Al saludar la “toma” del Congreso, Gutiérrez-dictador anticipó una reforma política, a discernirse en una consulta popular, diseñada para que la ciudadanía legitime sus desafueros jurídico- institucionales. Al formalizar el trámite del plebiscito, inicialmente contenido en diez diversionistas preguntas, proclamó el “inicio de la segunda y definitiva independencia del pueblo ecuatoriano”. Frase a todas luces vacía acuñada con el innoble propósito de enmascarar felonías en ciernes. ¿Qué protervos fines anida el “autogolpe” decembrino? Una mesa de tres patas “En política lo real es lo que no se ve” (Martí). La estelaridad doméstica y folklórica de personajes como Lucio el Traicionero o el “Loco” Abdalá no puede hacer perder de vista que el pequeño Ecuador está inserto en un mundo que funciona bajo la égida de Washington. Dicho de otro modo, no se tiene que confundir la parte con el todo, el efecto con la causa, el títere con el titiritero. Y menos en los tiempos que corren, cuando el Gran Hermano ha decidido impulsar un plan completo de recolonización de América Latina y, específicamente, de los países andinos. Para nuestra convulsionada subregión, la estrategia comprende tres objetivos básicos e interdependientes: la radicalización de la “acumulación por desposesión” (Samir Amin), la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la potencia unipolar y la intensificación del Plan Patriota/IRA/Plan Patriota. La dictadura gutierrista, fraguada en el crisol de reacomodos oligárquicos, tiene el propósito medular de cumplir con ese diktat metropolitano. Pruebas al canto. El espaldarazo de Wall Street Consumado el putch decembrino con la captura de las Cortes y el Congreso, Gutiérrez y su ministro de Economía, Mauricio Yépez, volaron a Nueva York y Washington para informar de las buenas nuevas ecuatoriales a los capos del “planeta financiero”. Crecimiento del PIB al 6 por ciento en el 2004 y caída de la inflación al 2 por ciento en ese mismo año, puntualidad en los (sobre)pagos de la deuda externa-interna, sumisión a la disciplina del FMI-Banco Mundial, propuesta para renegociar los bonos Global al gusto y sabor de los cortacupones… En buen romance, una repetición del sonsonete liberal que hunde al Ecuador –y al continente- desde los tiempos de Ronald Reagan. Nada dijeron de los cientos de miles de empresas arruinadas por la financierización y la dolarización, del incontenible éxodo de mano de obra calificada y no calificada, del deterioro de la educación y la salud hasta niveles africanos, de la extensión de la pobreza e indigencia a las 4/5 partes de la población. Gran satisfacción despertó entre los hombres-corporación la noticia transmitida por los amigos “sudacas” sobre la inminente aprobación en el Parlamento de leyes encaminadas a profundizar los procesos privatizadores (petróleo, electricidad, Seguridad Social). Legislación que busca completar las reformas ortodoxas impulsadas por la Trole I de Jamil Mahuad y la Trole II de Gustavo Noboa. Colmados de felicidad, los inversionistas estadounidenses y europeos exteriorizaron su complacencia por el accionar “económicamente correcto” de Quito. Stanley Fisher, ex subdirector del FMI (Fundamentalismo Monetario Internacional) y ejecutivo del City Group, resumió ese sentimiento aludiendo a las “posibilidades de inversión que se abren en Ecuador… un país que ha encontrado el camino del desarrollo”. Felicitaciones y palmadas en la espalda. Wall Street no cree en lágrimas… ni en democracias tercermundistas. A ningún operador de bolsa se le ocurrió preguntar sobre la reciente trastada anti-institucional protagonizada por el PSP, PRE y PRIAN. Por el contrario, con su discreto silencio, los sacerdotes del dinero sacramentaron el nuevo statu-quo político del meridiano país. Bussines are bussines. Poco después, el titular del FMI, el aznarista Rodrigo Rato, en un fugaz periplo por estas tierras, asumió idéntica postura e insistió en la urgencia de las reformas lesseferianas. El paquete privatizador de Gutiérrez –extraoficialmente bautizado como Trole III y, oficialmente, con el extraño nombre de Ley Topo- aspira entregar a título de ganga el patrimonio hidrocarburífero y la electricidad a las transnacionales y, a su vez, con la privatización del IESS, propinar el golpe de gracia al mini-Estado Social que proyectara la Revolución Juliana (1925) y que alcanzara su mayor expresión a la sombra del boom petrolero de los años 70. La cesión del petróleo bajo la modalidad de contratos de asociación explica de modo preponderante el quiebre institucional. Conforme a una nota periodística: “En materia petrolera… se ratificará el modelo contractual de obras, bienes y servicios específicos para incrementar la producción de los principales campos petroleros estatales. Por el momento, cuatro de ellos (Auca, Lago Agrio, Shushufindi y Culebra-Yulebra) están en concurso… Petroecuador y la contratista definirán la operación de los campos y las inversiones se pagarán de la producción incremental… El presidente de Petroecuador, Hugo Bonilla, declaró que esos campos y otros 11 marginales serán los que se oferten a los inversionistas privados. Sacha, Libertador, Cononaco, Guanta- Durero y Cuyabeno-Sansahuari están en la lista para otro concurso”. (Hoy, 27 de febrero del 2005) Con seguridad, el “engullimiento” de las empresas eléctricas y de los recursos financieros del IESS habrá entrado a la agenda de más de uno de los operadores bursátiles. ¡Loado sea Mammón! El TLC y la liquidación del Estado-nación “El TLC se firma o se firma”, habría respondido un prepotente Lucio Gutiérrez ante un requerimiento reciente de la prensa y, en una nueva prueba de autismo político, demandó el apoyo unánime de los 13 millones de ecuatorianos para la suscripción del ya celebérrimo TLC, soslayando que supondría el genocidio de tres millones de indígenas y campesinos compatriotas. ¿Cómo explicar la obsesión del edecán-presidente por la propuesta integracionista-“anexionista” de Washington? Gran parte de la respuesta se encuentra en que, después de la ruptura con la CONAIE/Pachacutik, el Coronel asumió abiertamente la decimonónica tesis aperturista de los exportadores e importadores, representados en el gabinete por la ministra de Comercio, Ivonne “Malinche” Baki. No menos determinante habría sido el vasto desconocimiento del régimen de las implicaciones de un TLC Ecuador-Estados Unidos. Esta última cuestión quedó evidenciada cuando Cristian Espinosa, el jefe negociador ecuatoriano, reconoció sin ruborizarse que el país no dispone de un proyecto nacional para las tratativas con la superpotencia. Confesión reveladora, por otra parte, de que el oficialismo no tiene la más remota idea que el TLC no constituiría sino la culminación de la reestructuración subordinada impuesta a nuestra atribulada nación desde hace un cuarto de siglo. La obsecuencia viene nublando el entendimiento de las cosas. En Carondelet nunca ha podido percibirse que el TLC de marras comporta un instrumento geoestratégico de la potencia encaminado a consolidar su hegemonía productiva, comercial, financiera, científica, tecnológica, ambiental, política, legal, institucional e ideológica en los territorios que, a escala hemisférica, se extienden entre Alaska y el Cabo de Hornos. Al parecer, la expectativa máxima del gutierrismo y sus comparsas no va más allá de preservar lo logrado con las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA, conforme a sus siglas inglesas), las insignificantes compensaciones decididas por el Congreso norteamericano por el involucramiento de nuestros países en la fementida cruzada contra el narcotráfico. Gutiérrez, Baki, Espinosa et al, por acción u omisión culposas, vienen soslayando que la firma del TLC tendría implicaciones liquidacionistas del Estado-nación ecuatoriano como las denunciadas por el heteróclito y ascendente movimiento anti- integración corporativa. Tales consecuencias es posible condensar en puntos como los siguientes: - La liberalización de los mercados de bienes, servicios, inversiones y derechos de propiedad intelectual solo puede conducir a una integración favorable a las corporaciones yanquis y, en contrapartida, a una mayor desarticulación de la economía, la sociedad y la cultura nacionales, así como a una