El conflicto de Chiapas entró en una nueva etapa que empuja hacia la guerra. Rodeadas por el Ejército federal, las comunidades indígenas zapatistas sufren hoy una escalada por aire y por tierra que busca acabar con su movimiento de resistencia. El gobierno federal endureció su postura combinando la ofensiva política con la presión militar. Esto ha generado una situación que amenaza con desbordarse en una confrontación armada. La paz mediante el diálogo respetuoso sería sustituida por una "pacificación" unilateral y autoritaria del poder. "Ahí viene la guerra", dicen los indígenas de la selva y de las zonas altas. En las últimas dos semanas, a diario se repiten los vuelos rasantes de aviones de reconocimiento, de combate y de transporte de tropas de asalto, además de helicópteros artillados sobre los Aguascalientes zapatistas. Las posiciones castrenses han sido reforzadas con trincheras y alambre de púas. En las comunidades zapatistas creen inminente un ataque militar, pues en 4 años de conflicto nunca habían visto el despliegue aéreo que hay ahora sobre sus pueblos. Presión aérea contra los aguascalientes Los sobrevuelos de aviones y helicópteros del Ejército federal surcan el cielo indígena pero centran su atención sobre los cinco Aguascalientes y las cabeceras municipales rebeldes donde bajan en picada como simulando un ataque por aire. "Pasan tan bajito que hasta las caras de los pilotos podemos ver", dice José, habitante de La Realidad, quien señala que estas prácticas "comenzaron el mismo día que Zedillo anunció su iniciativa de ley indígena" el 13 de marzo. En una sola jornada pasan hasta 10 veces distintas aeronaves. Los habitantes de esta comunidad tojolabal -sede del municipio zapatista de "San Pedro de Michoacán"-, para impedir el esperado desembarco, han sembrado de estacas de madera la explanada del Aguascalientes y de la escuela que destruyó el equipo del Televisión Azteca con un helicóptero del gobernador Roberto Albores. Por Ocosingo, en La Garrucha -municipio zapatista de "Francisco Gómez"- el Ejército federal combina los vuelos con intensos patrullajes terrestres. "Cuatro o cinco horas de dar vuelta encima de nuestra cabeza", se queja Román, un campesino de esta comunidad. Los campamentos militares de la cañada Patihuitz han sido reforzados. La lluvia y el mal tiempo son esperados con ansia por los tzeltales del lugar. El domingo 21 de marzo no hubo visitantes por aire, "estuvo llueve y llueve, mucha nube". Los hombres de la comunidad aprovecharon para plantar grandes palos en los terrenos que ocupa el Aguascalientes, mientras otros colocaban piedras a la orilla del camino. A las maniobras aéreas del Ejército federal -que parecen preparativos de una acción militar simultánea en los cinco Aguascalientes- se agregan las más de 100 incursiones militares realizadas en los últimos tres meses contra pueblos que simpatizan con el EZLN. La militarización del campo chiapaneco abarca por lo menos 66 municipios, de 111 que hay en la entidad. Fuentes independientes, incluida la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) calculan en unos 70 mil los soldados destacados en Chiapas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional hay 37 mil miembros de las fuerzas armadas. Actualmente hay cerca de 250 instalaciones militares y unos 50 retenes diseminados por toda la geografía chiapaneca, particularmente las regiones indígenas. Se trata de un despliegue ofensivo y no de contención como explican las autoridades. Con gritos, resorteras y palos, los indígenas zapatistas, sobre todo mujeres y niños, responden a las agresiones e intimidaciones militares. Una guerra sucia en marcha El deterioro de los derechos humanos en Chiapas es alarmante. Desde la masacre de Acteal hasta ahora, han ocurrido más de 30 muertes debido a la violencia política. Cada día se agregan nuevos hechos que confirman la impunidad imperante y la descomposición política y social. Este es el Chiapas que encontraron los 200 observadores de 11 países, integrantes de la Comisión Internacional Civil de Observación por los Derechos Humanos. Son las consecuencias de una guerra sucia que busca destruir el tejido social y la resistencia de los pueblos rebeldes y de las organizaciones opositoras. El gobierno prepara el terreno de una salida de fuerza. Busca debilitar las bases rebeldes atacando su esencia comunitaria, dividiendo a los pueblos y destruyendo la mínima economía que les permite sobrevivir al cerco gubernamental. Dentro de la estrategia contrainsurgente, la expulsión de miles de indígenas de sus pueblos y su concentración en campos rodeados de soldados, facilita su control militar. Los indios zapatistas son despojados de sus milpas, robadas sus casas, no pueden hacer sus trabajos agrícolas o buscar otra forma de subsistencia; están condenados al hambre y a depender de la ayuda externa. Ahora hay 20 mil personas que sobreviven en campamentos de refugiados y en otras comunidades. Abandonaron sus pueblos por la violencia de las bandas paramilitares que siguen operando o fueron empujados por la ocupación militar de sus tierras. En el municipio de Chenalhó hay 10 mil 500 desplazados ; 100 refugiados en el municipio alteño de Pantelho; 5 mil en 7 municipios de la zona Norte; otros 3 mil en la selva Lacandona y la frontera con Guatemala. La comunidad de Guadalupe Tepeyac continúa ocupada por el Ejército federal y sus habitantes cumplieron tres años en el exilio. Mientras miles de personas sobreviven precariamente, hacinados, sin tierra y sin casa, los paramilitares se enseñorean en los pueblos y las casas abandonadas. El fenómeno de la paramilitarización, surgido en la zona Norte, se ha extendido a Los Altos, la Selva, la Sierra, la Frontera y los Valles Centrales del estado. En unos 50 municipios han sido detectadas bandas paramilitares integradas por militantes del PRI. La PGR habla de cuando menos "12 grupos de civiles armados". Estos grupos, como el que cometió la matanza de Acteal, han sido entrenados y pagados para atacar a civiles indefensos de los pueblos que simpatizan con el EZLN o con la oposición, queman sus casas, los expulsan de sus pueblos y mantienen un régimen de terror en vastas zonas a pesar de la militarización. Soldados, policías de seguridad pública, judiciales, agentes de migración y, en muchos lugares, paramilitares, mantienen cercados a los pueblos y controlan los caminos mediante retenes de las Bases de Operaciones Mixtas. Los convoyes militares y policiales recorren carreteras, entran a las comunidades, interrogan a indígenas, capturan a observadores extranjeros e intimidan a integrantes de ONGs. Hay listas negras con los nombres de los dirigentes zapatistas de cada lugar y se promueve el enfrentamiento -muchas veces pagado- en las comunidades y pueblos. Odio, enfrentamiento, delación Fomentar el odio y la delación, el enfrentamiento entre y dentro de las comunidades, forma parte de la estrategia global para detener a la disidencia. Todo ello acompañado por una fuerte campaña propagandística que busca la desinformación de la ciudadanía e inhibir la respuesta de la sociedad civil, que en el fondo ignora la gravedad de lo que sucede en Chiapas. En San Miguel Chiptic, municipio de Altamirano, después de que maestros oficialistas llevaron a cabo la consulta del gobierno estatal en favor de su plan de reconciliación, fue atacado un campesino zapatista. La mayoría de la población de San Miguel recogió sus boletas y nunca las devolvió. Era su forma de boicotear la campaña oficial. Ya de noche, cuando regresaba Pedro Vázquez Santiz a su casa, dos hombres borrachos, reconocidos priistas del lugar, lo atacaron con arma de fuego. En los medios oficiosos se dijo que los zapatistas habían atacado a un desertor. Niños indígenas, víctimas del odio y del desprecio No bastó la violencia que dejó marcadas sus vidas para siempre. Jerónimo, Zenaida, Marta y otros 15 niños huérfanos, sobrevivientes de Acteal, viven con temor de un nuevo ataque. A veces se oyen disparos en la carretera, llegan las noticias de nuevas casas quemadas y agresiones en otros campamentos de refugiados. Son más de 3 mil niños indígenas que viven en precarios refugios con sus familias, desnutridos y enfermos. Epílogo El clima de enfrentamiento, la ausencia de justicia y la falta de voluntad gubernamental para reconocer las demandas indígenas, aumentan la posibilidad de nuevas matanzas como la de Acteal. Pero el endurecimiento gubernamental y militar abren las puertas a otro Tlatelolco, una masacre más sangrienta y masiva. El avasallamiento y unanimidad en los medios de comunicación para aislar a los zapatistas y a la oposición al régimen, recuerdan los mejores años del diazordacismo. ?El decreto unilateral de la paz que anunció el secretario de Gobernación, Francisco Labastida acaso no será la orden de pacificar la región a toda costa? Los hechos parecen confirmar esta preocupación ("Al indio insumiso hay que someter y domesticar, la letra sólo con sangre entra", parece ser la sentencia de esta campaña). 15-04-98 Chiapas: Panorámica de la guerra que empieza Jesús Ramírez Cuevas El conflicto de Chiapas entró en una nueva etapa que empuja hacia la guerra. Rodeadas por el Ejército federal, las comunidades indígenas zapatistas sufren hoy una escalada por aire y por tierra que busca acabar con su movimiento de resistencia. El gobierno federal endureció su postura combinando la ofensiva política con la presión militar. Esto ha generado una situación que amenaza con desbordarse en una confrontación armada. La paz mediante el diálogo respetuoso sería sustituida por una "pacificación" unilateral y autoritaria del poder. "Ahí viene la guerra", dicen los indígenas de la selva y de las zonas altas. En las últimas dos semanas, a diario se repiten los vuelos rasantes de aviones de reconocimiento, de combate y de transporte de tropas de asalto, además de helicópteros artillados sobre los Aguascalientes zapatistas. Las posiciones castrenses han sido reforzadas con trincheras y alambre de púas. En las comunidades zapatistas creen inminente un ataque militar, pues en 4 años de conflicto nunca habían visto el despliegue aéreo que hay ahora sobre sus pueblos. Presión aérea contra los aguascalientes Los sobrevuelos de aviones y helicópteros del Ejército federal surcan el cielo indígena pero centran su atención sobre los cinco Aguascalientes y las cabeceras municipales rebeldes donde bajan en picada como simulando un ataque por aire. "Pasan tan bajito que hasta las caras de los pilotos podemos ver", dice José, habitante de La Realidad, quien señala que estas prácticas "comenzaron el mismo día que Zedillo anunció su iniciativa de ley indígena" el 13 de marzo. En una sola jornada pasan hasta 10 veces distintas aeronaves. Los habitantes de esta comunidad tojolabal -sede del municipio zapatista de "San Pedro de Michoacán"-, para impedir el esperado desembarco, han sembrado de estacas de madera la explanada del Aguascalientes y de la escuela que destruyó el equipo del Televisión Azteca con un helicóptero del gobernador Roberto Albores. Por Ocosingo, en La Garrucha -municipio zapatista de "Francisco Gómez"- el Ejército federal combina los vuelos con intensos patrullajes terrestres. "Cuatro o cinco horas de dar vuelta encima de nuestra cabeza", se queja Román, un campesino de esta comunidad. Los campamentos militares de la cañada Patihuitz han sido reforzados. La lluvia y el mal tiempo son esperados con ansia por los tzeltales del lugar. El domingo 21 de marzo no hubo visitantes por aire, "estuvo llueve y llueve, mucha nube". Los hombres de la comunidad aprovecharon para plantar grandes palos en los terrenos que ocupa el Aguascalientes, mientras otros colocaban piedras a la orilla del camino. A las maniobras aéreas del Ejército federal -que parecen preparativos de una acción militar simultánea en los cinco Aguascalientes- se agregan las más de 100 incursiones militares realizadas en los últimos tres meses contra pueblos que simpatizan con el EZLN. La militarización del campo chiapaneco abarca por lo menos 66 municipios, de 111 que hay en la entidad. Fuentes independientes, incluida la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) calculan en unos 70 mil los soldados destacados en Chiapas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional hay 37 mil miembros de las fuerzas armadas. Actualmente hay cerca de 250 instalaciones militares y unos 50 retenes diseminados por toda la geografía chiapaneca, particularmente las regiones indígenas. Se trata de un despliegue ofensivo y no de contención como explican las autoridades. Con gritos, resorteras y palos, los indígenas zapatistas, sobre todo mujeres y niños, responden a las agresiones e intimidaciones militares. Una guerra sucia en marcha El deterioro de los derechos humanos en Chiapas es alarmante. Desde la masacre de Acteal hasta ahora, han ocurrido más de 30 muertes debido a la violencia política. Cada día se agregan nuevos hechos que confirman la impunidad imperante y la descomposición política y social. Este es el Chiapas que encontraron los 200 observadores de 11 países, integrantes de la Comisión Internacional Civil de Observación por los Derechos Humanos. Son las consecuencias de una guerra sucia que busca destruir el tejido social y la resistencia de los pueblos rebeldes y de las organizaciones opositoras. El gobierno prepara el terreno de una salida de fuerza. Busca debilitar las bases rebeldes atacando su esencia comunitaria, dividiendo a los pueblos y destruyendo la mínima economía que les permite sobrevivir al cerco gubernamental. Dentro de la