodiversidad y recursos naturales, de la COICA. El puente de la sociedad civil entre Brasil y Ecuador en contra de Petrobrás El conflicto en el parque nacional de YASUNI representa el espacio de articulación de la sociedad civil de Ecuador (liderada por las mujeres militantes de “Acción Ecológica” – con el carisma de Esperanza Martínez y Elizabeth Bravo, entre otras) y de la sociedad civil de Brasil (liderada por la “Red Brasilera de Justicia Ambiental” que es coordinada por Jean Pierre Leroy del Proyecto Brasil Sustentable y Democrático – FASE). En Río de Janeiro se ha iniciado un diálogo entre la empresa PETROBRAS y la sociedad civil brasileña, a través del primer encuentro del lunes 29 de noviembre del 2004 con el Gerente general de la empresa (donde he participado personalmente como operador de redes internacionales porque en aquellos meses estaba trabajando con la Red Brasilera de Justicia Ambiental en Río de Janeiro). Este análisis de comparación de la situación brasileña con la situación ecuatoriana viene presentada por Julianna Malerba (secretaria nacional de RBJA - Red Brasilera de Justicia Ambiental): “Integrantes de la Red Brasilera de Justicia Ambiental (RBJA) y de organizaciones ecuatorianas visitaron el último lunes 14 de febrero del 2005, la unidad productiva de Petrobrás en Urucu, en la Amazonia brasilera, para discutir los impactos de las actividades de la empresa en Ecuador en un área todavía virgen con una de las mayores biodiversidades del planeta. En noviembre del año pasado la estatal brasilera ya se había reunido con representantes de la RBJA y de la Ong ecuatoriana Acción Ecológica para discutir el caso, después de una denuncia realizada conjuntamente por ambas organizaciones sobre el doble patrón utilizado por la Petrobrás al instalarse en un área de protección ambiental en el corazón de la Amazonia ecuatoriana, ya que en Brasil no está permitido explotar petróleo en Parques Nacionales. En esa reunión quedó definido que la Petrobrás realizaría una reunión en Ecuador, con representantes de la Petrobrás Energía del Ecuador e invitó a una delegación de la sociedad civil a conocer su unidad productiva en el Amazonas, donde opera dentro de la floresta, con la finalidad de presentar el modelo productivo de la empresa. La razón que motivó la invitación fueron los resultados presentados por la misión internacional que en agosto de 2004 estuvo en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) en áreas actualmente explotadas por otras compañías petrolíferas y de la cual participaron miembros de la RBJA conjuntamente con representantes de organizaciones de Brasil, España, Colombia, Canadá y Ecuador. Los representantes de la RBJA que estuvieron allá, pudieron observar los enormes impactos socioambientales que están siendo producidos por las empresas REPSOL YPF (España) y ENCANA (Canadá). Ellos opinan, de acuerdo con lo que vieron en las áreas operadas por otras empresas, que las actividades de la estatal brasilera posiblemente degradará lo que resta de floresta preservada y de los grupos indígenas no contactados que viven en esa área. Diferencias En Manaos, la delegación de la sociedad civil (compuesta por Jean Pierre Leroy, coordinador del Proyecto Brasil Sustentable y Democrático - FASE y Relator para el Derecho Humano al Medio Ambiente de la Plataforma DHESC Brasil, Julianna Malerba, miembro de la Red Brasilera de Justicia Ambiental y técnica de la FASE, por Jeffer Castelo Branco, de la Asociación de combate a los POPs, Alexandra Almeida, de la Acción Ecología y OILWATCH (Ecuador), Marcos Amaral, representante del Sindicato de Petroleros de Caxias y Simão Zanardi, representando a la Federación Única de Petroleros) después de haber conocido la unidad de Urucu, se reunió con Milas Evangelista, gerente de seguridad, medio ambiente, salud y calidad del área de negocios internacionales. A pesar de que la delegación hubo constatado los esfuerzos de la Petrobrás para controlar los impactos de su actividad en la Amazonia, durante la reunión fueron aportados una serie de puntos que hacen que la explotación en Urucu sea diferente de aquella que se pretende iniciar en Yasuní. Según los técnicos de la Petrobrás no hay poblaciones ribereñas próximas a la unidad productiva en Urucu (el centro poblacional más próximo - Coari - está distante más de 200 Km y aún así tuvo un incremento de 7000 habitantes desde que Urucu fue construido) y la devastación que las 350 hectáreas de pozos, caminos y demás infraestructuras representa es relativamente pequeña en medio del área total de la porción brasilera de floresta amazónica. Solamente esos dos aspectos ya presentan puntos radicalmente diferentes del proyecto para Yasuní. Para comenzar, el área a ser explotada