Ecuador

La agricultura campesina en Ecuador y sus potencialidades

François Houtart

29/06/2014

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 496: En el año de la agricultura familiar: Políticas y alternativas en el agro 24/11/2014

En este año de la Agricultura familiar de las Naciones Unidas, la cuestión se discute también en el Ecuador. Por eso veremos, en primer lugar, cuál es la situación, para abordar después el estado de las políticas y las posibilidades del país de avanzar en este dominio.

El panorama ecuatoriano

Al comenzar este siglo, el 44 % del territorio estaba dedicado a actividades agropecuarias y el 56 % a vegetación natural y selva (Atlas, 2011: 6). Las dos Reformas agrarias de 1964 y 1973 cambiaron la estructura tradicional de las grandes haciendas, para modernizar el sector. La época neoliberal provocó una nueva concentración de tierras y también una aceleración de la deforestación: entre 1990 y 2000, 74.300 hectáreas por año y entre 2000 y 2008, 61.800, por año. En 10 años (2000 a 2010) eso significó una pérdida de 618.000 hectáreas (Atlas, 2011:3), por extensión de la frontera agrícola, de las actividades petroleras o mineras y de la urbanización. Con el Gobierno actual un esfuerzo de reforestación se inició. Para 2014, el Ministerio de Agricultura anunció que se trataba de 100,000 hectáreas (Telégrafo, 27.04.14). Un programa de conservación empezó en 2008, “Sociobosque”, desgraciadamente dentro del dudoso programa europeo del mercado de carbono.

El acceso a la tierra es uno de los más desiguales del continente, con un coeficiente de Gini (que mide la diferencia entre las grandes y pequeñas propiedades) de 0,81. El 46,3 % de las tierras son propiedad del 0,68 % de la población nacional (Revolución Agraria, 2011:5). Las propiedades de menos de 5 hectáreas representan el 64 % de las unidades y el 6,53 % de las superficies (promedio de 1,4 hectáreas). Las de más de 500 hectáreas, constituyen el 0,16 % de las unidades y el 16 % de las tierras (promedio de 1.400 hectáreas). Los minifundios, de menos de 0,5 hectáreas que son 165.000 en el país, es decir la mitad de las pequeñas propiedades, no permiten la reproducción social del campesino y constituyen una zona de pobreza. La situación no cambió fundamentalmente desde el último censo agrario de antes del Gobierno de Alianza País: en 2014, las unidades de producción de menos de 10 hectáreas eran el 76 % del total, pero ocupaban el 12 % de las tierras de agricultura (Víctor Mendoza Andrade, Telégrafo, 06.05.14).

Según los datos del INEC del 2007, el 61,5 % de la población rural vivía en la pobreza y según la FAO, la desnutrición al nivel nacional afectaba al 18,1 % de la población, al 26.1 % en zonas rurales y al 40,1 % entre los indígenas (Revolución Agraria, 2011:3). Además, con las políticas neoliberales apareció la categoría de los campesinos sin tierras (Atlas, 2011:16). Con el Gobierno actual, la pobreza rural pasó entre 2006 y 2013, del 60,6 % al 40,7 % (Telégrafo, 18.11.13). Eso fue el resultado, en su mayor parte, del Bono de Desarrollo Humano y también de políticas generales de adecuación entre la canasta básica y el ingreso (96,6 % en 2013) y de un mejor acceso a servicios públicos de salud y de educación. No fue, sino en una pequeña medida, el fruto de un mejoramiento de la producción de la agricultura familiar. Según el SIGTIERRAS (Sistema Nacional de Información y de Gestión de Tierras Rurales), el 50 % de las tierras son mal utilizadas (Telégrafo, 06.10.13) y el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarios (INIAP) afirma que solamente un 35 % de las semillas son certificadas (Telégrafo, 27.10.13). Significa que grandes progresos son posibles.

