Tres muertos, cerca de un centenar de detenidos y decenas de heridos es el saldo de un paro de actividades que se cumplió este primero de octubre con la finalidad de exigir al gobierno presidido por el democratacristiano Jamil Mahuad la derogatoria de las medidas de ajuste adoptadas el pasado 15 de septiembre.

El comercio, el transporte y las actividades públicas y productivas se vieron semiparalizadas por movilizaciones populares en las que se rechazaba el incremento del gas de uso doméstico, la electricidad, los combustibles, el transporte público y la devaluación del sucre, a la vez que se cuestionaban el denominado "bono de la pobreza" de 17 dólares, adoptado por el gobierno como medida de compensación para los sectores de bajos ingresos. En el programa del "bono de la pobreza" intervienen las iglesias católicas y evangélicas, que cumplen la función de inscribir a los pobres para que puedan, posteriormente, cobrar la compensación en los bancos.

En ciudades de la Costa del Pacífico como Guayaquil, Esmeraldas, Babahoyo, Milagro y Machala, en donde tradicionalmente las huelgas generales convocadas por las organizaciones sociales no tienen mayor eco, hubo manifestaciones de gran descontento social, que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas policiales y militares. En algunas de ellas incluso se presentaron saqueos a comercios y mercados, y destrucción de los edificios de los bancos.

La participación indígena y campesina de la región andina fue muy intensa: empezó el 28 de septiembre y se prolongó hasta el 6 de octubre. Durante todo este período, se produjeron forcejeos entre militares, que habían recibido la instrucción de despejar las carreteras, y campesinos que intentaban cerrarlas. Varios indígenas fueron apresados y un número indeterminado de ellos resultaron con heridas de bala.

Un elemento que excitó el ánimo popular, fue la decisión del presidente Mahuad de viajar, un día antes del paro, a los Estados Unidos para mantener reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El dirigente indígena Ricardo Ulcuango, de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, ECUARUNARI, manifestó que el viaje presidencial es un acto de arrogancia e irresponsabilidad, pues "el pueblo lo eligió para que sepa enfrentar las circunstancias".

Tras el paquete del 15 de septiembre, el país ha vivido un ambiente enrarecido por la violencia: una bomba estalló en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y otra en el partido de gobierno, Democracia Popular. Ningún grupo se ha atribuido la autoría de los atentados.

 Política social coherente

 Las protestas fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de Movimientos Sociales, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y otras organizaciones sociales.

 "Las medidas impactan duramente al campo", dijo Pedro de la Cruz, dirigente de la FENOCIN. Y agregó que "el bono de la pobreza es una burla; nosotros no queremos que nos pongan una etiqueta de pobreza. Somos pobres de recursos económicos, pero tenemos riqueza cultural, tierras, recursos naturales, somos trabajadores; lo que pedimos es una política diferenciada para el campo, en el sentido de que debe haber un subsidio para la pequeña agricultura", que es la que alimenta a las ciudades.

Por su parte la CONAIE, a través de su presidente Antonio Vargas, manifestó que la protesta indígena está acompañada de propuestas que fueron expuestas al presidente Jamil Mahuad. Para solucionar la crisis, la CONAIE plantea como alternativas que se cobre los impuestos a las grandes empresas y a las transnacionales, que se sancione la evasión tributaria, la corrupción en las aduanas y en la contratación pública. En vez del "bono de la pobreza", la CONAIE demanda la formulación de una política social coherente y orientada hacia el desarrollo de las zonas más pobres.

Voceros gubernamentales minimizaron las protestas populares y pusieron todo el énfasis en condenar el vandalismo, los saqueos y los atentados a la propiedad privada. En la política oficial confluyen dos elementos: la "mano dura" para contener la protesta popular y la decisión de no derogar el paquete económico. Todo esto, junto al agresivo plan de privatizaciones, a fin de cuentas, es el certificado de buena conducta del presidente Mahuad para obtener nuevos créditos de la banca mundial.

Publicado en el Servicio Informativo Nº 283, ALAI, 14-10-1998, Quito.