escalada en la depredación medioambiental, al imponerse los derechos privados de las empresas transnacionales por encima de la Constitución y leyes locales. - El TLC Ecuador-Estados Unidos extendería el desempleo como una pandemia implacable, a la par que, en la medida que se implanten la maquila y las zonas francas, fomentaría la sobreexplotación de los trabajadores que serían pagados con salarios varias veces inferiores a los que las corporaciones admiten solventar en la metrópoli. Se suprimirían los derechos laborales, ambientales, de salud, de seguridad social, de género y de sindicalización, con la correlativa precarizarían del empleo. - Ampliaría los flujos migratorios y profundizaría la sobreexplotación, la discriminación, la persecución y la represión a los trabajadores migrantes e indocumentados. - Precipitaría al país en el foso de la subordinación financiera, agravada por el inmenso peso de la deuda externa-interna, haciendo que la nación pierda hasta la menor capacidad de resistencia a las corporaciones y bancos internacionales. - La agricultura quedaría expuesta a una competencia ruinosa frente al tecnificado y subsidiado agrobussines norteamericano. Los trabajadores rurales se verían obligados en mayor medida al éxodo y a una vida miserable en las ciudades, dañando así la riqueza cultural y multiétnica, la biodiversidad, las reservas de agua potable y forestales, además de erosionar el trabajo agrícola como fuente de empleo y sustento alimentario. - El TLC llevaría a la industria sobreviviente y a la mayoría de ramas artesanales a su ruina definitiva, retrotrayendo a parte significativa de la población a un estadio agropastoril, dentro de un curioso proceso modernizante que avanza hacia atrás. - Complementariamente, cobraría auge un deplorable sector terciario lumpesco responsable de actividades reñidas con valores que el establecimiento dice defender: prostitución, turismo sexual, coyoterismo, sicariato, tráfico de drogas y órganos vitales, comercio de armas, deforestación… En una frase, el Ecuador transformado en un inmenso gueto socioeconómico. - Los derechos de propiedad intelectual se constituirían aún más en un monopolio tecnológico de las corporaciones estadounidenses. Además que el TLC está diseñado para que se explote el conocimiento tradicional de los pueblos vernáculos, que se verían despojados de gran parte de sus riquezas naturales y privadas. - La conversión de los derechos sociales en pura mercancía profundizaría la exclusión y la crisis generalizada que ya padecen nuestros pueblos en derechos básicos como la educación, la salubridad y la salud. - Las transnacionales y los inversionistas estarían facultados a presentar demandas contra el gobierno y a que estas se diriman en tribunales arbitrales internacionales, bajo el principio de que el interés corporativo transnacional debe imponerse sobre el derecho y el interés nacional. - El Estado ecuatoriano cedería la prerrogativa de realizar compras al sector privado o público de la propia nación, si las transnacionales se consideran en capacidad de presentar ofertas más competitivas. - Si la dolarización cercenó al Ecuador su soberanía monetaria, el TLC cercenaría su soberanía territorial de múltiples maneras. Cabe preguntar: ¿existe república sin un gobierno en capacidad de organizar los intercambios y administrar un territorio? Plan Patriota: la guerra toca a la puerta Históricamente, el comercio y la guerra han ido de la mano en las geoestratégicas imperiales. Asimismo, cabe recordar que la dominación externa ha requerido siempre de complicidades internas. La “diplomacia arrodillada” de Gutiérrez y Zuquilanda ha colocado al Ecuador a un paso de declarar la guerra total a la insurgencia colombiana. Los hitos últimos de la escalada son los siguientes: - Según un reporte procedente de Bogotá: “El Plan Patriota comenzó a revelarse en junio pasado (2004) como la ofensiva militar más ambiciosa contra la guerrilla izquierdista. Y en ella participan tropas estadounidenses. En la operación, que involucra a 17.000 soldados y se despliega en un área de unos 260.000 kilómetros en el sur del país, actúan