Evidentemente las funciones de los diversos tipos de propiedad son diferentes. La pequeña agricultura es abastecedora de los alimentos para la población, generalmente con una diversidad de productos y un sistema rotativo. Respeta mucho más los ritmos de la naturaleza y se preocupa de la regeneración de los ecosistemas. Las grandes unidades se destinan a cultivos permanentes, de monocultivo (bananos, palma africana, caña de azúcar, piñón) destinados principalmente a la exportación y muy a menudo ocupan las tierras más fértiles (Revolución agraria, 2011:4). En 2012, el 46,5 % del cultivo estaba destinado a este fin y la tendencia es al aumento (Telégrafo, 06.05.14), poniendo en peligro la soberanía alimentaria (Telégrafo, 27.03.14). El desarrollo de cultivos para los agro-combustibles acentuó el fenómeno: en Santa Elena se consagra 40,000 hectáreas para la producción de etanol. En el norte, la extensión de la palma africana afecta gravemente la vida y el entorno de los Awas. En 2013, hubo un consumo de 79 millones de galones de agro-diesel en el país, pero el fin principal es exportar.

Los monocultivos utilizan una gran cantidad de productos químicos (F. Houtart y M.R. Yumba, 2013: 290) para aumentar su productividad, con consecuencias negativas sobre la contaminación de los suelos y del agua y sobre la salud de los trabajadores y de la población. Tienden también a absorber la pequeña agricultura, por apropiación de tierras o por contratos. Dan menos empleo: 0,5 por hectárea para las unidades de 500 hectáreas y más, frente a 1,4 para las propiedades de 5 hectáreas (Atlas, 2011:24).

Debemos añadir que para la comercialización de sus productos, las pequeñas unidades de producción dependen mucho de “intermediarios” de diferentes escalas de operación, y que el mayor poder se halla en manos de las grandes empresas que, con su control de la distribución y venta mayorista, minimizan los réditos económicos del productor (Revolución Agraria, 2011:5).

Evidentemente, las comunidades indígenas de la Amazonia tienen una problemática muy diferente, donde el territorio es la base de la actividad de producción agrícola y de la caza.

Hubo en las últimas décadas un proceso de reconcentración de la tierra articulado a la expansión del monocultivo, y del otro lado tenemos un fenómeno de minifundios. En las zonas más pobres, se nota también una feminización del campo, cuando los hombres salen a trabajar en las ciudades.

El deterioro de los ecosistemas ha sido importante. Las tierras destinadas a la alimentación disminuyeron y la tendencia es a someter la agricultura al capital, tanto para la producción, como para la comercialización, lo que puede también ser un efecto no deseado pero real de la Nueva Matriz Productiva que pone el acento en la exportación.

Iniciativas de agricultura familiar y orgánica y sus posibilidades

Sin embargo, en todo el país existen iniciativas de varios tipos. En Santo Domingo, la reacción campesina para protegerse frente al monocultivo de palma africana fue organizarse para cultivar cacao de manera orgánica. En Riobamba, se organizó la crianza de llamas, como complemento económico de las comunidades indígenas y la iniciativa se extiende a varias regiones del país. Numerosas acciones de economía solidaria se realizan en el campo y también existe un sector de cooperativas importante.

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), existen en el país 3,255 cooperativas (950 de crédito) (Telégrafo, 18.11.13), de las cuales el 71 % está en zonas rurales (Telégrafo, 01.08.13). Dentro de las realizaciones comunitarias se puede citar San Clemente, cerca de Otavalo, donde tanto la producción, como la organización social o el turismo ecológico se combinan. La Cooperativa Salinas, en la provincia de Bolívar, es un buen ejemplo de la producción de leche y queso. En la provincia de Morona Santiago se diversifica la economía rural con el ecoturismo. Se trata generalmente de iniciativas locales, que provienen de la base: grupos de campesinos, comunidades indígenas, proyectos de ONGs y, en varios casos, con la ayuda de programas gubernamentales y de entidades descentralizadas del poder (parroquias, cantones, provincias).

