El día 23 de febrero, Human Rights Watch (HRW), publicó un informe en el cual presenta evidencias amplias y detalladas de estrechos vínculos entre el ejército colombiano y los grupos paramilitares, responsables de atrocidades contra la población civil de aquel país. El informe de la organización internacional de derechos humanos, con sede en Washington, titulado "Los lazos que atan: Colombia y los vínculos militares-paramilitares", documenta las relaciones de tres brigadas del ejército con los paramilitares. Juntando estos datos con la evidencia aportada en informes previos de HRW, ya quedaría demostrado que la mitad de las 18 brigadas del ejército, con presencia en cada una de las cinco divisiones de Colombia, mantienen tales vínculos. Todo indica que el alto mando aún no ha dado pasos para romperlos. Significaría -según el informe- que el apoyo militar a la actividad paramilitar sigue existiendo a escala nacional, incluyendo áreas que reciben o están destinadas a recibir ayuda militar estadounidense. Es más, al menos 7 de los oficiales involucrados son graduados de la Escuela de las Américas, con sede en Georgia, financiada por el gobierno norteamericano. El informe se publica en momentos en que Washington está alistando un paquete de ayuda de US$ 1.574 millones de dólares para el "Plan Colombia", en el marco de la lucha antidrogas. De este monto, cerca de US$ 600 millones estarían asignados para dotar y entrenar a dos batallones antinarcóticos del ejército. Al interior del país sudamericano se han levantado voces opuestas a la medida, considerando los antecedentes de los cuerpos castrenses en materia de derechos humanos y la persistencia de vínculos con los paramilitares. HRW, en una carta dirigida a la Secretaria del Estado Madeleine Albright, expresa preocupación en el sentido de que la defensa de los derechos humanos debe ser un elemento central de la ayuda estadounidense a Colombia y se debería incorporar políticas claras sobre el control y la orientación de la asistencia de seguridad. Pide que se amplíe la condicionalidad de la asistencia mucho más allá de lo estipulado en la llamada enmienda Leahy, la cual establece el requerimiento de que la ayuda internacional se adhiera a los estándares de derechos humanos. Pues en este caso, si bien sirve como marco de referencia, no responde a las nuevas circunstancias. Los defensores del paquete de ayuda argumentan que el tema de derechos humanos no debe obstaculizar la ayuda, por una parte, porque el ejército colombiano habría mejorado su récord en esta materia, y por otra, por el hecho de que se trata de crear nuevas unidades del ejército, conformadas de miembros con récords impecables en derechos humanos. No obstante, el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, al presentar el informe, expresó que "cuando se debata en Washington un paquete de ayuda de este tamaño, resulta crucial que los hechos estén claros. Y los hechos que hemos constatado sobre vínculos entre los militares colombianos y los paramilitares son verdaderamente alarmantes". Justamente, señala Vivanco, si bien los abusos atribuidos directamente a miembros de las FF.AA. colombianas han disminuido en años recientes, en el mismo período el número y el grado de los abusos atribuidos a los grupos paramilitares, con apoyo militar, han aumentado estrepitosamente. El apoyo principal: la inteligencia militar El informe fue elaborado a partir de documentos oficiales y extensas entrevistas con investigadores del gobierno colombiano, refugiados y víctimas de la violencia política. Varias fuentes pidieron el anonimato para no exponer sus vidas y muchos investigadores asignados a estas y similares investigaciones han tenido que renunciar o huir del país. Los resultados de la investigación demuestran que la forma de colaboración más generalizada entre militares y paramilitares se ubica en el plano de la inteligencia. Pero existen también muchas otras formas de intercambio y apoyo. La evidencia señala que, inclusive en 1999, oficiales del ejército crearon un grupo "paramilitar" empleando oficiales activos, retirados y de reserva, que obraron junto con paramilitares contratados. Muestra, asimismo, notables evidencias de que en los últimos tres años, oficiales del ejército trabajaron estrechamente con paramilitares que están bajo el comando de Carlos Castaño. Compartieron información, planificaron y realizaron operaciones conjuntas, y coordinaron diariamente. El ejército dotó armas y municiones y apoyó con helicópteros y ayuda médica. También el informe demuestra que en 1998 y 1999, agentes de la inteligencia del ejército compilaron información sobre colombianos vinculados con la protección de derechos humanos, con las agencias investigadoras del gobierno y con los diálogos de paz, quienes posteriormente recibieron amenazas, hostigamiento, o ataques del ejército, a veces con la ayuda de paramilitares y asesinos a sueldo. Existen evidencias creíbles de que esta alianza entre la inteligencia militar, grupos paramilitares y asesinos se da a escala nacional y con la capacidad de amenazar a investigadores claves en la Oficina del Fiscal General y la Procuraduría, instancias que colaboran en la investigación. Las brigadas, que son tema de este estudio, la Tercera, Cuarta y Decimotercera, operan en las ciudades más grandes, incluyendo la capital. Sus comandantes están considerados entre los más capaces e inteligentes y son candidatos prominentes para el eventual ascenso a posiciones de comando general de divisiones, del mismo ejército, o de las fuerzas conjuntas. Recomendaciones del HRW Human Rights Watch dirige recomendaciones no sólo al Gobierno estadounidense, sino también a diversas instancias del Gobierno colombiano y a la comunidad internacional. Aconseja que toda asistencia de seguridad internacional debe ser condicionada a la existencia de acciones explícitas para cortar los vínculos, a todo nivel, entre los militares colombianos y los paramilitares. Entre otros aspectos, considera que el gobierno colombiano debe tomar medidas firmes para investigar, capturar y enjuiciar a los líderes paramilitares. Reclama un incremento del financiamiento de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, para que pueda mejorar la protección de testigos, la seguridad y la capacidad de recopilar información. Reconoce los esfuerzos de esta entidad en defensa de los derechos humanos, pero deplora los riesgos que corren los investigadores. También insiste en la necesidad de crear una fuerza de reacción rápida para responder ágilmente a amenazas de masacres y violencia selectiva. Entre las recomendaciones que HRW formula de cara al gobierno estadounidense, está la incorporación de un enfoque de derechos humanos en las actividades de capacitación a militares colombianos. Detalla también las condiciones que EE.UU. debería aplicar al apoyo para las actividades de inteligencia, para que ésta no sea empleada para abusos de derechos humanos. Los incrementos en asistencia de seguridad deberían ser acompañados de incrementos proporcionales en personal civil asignado a la Embajada o Departamento de Estado para vigilar el cumplimiento de las condiciones de derechos humanos. En 1997, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que los crímenes contra la humanidad cometidos por personal militar sean investigados y ventilados en cortes civiles, pero esto no se ha cumplido. HRW pretende que la enmienda Leahy, que habla de "medidas efectivas" debe ser interpretada para insistir en el cumplimiento de este dictamen. Recomienda, asimismo, la creación de un comité de supervisión independiente, compuesto por representantes de alto nivel de la Fiscalía y la Procuraduría, para evaluar las evidencias de abusos de derechos humanos por parte de oficiales y soldados individuales, que en los casos de evidencia suficiente, serían encaminados a las cortes civiles. Finalmente, el informe llama a la comunidad internacional a incrementar su ayuda a la población desplazada (estimada en más de 1.5 millones de personas desde 1985), la cual debe ser canalizada a través de instancias independientes (iglesia, organismos de derechos humanos, instituciones especializadas) y no del gobierno.