El jefe del Ejército argentino, general Ricardo Brinzoni, aseguró no hace mucho al juez federal Claudio Bonadío y a la prensa que no tenía constancias del Plan Cóndor. El ex presidente del Uruguay, doctor Luis Alberto Lacalle (1990-1995), afirmó recientemente que nada sabe del tema. Es de suponer que no han leído los documentos que el Departamento de Estado había ya desclasificado para entonces, por ejemplo, el informe de Inteligencia fechado el 28 de setiembre de 1976 en que la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires daba cuenta de esa operación y señalaba que "Argentina, Uruguay y Chile son los participantes más entusiastas". Habrá que suponer también que el general Brinzoni y el doctor Lacalle no leyeron el Nunca más, publicado en 1984, obra en que se explicita la coordinación represiva en el Cono Sur. Ni las reiteradas denuncias de sobrevivientes y otras víctimas de tales dictaduras. Ni el testimonio que el general Cabanillas prestó en 1977 ante un juez de instrucción militar y que Página/12 dio a conocer el 4 de abril de 1999. Quien fuera segundo jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti mencionó la presencia de "oficiales del Ejército Uruguayo y Chileno que estaban en comisión" (sic) en la SIDE en una fiesta de despedida al general Paladino, jefe de ese organismo, que se celebró en diciembre de 1976. El Plan Cóndor no se entrega, arropado, como vive, por los silencios oficiales en plena democracia. Un conspicuo practicante en la materia ha sido el doctor Julio María Sanguinetti, presidente del Uruguay hasta hace 19 días. Se mostró sordo a la demanda de decenas de miles de personas de todo el mundo, diez Premios Nobel incluidos, que le reclamaron claridad sobre el destino de mi nuera - trasladada con un embarazo de más de ocho meses de Orletti, Buenos Aires, al centro clandestino de detención del SID ubicado en Bulevar Artigas y Palmar, Montevideo- y el de su bebé nacido en cautiverio. Fue uno de los trueques entre represores de una y otra orilla del Plata, un operativo típico del Plan Cóndor. Pero el doctor Sanguinetti prefirió ignorarlo, reiteró que en Uruguay nunca había desaparecido un niño y jamás había nacido alguno en cautiverio. Ocurre que la realidad es testaruda. Ahí está el caso de Paula Logares, secuestrada con sus padres argentinos -desaparecidos luego- en la montevideana calle Fernández Crespo el 18 de mayo de 1978, llevada a la Argentina y entregada a un comisario de Policía de la brigada de San Justo. Y el caso de los niños Julien, Anatole, 4 años, y Victoria, 18 meses, hijos de un matrimonio uruguayo desaparecido, secuestrados en Orletti, Argentina, transportados al SID de Montevideo y más tarde abandonados en Valparaíso, Chile. Y el caso de Simón Riquelo, de 20 días de edad, robado por militares uruguayos a su madre Sara Méndez en Buenos Aires y desaparecido bajo otra identidad en Uruguay. Y el caso de mi nieta o nieto, de padres argentinos, que vio la luz en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de la capital uruguaya. Al parecer, los trueques continuaron en democracia. Permítame el lector reseñar una noticia aparecida en el diario Clarín de Buenos Aires el 12 de mayo de 1996 y en La República de Montevideo al día siguiente, basada en el libro El Congreso en la trampa, de Armando Vidal. Se lee en Clarín: "El presidente uruguayo Julio María Sanguinetti fue quien pidió que se incluyera en los indultos otorgados por el presidente Menem a quienes estaban investigados en la Argentina por el asesinato de los políticos orientales Zelmar Michelini (senador por el Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (presidente de la Cámara de Diputados, Partido Blanco). El mandatario uruguayo había permitido tiempo atrás que los ex jefes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilio Perdía no fueran detenidos por la Interpol en el Uruguay hasta que también fueran indultados en la Argentina". La República precisa: "En 1985, durante el juicio a los ex comandantes, una denuncia del publicista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta motivó la intervención de la Justicia argentina en los casos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. El juez Néstor Biondi se encargó de la causa y pidió a Montevideo las extradiciones de Gavazzo, Cordero, Silveira y Hermida (mayor, mayor, capitán y comisario respectivamente de las fuerzas de seguridad uruguayas que se desempeñaron en Orletti, JG). Estos reclamos fueron 'cajoneados' por la cancillería oriental". Agrega: "Después del triunfo electoral peronista de 1989, el ex diputado Miguel Unamuno fue el enviado menemista al Uruguay, donde reclamó a Sanguinetti y también al candidato opositor destinado a sucederlo, Luis Alberto Lacalle, que brindara refugio en su país a Vaca Narvaja y Perdía, hasta que se concretaran los indultos del presidente Carlos Menem. En 1991, mientras Unamuno era embajador en el Ecuador, tuvo ocasión de recibir a Sanguinetti en su residencia personal. Allí se desarrolló el siguiente diálogo: -Si vuelvo a ser presidente del Uruguay, venite nomás con otra cuestión facilonga como aquélla. -Bueno... pero vos sabés cómo son estas cosas, respondió Unamuno entre la risa, la súbita tos y la ansiedad por conocer el final de la historia (...) Mirá, Miguel, no hay mal que por bien no venga. Y por aquello de que amor con amor se paga, pude solicitarle a Menem que incluyera en los indultos a Gavazzo, que fue lo que hizo en octubre de ese año (1989)". El hoy teniente coronel (r) José Nino Gavazzo era el jefe de la dotación militar uruguaya en Orletti. Solía torturar a cara descubierta. Sin duda conoce perfectamente lo sucedido con Simón Riquelo, mi nuera y su bebé. El Senado argentino acaba de aprobar la promoción al grado inmediato superior de seis militares acusados de violar los derechos humanos bajo la dictadura. El radical José Genoud, presidente provisional de ese cuerpo legislativo, dijo satisfecho: "Actuamos con lealtad, analizamos cada uno de los casos". Es cierto. Con lealtad a los represores. Mientras las clases políticas de nuestras democracias continúen divorciadas de la verdad y la justicia, el horror del pasado sigue en pie. El Cóndor no se entrega.