en Ecuador, además de Parque Nacional es territorio indígena, tradicionalmente habitado por pueblos de la etnia Huaorani, estando una parte de ella constituida por grupos todavía no contactados (los Tagaeri). Actualmente innumeras empresas petrolíferas están explotando petróleo en la región, estando el 80% del territorio Huaorani bajo concesión de esas empresas, cuyas actividades han causado serios impactos socioambientales a los pueblos indígenas Huaorani. La misión llevada a cabo en agosto del año pasado y que dio origen al proceso de diálogo con la Petrobrás, registró una serie de impactos a la población indígena que indican un cuadro de relaciones de dependencia con las empresas. Después de la entrada de dinero en la región y de relaciones mercantiles basadas en su uso, los indígenas pasaron a tener que construir relaciones de trabajo con la empresa (que frecuentemente usa mano de obra indígena y que desgraciadamente, paga por ella un valor hasta seis veces menor que por la mano de obra blanca) o aceptar la tutela a través de la donación de alimentos y construcción de casas. Las consecuencias de eso ha sido un cambio estructural en la forma de reproducción del grupo, que viene ocurriendo en contra de su propia voluntad y control o elección, dando como resultado la pérdida de identidad y, sobre todo, de soberanía sobre sus vidas. Aunque la Petrobrás se comprometa a controlar la colonización alrededor de su unidad productiva y del camino que construirá, no es posible impedir a los propios indígenas el libre acceso al territorio que por tradición y ley les pertenece. No se trata por lo tanto de un área sin poblaciones próximas, como en Urucu. Un segundo punto se refiere al área devastada. La Amazonia ecuatoriana corresponde a un 2% del área total de esa floresta. Por contener petróleo en su subsuelo una buena parte de ella está devastada, siendo el Parque Nacional Yasuní una de las áreas todavía prácticamente intacta. La Petrobrás está lista para construir un camino que cortará el Parque en casi 30 km. Dos plataformas, con 24 pozos y una Estación Central de Procesamiento serán instaladas en el interior del Parque, además de oleoductos y otras infraestructuras necesarias (como alojamientos, estación de tratamiento y procesamiento de residuos). Según el propio estudio de impacto ambiental realizado por la empresa, el área devastada corresponde a 140 hectáreas. Si un poco más que el doble de eso representa una parte muy pequeña de los 5 millones de km2 que posee la Amazonia brasilera, lo mismo no puede ser dicho en relación al Ecuador. Devastar 140 hectáreas y tener control sobre 200 mil hectáreas, cuando se trata de una explotación tan impactante como las actividades petroleras, puede representar una gran amenaza a lo que resta de área preservada del país. Tanto es verdad, que la construcción del camino ha despertado protestas en todo el mundo. Al final del año pasado, decenas de científicos de diversos países enviaron una carta a los gobiernos ecuatoriano y brasilero, y a la propia dirección de la Petrobrás, pidiendo a la empresa brasilera que saliese del área debido a la amenaza a la biodiversidad que sus actividades podrían causar. En esa semana, dos días después que la delegación ecuatoriana/brasilera alertaba nuevamente a la Petrobrás, nueve científicos de diversas universidades estadounidenses y el Instituto Smithsonian de Pesquisa Tropical en Panamá enviaban simultáneamente sus protestas contra el emprendimiento. El paso siguiente del proceso de diálogo entre la empresa y la sociedad civil era la realización de una reunión amplia en Ecuador que pero fue negada después el encuentro en Río de Janeiro con Petrobras del 30 de marzo 2005 donde la empresa ha tomado una posición contraria a la realización de la misión de evaluación con la justificación que en Ecuador no tenían resistencias signficativas al proyecto. Ahora estamos activando una campaña de presión y movilización porque la visita del Canciller Celso Amorin en Ecuador refuerza la posición del gobierno brasileño que significa una manifestación clara de presión política e de falta de respeto a la libre determinación de Ecuador en sus decisiones sobre cuales proyectos de desarrollo deben priorizar o pueden o no garantizar la integridad de su territorio y de su pueblo”. Mas detalles en : http://www.justicaambiental.org.br/conteudo.asp?conteudo_id=1939&sec=des... Misión internacional de monitoreo en el Parque nacional Yasuní Haciendo un excursus de las etapas de desarrollo de esta campana, cabe destacar la misión internacional de monitoreo en el Parque nacional de Yasuní, realizada en el inicio de agosto del 2004, después la clausura del Foro Social de las Américas. Una nueva denuncia de contaminación