En días pasados Nils Ericsson, director de DEVIDA, a propósito del valle del Monzón y del cultivo de coca y el narcotráfico, admite que “hace años que el Estado no está presente en el lugar”. Sobre lo mismo, La República editorializa y advierte que “el fantasma de un “narcoestado” no se encuentra muy lejos”. En los ochenta y en el contexto de una democracia representativa errática, asediada por la subversión terrorista y la guerra sucia, Julio Cotler afirma en una entrevista que la democracia (o el estado, no lo recuerdo con precisión), en el Perú eran como las carreteras que partían de Lima, porque igual que éstas, la democracia (o el estado) desaparecen en la medida que se alejan de la capital. Y, una década antes, durante la dictadura militar del Gral. Francisco Morales Bermúdez, poco antes de abordar el avión que lo llevaría fuera del país, Pablo Macera dice que “el Perú es un burdel”. Como se puede apreciar en la reseña anterior, las cuestiones relativas al estado son temas siempre abiertos a la reflexión y, a diferencia de lo que algunos suponen, en ningún caso sólo explicables en los límites temporales y políticos de la subversión terrorista y la guerra sucia, el fujimorismo y el toledismo. Que éstos últimos festinaron en grado extremo el estado y la democracia que singulariza el Perú, no tengo ninguna duda. Sin embargo, hay preguntas de fondo que ameritan ser planteadas, como por ejemplo: ¿la ausencia y presencia del estado involucra también la ausencia y presencia de la democracia? ¿qué Estado y qué democracia están ausentes y presentes en el Perú? ¿a quiénes efectivamente favorecen las políticas públicas y hacia los privados, que se dictan en el marco del actual estado y democracia? ¿es posible, al menos como hipótesis, imaginar hoy un estado y una democracia diferentes, reflexionar y moverse en esa dirección? ¿si otro mundo es posible, será posible otro Perú, vale decir otra democracia y otro estado para tod@s l@s peruan@s? Difícil abordar todas las preguntas en los límites de esta columna de opinión. Con el propósito de volver a ellas en otra ocasión, por lo pronto me remito al punto inicialmente planteado, la ausencia del estado en relación a los cultivos de coca y el tráfico de cocaína en el valle del Monzón. Al respecto, con el mismo sentido de advertencia de esta casa periodística, considero oportuno reiterar lo que otros han dicho en varias ocasiones: una cosa es la hoja de coca y cultivar coca, y, otra muy distinta, producir cocaína y traficar cocaína. Hacer esta distinción es importante, sobre todo porque evita generalizaciones como las que hoy ocurren en Bolivia y conducen a criminalizar el cultivo de la coca, a las comunidades campesinas (“indígenas”) productoras de coca, a sus organizaciones y movimientos sociales y políticos. Pero, como la tentación autoritaria es inherente al ADN de la política peruana y está presente en el código genético de todo estado y toda democracia - dado que éstos son, además, escenarios de correlaciones de poder -; los que hoy administran el estado y la democracia, al igual que los otros, deberían considerar dos cuestiones: Una, que el estado y la democracia también debería realizarse con los que hoy cultivan la coca, con sus comunidades, organizaciones y dirigentes, no en contra de ellos. La otra, con el concurso de los productores de coca, de sus organizaciones y dirigentes, generar políticas públicas y condiciones de producción y mercado, para que la coca que producen no termine en manos de los narcotraficantes, o privilegien otros cultivos. Santiago, 19 de mayo del 2005