La excelente iniciativa del Monseñor Luis Bambarén, que originó la masiva marcha contra la corrupción del 19 de julio no debió centrarse en el Palacio de Justicia, debió comenzar en la Plaza Bolívar, tener un intermedio en el Paseo de los Héroes Navales y culminar en el frontis del Congreso. La inusitadamente veloz aplicación de la ley que equipara la detención domiciliaria con la prisión preventiva crea márgenes de sospecha sobre algunos magistrados y nos advierte que el Poder Judicial urge de cambios profundos y rápidos que permitan acelerar los procesos. Pero lo que también llama la atención es la negligencia del Congreso para calificar sus propios proyectos ¿Algún parlamentario sospechó siquiera en el impacto negativo que tendría una decisión como ésta sobre la lucha anticorrupción? Si existe un consenso es que a los congresistas “se les pasó el alma”, lo más curioso es que varios de ellos lo admiten. A confesión de parte, relevo de prueba. Sin embargo, para tapar su desliz, algunos culparon a sus asesores, otros manifestaron su “excepcional” descuido, otros se justificaron por el cansancio y el sopor del debate y la hora, algunos fueron víctimas de un exceso de confianza en la magnifica capacidad de sus colegas autores de la norma, no faltó quien confesara implícitamente haber votado por votar como es costumbre: sin una previa lectura, es decir sin evaluación ni análisis ¿Cuántos proyectos legislativos se les habrá ido así de las manos? ¿Es un hábito parlamentario en el Perú aprobar proyectos sin saber de qué se trata? Sin un Senado que sirva de cámara reflexiva, es concebible el descomunal trabajo del Poder Ejecutivo para filtrar autógrafas de ley fallidas. Quizás por eso, nunca como en este período legislativo, tantos proyectos fueron observados. Al parecer, este proyecto en particular se caracterizó por su invisibilidad, nadie lo leyó, ni siquiera el tan diligente gobierno, habituado al análisis minucioso de las autógrafas que llegan desde el Parlamento. La candidez aparente de los parlamentarios, los jueces y el Presidente (incluido su equipo) da a algunos analistas pie para la sospecha. Esta grave ligereza ha colmado la paciencia ciudadana. No basta los escándalos y el ciego espíritu de cuerpo de los parlamentarios, tampoco la medianía de varios de ellos demostrada a todas luces. No fue suficiente la sobrecarga de investigaciones siempre sobre todos los temas abordables – hasta el futbol – que sólo sirvieron para darle fama a algunos congresistas ultramediáticos, ni la absurda y loca carrera por crear leyes sobre todos los tópicos. Si hay un balance es que el Congreso del 2001 al 2006 no funcionó en la medida de lo esperado. En este contexto, se convierte en un reto prioritario impedir que el Congreso del 2006 sea un eco del actual. El declive institucional debe llevarnos a buscar una auténtica renovación de la política, que no es lo mismo que una renovación de los políticos. Si reparamos que la clase política se ha renovado al menos dos veces en 15 años (1990 y 2001), debemos concluir que el cambio deseable no es de rostros sino de reglas y actitudes. Urge llegar a acuerdos multipartidarios previos al 2006 para establecer un compromiso político de reforma que configure con realismo un Congreso calificado, sólido y eficiente. Esto pasa por un reclutamiento serio de cuadros donde se privilegie la capacidad intelectual y profesional sobre la capacidad para atraer votos (una utopía quizás, pues con el voto preferencial cualquier cantante vernacular, deportista o vedette puede ser más rentable políticamente que un serio y docto catedrático de Economía o Derecho). Por lo menos, si vale el intento, se requiere el voto informado, que el ciudadano sepa quién es quién para que no sea sorprendido. Fundamentalmente, se necesita reformas institucionales que eviten el individualismo parlamentario, que limite la vocación “legiferante” de cada congresista y que castigue con severidad la trasgresión a la ética funcional ¿Por qué no darle al ciudadano, con garantías de respeto a la minoría, la posibilidad de decidir en algún momento de la gestión qué parlamentario se queda y cuál se va? Si se reedita el Congreso actual, la fragilidad institucional será mayor que la de hoy porque aquel carecerá de mayoría parlamentaria y, por tanto, de muy pocos márgenes de maniobra; será más fragmentado; por su importante presencia fujimorista, será recargado por la búsqueda de acuerdos de impunidad; en él el régimen del Presidente Toledo será sujeto de acusaciones e investigaciones (muchas con transfondo de venganza política, otras no tanto) y con todo ello lo que abundará será el ruido político convertido en explosión y escalada. El contexto que se anuncia es además el de una alta judicialización de la política. El previsible aluvión de candidatos al Congreso (quizás más de 3,500) nos lleva a creer que al igual que hoy habrá congresistas de todo pelaje, lo que indica que en el 2006 tendremos algo más de lo mismo y ¿quién sabe? algo peor. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo.