Jefe del Estado y del gobierno: Alejandro Toledo Manrique Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado Convención de la ONU sobre la Mujer y su Protocolo Facultativo: ratificados Se pusieron en práctica algunas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los tribunales militares siguieron reclamando jurisdicción sobre los casos de violaciones de derechos humanos. Los sindicalistas y los periodistas estuvieron entre los que sufrieron amenazas y agresiones. Hubo informes sobre tortura y malos tratos a detenidos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Las condiciones de reclusión siguieron siendo duras. Información general A lo largo del año hubo manifestaciones masivas y huelgas de protesta contra la política del gobierno y para exigir mejores condiciones de trabajo. De acuerdo con la ONU, más del 50 por ciento de los peruanos vivían en la pobreza y casi un 25 por ciento en condiciones de pobreza extrema. Según informes, en las zonas rurales el descontento generalizado por a la actuación de las autoridades locales desató una agitación social violenta, que incluyó el asesinato por linchamiento de un alcalde acusado de corrupción en Ilave, Puno. En otros dos distritos del mismo departamento se declaró el estado de emergencia por 30 días, tras enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. Según se informó, en algunas zonas seguían actuando pequeños contingentes del grupo armado de oposición Sendero Luminoso. En junio se recibieron informes acerca de emboscadas de Sendero Luminoso en las tierras altas y en las regiones selváticas centrales. No hubo progresos sobre la cuestión de la extradición del ex presidente Alberto Fujimori desde Japón, por cargos de violación de derechos humanos, y se presentó una segunda petición de extradición por cargos de corrupción. En octubre, el Tribunal Constitucional resolvió que los artículos de la legislación militar que penalizaban la homosexualidad eran inconstitucionales. Abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado El gobierno estableció un sistema de fiscalías y tribunales para investigar y juzgar abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. También anunció diversas iniciativas para ofrecer reparación a las víctimas de abusos y a sus familias y para ayudar al desarrollo de las zonas afectadas por la violencia. Sin embargo, al concluir el año muy pocas personas habían recibido indemnizaciones. Sólo comenzaron juicios en 3 de los 43 casos de abusos contra los derechos humanos remitidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación al Ministerio Público. Tribunales militares Se siguieron transfiriendo casos de violación de derechos humanos a los tribunales militares, a pesar de que el Tribunal Constitucional resolvió en agosto que los tribunales militares solamente debían juzgar delitos de función. Sin embargo, en noviembre y diciembre hubo novedades positivas cuando la Corte Suprema de Justicia falló en favor de los tribunales civiles sobre los tribunales militares en dos de estos casos en los que se había puesto en duda la jurisdicción de uno u otro fuero. * En agosto, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la desestimación, por parte de un tribunal militar en 1994, de los cargos por presunta participación en la muerte y «desaparición» de nueve estudiantes y un profesor en 1992 formulados contra el ex asesor presidencial de inteligencia, Vladimiro Montesinos, contra el ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, y contra el general retirado Luis Pérez Documet. Derechos de la mujer La violencia contra las mujeres en el seno de la familia continuó siendo motivo de preocupación, a pesar de que durante el decenio anterior se habían introducido reformas legislativas que estaban destinadas a abordar este problema. Más de dos años después de presentarse, los proyectos de ley relativos a igualdad de oportunidades e igualdad de género estaban aún pendientes de examen en el Congreso. No se realizaron progresos en los más de 500 casos documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre violaciones de mujeres y niñas, cometidas principalmente por militares durante el conflicto armado interno. Condiciones de reclusión, tortura y malos tratos Las condiciones de reclusión siguieron siendo duras. Las condiciones en las prisiones de máxima seguridad en algunos casos constituían trato cruel, inhumano y degradante. A pesar de los llamamientos para que se cerraran las cárceles de Challapalca y Yanamayo, en Tacna y Puno, ambas continuaron funcionando. La tortura y el maltrato de los detenidos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad continuaron siendo motivo de preocupación. La legislación aprobada en 1998, que había tipificado la tortura como delito, sólo había resultado en el dictado de tres condenas al terminar 2004. Amenazas e intimidación Se recibieron informes de amenazas y agresiones contra sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos. En dos casos parecía que las autoridades locales estaban implicadas en presuntos asesinatos de periodistas. El legado de la contrainsurgencia Comenzaron los nuevos juicios de causas relacionadas con decenas de presos políticos, tras resolver el Tribunal Constitucional en 2003 que la cadena perpetua y el uso del fuero militar para juzgar a civiles eran inconstitucionales. Los decretos legislativos de 2003, promulgados para cumplir con este fallo, habían anulado las sentencias dictadas por los tribunales militares por el delito de «traición a la patria» y ordenado que las causas se juzgaran nuevamente ante tribunales civiles. Los decretos legislativos también habían ordenado que se juzgara de nuevo a todas las personas que habían sido juzgadas entre 1992 y 1997 por jueces civiles «sin rostro» (jueces cuya identidad se mantenía en secreto). Entre las causas que se estaban juzgando nuevamente se encontraba la de Abimael Guzmán, ex líder de Sendero Luminoso. Cientos de personas aguardaban nuevo juicio. La Sala Nacional de Terrorismo comenzó a revisar órdenes de detención irregulares o incompletas emitidas con arreglo a la misma legislación de 1992. Durante el año, según informes, se anularon las órdenes de detención cursadas contra más de 3.000 personas. Los presos de conciencia y posibles presos de conciencia acusados de delitos falsos relacionados con el «terrorismo» continuaron encarcelados. Se abrigaba un serio temor de que permanecieran recluidos mientras esperaban nuevo juicio en el marco de un sistema judicial lento e ineficaz. Empresas trasnacionales En febrero una empresa minera canadiense anunció que comenzaría un procedimiento de arbitraje respecto a una resolución tomada por el gobierno en 2003 que había bloqueado un proyecto de minería en Tambogrande, Piura. El proyecto encontró una fuerte oposición por parte de los habitantes de la zona, que temían que la actividad minera causara la contaminación del agua y la tierra y por lo tanto pusiera en peligro las cosechas, afectando a sus derechos sociales y económicos. En septiembre, el gobierno retiró el permiso otorgado a una empresa minera trasnacional para llevar a cabo prospecciones en busca de oro en Cerro Quilish, Cajamarca, tras producirse protestas por parte de los campesinos de la zona que afirmaban que las actividades mineras dañarían las fuentes acuíferas. Derechos económicos, sociales y culturales El relator especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental expresó su preocupación por que un acuerdo comercial con Estados Unidos podría significar que millones de peruanos no tuviesen acceso a medicamentos esenciales a causa de su alto coste. También declaró que muchos peruanos morían a causa de enfermedades curables. El relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada expresó preocupación por el hecho de que los programas públicos de vivienda no alcanzaban a aquellos que vivían en condiciones de extrema pobreza. Informes y visitas de Amnistía Internacional Perú: La Comisión de la Verdad y Reconciliación: un primer paso hacia un país sin injusticias (Índice AI: AMR 46/003/2004)