A tres meses de gestión, el gobierno del presidente Alfredo Palacio finalmente alcanzó su primer logro político efectivo, con la aprobación en el Parlamento de la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal que cambia el reparto de los fondos petroleros, para priorizar el pago de la deuda social y la reactivación productiva. Adoptada en 2002, la anterior ley (conocida como FEIREP) estipulaba que el 70% de los ingresos petroleros se destine a la recompra de la deuda externa. En el gobierno del coronel Gutiérrez esta disposición se convirtió en el factor determinante para que las cotizaciones de la deuda externa crecieran desmesuradamente, con un manejo marcado por la corrupción. Por decir algo, antes que aparezca el FEIREP para la compra de los Bonos Global a 12 años se pagaba un 50% o menos, a inicios de este año su cotización llegó a 101%. La nueva normativa establece la asignación del 35% del fondo para proyectos productivos, de los sectores agropecuario, industrial, pesca artesanal, pequeña industria, artesanía y microempresa, y para eventuales recompras de deuda; 30%, para proyectos de inversión social (educación y salud); 20% para estabilizar los ingresos de los recursos petroleros; 5% para mejoramiento y mantenimiento de la red vial nacional, 5% para proyectos de investigación y tecnología; 5% para reparación ambiental y social por efecto de los impactos de las industrias hidrocarburíficas y mineras. El artífice de este giro es el ministro de Economía y Finanzas, Rafael Correa (según las encuestas el más destacado del gobierno), un crítico severo de las políticas neoliberales seguidas por los gobiernos anteriores, particularmente en el manejo de la deuda externa. La nueva política que se propone impulsar apunta, según sus palabras, a “reducir drásticamente la sangría de recursos, al menos hasta que se establezca un esquema ajustado al Estado de Derecho, que no afecte el desarrollo nacional”, pues hay que crecer sostenidamente para pagar, garantizando, simultáneamente, la inclusión social. Otro objetivo, acota, es “asegurar el financiamiento mínimo indispensable en el corto, mediano y largo plazos, en condiciones adecuadas para el país”. Correa considera que la deuda no puede ser herramienta de presión política, por lo que, sin repudiar los compromisos adquiridos, ha señalado que “se aceptarán normas enmarcadas en procesos justos y transparentes ajustados a la práctica del Estado de Derechos y de Derechos”. Además, ha remarcado que en su agenda consta la auditoría de la deuda externa y su disposición para, en los foros internacionales, “apoyar activamente las propuestas globales destinadas a construir una nueva arquitectura financiera internacional, que incluye la constitución del Tribunal Internacional de la Deuda Soberana”. Cabe notar que el presidente Palacio esta lejos de reivindicarse de izquierda, pero ha optado por dar un giro en el manejo económico (lo que no es precisamente el caso de los gobiernos de izquierda electos últimamente en la región). De ahí que las élites y los poderosos grupos financieros internacionales, con el sustento de la gran media, han colocado en el centro de su mira al ministro Correa. - Brasil de Fato (No.126, Sao Paulo, 03/08/05)