Quito, 10 de agosto de 2005 Doctor:
Alfredo Palacio
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Usted conoce el dictamen del Procurador General del Estado, Dr. José María Borja, y el informe del Presidente Ejecutivo de Petroecuador, Dr. Carlos Pareja, sobre la caducidad del contrato con OCCIDENTAL: hay una docena de causales para declararla. Esta compañía traspasó los campos a ENCANA, sin autorización del Ministro de Energía, como dispone la Ley; y no ha cumplido los planes de inversión y desarrollo de los campos, según define el contrato. El Estado ecuatoriano debe, por tanto, declarar la caducidad y revertir los campos a PETROECUADOR: el petróleo debe empezar a servir a sus verdaderos dueños y no ser fuente de beneficio únicamente para las transnacionales y sus intermediarios locales. Han transcurrido cien días desde su posesión como Presidente por la movilización de la ciudadanía y el pueblo de Quito y el Ecuador. Ahora el Ministro de Energía tiene cincuenta y dos días para pronunciarse. Ese mismo pueblo, los jóvenes, las organizaciones sociales, hoy, 10 de agosto, día del Primer Grito de la Independencia, instalamos un CAMPAMENTO DE LA DIGNIDAD Y LA SOBERANÍA, para vigilar que no se traicione a la Patria, pues empiezan a circular versiones sobre “comisiones de notables” o mecanismos de negociación, al margen de las normas jurídicas. La soberanía no se negocia. Como usted ha declarado, “ésta es una cuestión de Estado”, pues aquí se traza la línea divisoria entre la defensa de la soberanía y la dignidad del Ecuador, o la continuación del sometimiento: OXY-DADOS O SOBERANOS. El Gobierno de Lucio Gutiérrez, comprometido con las transnacionales y el Gobierno de Bush, no dictaminó la caducidad, a pesar de que estaban listos los informes legales y técnicos. Conocemos que existen presiones no sólo de la Occidental, sino también del poder norteamericano; así como de los “círculos obscuros” denunciados por el ex ministro Rafael Correa y el Secretario de la Producción, Luis Maldonado Lince, y de los intermediarios locales. Empero, la primera obligación constitucional del Presidente de la República es “respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes”. La normas jurídicas penan a quienes pretenden burlar y a quienes incitan a violar las leyes. En este caso, la primera obligación es garantizar el respeto al Estado de derecho, y declarar la caducidad del contrato con la OXY. Si usted es un gobernante democrático, como lo ha proclamado, no debe temerle a las amenazas de las transnacionales; debe temerle más bien al dictamen de un pueblo que no puede aceptar que se renuncie a la dignidad y la soberanía de nuestra Patria. Usted, señor Presidente, tiene la palabra. Atentamente, LAS ASAMBLEAS SOBERANAS, LOS JÓVENES Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES