América Latina

Mercantilización y desmercantilización de las metrópolis latinoamericanas

Pedro Pírez

30/11/2014

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 497: La cuestión urbana hoy: Entre el mercado total y el buen vivir 24/11/2014

Mercantilización y reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo clásico

En toda sociedad capitalista la población urbana depende de su capacidad monetaria para acceder a los medios de su reproducción, incluyendo las condiciones de la urbanización. Esos bienes se producen, justamente, para ser adquiridos por una demanda solvente que puede originarse en tres fuentes de recursos monetarios: ganancia, renta o salario. La población no propietaria obtiene esos recursos sometiéndose, por un salario, a las relaciones del mercado de fuerza de trabajo. Ese salario no es suficiente para la cobertura del total de los bienes y, particularmente, los bienes urbanos (suelo, vivienda, etc.) quedan fuera de las posibilidades de una buena cantidad de familias de trabajadores asalariados. Esas familias tienen dificultades serias para contar con los recursos monetarios suficientes para la totalidad de los bienes que necesitan para su reproducción. Esto significa la dificultad o imposibilidad para esa población del acceso mercantil a las condiciones urbanas de su reproducción.

En el desarrollo clásico del capitalismo, la reproducción de la fuerza de trabajo y las contradicciones generadas por su mercantilización, fueron enfrentadas por medio de procesos de desmercantilización como parte del papel que asumió el Estado para garantizar la reproducción de las relaciones capitalistas. Esas acciones, por lo general, tendieron a disminuir total o parcialmente la necesidad de recursos monetarios para el acceso a esos bienes, dando lugar así a una cierta desmercantilización de su consumo. Estos procesos han tenido siempre una clara y relevante dimensión política que, en una larga y contradictoria historia, fue configurando lo que se llamó Estado de Bienestar. Esa configuración de relaciones sociales y políticas permitió que el bienestar de los individuos no dependiera únicamente del circuito monetario, haciendo evidente la capacidad (poder) político-administrativa de regular (orientar desde fuera del mercado) del Estado y la posibilidad, contradictoria, de que esa capacidad controlase las relaciones privadas de intercambio.

Tal desmercantilización se manifestó por medio de dos procesos principales: por un lado la exclusión de alguna actividad de las relaciones de acumulación capitalista, disminuyendo las posibilidades de la obtención de ganancia en ella, como puede ser la gestión pública de la educación, y/o la captación fiscal de recursos desde los “ingresos” sociales, tanto los derivados de la renta, la ganancia o el salario. Por otro lado, con la consecuente desmercantilización de esa producción y/o del consumo de ciertos bienes esenciales para la reproducción de la fuerza de trabajo o de la población en general.

Desmercantilización y derecho a la ciudad

Aplicando lo anterior a la ciudad, es evidente que su mercantilización implica la dependencia, tanto de su producción mercantil como de la capacidad monetaria para acceder a ella. Es por ello que el derecho de la población a contar con las condiciones de urbanización que integran su reproducción está subordinado a su solvencia. A contrario sensu, la definición social de la ciudad como derecho supone sustituir su condición de mercancía. Para ello deben resolversesocial y políticamente las contradicciones que definen esa cuestión: garantizar la posibilidad generalizada de acceder a esos bienes, reconocer el derecho al “consumo desmercantilizado”, al “consumo no mercantil”.

La distinción entre producción mercantil y consumo mercantil permite ordenar el análisis. Un proceso de producción no mercantil se orienta al consumo del producto sin pasar por el intercambio mercantil. Correlativamente, un proceso de consumo no mercantil se basa en el acceso al bien necesario sin tener que aportar los recursos monetarios que requeriría el intercambio mercantil. Consecuentemente, desmercantilizar la producción de un bien, o producirlo de manera no mercantil, supone excluir ese proceso productivo de las relaciones de acumulación de capital. Desmercantilizar el consumo implica permitir el acceso a un bien en razón de la necesidad sin contribución monetaria directa. También podría considerarse desmercantilización del consumo cuando se cobra un precio que no está determinado por la cobertura de costos y ganancia, sino por una relación con el salario de quien lo consume.

No debe confundirse los procesos de desmercantilización del consumo con el debilitamiento de la acumulación capitalista. El en primer caso, se trata de la aplicación de recursos captados de manera fiscal, y cuyo uso contribuirá a disminuir el valor de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, podrá favorecer la acumulación de capital en términos generales. De todas formas, su verdadera significación será difícil de precisar si no se conoce el origen de esos recursos (desde la ganancia, la renta o el salario).

La urbanización latinoamericana: desmercantilización estatal y social

La urbanización en las sociedades latinoamericanas, más allá de las diferencias que existen entre ellas, puede ser caracterizada por dos rasgos principales: por un lado el predominio de procesos sociales (no estatales) de desmercantilización en un contexto de producción y consumo mercantilizados; y por el otro la existencia de fuertes desigualdades.

La desmercantilización social se da cuando la población excluida del consumo mercantil de la ciudad produce por sí misma esos bienes, destinados a la satisfacción inmediata de sus necesidades. Esto puede concretarse, además, en la autoconstrucción, predominantemente de las viviendas, dentro de largos procesos de urbanización informal que normalmente vinculan, además, a diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. Esto es lo que se ha llamado la urbanización popular.

La desmercantilización social explica la existencia de una importante proporción de la superficie de las ciudades urbanizada por fuera del predominio de la producción y consumo mercantilizados, con procesos desarrollados, también, fuera del predominio estatal. Es decir no están orientadas por la obtención de ganancia ni por las normas institucionales (leyes, reglamentos, planes, etc.) que regulan la urbanización. Es claro que en sociedades de mercantilización universal y hegemónica, lo que se da es la exclusión del predominio de las relaciones mercantiles, más que su ausencia total.

La desmercantilización social no incluye componentes de redistribución económica, a diferencia de lo que sucede en los procesos estatales de desmercantilización. Salvo que intervenga algún tipo de apoyo estatal, sin que esto signifique la subordinación del proceso. Son los consumidores no solventes de ciudad quienes asumen la carga, de manera fundamental, de aportar su trabajo, incluyendo también, a veces, algunos recursos financieros, configurando así lo que Lucio Kowarick llamara expoliación urbana.

En la producción de la ciudad en las metrópolis latinoamericanas los procesos de desmercantilización social no solamente no son residuales, sino que representan alrededor de la mitad de su superficie y población.

Las desigualdades urbanas en las metrópolis de nuestra región son su otro rasgo distintivo que está asociado íntimamente con el predominio deformas mercantiles de producción y consumo y sus efectos segregadores. La diferenciación fundamental se da entre la existencia de una urbanización servida, producida fundamentalmente en procesos mercantiles, y otra no servida que resulta principalmente de procesos de desmercantilización social, y se va completando con el paso del tiempo con los esfuerzos (en trabajo y recursos financieros) de sus pobladores. Resultan de tal modo lugares de muy desiguales condiciones y, por ende, de muy diferente habitar.

Desde el inicio de la industrialización por sustitución de importaciones, en general en los años cuarenta del siglo XX, las metrópolis de América Latina se conformaron con base en esas dos modalidades que se dieron en forma simultánea e interrelacionadas. Coexistencia que se muestra altamente persistente en la urbanización de la región. Esto significa que las formas no mercantiles de producción de la ciudad se mantienen, más allá de lo que muestran los índices de crecimiento económico y de mejora de otros indicadores sociales. Esa persistencia ha permitido el asentamiento de buena parte de la población metropolitana, a la vez que ha consolidado las diferencias y desigualdades urbanas en las grandes ciudades de América Latina.

¿Mercancía o derecho?

La urbanización asociada con la industrialización sustitutiva de importaciones, en general junto concondiciones de “democratización del bienestar”, implicó, por lo menos en algunas sociedades de América Latina (por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile y México), gran incorporación de pobladores dentro del predominio de la urbanización mercantilizada. Esas condiciones, pese a las diferencias entre países, permanecieron hasta fines de los años setenta del siglo XX.

En esos años, junto al predominio de procesos mercantiles de urbanización, se observan experiencias de desmercantilización estatal, predominantemente del consumo, por la disminución del costo financiero en la compra de los bienes urbanos. Se pusieron en operación aparatos gubernamentales que vincularon la producción mercantil y la población de bajos ingresos, ampliando el umbral de solvencia para acceder a la urbanización mercantilmente producida. Correlativamente, también, las metrópolis crecieron por medio de procesos de desmercantilización social, normalmente no redistributivos, que consolidaron las desigualdades urbanas y las expandieron en el crecimiento metropolitano.

En la medida que se debilitó la definición de la ciudad, y de cada uno de sus componentes, como derecho universal, creció la población que no llegaba a condiciones de solvencia y quedaba fuera del mercado, mientras que las políticas estatales se fueron atrasando en relación a los objetivos de cobertura universal de suelo, vivienda, infraestructuras, etc. Los procesos de urbanización socialmente desmercantilizada (urbanización popular) permitieron el asentamiento de la creciente cantidad de familias que no alcanzaban las condiciones de solvencia.

