Bogotá/IPC.- Valerie Bandeira, representante del programa Democracia y Derechos Humanos para Colombia de la Unión Europea, señaló que la polarización de opiniones en el país, acompañada de la estigmatización de posiciones contrarias y grandes niveles de corrupción e impunidad, han facilitado la aparición de graves impedimentos al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Así lo hizo saber la funcionaria de la Unión Europea en su intervención en el Foro Periodismo y Crisis Humanitaria, realizado el lunes 22 de agosto en la Universidad Javeriana, de Bogotá, jornada de reflexión que surgió a propósito de las difíciles condiciones que afronta el ejercicio periodístico en el país. Frente a un auditorio compuesto, en su mayoría, por estudiantes de Periodismo, analizaron la situación, además de la representante del programa Democracia y Derechos Humanos para Colombia, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez; Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social; Miguel Ángel Bastenier, subdirector de relaciones internacionales del diario El País, de España; Alejandro Santos, director de la revista Semana; Jeronimes Valencia y Manuel Rozental, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - Emisora NASA, y el reconocido periodista Javier Darío Restrepo. “El sentido de ejercer la libertad de opinión y de expresión es un factor esencial en la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto armado colombiano y una condición de la democracia y buen gobierno. Lamentablemente los obstáculos mencionados no son favorables para la promoción de estos derechos”, indicó Bandeira. La funcionaria transmitió la preocupación del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, y del Relatar para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, sobre el ejercicio periodístico en Colombia. “Ellos han coincidido en advertir que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación reduce la independencia y el debate pluralista de una sociedad abierta y justa. Igualmente, han manifestado su preocupación por una muy fuerte corriente de autocensura entre los periodistas y medios de comunicación, así como por los niveles de impunidad en gran cantidad de crímenes contra los comunicadores sociales”, agregó Bandeira. Por último, recordó que la autocensura limita el derecho de la población colombiana a decidir y difundir información, restringe el debate público y menoscaba los esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho. “El panorama no es muy alentador, pero la gente sigue esforzándose en medio de tanta adversidad”, dijo “No me voy del país” En el marco del encuentro académico, el periodista Hollman Morris, director del programa Contravía, reiteró su decisión de seguir en el país, ejerciendo el periodismo, a pesar de las amenazas de muerte que pesan en su contra: “Ante este auditorio ratifico mi decisión: no me voy del país, continuaré en la dirección del programa Contravía y seguiré ejerciendo mi labor periodística aquí”, Morris, junto con los periodistas Daniel Coronel, director del noticiero Noticias Uno, y Carlos Lozano, director del periódico VOZ, viene recibiendo amenazas de muerte desde mayo de este año, cuando a sus residencias y oficinas llegaron varias coronas funerarias y diversos mensajes intimidatorios vía Internet. Los efectos ya tuvieron consecuencias nefastas para el periodismo colombiano: frente a las presiones de grupos aún desconocidos, Coronel y su familia tuvieron que abandonar el país el 13 de agosto pasado. Durante el Foro, el director de Contravía y su equipo de producción recibieron de parte de Monseñor Héctor Fabio Henao el Reconocimiento San Pedro Claver por su trabajo en derechos humanos que otorga el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Contravía, tal como lo define el propio Morris, busca mostrar “la Colombia invisible a través del contacto directo con las comunidades acosadas por el conflicto armado”. Del programa hacen parte la Corporación Nuevo Arco Iris, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), Cinep, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Red Nacional de Mujeres y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, con el auspicio actual de la Embajada Real de los Países Bajos y de la Unión Europea y su programa Democracia y Derechos Humanos para Colombia. Para superar el estado de zozobra que viven Coronel y su familia, ahora fuera del país, Lozano y muchos otros periodistas en varias regiones del país, Morris propuso, “con urgencia”, una reunión con el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: “Más temprano que tarde es importante una reunión entre columnistas, periodistas, directores de medios y representantes de los partidos políticos de oposición con el presidente de la República para que, de manera tranquila, conversemos sobre las garantías que nos brindan para nuestro ejercicio periodístico, de opinión y, en otros casos, de la libre oposición política, más aún cuando se avecina una nueva contienda electoral”. Luego de la propuesta, Morris confirmó su decisión de continuar en la dirección del programa televisivo Contravía y de seguir ejerciendo en el país su labor periodística: “No creo equivocarme al decir que este gobierno brindará las garantías par seguir ejerciendo nuestro derecho a informar, y que más temprano que tarde romperá el círculo de la impunidad al establecer la procedencia de las amenazas en los casos de Daniel Coronel, Carlos Lozano y mías. Ya en el año 2000 tuve que dejar el país por las mismas razones, y me niego a creer que esta triste historia se repita”. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, le solicitó a las autoridades nacionales que deben adelantarse las más estrictas y rigurosas investigaciones que permitan identificar a los responsables de las amenazas e imponerles sanciones ejemplarizantes: “Los casos que se investigan no deben ni pueden quedar en la impunidad; deben adoptarse, con urgencia, medidas que eviten que el periodismo en nuestro país continúe siendo un oficio de alto riesgo”. Agregó que las intimidaciones, amenazas de muerte y presiones de todo tipo dejan al descubierto que la libertad de prensa en el país atraviesa por un periodo de grave crisis por cuenta de los violentos, del narcotráfico, la impunidad y de la indiferencia de algunos sectores de la sociedad colombiana. “Reitero la necesidad de que existan garantías eficaces encaminadas a defender los derechos fundamentales consagrados en torno a la comunicación y al derecho a la información de los seres humanos. La protección debe ser real y efectiva, y darse en todos los campos de la comunicación y en beneficio de los individuos y la sociedad; de lo contrario, la palabra democracia jamás dejará de ser una simple expresión retórica”, aseveró el Defensor del Pueblo. En el planteamiento del Defensor del Pueblo coincide Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, quien argumenta que detrás de las amenazas contra los periodistas, están las amenazas contra las comunidades, el país y la democracia. “La amenaza es a la posibilidad de que se encuentren caminos adecuados para dar salida al conflicto armado; a la posibilidad de que los colombianos y las colombianas conozcamos a fondo las violaciones a los derechos humanos que se dan en nuestro país; a que las voces de las víctimas no sean realmente conocidas e identificadas y que se les reconozca como tales. La amenaza se cierne sobre el periodista, pero finalmente impacta a las comunidades que han sufrido muchísimo con el conflicto y el último sufrimiento y más grave es que la situación de los pueblos no puede ser conocida ni identificada como sujeto de una violación grave de los derechos humanos. Ahí están las grandes amenazas”, sostuvo el alto prelado. - Juan Diego Restrepo E. es Coordinador Agencia de Noticias IPC (Instituto Popular de Capacitación).