Ecuador

1987: Abuso de poder, violencia y atentados a la soberanía

Eduardo Tamayo G.

22/12/1987

Análisis

León Febres Cordero se negó a renunciar y acentuó la represión

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En enero de 1987, el Presidente León Febres Cordero (LFC) manifestó que éste sería el “año de las grandes realizaciones”. La frase no llamó la atención puesto que los ecuatorianos se han –o mejor dicho nos hemos- vuelto incrédulos y desconfiados. Pero lo que sí se puede asegurar es que en estos últimos meses han constituido todo lo contrario. Se ha agudizado la crisis económica. El empobrecimiento de las grandes mayorías es un fenómeno que no puede ser negado. El abuso del poder, la prepotencia y la violencia verbal y física ejercida en contra del pueblo y de los opositores, constituyeron los ingredientes permanentes de la gestión gubernamental orientada a favorecer a los grupos económicos minoritarios y no a solucionar los graves problemas de nuestro país.

Quien siembra vientos…

Sin que tengamos atributos de adivinos, en diciembre de 1986 manifestábamos: “Frank Vargas se ha convertido en un dolor de cabeza para el régimen y su empecinamiento a no liberarlo, pese a la amnistía, solo ha reforzado el criterio de que el régimen es cada vez más autoritario’’.

En efecto, la negativa a acatar la resolución del Congreso que concedió la amnistía al Gral. Frank Vargas Pazzos, protagonista de los levantamientos militares de marzo de 1986, determinó que los comandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) adapten medidas de fuerza en enero de 1987. El Presidente, su ministro de Defensa, Medardo Salazar, e integrantes de su comitiva fueron secuestrados en Taura, luego de dar muerte a dos de sus guardaespaldas.

La sorpresiva acción mostró la “profundidad de la crisis que sufre la vida democrática de nuestro país. Un Vicepresidente paralizado, un Parlamento desconcertado, las fuerzas sociales ausentes, conforman lo que se llamó el vacío del poder” (Punto de Vista 253).

General Frank Vargas Pazzos, protagonista de los levantamientos militares contra LFC

El Presidente LFC, para seguir conservando el poder, tuvo que ceder en todas las exigencias planteadas por los militares: la liberación de Vargas y el compromiso de no tomar represalias e iniciar acciones legales en contra de los participantes de la medida de hecho. En el primer caso, cumplió su palabra. Vargas recuperó su libertad, aunque no dejó de ser hostigado por elementos de seguridad, a lo largo de todo el año.

Insistir en reducirlo a prisión le hubiera significado al régimen un enorme descrédito, y, en ese caso, el único en sacar réditos políticos hubiese sido el Gral. Vargas, pues la simpatía popular siempre está de lado de quien sufre persecución. El partido de gobierno (Partido Social Cristiano) incluso llegó a pagar la fianza del general “para evitar que se convirtiera en víctima”, según la expresiones de un dirigente.

En el caso de los comandos, el Presidente no solo no cumplió su palabra sino que se los apresó, torturó y sometió a un juicio verbal de guerra, en el que se les negó el elemental derecho de defenderse, para culminar condenándolos a largas penas de prisión.

“No renunciaré”

Luego del “Taurazo” y considerando que la presencia de Febres Cordero constituía un factor de permanente inestabilidad, el Congreso lo exhortó a renunciar, a dejar el poder, a fin de permitir la sucesión constitucional. LFC ignoró, como en otras tantas ocasiones, la resolución del Parlamento.

El terremoto del 5 de marzo, que causó enormes daños materiales y pérdidas humanas, fue aprovechado por el primer mandatario para plantear una tregua política, que mereció incluso el apoyo del ex-Presidente del Congreso, Andrés Vallejo. Pero pronto, el régimen dictó un paquete de medidas económicas que constituía una declaratoria de guerra a todo el pueblo, pero sobre todo a los propios damnificados.

La tregua quedó rota y el pueblo respondió con la huelga del 25 de marzo, en la que se puso en evidencia el enorme descontento de los sectores populares.

El Presidente continuó con la misma tónica de siempre, desacatando las resoluciones del Congreso y del Tribunal de Garantías Constitucionales, escandalizando, semana tras semana, al país con el insulto, el regionalismo, la violencia verbal y las cortinas de humo para distraer la atención del país, sobre los casos de corrupción, como sucedió con el asunto de las fundaciones.

Luis Robles Plaza: se negó a dejar el cargo de Ministro de Gobierno pese a haber sido destuido por el Congreso

Se niega a ser cuestionado

El caso más patético de las tendencias autoritarias del Ejecutivo, es el del ex-Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza. Destituido y censurado por el Congreso el primero de octubre, éste se ha negado a separarlo del puesto pese a que los trabajadores y el pueblo han presionado con una huelga nacional y que toda la oposición, e incluso sectores afines al régimen, se han pronunciado por su separación.

Más que defender a un hombre, el gobierno ha defendido una política de represión y violación de los derechos humanos. Se ha negado a ser cuestionado. Por eso el Ministro no concurrió a responder las preguntas de los diputados de oposición. ¿Qué podría decir, por ejemplo, frente a los casos de los desaparecidos, de los torturados, del ataque con bombas al Congreso?

El desate de la violencia

Algunos políticos que han hablado de que el Ecuador es una isla de paz en medio de una América Latina convulsionada, deberían dejar de hacerlo, sobre todo si se revisa lo acontecido en 1987. En el país han comenzado a actuar las bandas paramilitares con total impunidad mientras la violencia proveniente del Estado ha cobrado varias víctimas.

Para citar solo unos ejemplos: el diputado socialista Diego Delgado, uno de los interpelantes del ex –Ministro de Gobierno Luis Robles, sufrió un brutal atentado que por poco le cuesta la vida. El vehículo del diputado Jorge Moreno, del MPD, fue dinamitado. En ambos casos se ofreció investigar pero hasta ahora no se tiene ningún resultado concreto. Así mismo, los guardaespaldas del Presidente Febres Cordero agredieron a los diputados socialdemócratas Juan Cueva y Trajano Andrade, justo en el momento en el que el primer mandatario, al dar su informe anual al Congreso, hablaba de que en el Ecuador se respetan los derechos humanos.

Pero si esto ha pasado con los legisladores, ya podemos imaginarnos la situación corrida por los humildes hombres del pueblo. En Pisullí, las víctimas ya suman 18. Los dirigentes de esta cooperativa de vivienda, del nor-occidente de Quito, han acusado al grupo paramilitar de la Cooperativa Jaime Roldós de ser el causante de este derramamiento de sangre inocente. Y han señalado también que la banda cuenta con la protección oficial y que por ello no se han tomado acciones legales en contra de sus cabecillas.

El diputado Diego Delgado fue brutalmente agredido

En La Playa, cantón Pasaje, provincia de El Oro, los mineros de la Cooperativa 10 de Enero fueron desalojados violentamente por la Policía y los paramilitares de la empresa Tigrera, dejando como saldo muertos, heridos y desaparecidos.

Guayaquil ha estado a meced de las bandas paramilitares que han destruido equipos de radioemisoras, han disparado a locales de los partidos políticos de oposición, han disuelto manifestaciones populares y han atacado a las universidades. En ningún caso se han descubierto a los culpables.

La violencia se ha vuelto la norma común para dirimir los conflictos de los gobiernos seccionales. Una mayoría gobiernista de consejeros, encabezada por Averroes Bucaram, en su afán por tomarse por asalto el Consejo Provincial del Guayas, desconoció al Prefecto legítimo, el roldosista Mario Vera, y protagonizó enfrentamientos a bala que dejaron varias víctimas.

En Esmeraldas, igualmente, el gobierno subsidió una huelga de una parte de los trabajadores del Consejo Provincial y los enfrentó al Prefecto del FADI, Jorge Chiriboga. En la refriega murió un trabajador.

Inestabilidad

La estabilidad que caracterizó al equipo ministerial del Presidente Febres Cordero en los primeros meses de gestión quedó atrás. En 1987, en 7 de los 12 ministerios que conforman el gabinete se efectuaron recambios.

En Finanzas, Industrias y Bienestar Social, los ministros Domingo Cordovez, Xavier Neira y Ernesto Velásquez se retiraron luego de ser acusados por la oposición de cometer irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Javier Niera se retiró los primeros días de agosto del Ministerio de Energía para evitar ser enjuiciado por el Congreso. Este organismo parlamentario, sin embargo, lo censuró por ser el responsable de la errática política petrolera.

Jorge Bracho renunció del Ministerio de Salud luego de conocerse el negociado de Ecuahospital.

