Ni torturas en prisión, ni encierros injustos
13/02/2015
- Opinión
Cerca de conmemorarse un aniversario más de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, donde murieron 1.1 millones de personas víctimas del holocausto nazi, EE.UU pretende cumplir el ofrecimiento de cerrar la cárcel de Guantánamo (Cuba), donde en los últimos años permanecieron más de 119 presos, detenidos muchos de forma ilegal, sin cargos y en condiciones de reclusión que atentan contra el debido proceso y las condiciones carcelarias mínimas. En realidad, todo empezó el 16 de Abril del 2003, cuando el entonces Secretario de Defensa Donald Rumsfeld autorizó dichas prácticas ilegales; la pregunta pendiente es sobre el grado de responsabilidad de la Casa Blanca.
Es contradictorio, cuando EE.UU se presenta como un ardiente defensor de la democracia y las libertades irrogándose un destino manifiesto que queda en ridículo frente a estas prácticas. Para reducir el coste de prácticas manifiestamente contrarias al orden jurídico global (EE.UU. adhirió aunque no ha ratificado, la Convención contra la Tortura en 1994), el Gobierno de Obama ha solicitado a varios países latinoamericanos, para que reciban a presos y dar cumplimiento a su oferta de cerrar ese establecimiento –recordemos que tuvo el Premio Nobel de la Paz en el 2009-. La verdad es que Washington cuenta con escasa legitimidad para plantear ese tipo de iniciativas, pues representa uno de los peores capítulos de tratamiento penitenciario en la historia.
No solo por las causas dudosas que dan cuenta del inicio de la “guerra contra el terrorismo”, y las siguientes intervenciones militares que produjeron en los escenarios de Medio Oriente, Asia Central y África del Norte, sino también por el establecimiento de lugares secretos de encierro en Europa, el espionaje de líderes mundiales, y el uso que se hizo de Guantánamo (en momentos que intenta recomponer sus relaciones con Cuba). Pero lo más grave de todo, ha sido las escandalosas sesiones de tortura en los interrogatorios ejecutadas por personal de la CIA, y que han sido reveladas por el Informe de la Comisión de Inteligencia del Senado norteamericano. Estas, debilitan y deslegitiman el liderazgo norteamericano sobre el mundo civilizado y se ponen a tono con las peores acciones terroristas de Bin Laden, del Estado Islámico, Boko Haram, y otros grupos terroristas en el mundo. La Cancillería del Perú, ha rechazado esta posibilidad. En este sentido, Torre Tagle[1] no puede dar su brazo a torcer, ni por consideraciones humanitarias ni por ninguna razón de índole comercial o diplomática, pues hacerlo implicaría aceptar las causas y las consecuencias de estos hechos reñidos con normas elementales del Derecho Internacional y del Derecho internacional Humanitario. Este es un tema no negociable y no se puede permitir que EE.UU arrastre a otros miembros de la comunidad internacional y menos convierta en colaborador a un miembro de la OEA, del CELAC y/o de UNASUR, o para que se convierta en cómplice de este problema jurídico-político. El 7 de diciembre el gobierno de Uruguay aceptó a 6 presos. Insistimos, solos se metieron en esto, solos deben salir de ello, pagando las consecuencias políticas, jurídicas y morales de su accionar unilateral.
- Ricardo Soberón, peruano, es analista internacional.
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