La auto-producción de la ciudad brasileña

Luciana Corrêa do Lago

29/07/2014

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 497: La cuestión urbana hoy: Entre el mercado total y el buen vivir 24/11/2014

En las ciudades latinoamericanas, los espacios de la vida cotidiana de las clases populares se distinguen de otros espacios por la complejidad de las relaciones sociales allí arraigadas. La complejidad radica en la trama de formas de producir y distribuir bienes y servicios, incluidos los que dan materialidad a la ciudad: la vivienda, el transporte, los servicios sanitarios, los parques, entre otros. Por ser necesidades humanas fundamentales, tales bienes y servicios fueron provistos por la combinación de estrategias familiares y asociativas de autoproducción, acciones estatales redistributivas y acciones empresariales.

La extensión de la auto-producción en los territorios populares fue y es la otra cara de la desposesión urbana[1], típica del capitalismo periférico, en la que la masa de trabajadores desorganizada económica y políticamente no ha alcanzado el poder suficiente en la disputa por los fondos públicos con los agentes del capital. Los trabajadores y sus familias encontraron en el asociativismo el modo de potenciar sus pocos recursos para garantizar condiciones mínimas de supervivencia en la ciudad. Y fue a través de ese asociativismo que se dio el aprendizaje del poder de la acción colectiva en los espacios de reproducción social, tanto como fuerza productiva cuanto como fuerza reivindicatoria. En Brasil, la principal consecuencia de ese aprendizaje fue la conformación, en la década de los 80, de los movimientos sociales por vivienda autogestionarios.

El contexto político brasileño de los años ochenta, marcado por el fin de la dictadura militar y por las disputas en torno a la nueva Carta Constitucional, impulsó alianzas entre los movimientos sociales urbanos y organizaciones sociales comprometidas con la democratización del acceso a la ciudad. Como resultado, desde la Constitución de 1988, se aprobaron numerosas leyes y planes basados en el principio de la función social de la propiedad y de la ciudad. La institucionalización de estos marcos regulatorios entró en confrontación con el proyecto liberal de la desregulación del mercado, y en particular del mercado inmobiliario, que se instaló en el país en los inicios de los años 90, consolidándose desde entonces. En esta confrontación, estos instrumentos aún no han sido hasta ahora aplicados plenamente, sin embargo expresan un conflicto urbano que ha pasado a ocupar la esfera pública desde entonces: empresas del sector de la construcción y los movimientos sociales organizados nacionalmente disputan la apropiación y la gestión del fondo público para la vivienda y asumen posturas y prácticas divergentes con respecto a los marcos constitucionales de la regulación urbana.

Desde 2003, el marco de las contradicciones en el campo de la política urbana se amplía en función de la creciente asignación, por parte del gobierno nacional del Partido de los Trabajadores (PT), de recursos públicos federales para las formas asociativas de producción de vivienda y, dialécticamente, de la creciente absorción de esas experiencias colectivas por la racionalidad dominante de la valorización inmobiliaria. En los últimos diez años, se desplegaron tres programas de financiación para emprendimientos habitacionales autogestionados por asociaciones comunitarias y cooperativas en todo el país[2]. No obstante, ninguno de los programas puede ser considerado como una acción prioritaria, sino más bien como respuestas tímidas del poder público frente a las reivindicaciones de los movimientos nacionales pro vivienda. En el campo de la vivienda, los recursos federales asignados en este periodo para la producción asociativa autogestionaria financiaron no más del 3% del total de los contratos para la compra de casa propia, evidenciando la fuerza política de las grandes empresas constructoras en la disputa del fondo público. Se trata de un proceso sustentado y legitimado por un aparato ideológico, estatal y empresarial, que posiciona a la "casa propia" como necesidad primera y urgente para la contención de la crisis económica.

Sin embargo, ese 3% aumentó la producción asociativa, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, de cerca de 60.000 unidades habitacionales. Los proyectos escogidos por los movimientos autogestionarios se van elaborando al mismo tiempo que son ejecutados, evidenciando una amplia gama de concepciones y prácticas en la producción del hábitat popular. Encontramos contradicciones dentro de esa diversidad, que delimitan las condiciones para la generalización de la autogestión urbana y del cooperativismo habitacional en un sistema cooperativo más amplio y supralocal.