Un hecho que también hay que destacar es que el estilo autoritario impuesto por Febres Cordero le ha llevado a un distanciamiento cada vez mayor con el Vicepresidente Blasco Peñaherrera, quien en varias oportunidades ha expresado criterios discrepantes con el Ejecutivo.

Corrupción

Joffre Torbay fue separado de la Secretaría de la Administración

Frente a la corrupción administrativa (Ecuahospital, recolectores de basura, reparto de los fondos de la AID entre altos funcionarios públicos, sobreprecio en la contratación de la vía perimetral de Guayaquil) voceros del régimen dijeron que no pueden responder por las acciones de 200 mil y más funcionarios públicos. Sin embargo, los casos no han sido aislados ni han implicado a burócratas de bajo nivel. El Congreso y la Función Juridisccional han involucrado a destacados colaboradores del gobierno como Xavier Neira y Joffre Torbay, actualmente prófugos, y al propio Presidente de la República. De tal manera que si desde las altas esferas se procede de esta forma. ¿Cómo se puede reclamar moralidad en los bajo niveles de la administración pública?

“Guayusas”, vinieron, se entrenaron y se fueron

Un tema de permanente preocupación fue la política internacional mantenida por el régimen. El país se encuentra aislado del contexto internacional, a ello ha contribuido una serie de acciones desacertadas de la Cancillería (inasistencia a los foros de la OEA, desprecio por los organismos multilaterales, etc.) y el alineamiento incondicional con la administración Reagan.

Las tropas norteamericanas pisaron suelo nacional, luego del terremoto. El gran argumento del gobierno fue de que contribuirían a romper el aislamiento en que se encontraban los pobladores del nor-oriente, con la construcción de la carretera Hollín-Loreto-Coca, sin costo para el país. Al cabo de seis meses, más de 6000 reservistas norteamericanos construyeron 2.200 metros de un camino intransitable, que no conduce a ningún lado, con un costo económico alto para el país. A la final quedó claro que los “guayusas”, como fueron bautizados los norteamericanos, vinieron a entrenarse en zonas tropicales y selváticas y se regresaron sin dejar ningún beneficio para el país.

El Congreso, las organizaciones populares, los partidos de izquierda, jugaron un papel importante en la defensa de la soberanía nacional y en la salida de los “guayusas”.

El Congreso

La actividad fiscalizadora y legislativa del Congreso se vio bastante limitada por la acción del Ejecutivo, que desconoció sus resoluciones, y se convirtió en el máximo juez, determinando qué es legal y qué es ilegal. Jorge Zavala afrontó una tarea que su antecesor, Andrés Vallejo, no quiso asumir: el enjuiciamiento del entonces Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza.

Se debe anotar que Zavala estuvo sometido a una fuerte presión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, que se han convertido en el sustento del régimen, pese a lo cual no se dejó amedrentar.

De otro lado, dos aspectos que abonaron a favor de la Presidencia de Corte Suprema de Justicia fueron las órdenes de captura en contra de Torbay y Neira, sin embargo, en el caso del ex – Ministro Robles, no se ha acelerado el juicio por usurpación de funciones.

La campaña electoral

1987 ha sido un año de campaña electoral. La existencia de 10 candidaturas presidenciales refleja una tendencia, de modo general, a la dispersión política.

El Frente de Reconstrucción Nacional, integrado fundamentalmente por el Partido Social Cristiano, Partido Liberal, Partido Conservador y otras fuerzas menores, que llevó al poder al actual mandatario, definitivamente no pudo mantenerse. El partido de gobierno (PSC) y otros afines (FRA, CFP y Partido Liberal) han ido con candidatos propios.

Las fuerzas de centro (Izquierda Democrática, Democracia Popular y Partido Roldosista Ecuatoriano) no pudieron ponerse de acuerdo en un proyecto único. A raíz del conflictivo retorno de Abdala Bucaram, más bien se ha abierto una tónica de enfrentamiento entre el PRE y la ID.

En los sectores de izquierda se desarrolló, al contrario de las tendencias anteriores, un importante proceso de unidad que se expresa en dos frentes: el Frente de Izquierda y la Unión Patriótica del Pueblo, que han despertado expectativas en los sectores populares organizados.

Publicado en el semanario Punto de Vista (Quito- Ecuador) # 300, 22-12-1987

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