El Ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, doctor Rafael Correa, definió los ejes fundamentales de lo que será la política de endeudamiento externo del gobierno del doctor Alfredo Palacio, que sucedió al coronel Lucio Gutiérrez, luego de que éste abandonó, en precipitada fuga, la Presidencia de la República de este pequeño país andino. En un encuentro para tratar sobre el acuciante tema de la deuda, Correa, al concluir su intervención, se declaró abiertamente partidario de constituir un Tribunal Internacional de Deuda Soberana, en el marco de los esfuerzos que se despliegan en diversas partes del planeta para construir una nueva arquitectura financiera internacional. Las propuestas de Correa difieren de las prácticas seguidas anteriormente en Ecuador, en donde los sucesivos ministros de Economía fueron acuciosos cumplidores de las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito. El ministro Rafael Correa, cuyas propuestas han desatado una oposición cerrada desde todos aquellos sectores cercanos al capital financiero nacional e internacional, destacó la “necesidad de una visión estratégica” para enfrentar el problema del sobreendeudamiento, pues se requieren “soluciones globales y no simples parches”. A partir de esta inicial afirmación cuestionó, con claridad, la anterior “cultura del endeudamiento público”, para fijar el principio básico de su propuesta: “Financiamiento propio tanto como sea posible, financiamiento ajeno tanto como sea indispensable”. Y todo en el marco de una gestión caracterizada por “la transparencia, la participación de la sociedad civil y del Congreso Nacional, así como por la rendición de cuentas”. Los objetivos de esta nueva política son: “Reducir drásticamente la sangría de recursos, al menos hasta que se establezca un esquema ajustado al Estado de Derecho, que no afecte el desarrollo nacional”. Hay que crecer sostenidamente para poder pagar, garantizando, simultáneamente, la inclusión social, acotó. “Asegurar el financiamiento mínimo indispensable en el corto, mediano y largo plazos, en condiciones adecuadas para el país”, sería otro de los objetivos a perseguir. Despertando un creciente interés de los especialistas y todas las personas que participaban en el “Encuentro: Ecuador II – Deuda externa, sus alcances y perspectivas”, organizado en la ciudad de Quito el miércoles 15 de junio, por el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS – Fundación Friedrich Ebert) y “Pan para Todos” (Brott für Alle) de Suiza, Jubileo 2000 – Red Guayaquil, con el auspicio de UNICEF, el joven ministro dijo que “no se trata sólo de enfrentar el tema del sobreendeudamiento. Se precisa una estrategia inteligente y soberana de inserción en la economía mundial”. Correa, recogiendo los planteamientos de varias organizaciones de la sociedad civil, indicó que la deuda no puede ser freno para el desarrollo humano, ni amenaza para el equilibrio ambiental; la deuda no puede ser herramienta de presión política. “Las soluciones serán aceptables a partir del respeto a la dignidad humana por justicia, no por generosidad”. Sin repudiar los compromisos adquiridos, dijo que “se aceptarán normas enmarcadas en procesos justos y transparentes ajustados a la práctica del Estado de Derecho y de Derechos”, en franca alusión a la necesidad de inspirar el manejo de la deuda y la política económica por el respeto y vigencia de los todos los Derechos Humanos, incluyendo sobre todo aquellos referidos al campo económico, social y ambiental. Para cristalizar esta nueva política de endeudamiento, que forma parte de la nueva política económica, el gobierno de Palacio consiguió desmontar el Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) en el Congreso Nacional, el día jueves 16 de junio. Este Fondo, establecido en el 2002, en cuya concepción, definición y manejo primó la corrupción, fue el factor determinante para que las cotizaciones de la deuda externa crecieran desmesuradamente durante el gobierno del coronel Gutiérrez, quien en la actualidad trata de recuperar la Presidencia gracias al apoyo directo que recibe de poderosos grupos de tenedores de bonos la deuda externa ecuatoriana, angustiados por los cambios que alienta el nuevo gobierno. Con el FEIREP se pretendía canalizar parte sustantiva del ahorro acumulado gracias a los crecientes ingresos petroleros (70%) a la recompra de deuda pública. Sin embargo, teniendo el dinero y el marco legal, no se recompró la deuda externa. A pesar de eso el FEIREP fue útil... Su sola existencia sirvió para “maximizar el valor presente de la deuda”, pues para eso fue creado, según lo reconoció en febrero del 2004, Mauricio Pareja, subgerente general del Banco Central. Empeño coincidente con la renegociación de los Bonos Global del 2000, de “maximizar pagos por adelantado y flujo a los inversionistas durante la vida de los bonos”. Si la recompra no cuajó por más empeño del gobierno del coronel, la ganancia vino con la revalorización de los bonos. Antes de que aparezca el FEIREP se pagaba un 50% o menos por los Bonos Global a 12 años, emitidos por 1.250 millones de dólares, y menos del 40% por los Bonos Global a 30 años, por 2.700 millones. Con el sólo nombramiento como ministro de Economía de Mauricio Pozo por parte del coronel Gutiérrez, contando con el beneplácito de Washington y de Wall Street, los papeles comenzaron a subir. Al inicio de su gestión, en enero del 2003, los Bonos a 12 años ya se cotizaban a 67% y los Bonos a 30 años, en 48%. Ese año, con el auge de la política “ortodoxa, conservadora y prudente”, estos papeles alcanzaron valores inimaginables: los primeros llegaron a 101%, y los segundos, al 85%, subiendo. Calculando la compra de esos papeles a un 50% y a un 40% de su valor nominal, respectivamente, las ganancias, sólo por el alza de ese año, pudieron ser espectaculares, unos 1.200 a 1.400 millones de dólares. Entre las medidas rápidamente esbozadas por el ministro Correa se encuentra la auditoria de la deuda externa; el establecimiento de la capacidad real de pago del país, pues ningún arreglo puede afectar la inversión social: “la mejor forma de garantizar el pago de la deuda es haciendo crecer la economía”; la inclusión de cláusulas de contingencia; y, sobre todo, el desarrollo de una política controlada y responsable de endeudamiento externo: “créditos para proyectos que generen sus propias divisas”, no para inversiones sociales, por ejemplo, muy rentables en el ámbito social y macroeconómico, pero que no producen ingresos monetarios directos; el Estado, dijo, financiará con sus propios recursos las inversiones sociales,. Igualmente, haciéndose eco del pedido de varias organizaciones, con las cuales colaboró en reiteradas ocasiones, Correa repitió que, “quien negocia deuda, directa o indirectamente, no puede ser contratado por los organismos multilaterales, si no 10 años después de terminadas sus funciones”, en abierta alusión al hecho de que casi todos los ex-ministros de Economía y Finanzas, los ex-gerentes del Banco Central, así como otros altos funcionarios del frente económico de los anteriores gobiernos ecuatorianos se encuentran trabajando en elevados cargos de los organismos multilaterales de crédito. Por último, Correa ofreció participar en los diversos foros que ofrece el contexto internacional, “para apoyar activamente las propuestas globales destinadas a construir una nueva arquitectura financiera internacional, que incluye la constitución del Tribunal Internacional de la Deuda Soberana”, en el cual se abre la puerta a la posibilidad de un arbitraje, tesis planteada y defendida, desde hace varios años, por los economistas Oscar Ugarteche del Perú y Alberto Acosta del Ecuador, así como por otras personalidades y organizaciones de los países endeudados y de los acreedores.