estrategia contrainsurgente, la expulsión de miles de indígenas de sus pueblos y su concentración en campos rodeados de soldados, facilita su control militar. Los indios zapatistas son despojados de sus milpas, robadas sus casas, no pueden hacer sus trabajos agrícolas o buscar otra forma de subsistencia; están condenados al hambre y a depender de la ayuda externa. Ahora hay 20 mil personas que sobreviven en campamentos de refugiados y en otras comunidades. Abandonaron sus pueblos por la violencia de las bandas paramilitares que siguen operando o fueron empujados por la ocupación militar de sus tierras. En el municipio de Chenalhó hay 10 mil 500 desplazados ; 100 refugiados en el municipio alteño de Pantelho; 5 mil en 7 municipios de la zona Norte; otros 3 mil en la selva Lacandona y la frontera con Guatemala. La comunidad de Guadalupe Tepeyac continúa ocupada por el Ejército federal y sus habitantes cumplieron tres años en el exilio. Mientras miles de personas sobreviven precariamente, hacinados, sin tierra y sin casa, los paramilitares se enseñorean en los pueblos y las casas abandonadas. El fenómeno de la paramilitarización, surgido en la zona Norte, se ha extendido a Los Altos, la Selva, la Sierra, la Frontera y los Valles Centrales del estado. En unos 50 municipios han sido detectadas bandas paramilitares integradas por militantes del PRI. La PGR habla de cuando menos "12 grupos de civiles armados". Estos grupos, como el que cometió la matanza de Acteal, han sido entrenados y pagados para atacar a civiles indefensos de los pueblos que simpatizan con el EZLN o con la oposición, queman sus casas, los expulsan de sus pueblos y mantienen un régimen de terror en vastas zonas a pesar de la militarización. Soldados, policías de seguridad pública, judiciales, agentes de migración y, en muchos lugares, paramilitares, mantienen cercados a los pueblos y controlan los caminos mediante retenes de las Bases de Operaciones Mixtas. Los convoyes militares y policiales recorren carreteras, entran a las comunidades, interrogan a indígenas, capturan a observadores extranjeros e intimidan a integrantes de ONGs. Hay listas negras con los nombres de los dirigentes zapatistas de cada lugar y se promueve el enfrentamiento -muchas veces pagado- en las comunidades y pueblos. Odio, enfrentamiento, delación Fomentar el odio y la delación, el enfrentamiento entre y dentro de las comunidades, forma parte de la estrategia global para detener a la disidencia. Todo ello acompañado por una fuerte campaña propagandística que busca la desinformación de la ciudadanía e inhibir la respuesta de la sociedad civil, que en el fondo ignora la gravedad de lo que sucede en Chiapas. En San Miguel Chiptic, municipio de Altamirano, después de que maestros oficialistas llevaron a cabo la consulta del gobierno estatal en favor de su plan de reconciliación, fue atacado un campesino zapatista. La mayoría de la población de San Miguel recogió sus boletas y nunca las devolvió. Era su forma de boicotear la campaña oficial. Ya de noche, cuando regresaba Pedro Vázquez Santiz a su casa, dos hombres borrachos, reconocidos priistas del lugar, lo atacaron con arma de fuego. En los medios oficiosos se dijo que los zapatistas habían atacado a un desertor. Niños indígenas, víctimas del odio y del desprecio No bastó la violencia que dejó marcadas sus vidas para siempre. Jerónimo, Zenaida, Marta y otros 15 niños huérfanos, sobrevivientes de Acteal, viven con temor de un nuevo ataque. A veces se oyen disparos en la carretera, llegan las noticias de nuevas casas quemadas y agresiones en otros campamentos de refugiados. Son más de 3 mil niños indígenas que viven en precarios refugios con sus familias, desnutridos y enfermos. Epílogo El clima de enfrentamiento, la ausencia de justicia y la falta de voluntad gubernamental para reconocer las demandas indígenas, aumentan la posibilidad de nuevas matanzas como la de Acteal. Pero el endurecimiento gubernamental y militar abren las puertas a otro Tlatelolco, una masacre más sangrienta y masiva. El avasallamiento y unanimidad en los medios de comunicación para aislar a los zapatistas y a la oposición al régimen, recuerdan los mejores años del diazordacismo. ?El decreto unilateral de la paz que anunció el secretario de Gobernación, Francisco Labastida acaso no será la orden de pacificar la región a toda costa? Los hechos parecen confirmar esta preocupación ("Al indio insumiso hay que someter y domesticar, la letra sólo con sangre entra", parece ser la sentencia de esta campaña).