Formas de producción

Un importante campo de contradicciones se refiere a las formas de producción presentes en lo que se denomina "cooperativismo habitacional autogestionario". Son cooperativas formadas por familias sin vivienda propia, con ingresos de hasta tres salarios mínimos, cuya producción es para el autoconsumo. Tres formas de producción merecen destacarse. La primera se aproxima al modelo paradigmático practicado en Uruguay[3]: los cooperativistas son protagonistas de los procesos de concepción y gestación de todas las fases de producción y, en parte, de la ejecución de las obras, que es complementada con la contratación, a veces formal y muchas veces informal, de mano de obra externa a la cooperativa.

La segunda forma también cuenta con el protagonismo de los cooperativistas en los procesos de concepción y de gestión, sin embargo, parte o la totalidad de las obras son ejecutadas por una empresa constructora (generalmente pequeña o mediana). Hay un debate en curso sobre los impactos político-ideológicos de la contratación de empresas capitalistas por parte de las cooperativas de vivienda. Hay casos en que los emprendimientos "autogestionados" se convierten en un nicho de mercado para el capital inmobiliario.

La tercera forma de producción se aparta de la naturaleza colectiva de las decisiones relativas a la formulación y ejecución del proyecto. Los líderes comunitarios asumen las funciones de formulación y gestión de la producción del emprendimiento, reproduciendo la histórica práctica asistencialista, que deja a los cooperados el rol de adhesión meramente formal a la cooperativa. La ejecución de las obras, en este caso, varía desde la contratación precaria de trabajadores autónomos hasta la subcontratación con constructoras.

La diversidad de formas de producción y de gestión se debe principalmente a dos factores: la conformación, impulsada por los programas federales, de numerosas asociaciones y cooperativas desvinculadas de los movimientos nacionales de vivienda y a los proyectos políticos divergentes de los propios movimientos. Muchas de las diferencias se deben a las normas y principios establecidos en los programas de vivienda y tienen que ver con los pactos políticos y con los límites de negociación de cada movimiento con el Estado.

De hecho, la conquista por parte de los movimientos sociales de recursos públicos para la producción autogestionada de la vivienda no se complementa con un cambio significativo en la correlación de fuerzas que define las normas y principios que regulan el uso de estos recursos. La disputa por los fondos públicos no puede ser entendida sólo por el volumen de recursos monetarios apropiados por los agentes, sino sobre todo por el poder de cada agente para (re) definir las reglas de distribución de esos recursos. Podemos destacar, como ejemplo, la inoperancia de los gobiernos locales en la redistribución del suelo urbano y sin uso, principal recurso para la democratización del acceso a la ciudad. No faltan instrumentos legales en los marcos regulatorios nacionales y locales, tales como la expropiación, donación o concesión de tierras, para la reversión del control territorial de las clases dominantes.

Entendemos la producción autogestionaria del hábitat popular como un proceso continuo alimentado por las experiencias cotidianas de las cooperativas y otras formas de asociativismo urbano. Las experiencias acumuladas en diversas ciudades brasileñas y latinoamericanas evidencian el aumento del nivel de los parámetros para alcanzar una vida digna y, por tanto, la ampliación de la agenda de reivindicaciones de los movimientos sociales que actúan en este campo. Sin embargo, en el mundo del cooperativismo habitacional autogestionario practicado en Brasil, sólo las cooperativas de autoconsumo se han expandido de forma significativa, con poca apertura para la conformación de cooperativas de trabajo abiertas a nuevas exigencias. Tales desafíos están en la agenda de los movimientos autogestionarios, lo que apunta a la necesidad de una comprensión más amplia sobre los obstáculos que impiden su realización.

Luciana Corrêa do Lago es profesora del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro e investigadora en el Observatorio de las Metrópolis.

[1] KOWARICK, L. A espoliação urbana. São Paulo, Paz e Terra, 1983.

[2] LAGO, L. C. (org.) Autogestão habitacional no Brasil: utopias e contradições. Rio de Janeiro, Letra Capital/Observatório das Metrópoles, 2012. http://migre.me/dDZOr

[3]NAHOUM, B. "De la autoconstrucción individual a las cooperativas pioneras". In: Nahoum, Benjamín (org.). Las cooperativas de vivienda por ayuda mutuas uruguayas. Sevilla/Montevideo: Junta de Andalucía / Intendencia Municipal de Montevideo, 1999.

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