Solicitamos a las autoridades públicas y a los partidos políticos respeto a la independencia del poder judicial Se denuncia la Comisión de Atentado Contra la Forma de Gobierno Al Pueblo Hondureño
A la Sociedad Civil organizada
A las entidades de Control de la Constitución de la República
A la Comunidad Internacional Frente a las recientes declaraciones del presidente del Congreso Nacional (Candidado a Presidente de la Republica en prox elecciones), referidas a pedir la destitución de siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia del país, a quienes sin más pruebas señala como posibles opositores a la ley conocida como Antimaras; en consecuencia, es de suma importancia para la vida democrática reflexionar sobre este hecho por las graves implicaciones que tiene. En primer lugar, es lamentable el hecho, que después de un difícil proceso de reformas del Poder Judicial que el país ha vivido en los últimos años, orientado a buscar la imparcialidad y la no injerencia de los partidos políticos en el sistema de justicia, el presidente del Congreso Nacional reconozca que la Corte Suprema de Justicia está constituida por miembros de los dos partidos políticos más antiguos, al pedir la destitución de siete de los quince magistrados por ser miembros del partido liberal, con lo que reconoce que existen otros ocho magistrados que posiblemente estén respondiendo a los intereses del Partido Nacional, desenmascarando la supuesta modernización del Poder Judicial. En segundo lugar, esta manifestación por parte del presidente del Congreso Nacional significa un atentado contra el ya débil Estado de Derecho en el país, es decir, contra el sistema constitucional y funcional de normas formales e informales, de procesos y construcciones organizativas que gobiernan el comportamiento social, económico y político, reconcilian o equilibran los conflictos de intereses, y resuelven la disputas tanto a nivel estatal como no estatal. El Estado de Derecho es la antítesis misma del ejercicio arbitrario, dictatorial y desenfrenado del gobierno y, como instrumento de gobernabilidad encuentra su más esencial expresión en la división de poderes y en el sometimiento de los funcionarios y empleados públicos a la ley. En tal sentido, la doctrina de separación de poderes se basa en el principio que cada Poder del gobierno tiene su propia esfera de autoridad y que ninguno de ellos debe interferir en las competencias del otro; en tanto el sometimiento a la ley es una premisa fundamental para la convivencia social y, por ende, para la existencia misma del Estado como organización política. La Constitución de Honduras declara expresamente que en el país existe un Estado de derecho con tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales son complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. Sin embargo, la forma y el estilo de las declaraciones del presidente del Congreso son atentatorios a estos principios constitucionales, en la medida que como presidente de un Poder del Estado pretende intervenir en otro de los Poderes, induciendo sus resoluciones o anticipando fallos jurídicos que todavía no se han proferido, y que en todo caso son de la estricta competencia de la administración de justicia. Para salvaguardar la independencia y la separación de poderes, piedra angular del Estado de derecho el Código Penal en su artículo 328 establece que: "Delinquen contra la forma de gobierno y serán sancionados con reclusión de seis a doce años, quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes: 1)… 2) Alterar la constitución de cualquiera de los Poderes del Estado, Ejecutivo o Judicial, o atacar su independencia"… Dado el contexto en que se profieren las declaraciones del presidente del Poder Legislativo, en los albores de la campaña electoral para elegir al Presidente de la República, a los diputados al Congreso Nacional y a las autoridades municipales, es necesario recordar que Honduras se declara como un Estado laico y de Derecho y en consecuencia es ilegal la propuesta que pretende debatir sectariamente la conformación de los Poderes del Estado, por lo que solicitamos al presidente del Congreso Nacional una honrosa disculpa al poder judicial y al pueblo hondureño al que tanto le ha costado los avances del proceso de construcción democrática, y que merece que las propuestas de la campaña política se enmarquen en una visión y proyecto de país que aseguren la profundización de las libertades públicas, el desarrollo humano sostenible con equidad en un marco de respeto a la ley. Tegucigalpa, MDC, 17 de Agosto de 2005. Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, CIPRODEH
Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo, FOPRIDEH
Foro Ciudadano de Honduras
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDEH
CARITAS Arquidiocesana
Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, COFADEH
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-Participa
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, CODDEFFAGOLF Colectivo Feminista Mujeres Universitarias
Centro de Derechos de Mujeres, CDM
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, CPTRT
Colectivo de Mujeres contra la Violencia
Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho, FESPAD
Convergencia de Mujeres de Honduras
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM-Honduras
Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla
Foro Nacional para las Migraciones, FONAMIH
Red Lésbica CATRACHAS
Colectivo Violeta.
Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo Rural, CESADEH
Consultorio Jurídico Popular
Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, COIPRODEN
Casa Alianza