En las primeras horas del domingo 6 de febrero, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue ocupada por elementos de la Policía Federal Preventiva, por disposición del presidente Ernesto Zedillo, con un operativo que incluyó la detención de más de 700 profesores y estudiantes. Con esta acción de fuerza, el régimen pretendía poner fin al prolongado conflicto interno que la entidad universitaria ha vivido durante los diez últimos meses, pero todo parece indicar que más bien terminará por agravarlo, al haber polarizado las posiciones y los canales de diálogo. El miércoles 9, alrededor de unas 150 mil personas desfilaron por la calle del Distrito Federal para condenar la violación a la autonomía universitaria y exigir la libertad de los detenidos. Entre ellos estuvo el escritor Carlos Monsiváis, quien horas después redactó lo siguiente Señor doctor: Hace una hora terminó la marcha pro libertad de los presos políticos y a favor del Consejo General de Huelga (CGH), manifestación muy numerosa, agresiva y combativa. No advertí la resurrección del movimiento estudiantil, sino, según creo algo más vasto: la emergencia de un sector amplísimo de la sociedad civil en defensa de una causa esencial: la resistencia a la injusticia. Nadie quería sensatamente la continuación de la huelga en la UNAM: nadie, también sensatamente, aprueba este intermedio luctuoso, la entrada de la policía en Ciudad Universitaria, los cargos contra los detenidos, los interrogatorios a partir de preguntas insensatas que sólo prueban la ignorancia de quienes las formularon, las acusaciones de terrorismo y motín (que se retiran con la misma frivolidad con que se colocaron, porque a los inquisidores las palabras nada les dicen), las órdenes de aprehensión contra cuatrocientos miembros del CGH, el clima de histeria judicial que obstaculiza cualquier normalización del proceso universitario, y que de hecho la cancela. Me importó el plebiscito que usted convocó por compartir el fastidio ante una huelga tan prolongada y costosa, y por eso también participé en un manifiesto de intelectuales, guiado por una certeza; es mejor dialogar en la universidad abierta y evitar así la represión, sin modificar los derechos del CGH, que respetamos. La idea era -por decir lo menos- descabellada, aunque, de eso estoy más que seguro, no avalaba ofensiva alguna del régimen de Zedillo. Si se quiere, y elijo muy destacadamente mi caso, fue un aval para certificar la estupidez de mi reacción política en ese momento, aval que soy el primero en aprovechar, pero hasta allí. Y, además, al mismo tiempo que el manifiesto, se difundió la orden judicial que añadía terrorismo y motín a los cargos lanzados sobre los detenidos en la Preparatoria Tres. Al leer la nota supe de golpe lo que no me permitía ver el cerco de rumores (falsos en su mayoría, como se ha probado), y las críticas (que mantengo) a un sector del CGH. Percibí lo ocultado por mi resistencia a las teorías conspirativas: detrás de la cerrazón de las autoridades universitarias se hallaba la campaña no contra un grupo, sino contra la UNAM. Al cabo de grandes recortes presupuestales, y de ofensivas empresariales, se quería exhibir a fondo la condición ingobernable de la institución. Moraleja neoliberal: lo que la mano aprende en el mundo global, la tras, por orgánicamente bárbara, no lo sueña, y sólo cuentan los procesos formativos de la educación privada. Eso mientras se volvía intransitable para la izquierda uno de sus espacios ya históricos, la UNAM, crisis de manejo a la que en algo ha contribuido la misma izquierda. Y advertí que para el régimen, los universitarios de la UNAM son carne de estadística prescindible y de rechazo laboral y exterminio político. (Aislado, el término exterminio es excesivo; con el añadido de político, define los cargos y la actitud contra los presos). La entrada de la Policía Judicial Federal a la Ciudad Universitaria, doctor De la Fuente, fue el vaso que apresó la gota, o como se quiera desquiciar a la metáfora. Tal y como se hizo, no se buscaba "devolverle las instalaciones" a nadie, sino aplastar al enemigo. Una recuperación punitiva no es, ciertamente, una devolución universitaria, y de eso se trató: de señalar la majestuosidad del poder, de darle una lección perdurable a los jóvenes, tan arrogantes y desafiantes. Fue lamentable el espectáculo condicionado por los Medios, a la caza de humillaciones, y allí todos perdimos. O no, allí quiso ganar, y lo consiguió por un breve lapso, la derecha satisfecha de su pedagogía del escarmiento. En los días siguientes, usted ha ido a Ciudad Universitaria, ha declarado que se le informó una hora después de la entrada de la policía (algo decidido hacía semanas, según investigó la prensa), ha sido informado del retiro de los cargos de terrorismo y motín y resumido su actitud: "Tenemos que resarcir todas las heridas que esta crisis nos ha dejado. Por eso, retiramos las querellas, por ello seguiré insistiendo, con los recursos que estén a nuestro alcance, para que los universitarios a quienes se les imputan cargos que se persiguen de oficio, sean tratados con benevolencia y justicia. No se trata de defender la impunidad, se trata de que los poderes públicos nos ayuden, en el ámbito de sus competencias, y con un absoluto respeto a nuestra autonomía, a la reconciliación que en este momento los universitarios requerimos para avanzar en nuestra reforma". Hasta el momento, los alcanzados por cargos que se persiguen de oficio son cerca de 400. No se trata de defender la impunidad, desde luego ?Pero qué significa "la benevolencia" y "la justicia" en este proceso masivo tan contaminado por la represión indiscriminada? La benevolencia es una cortesía, la justicia es una exigencia que, tal y como se han dado las cosas, resulta imposible de aplicar con los criterios hasta hoy utilizados. Si se han cometido delitos, ?Cómo probarlos en un momento de escarmiento colectivo, donde la rapidez escandalosa y la seguridad de dirigirse no a personas requeridas de juicio estricto, sino a un grupo vencido, impiden cualquier objetividad? Por más querellas de la UNAM que se retiren, y por más esfuerzos de integrantes del Poder Judicial por desandar el camino de la ley, el proceso no resulta escindible y hasta el momento, en cada preso se juzga a todo el CGH. Voy al punto central de la misiva: estoy convencido, Señor Rector, que con uno solo de los detenidos que siga siéndolo, su tarea frente a la UNAM se verá muy limitada. Ya se sabía: la causa de la UNAM exigía el fin negociado, la aceptación voluntaria del CGH del fin de la huelga. Al no darse tal aceptación, en tanto ánimo crítico y de movilización, la huelga continúa volcada en primer término en la liberación de todos y cada uno de los presos y el retiro de los cargos. No hablo ni por asomo de amnistía y perdón, términos aquí totalmente improcedentes. Me refiero a que en su conjunto, tal y como lo evidenció la marcha, son cientos de miles que declaran suyos a todos los presos. Al menos, son los presos de un gran sector de la sociedad civil, de sindicatos, de la razón jurídica que le queda al país. En 1968 se usó al Ejército desde la noche del 30 de julio. En 2000 se usa el batallón de jueces y Ministerios Públicos que añade y retira cargos, le da vueltas a su desconocimiento de la lógica porque ésta ni trasmite órdenes por teléfono ni promueve ascensos, se jacta de su inflexibilidad así todos sepamos lo obvio: para el gobierno, la ley es dura pero negociable. Si el linchamiento informativo y algunos comportamientos de intolerancia aislaron al CGH, las detenciones y la farsa de los juicios han obtenido el apoyo antes suspendido o acotado, y la conciencia de que, en efecto, la intransigencia gubernamental es de largo plazo. Lo que sigue, Señor Rector, no es ni podría ser un consejo o siquiera una sugerencia. Es sólo señalar una evidencia. Con un solo preso, el Congreso Universitario girará en torno de esa persona. Pero no le escribo con el ánimo de facilitar reunión alguna, asunto ajeno a mi capacidad y mi incumbencia, sino llevado por la certeza: la acción represiva no se ha dirigido contra personas específicas, sean éstas quienes sean, sino contra un movimiento. Así se ha dado el fenómeno, y por eso los juicios y las persecuciones son inadmisibles por injustos. A la UNAM le toca defender a sus estudiantes, al margen de las opiniones sobre el movimiento, y sobre varios de los detenidos, porque lo que los Ministerios Públicos, la Secretaría de Gobernación, la PGR y el presidente Ernesto Zedillo han lanzado, "a partir de las demandas del Jurídico", es en última instancia, un juicio adverso sobre la capacidad de una institución para hacerse cargo de sí misma y defender a los suyos en el momento de la ofensiva gubernamental. Si el régimen quiere subvertir el orden jurídico de la República, muy su tradición (allí están Chiapas, Fobaproa y el IPAB): la UNAM no puede darse el lujo de la aprobación. Le saluda atentamente: Carlos Monsiváis