En medio de un clima enrarecido por violentos atentados y una pugna no resuelta en torno a la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Lucio Gutiérrez trata de imponer el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que sería la culminación del proyecto neoliberal.

El enfrentamiento político en torno al control de la Corte Suprema de Justicia ya lleva tres meses sin resolución. Como se recordará, el pasado 8 de diciembre, el gobierno de Gutiérrez logró conformar una mayoría en el Congreso que cesó a la Corte Suprema de Justicia y a otros organismos del Estado y nombró en su lugar a funcionarios allegados al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), liderado por Adala Bucaram, y del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), dirigido por Álvaro Noboa. Otros partidos de izquierda, como el Movimiento Popular Democrático y el Partido Social Ecuatoriano (PSE), también apoyaron al gobierno a cambio de sus respectivas cuotas de poder.

Si bien Gutiérrez logró desplazar del control de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional a León Febres Cordero, su ex aliado del Partido Social Cristiano (PSC), ahora, en estas instituciones del Estado, tienen una gran influencia el ex presidente Abdala Bucaram, prófugo en Panamá, y el multimillonario Álvaro Noboa.

La heterogénea oposición a Gutiérrez, conformada por el PSC, la Izquierda Democrática (socialdemócrata) y el Movimiento Pachakutik ha señalado que esta Corte tiene un origen ilegítimo pues fue nombrada inconstitucionalmente, ya que una mayoría parlamentaria no tenía atribuciones para reformar la Constitución y reorganizar la función judicial. Desde amplios sectores ciudadanos y desde los movimientos sociales también se ha cuestionado la política de concentración de poderes de Gutiérrez, cuyo punto culminante fue la multitudinaria marcha del pueblo de Quito, llevada a cabo el pasado 16 de febrero.

La situación que vive el Ecuador “es consecuencia de un proyecto autoritario que se ha generado en los últimos 20 años”, dijo a ALAI el doctor Santiago Ortiz, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

El asunto de la Corte es la punta del iceberg. Los desafueros y amenazas que se están cometiendo son la consecuencia de la constitución de un proyecto de Estado autoritario que deja de lado todo lo que tiene que ver con las políticas sociales o con la garantía de derechos. Este es un gobierno autoritario, aquí hay un problema de violación de derechos humanos que es consecuencia de un modelo que no solo impulsa el libre comercio sino que también es un modelo político.

En ese sentido requiere, como requirió el modelo de un Menem o de un Fujimori, de un presidencialismo fuerte que implica que todo se concentra alrededor del Ejecutivo: el control de los recursos del Estado, y de los otros poderes, como el Legislativo y la Corte Suprema. Este alto grado de concentración del poder no es invento de Gutiérrez, esto es parte de un proceso largo que ya se reflejó en la Constituyente de 1998 en que se le dio todo el peso al Ejecutivo.

“En medio de esta dispersión y fragmentación tanto de los sectores dominantes como de los sectores populares, y ante la ausencia de un arco de resistencia al neoliberalismo, se quiere imponer el Tratado de Libre Comercio y consolidar la transición al modelo neoliberal”, expresa Ortiz.

La situación política se encuentra empantanada. Por una parte, la oposición parlamentaria plantea que la actual Corte Suprema de Justicia debe cesar y que se debe nombrar otra, pero no logra reunir una mayoría de 51 votos para viabilizar su proyecto. Del lado del gobierno, el presidente Gutiérrez insiste en que la única salida es la convocatoria a una consulta popular, planteando en la misma que los jueces deben ser designados por un colegio electoral constituido por delegados de la sociedad civil.

La propuesta del Ejecutivo ha sido rechazada por la oposición y recibida con indiferencia por sus propios aliados, el PRE y el PRIAN, que no la ven con buenos ojos pues temen perder las cuotas alcanzadas en la actual Corte. Se debe recordar que “la alianza del gobierno con el PRE, el PRIAN y los sectores llamados independientes no es muy fuerte, son acuerdos de corto plazo y que tienen que ver con cesiones del aparato estatal hacia esos sectores, pero no hay un proyecto de largo plazo”, dijo Ortiz.

El diputado del Movimiento Pachakutik, Antonio Posso, calificó como una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano la propuesta de consulta formulada por el Presidente de la República, mediante la cual busca aplicar la teoría de los hechos consumados, ganar tiempo y continuar con la debacle existente en el ámbito jurídico nacional.

Clima de violencia

Mientras el conflicto político se mantiene, en el país se vive un clima de confusión caracterizado por amenazas y ataques a opositores del régimen, que comienza a preocupar a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Uno de los más graves, es el atentado que sufrió el diputado socialista Enrique Ayala, en la noche del 5 de marzo, por parte de pistoleros que intentaban victimarlo. Este es uno más de una cadena de atentados, que, según los organismos de derechos humanos, llegan a veinte, solo en el último año. Desde el 1 de febrero de 2004, cuando el entonces presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, fue atacado a bala por desconocidos, las amenazas de muerte y los ataques a domicilios u oficinas de opositores y los procesos judiciales contra periodistas, han estado al orden del día.

La situación reviste tal gravedad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó, el pasado 28 de febrero, a la Cancillería ecuatoriana la adopción de medidas cautelares para los periodistas Paco Velasco, Diego Oquendo y Orlando Pérez, para el productor de televisión Carlos Vera, para el dirigente de las cámaras de comercio Blasco Peñaherrera Zola, para el ex ministro de Bienestar Social y ex colaborador de Gutiérrez Patricio Acosta, para el concejal de Pachakutik Antonio Ricaurte y para los miembros de ONGs: Diego Guzmán, María Paula Romo y César Montúfar. Varios de ellos rechazaron la protección policial dispuesta por las autoridades aduciendo que “mejor estar solo que mal acompañados”. Según organismos de derechos humanos, en el país existe una estructura parapolicial dedicada a perseguir a los opositores.

En casi todos los casos, las víctimas han sido críticos al gobierno de Gutiérrez. Pero en los últimos días, la violencia afectó a Rosa Cabezas, gobernadora de la provincia de Esmeraldas, una funcionaria de la agrupación oficialista Partido Sociedad Patriótica, quien recibió un disparo en la espalda mientras se movilizaba con dirección a Quito.

El gobierno ha deslindado cualquier responsabilidad en los atentados, sin embargo, la impunidad en todos ellos es el denominador común. La policía no ha presentado informes sobre el avance de las investigaciones, no hay detenidos, ni se ha esclarecido los móviles de los ataques.