Con el peso creciente de la reestructuración neoliberal en la región se debilitó el reconocimiento, si bien más formal que real, del derecho a la ciudad como un rasgo, tendencialmente a lo menos, universal. Es así que luego de los años setenta del siglo XX, se consolida la diferenciación de los habitantes metropolitanos en razón de la capacidad (y responsabilidad) individual (o familiar) para acceder monetariamente a los bienes urbanos. El derecho a la ciudad queda restringido para quienes cumplen con las condiciones socioeconómicas (solvencia) asociadas con el nivel de ingreso. De allí que suelo, vivienda, infraestructuras, servicios fueron objeto de una fuerte re-mercantilización, sea por mecanismos de desregulación como de directa transferencia a la producción mercantil a cargo de empresas privadas y debilitamiento de los programas de desmercantilización del consumo. El derecho a la ciudad queda subordinado a las condiciones mercantiles.

Desde los años noventa esas tendencias se acentuaron. Por una parte, mercantilización de la urbanización apoyada en las políticas estatales, a partir de las innovaciones ensayadas en Chile durante la dictadura y consolidadas luego con la democratización, como con lo que se llamó los “conjuntos urbanos” en México. Esas políticas facilitaron la oferta privada capitalista y habilitaron la demanda, acercando, como nunca antes, a la población de bajos ingresos hacia condiciones de solvencia para las cuales se destinaba la producción mercantil de suelo y vivienda. Ello fue posible por la baja del costo financiero, utilizando diferentes formas de subsidios, por el apoyo estatal a las empresas privadas productoras que, junto con el financiamiento para la producción y circulación, contribuyó a garantizar su rentabilidad. Más allá de eso, uno de los mecanismos centrales para acercar la demanda a las ofertas mercantiles fue el abaratamiento de la vivienda-urbanización que se basó en una creciente degradación del bien de uso (lejanía de la centralidad, mala calidad de la vivienda, ausencia de fuentes de trabajo y de equipamientos, insuficiencia habitacional, etc.). Al mismo tiempo, la reforma en la gestión de los servicios urbanos de infraestructura, tanto por medio de modificaciones en la regulación, que obligaron a las empresas estatales a producirlos en condiciones mercantiles, como por su transferencia a empresas privadas (privatización), volvieron más difíciles las condiciones de acceso y ampliaron la pérdida de servicios de parte de la población de bajos ingresos.

En algunos casos, la crisis derivada de la aplicación de las políticas de la reestructuración neoliberal llevó a su replanteamiento, con la emergencia, como por ejemplo en la Argentina posterior a la crisis de 2001-2002, de propuestas de “neo-desarrollismo” que tendieron a recuperar el papel estatal. Sin embargo es difícil encontrar una efectiva definición de políticas para el acceso desmercantilizado de la ciudad en tanto derecho universal, más allá de algunas medidas puntuales que apuntan en ese sentido. Pueden mencionarse también las políticas aplicadas en Brasil con el inicio de la presidencia de Lula (2003), en particular, el enfoque global de la problemática urbana (vivienda-ciudad) y el inicio de diferentes programas junto con una enorme redistribución del ingreso que elevó el umbral de la solvencia de manera considerable, ampliando el acceso mercantil a la ciudad.

Debe tenerse en cuenta que los procesos estatales que incluyen cierta redistribución no logran consolidar situaciones universales de derecho a la ciudad y, consecuentemente, sigue incrementándose la producción popular, cuya desmercantilización social de la urbanización no impide las situaciones de expolición urbana.

Las respuestas frente a la re-mercantilización de las metrópolis

La urbanización en las metrópolis de América Latina en los últimos años se caracteriza por el peso continuo, y aún creciente, de procesos de desmercantilización social, por medio de diferentes procedimientos: producción irregular de suelo urbano, distribución clandestina de servicios, autoproducción de vivienda y equipamientos, etcétera.

Junto a la repetición de las experiencias populares de urbanización, que se orientan a la producción por fuera de las normas (comerciales y urbanas) de asentamientos con características análogas a la urbanización regular, emergieron demandas que, además de buscar la satisfacción de necesidades (suelo, vivienda, servicios) piden el reconocimiento de los derechos al acceso a esos y otros bienes, en un movimiento de constitución de ciudadanía.

Así la combinación de estrategias (ocupaciones irregulares, demandas judiciales, etc.) comenzaron a anunciar nuevas formas de contradicción frente al impacto de las políticas aplicadas en la reestructuración neoliberal para las ciudades metropolitanas. Un elemento característico de estas respuestas fue la base territorial de sustentación, tanto de las demandas como particularmente de las organizaciones sociales, en un proceso que se interpretó como una sustitución de la afiliación propia de las relaciones salariales perdidas con el desempleo por vínculos comunitarios en los ámbitos territoriales de reproducción social de las familias.

- Pedro Pírez, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires.

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