De hecho existen en Ecuador muchos elementos para un cambio de política agraria: una voluntad popular, un saber tradicional, ideas concretas de realización e instituciones. La voluntad popular se manifiesta negativamente por una oposición creciente a los monocultivos, como a otras actividades que destruyen la agricultura local y, positivamente, por las iniciativas que hemos citado.

El documento llamado Revolución Agraria, apoyado por 48 organizaciones sociales, urbanas y rurales, publicado el 15 de septiembre 2011, contiene propuestas, sintetizadas y elaboradas por el antropólogo Cesar Guillermo Ortiz Crespo. Se eligió un título que permite evitar la ambigüedad del término Reforma Agraria, que, para muchos, significa una simple redistribución de tierras, que desembocan en la multiplicación de minifundios. Según César Ortiz, existen las bases para el desarrollo de una agricultura familiar productiva, no individualista, sino integrada en estructuras de solidaridad económica y social. Se debe también recordar que los campesinos de hoy no son más el grupo del pasado y que muchas actividades nuevas existen en el campo, que no son solamente agrícolas: artesanado, pequeña industria, comercios, actividades culturales, ecoturismo y también contactos con ciudades vecinas. Son factores que evidentemente abren una reflexión holística sobre el asunto.

Existen varias bases institucionales gubernamentales y no-gubernamentales. La Constitución de 2008 y los dos Planes Nacionales 2007-2013 y 2013-2017 establecen una base de principio. Un desarrollo de agricultura familiar podría utilizar los estudios de la SIGTIERRAS y del INIAP. Existen centros de formación. Para apoyar la producción, se puede citar el Fondo de Desarrollo Rural Marginal del Banco Central; la ayuda en maquinaria del Ministerio de Agricultura (MAGAP); los proyectos de reforestación del Ministerio del Ambiente; la gestión de varios ministerios como: la regulación del agua, las granjas agrícolas, el apoyo al ecoturismo y finalmente el apoyo de la SEPS. En el campo de la comercialización hay el Banco de Desarrollo, el Seguro agropecuario, y también la SEPS. Sin embargo se debe señalar la relativa debilidad de estas instituciones: el INIAP tiene 47 técnicos para todo el país, el SEPS tiene un presupuesto de 25 millones de USD y el propio MAGAP de 300 millones para 2014 (electricidad y energía no-renovable, 1,867; Defensa 1,701; Policía, 1,114; Transporte y Obras públicas, 1,335) (Vistazo, 30.01.14). Además, se señala también dificultades de coordinación (Revolución Agraria, 2011:16).

En conclusión, podemos decir que las potencialidades de una agricultura campesina existen en Ecuador, pero son dispersas, poco apoyadas institucionalmente y en peligro de disminución frente a un doble fenómeno. Primero, una política agraria que privilegia la exportación en función de la Nueva Matriz Productiva y, segundo, una lucha contra la pobreza rural, que no promueve el apoyo a la agricultura familiar, sino que privilegia una parcial redistribución en el ingreso, pero no una redistribución en la estructura agraria, política tal vez eficaz a corto plazo, pero que no crea actores sino clientes. Existe una preocupación en este sentido en varios lugares del abanico político. Ojala que se traduzca en programas efectivos, porque hay urgencia.

Bibliografía

Atlas – Tenencia de las Tierras en el Ecuador, (2011), SIPAE, Quito

Constitución 2008. Titulo II (Derechos), capítulos 2 (Derechos del Buen Vivir), Titulo VI (Régimen de Desarrollo), capitulo 3 (soberanía alimentaria), Titulo VII (Régimen del Bien Vivir), capitulo 2 (Biodiversidad y recursos naturales).

Houtart, Francois y Yumba, Rosa Maria (2013), El Brócoli amargo, Ciencias Sociales, Número 35, 283-300).

Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013). Sección 8 (Estrategia Territorial Nacional), Num. 8.4 (Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria)

Revolución Agraria (2011), Colectivo de Reflexión y Acción Política (CReAPP), Quito

- François Houtart, sociólogo, fundador del Centro Tricontinental (Lovaina-la-Nueva, Belgica),es Profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.

https://www.alainet.org/es/active/79238