fuerzas móviles y escuadrones especiales de selva entrenados y asesorados por estadounidenses y respaldados por moderna tecnología, también de Estados Unidos. La zona de la ofensiva es territorio controlado por las FARC. Según un memorando de la no estatal WOLA, el gobierno estadounidense está ofreciendo a Bogotá ‘niveles sustancialmente nuevos en ayuda militar’, en respaldo del Plan Patriota. La operación es exclusivamente bélica, por lo cual ‘el Plan Patriota marca la entrada a una nueva fase, más intensa, de participación militar en el conflicto armado colombiano’, según la misiva, dirigida el 14 de mayo (2004) al Congreso norteamericano… El Plan Patriota se complementaría con la Iniciativa Regional Andina, dirigida a Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, con el objeto de blindar militarmente las fronteras con Colombia”. (Constanza Vieira, “Plan Colombia comienza a salir de la sombra”, Tintají, segunda quincena de noviembre del 2004). Ninguna persona medianamente informada desconocía de la puesta en marcha del Plan Patriota, excepto Gutiérrez, Zuquilanda y el ministro ecuatoriano de Defensa, Nelson Herrera. - Conminado por la Casa Blanca para que el Ecuador conceda “licencia para matar” en favor de los diplomáticos, soldados y mercenarios gringos, el Coronel escurre el bulto endosando la decisión al Congreso. Éste le recuerda que el país es suscriptor del Tratado que creó la Corte Penal Internacional. Washington insiste en su ordenanza. Al momento, el florón se encuentra en manos del fundador de la inefable “Sociedad Patriótica”. - Días antes del arribo a Quito del ratificado secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, y acaso como medio para reforzar sus palabras en un cónclave continental castrense, paramilitares colombianos asesinan con motosierras a decenas de campesinos en el Bajo Putumayo, forzando la huida a Sucumbíos de centenares de sobrevivientes. La sangre llega al río y Carondelet y el Palacio de Najas permanecen inconmovibles. En ese encuentro, mientras Gutiérrez se pronuncia por respaldar las pretensiones de G.W. Bush y Álvaro Uribe enderezadas a internacionalizar la guerra civil del vecino norteño, crear un represivo Plan Cóndor II y proseguir la lucha contra el “narcoterrorismo”, el jefe de Gabinete del ministerio de Defensa, capitán Jorge Gross, acota que no se puede “combatir un terrorismo con otro terrorismo”, y la delegación ecuatoriana termina sumándose a la tesis antibelicista sudamericana liderada por “Lula” da Silva y Hugo Chávez. El “carnicero de Bagdad” se despide exigiendo definiciones al anfitrión. - Con posterioridad al “autogolpe”, las presiones arrecian -tanto las provenientes del eje Washington-Bogotá como las de manufactura criolla- y se enfilan a que el Ejército compatriota “borre” la línea de frontera para combatir a las FARC y al ELN en sus propios territorios. “Tras la marcha quiteña por la Democracia -16 de febrero- se viene consumando el jaque a Lucio Gutiérrez. Estados Unidos a través de su embajada, USAID y ciertos aliados de la ‘sociedad civil’ como Participación Ciudadana, la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) y las cámaras empresariales están colocando al presidente ecuatoriano en jaque… para que cumpla compromisos asumidos”. (Tintají, 2da. quincena de febrero del 2005). - Acción y reacción. En respuesta a la deportación de seis de sus efectivos, las FARC emiten un comunicado donde se lee: “Lamentamos la actitud entreguista y servil de Lucio Gutiérrez con las políticas intervencionistas y fascistas de Bush-Uribe… Hacemos un llamado a los pueblos bolivarianos y latinoamericanos a mantenerse vigilantes y exigir el cumplimiento del principio de autodeterminación de los pueblos… Llamamos al Gobierno y al coronel Lucio Gutiérrez a cumplir los acuerdos asumidos”. (El Comercio, 13 de marzo del 2005). ¿Un ultimátum? El “dictócrata” se sume en el silencio… y la nación en el suspenso. ¿Podrá el Hamlet ecuatoriano continuar deshojando margaritas? Quito, marzo del 2005 René Báez es profesor de las universidades Católica y Central. Miembro de la International Writers Association