La historia de Bolivia es, en gran parte, la historia de la minería. La fundación y el desarrollo de las principales ciudades del occidente del país, Potosí, Oruro, Sucre, La Paz y Cochabamba, tienen relación con el carácter minero de esta región. Con el descubrimiento del Cerro Rico se inició el desarrollo de la minería en Bolivia. El 29 de agosto del 2005 se cumplirán 20 años de la promulgación del Decreto Supremo 21060, la piedra angular de las políticas neoliberales de ajuste estructural que acabaron con la minería estatal. Con la llamada "relocalización", que fue el despido masivo de miles de mineros de sus fuentes de trabajo y la migración de éstos y sus familias a otros centros poblacionales y ciudades, con la esperanza de encontrar una nueva vida. Si bien el desmoronamiento del débil aparato estatal comenzó con el 21060, el gobierno de Sánchez de Lozada, desde el 6 de agosto de 1993, precipitó al país por un abismo del que no puede salir. Sánchez de Lozada licitó todas las pertenencias de COMIBOL entregando concesiones a perpetuidad a privados, incluyendo a su propia empresa y estableciendo las condiciones legales y estructurales para favorecerlas. Ejemplo de ello, apenas iniciada su presidencia, intentó concretar la construcción del gasoducto Tarija - Tocopilla, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la minería chilena, en los yacimientos de la estatal Chuquicamata y la privada "La Escondida", cuyos principales accionistas son la australiana Broken Hill Propietary (BHP), la inglesa Río Tinto Zinc (RTZ), que tiene el 33% de las acciones de COMSUR, además de la japonesa Mitsubitshi y la Internacional Financial Corporation (IFC), brazo financiero del Banco Mundial. El proyecto de gasoducto fue vetado, en ese momento, por oposición de las Fuerzas Armadas. A partir de entonces, las políticas de fomento a la minería han dictado leyes y normas para facilitar las actividades de exploración y explotación, reglamentos para facilitar las operaciones de las empresas y un régimen especial de beneficios tributarios aún más negativo para los intereses del país que la abrogada Ley de Hidrocarburos. En otras palabras la actividad minera cuenta con un marco operativo del cual no disponen otras actividades productivas en el país, incluso los derechos mineros se sobreponen a todos los otros derechos. Así, el Código Minero establece el derecho del concesionario a la servidumbre y expropiación de la tierra, del agua y de los recursos forestales que se encuentran en el área de concesión o que sean necesarios para la actividad minera, sean ellos públicos o privados y la prescripción de las acciones por daños al medio ambiente, originados en actividades mineras, afectando de esta manera otras actividades económicas como la producción agrícola y pecuaria. Por todo ello, y a pesar de que la actividad minera ha sido la principal actividad económica durante años, los departamentos tradicionalmente mineros como Potosí y Oruro, son actualmente los más pobres del país. Cada crisis minera, determinada por la caída de los precios internacionales, la sustitución de la demanda de minerales, la manipulación de precios a través de las reservas de los países como Estados Unidos, sumado a los beneficios que ha otorgado el Estado a los empresas mineras, han afectado a un país monoproductor como Bolivia, provocando a su vez profundas crisis económicas cuyo peso ha sido recargado fundamentalmente en el trabajador minero. Por este motivo, hoy los pobladores de los departamentos mineros buscan otras alternativas en el turismo, la producción ecológica, de tejidos y artesanías aprovechando el potencial natural, cultural e histórico de sus ricas regiones. Así tenemos que los mayores departamentos productores de minerales, Potosí y Oruro, son también los principales productores de un producto estrella, en creciente demanda internacional como es la quinua, así como de lana y carne de camélidos y tejidos nativos. Paralelamente, estos departamentos albergan las áreas protegidas más visitadas de Bolivia: la Reserva Eduardo Abaroa y el Parque Nacional Sajama, donde actualmente funcionan proyectos comunitarios de ecoturismo que benefician a las empresas comunitarias que los gestionan. Por otro lado, la actividad minera de gran escala no genera prácticamente empleo. Así, el año 2000 la actividad minera empresarial ocupó apenas el 1.44% de la población económicamente activa. Otra es la situación de las cooperativas mineras, que agrupan a cientos de trabajadores organizados luego de la relocalización de los trabajadores mineros con el D. S. 21060, los que, a pesar de haber migrado y al no poder encontrar otras actividades productivas tuvieron que retornar a sus poblaciones de origen para dedicarse a la extracción de minerales, a partir de colas y desmontes, para entregarlos a empresas comercializadoras o a las empresas mineras, pero bajo condiciones de trabajo muy diferentes a las de la minería estatal, sin un mínimo de seguridad en el trabajo, expuestos a situaciones de contaminación que están imposibilitados de mitigar por los bajos precios que reciben por el mineral y por no tener algún tipo de seguridad en el trabajo y menos seguridad social, sometidos al precio que le pague su comprador. Estos aspectos son importantes a la hora de evaluar un proyecto minero, más allá del movimiento de capitales y la inversión generada, ya que la minería y especialmente la de grandes inversiones, no se engancha al desarrollo local/regional, entre otras razones, porque las empresas mineras concentran sus compras fuera del departamento, por lo que su incidencia en las economías rurales es prácticamente nula. Por este motivo cobran vital importancia las tareas de acceso y socialización de información que cumplen instituciones como el Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA y el Foro Boliviano Orureño sobre Medio Ambiente y Desarrollo, comprometidas con las comunidades locales, con la región y con el país. Y es más importante esta tarea, cuando a partir del anuncio de ejecución de un proyecto minero se generan expectativas de desarrollo local y regional al punto de que las regiones más pobres llegan a considerar que el proyecto minero será la tabla de salvación de su departamento. Para lograr esto se divulgan elevados montos de inversión y enormes posibilidades de generación de empleo e inclusive se habla de compensaciones en forma de proyectos y/o dinero efectivo. Estas expectativas generadas en la población, son parte de estrategias de comunicación destinadas a lograr el apoyo al proyecto minero y salvar las inevitables preocupaciones que son producidas por el conocimiento sobre el impacto ambiental negativo y los consecuentes conflictos ambientales que la minería ha generado y que sigue generando en el país y en el mundo. Los temores que los pobladores tienen frente a la llegada de un nuevo proyecto minero plantean la necesidad de documentación que normalmente no es proporcionada por la empresa, la que únicamente ofrece propaganda del proyecto y no información oportuna y responsable. Asimismo, la legislación ambiental plantea la regulación de las acciones humanas en relación a la naturaleza, la promoción del desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la población, de lo que deriva la necesidad de impulsar el ejercicio de los derechos ciudadanos, entre ellos derechos ambientales, que todo poblador del país posee en virtud de la Constitución Política del Estado y la normativa jurídica vigente. Entendemos que la polarización de las opiniones es, por todo lo anotado, un proceso inevitable, generado por la desinformación y propaganda por parte de la gran minería privada irresponsable y por otro lado, por los esfuerzos de los afectados y las escasas instituciones que se atreven a enfrentar con responsabilidad toda la parafernalia del despliegue de recursos y ofertas económicas y también del ataque personal sin mayor ética que la del lucro a costa del país. En este sentido nuestro respaldo público a quienes presiden y trabajan en el Centro de Ecología y Pueblos Andinos y a quienes forman parte del Foro Orureño de Medio Ambiente y Desarrollo, por su inacabable voluntad de trabajo por la recuperación de nuestros recursos naturales y por la construcción de un país verdaderamente sustentable. - Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), La Paz, 21 Julio 2005