ambiental presentaron 17 ecologistas de varios países, quienes pidieron que el Gobierno de Ecuador niegue la licencia ambiental que pide la empresa brasileña Petrobras para operar en el Parque Nacional Yasuní, en el oriente, concretamente en la provincia de Orellana. La voz de alerta de la misión de ecologistas -pertenecientes a organizaciones de Ecuador, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, España y Perú- incluye los resultados de una misión que viajó al Yasuní. Según el español David Listar i Bosch, físico de la universidad Politécnica de Catalunya y coordinador del “Observatorio de la deuda sobre la Globalización” de Barcelona, la misión fue impedida de ingresar en la zona donde opera la empresa hispano-argentina Repsol YPF, en el bloque 16 de la Amazonia. En este sitio, según el experto, habrían ocurrido tres derrames petroleros en el último año. "Esta realidad no pudo ser comprobada directamente", dijo Listar, quien sostuvo que los habitantes de las comunidades del Yasuní también denunciaron otro derrame en el bloque 14, donde opera la empresa canadiense Encana. "Nosotros no queremos que esto siga ocurriendo", acotó Listar, quien hizo un pedido a las autoridades del Ecuador para que se niegue la licencia ambiental a la petrolera brasileña Petrobras. Este pedido no será fácil de resolver, pues según la denuncia en el ministerio del Ambiente, donde se presentó la solicitud de licencia ambiental no hubo una respuesta en el tiempo establecido y la aprobación se podría dar por silencio administrativo. El Parque Nacional Yasuní, que hoy en día es considerado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), como una de las reservas más importantes de biosfera del mundo, se creó el 26 de julio de 1979 y abarca unas 982 mil hectáreas de bosque húmedo tropical. Hasta 1986, esta zona estaba protegida contra la explotación petrolera. La situación cambió cuando se establecieron políticas que permitían la extracción de crudo, sólo con uso de tecnologías de punta y el respeto a las comunidades indígenas ancestrales que habitan las zonas. "Estos principios no se cumplen", dijo Esperanza Martínez, representante de Acción Ecológica de Ecuador, quien sostuvo que las comunidades del Yasuní son consideradas como pertenencia de las petroleras. "Fuimos a la comunidad de Guiyero, donde se presentaron funcionarios de la empresa Repsol, quienes con militares nos pidieron que nos marcháramos de su casa", intervino David Listar, quien lamentó que las comunidades indígenas estén prácticamente "compradas y secuestradas en sus propios territorios". Ambos ecologistas advirtieron que la actividad de otras empresas en la zona afectaría aún más a la convivencia de las comunidades y al ecosistema e insistieron en que el Estado ecuatoriano debe prohibir la entrada de la compañía brasileña en el bloque 31. Esta posición fue respaldada por la brasileña Juliana Malerba, miembro de la Red Brasileña de Justicia Medioambiental, quien lamentó que la empresa de su país pretenda realizar en Ecuador operaciones que se le impiden en Brasil, donde está prohibida la exploración y explotación de petróleo en áreas protegidas. Los ecologistas anunciaron que apoyeran campañas de información y resistencia contra la explotación petrolera en el Yasuní. También proponen iniciar una auditoría ambiental y social independiente que dé cuenta del verdadero impacto de las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní. Los ecologistas se mostraron especialmente preocupados por la situación de los indígenas huaoranis, que se han visto afectados por la operación de las petroleras, según denunciaron. Concluyendo Es importante enfatizar que el proceso de resistencia frente a las petroleras es articulado por los movimientos sociales e indígenas de Latinoamérica y también por los ambientalistas y los militantes de Europa que están activando campañas de presión y movilización sobre las actividades de las empresas REPSOL en España (http://www.attacmadrid.org/d/5/041221103748.php) y AGIP-ENI en Italia (http://ecuador.indymedia.org/es/2005/03/8476.shtml ). La "guerra al terrorismo", nueva fuente de violaciones a los derechos humanos según el informe anual de Amnistía Internacional, amenaza expandirse a América Latina y tiene en la mira a los movimientos indígenas que exigen autonomía y protestan por las políticas de libre comercio y globalización "neoliberal", que está relacionada con el control de los recursos naturales como el petróleo. La experiencia de Ecuador indica que la alerta debe ser permanente... - Cristiano Morsolin, periodista italiano y operador de redes internacionales. Co-fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS. Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil.