Sí, pero no... “...Sí, renuncio, pero dejo la decisión en manos del Parlamento...”. ¿Renuncia?, ¿chantaje?, ¿reality show?, ¿dribling político?, ¿espacio de auto-reflexión? “...Sí renuncio, pero la decisión está en usted, usted y usted ciudadana, ciudadano...”. ¿Es la apelación a la individualidad un nuevo modo de hacer política basado en la exaltación de las emociones?, ¿o son licencias propias de gobiernos sin ataduras reglamentarias con partidos políticos? ¿Qué mismo significa el anuncio de renuncia no irrevocable a su cargo de Presidente de la República de Bolivia realizado la noche del domingo 6 de marzo por don Carlos D. Mesa? ¿Cuáles son los entretelones de esta historia cuyo desenlace, aún siendo previsible, puso en ascuas a un país en el que lo impredecible es el rumbo de su sistema político? La renuncia representa muchas cosas a la vez. Por una parte, es un hecho sin precedentes en la joven democracia boliviana que no está acostumbrada a formas representativas caracterizadas por la figura de un presidente sin partido y con una incipiente representación parlamentaria lograda a fuerza de juntar disidentes de diversas fuerzas políticas. En este marco se entiende por qué la renuncia se prestó a su comprensión al mismo tiempo como posible expresión de narcisismo (para la oposición), y/o de ingenuidad (para los que todavía ven en el Presidente al periodista y no al político), y/o de extrema habilidad política (para sorpresa de todos) Como fuera, la medida ha tenido la capacidad de poner en cuestionamiento la dinámica corporativista de reivindicaciones demandadas a fuerza de marchas y bloqueos de caminos. En realidad, y acaso ésta sea la expresión más evidente, la renuncia logró cambiar el escenario, o como se dice en las calles, Mesa pateó el tablero, puesto que la coyuntura que se pintaba al calor de una agenda en la que prevalecían temas como la soberanía, la nacionalización y las autonomías regionales demandándose con movilizaciones en las calles y carreteras, adquirió otra razón de ser: la figura del presidente encaramada como condición de existencia de la democracia. Entre otra de sus caracterizaciones, el anuncio de renuncia ha removido los sentimientos de la población urbana sacándola de su modorra acostumbrada a seguir la política en las pantallas de televisión, para ponerla en las plazas públicas, donde agitando pañuelos blancos desplegó pancartas de apoyo a Mesa y cantó estribillos contra Evo Morales. Asimismo, el anuncio de la renuncia ha generado una situación de inestabilidad y de fragilidad que muestra que las intolerancias no están echas de papel sino de la búsqueda de proyectos de sociedad distintos. Mesa, equilibrista hasta ahora de una política equidistante de moros y cristianos, decide claramente alejarse de las trincheras nacionalizadoras de los movimientos sociales y afincarse en los souvenirs privatizadores de las propuestas empresariales nacionales y transnacionales. La amenaza de la renuncia atribuida a la actitud intolerante de los movimientos sociales ha obligado a los líderes de las organizaciones populares a aclarar que lo que buscan es la salida de las transnacionales y no del presidente Mesa. En realidad, nadie le pidió que se vaya, el lo decidió solito. El escenario de la renuncia Pasados los carnavales, al menos una veintena de movimientos sociales distintos se dispersaron en el país con una variedad de expresiones y de demandas, causando la misma reacción que los cazabobos extendidos en un campo minado: destruir y cortar los accesos. Se dice que, en teoría, hay sólo tres alternativas para superarlos: la primera, agotarlos a fuerza de reventarlos aunque se destruyan vidas (esta fórmula la vivimos con el depuesto presidente Sánchez de Lozada); la segunda, pasar sin provocarse un rasguño al estilo Rambo (fórmula vista sólo en las películas); y la tercera, desactivarlos antes que hagan daño. Entre estas opciones, don Carlos D. Mesa optó por la tercera, con una fórmula condenatoria de los campos minados, en este caso de las movilizaciones sociales, criminalizando sus formas de protesta. Bolivia es un país en el que las demandas se transforman rápidamente en conflicto, en parte por la generalización de una cultura de la intolerancia, y en parte también porque ante la ausencia de interlocuciones y formas de diálogo, a los movimientos sociales no les queda sino la alternativa de la protesta para ser incluidos en las políticas públicas. Paralelamente, en parte por las carencias típicas de uno de los países con mayor déficit de desarrollo humano, y en parte también por incapacidad de los gobernantes de turno, las respuestas gubernamentales por lo general han sido complacientes con las demandas hechas conflicto, aunque más con la finalidad de frenar las protestas que midiendo las consecuencias de lo que se compromete. Esta es una de las razones para la vigencia de un mal endémico en las gestiones gubernamentales: la ingobernabilidad, o la falsa imagen de que Bolivia es un país ingobernable. El gobierno de Carlos D. Mesa no es la excepción a la regla. Hasta ahora, en su afán de estar bien con todas las aristas de la sociedad, y en su necesidad de apoyarse los primeros meses de su gobierno en los movimientos sociales que lo hicieron presidente después de la rebelión de octubre 2003, y en obediencia a un pacto indeterminado con el MAS de Evo Morales, se ha dotado de una imagen de debilidad y de escasa gobernabilidad. A decir verdad, ha sido fácil torcerle el brazo a fuerza de marchas y bloqueos. Una de las respuestas complacientes sin previsión de las consecuencias, ocurrió el 12 de enero reciente, cuando Carlos D. Mesa, presionado por un paro furibundo de las Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto firma el DS 27973, por el que se rescinde contrato con Aguas del Illimani, la empresa francesa que usufructúa el agua en las ciudades de La Paz y El Alto. Curiosamente, cuando pasados los carnavales la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto) exige el cumplimiento del decreto pidiendo la expulsión inmediata de la transnacional, el gobierno califica de irracional la demanda porque implicaría pagar cerca de 67 millones de dólares, razón por la que propone la alternativa de una Empresa Mixta, que incluye a Aguas del Illimani, por supuesto. En este tire y afloje, la FEJUVE dispone a sus asociados tomarse las calles de la ciudad y cercar la sede de gobierno con una estrategia de anillo envolvente que hace imaginar otra vez al gigante aymara desperezándose. Y entonces la ciudad de La Paz, vecina de El Alto se llena de pánico, inunda y vacía los mercados y se devanea en colas desordenadas en las gasolineras. Y como el gobierno tiene como sede La Paz, por supuesto que se siente presionado. ¿No calculó acaso antes don Carlos D. Mesa que El Alto iba a exigir el cumplimiento del decreto que él mismo firmó y justificó con un discurso basado en la soberanía? ¿Será verdad lo que dicen las autoridades de gobierno sobre que el interés real de la FEJUVE es echar una transnacional y no dotarse de un mejor servicio de agua? El otro movimiento que pintó la coyuntura de aires de sublevación, son los bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, incluyendo la toma de algunos pozos petroleros, para demandar la aprobación de una Ley de Hidrocarburos que recoja el sentimiento boliviano de recuperación soberana de los recursos estratégicos. Estos bloqueos fueron la reacción del MAS a la decisión del Parlamento de aprobación de un artículo de la Ley de Hidrocarburos que fija un régimen tributario que entre regalías (18%) e impuesto complementario a los hidrocarburos (32%), el Estado tiene una hipotética participación total del 50% por la explotación de hidrocarburos. El pero a esta medida radica en que el impuesto complementario a los hidrocarburos (ICH) es progresivo y su pago está sujeto a descuentos, alícuotas y otros juegos contables que lo reducen a mínimas expresiones monetarias, agravadas más aún porque el monto de la ganancia lo fijan las empresas petroleras. Para decirlo en palabras más claras, lo real es que existe un tributo del 18%, el mismísimo porcentaje que contenía la ley de Goni Sánchez de Lozada, y que el pueblo boliviano combatió en las calles. En contraposición, la propuesta de la Comisión Económica del Parlamento (multipartidaria), establece un pago directo del 50% de regalías. En términos monetarios, con el 50% de regalías, del ingreso estimado de mil millones cuatrocientos mil dólares que se obtienen por la venta de hidrocarburos anualmente, el país se estaría asegurando setecientos mil millones. En cambio el 18% asegura tan sólo doscientos veinte mil, dejando la realización del restante 32% a la posibilidad de un juego de ruleta. Este es el contexto que don Carlos D. Mesa calificó como ingobernable. Argumentó que los bloqueos representan un proceso por el cual el país caminaba a un punto muerto de resolución de sus problemas, y que de continuarse podrían haberse convertido en “una irreversible espiral de intolerancia que se tejía progresivamente desde sectores radicales que optaron por la vía de la presión, la violencia y el bloqueo”. Su justificación de intervención en este contexto se afincó en la lectura y características de los bloqueos, y dejó expresamente de lado las razones o contenidos de estos movimientos, razón de ser real de las demandas de esta coyuntura y de otras que empiezan ya a entretejerse. El sinceramiento del Presidente En su Mensaje a la Nación de la noche del domingo 6 de marzo en que anuncia su renuncia, Carlos D. Mesa se sincera consigo mismo y con el país. Acaso la ganancia del mensaje y lo que éste provoca, haya sido la posibilidad de ubicar al presidente en el lugar que quiere ocupar, más allá de sus esfuerzos centristas que lo tenían en el mismo nivel de equidistancia con la oligarquía y con los sectores populares. Por este sistema de gobierno era evidente la ausencia de una hegemonía gubernamental en el Estado, dándose en contrapartida el predominio de una anomia política en la que el Poder Ejecutivo aparece desfasado del Legislativo (o al revés) y ambos del Judicial. Sin embargo, en esta anomia política, Mesa tuvo sus mejores aliados en los movimientos sociales que depositaron en él la esperanza de realizar su “Agenda de Octubre”, e indudablemente, Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), fueron el sostén político de sus principales medidas. Para un presidente sin partido habría sido imposible viabilizar un solo proyecto sin la presencia aliada del MAS a su lado. Por eso su sinceramiento tiene visos de traición para la percepción de las organizaciones populares, y mínimamente de deslealtad para quienes lo sostuvieron en un gobierno sin hegemonía política. La renuncia de Mesa tiene un sentido básico: el de querer sentar legitimidad deslegitimando a otros. Y estos otros tienen una figura simbólica: los bloqueos, y otra figura orgánica: Evo Morales y el MAS, sus ex aliados. Entre los puntos diferenciadores con el líder cocalero, Carlos D. Mesa hace referencia principalmente al tema de los hidrocarburos que lo enmarca en una política del miedo, subrayando que “la Ley de Hidrocarburos que plantea Evo Morales es una ley inviable e imposible… la comunidad internacional no acepta, las empresas petroleras van a llevar al arbitraje”. Y para asentar más en las mentes indecisas la psicosis del temor en un país dependiente que vive en gran parte de la deuda externa vía cooperación internacional concluye en que “Estados Unidos puede marcar la imposibilidad de llevar adelante su ayuda, la Unión Europea puede generar una visión de ponerle una suerte de congeladora al país (la Ley con el 50% de regalías) pondría a Bolivia en una situación de interdicto en el plano internacional”. Es decir que, si Carlos D. Mesa siguiese articulado a un pacto con Evo Morales, se estaría haciendo cómplice de un país no viable. También tuvo palabras para Abel Mamani el líder de la FEJUVE – El Alto, diciéndole “usted quiere que yo a su lado le pegue una patada en el trasero a Aguas del Illimani, no lo voy a hacer”. Pero volviendo a su habitual ubicación en el medio de la tormenta que lo pone bien con Dios y con el diablo dice que “…firmé un decreto que establecía su salida, así que no le cuente a los alteños que el Presidente está a favor de Aguas del Illimani…”. Y asentándose en su lógica de sinceramiento le interroga al líder alteño: “¿usted le va a pagar a Aguas del Illimani cuando nos haga juicio por $us. 50 millones?, ¿va a pagar los $us. 17 millones que en los próximos días tendríamos que pagarle al Banco Mundial?”. Criminalización de la protesta, realismo miedoso de país dependiente, apego a los compromisos de la capitalización, todo junto en estas palabras. También tuvo sus palabras de demanda para los grupos oligárquicos del Oriente boliviano, que semanas antes protagonizaron un inédito movimiento empresarial que demandó autonomías regionales y logró de parte del gobierno el compromiso para convocar a elecciones de Prefectos y referéndum sobre autonomías. En su forma magistral de plantear las cosas, reflexiona don Carlos D. Mesa: “Muy buena es la élite cruceña para plantearle al Presidente autonomías y, cuando yo planteé la autonomía de la salud y la educación, ustedes después me despellejaron, diciendo que yo soy enemigo de Santa Cruz, me voltearon la espalda cuando yo les pedí, apóyenme”. Será por eso que el Presidente buscó esta vez su apoyo en el Parlamento, el espacio político más deslegitimado, y al cual no le dedicó más frases que el recuerdo de su rol Constitucional y una especie de sentencia alertiva en el cierre de su mensaje: “El Congreso Nacional que lo representa a usted, ciudadana y ciudadano de Bolivia definirá el tema, yo quiero expresarle a usted, que es ante usted, ante la consideración suya, que presento mi renuncia a la Presidencia de Bolivia”. Se compromete al Parlamento convocando a una envolvente vigilia ciudadana ganada emocionalmente. Destacándose en un concepto que Mesa sabe que se lo otorga la ciudadanía, refuerza dos elementos: su amor por Bolivia: “he hecho todo lo mejor que en mi entender, mi corazón y mi espíritu me han permitido hacer,… he comprometido todo lo que tengo como ser humano,…para construir una Bolivia mejor…”; y su apego a la paz y negación de la violencia: “yo he hecho un compromiso el 13 de octubre de 2003, no estoy dispuesto a matar y, debo decir algo bien clarito, no voy a poner a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía Nacional a desbloquear”. Lo primero le valió un espontáneo movimiento de adherentes que sin duda han incrementado su popularidad que nunca bajó del 60%; y lo segundo pone al país en una disyuntiva delicada, que sean algunos ciudadanos que se enfrenten a otros ciudadanos para recuperar la transitabilidad de las calles y carreteras. Cuatro caminitos La salida a los vaivenes de la renuncia era absolutamente predecible, estaba implícita en los mensajes de un Presidente que en verdad no quería irse, sino crearse otras condiciones para quedarse. De cualquier manera, distintos escenarios eran posibles a partir de dos grandes posibilidades dadas por la aceptación o rechazo a la renuncia en el Parlamento, ese espacio inoperante con el que el Presidente no pudo nunca antes ponerse de acuerdo y con el que, paradójicamente, buscó ahora consolidarse en un nuevo look gubernamental. La posibilidad de la aceptación de la renuncia contenía a su vez otros dos escenarios de salidas constitucionales posibles. Uno de ellos, la sucesión constitucional, que tenía como primera posibilidad que asuma la presidencia el presidente de la Cámara de Senadores, don Hormando Vaca Diez, militante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria y fuertemente resistido por los movimientos sociales. En el caso supuesto que esta alternativa no se realizara, quedaba como segunda posibilidad la sucesión en manos del presidente de la Cámara de Diputados, don Mario Cossío, militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido del ex – presidente Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada. Ambas posibilidades, si bien gozaban de legalidad carecían de legitimidad porque dejaban al país en los mismos partidos del gobierno gonista que antecedió a la subida de Carlos D. Mesa. En el caso que estas dos posibilidades no funcionaran, quedaba la posibilidad de la asunción del presidente del Poder Judicial, cuya función transitoria consistiría fundamentalmente en la convocatoria a elecciones generales en el plazo de seis meses. Esta posibilidad gozaba de la simpatía de distintos frentes y analistas, que afirmaban que era más viable empezar de nuevo que reposicionar a un Presidente debilitado. Pero quedaban aún dos escenarios posibles más, resultantes de la posibilidad de un rechazo en el Parlamento a la renuncia del Presidente. Un escenario posible podría haber pasado por un fortalecimiento del régimen sin condiciones, dejándole el territorio abierto para realizar sus propuestas, expresadas con claridad –como nunca antes- en el discurso de renuncia, en el sentido de respetar los compromisos de la capitalización expresados en contratos con empresas transnacionales. Pero el escenario ideal para las expectativas gubernamentales era el que se diseñaba a partir de un gran pacto político y social nacional, establecido en base a acuerdos mínimos que a título de hacer viable el país suponían que los movimientos sociales resignen sus demandas y adopten las propuestas del gobierno poco diferentes de las de los partidos tradicionales. Ocurre el escenario previsible, el del pacto, aunque Mesa tuvo que resignarse a que el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) no acepten firmar los acuerdos, por considerarlos contrarios a la aspiración ciudadana de la nacionalización y recuperación soberana de los recursos estratégicos. El pacto existe en el Parlamento, ciertamente, pero encuadrado en los partidos que sustentaron el régimen de Sánchez de Lozada. El pacto existe en el Parlamento sobre la base de acuerdos genéricos que denotan su rechazo a la protesta social y su simpatía por la continuidad de un sistema económico que no ha contribuido a luchar efectivamente contra la pobreza. El pacto en el Parlamento tiene el condimento de la adhesión ciudadana emocionalmente enamorada de la palabra así como de la imagen de víctima y de hombre culto y honesto que proyecta el presidente Mesa. El pacto en el Parlamento tiene también la sazón de un desproporcionado rechazo a la figura de Evo Morales. Los caminos posibles derivaron en uno, el previsible, pero su diseño nos invita a preguntarnos si valió la pena tanta tensión para un resultado que no cambia sustancialmente las condiciones de gobernabilidad, habiéndose por el contrario marcado con más claridad la polaridad de dos proyectos de sociedad conceptualmente distintos. La nueva alianza del Presidente El anuncio de la renuncia se da la noche del domingo 6. El lunes 7 al mediodía Carlos D. Mesa entrega su carta al Parlamento. Senadores y Diputados sesionan el lunes por la tarde y martes 8 en reuniones de bancadas y en encuentros con el presidente y sus colaboradores. La 13ª Sesión Ordinaria y Especial del Congreso Nacional se instala acabando la tarde del martes 8 para formalizar acuerdos ya tomados en las reuniones previas. Entre el momento del anuncio de la renuncia y la resolución del Parlamento no median ni siquiera 48 horas. Horas que se hicieron un tiempo histórico interminable y que Bolivia no se merecía vivirlas con la situación de angustia que un Presidente sin partido eligió como la fórmula para legitimarse deslegitimando a sus hasta entonces principales aliados y ahora la traba mayor para la realización de sus propuestas. En la justificación de su rechazo a la renuncia por unanimidad, los presidentes de Senadores y Diputados coincidieron en señalar que su medida era una solución duradera y efectiva que buscaba convertir la crisis de confianza que vive el país en oportunidad para superar las diferencias entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para darle a Bolivia estabilidad, tranquilidad, certidumbre, gobernabilidad y esperanza. Ufanos los parlamentarios subrayaron que más allá de aceptar o no la renuncia habían tomado una “decisión patriótica” con la viabilización de un “Acuerdo ante la Nación” que no debe ser entendido como una alianza política. Para algunos parlamentarios el rechazo a la renuncia no implicaría tanto un apoyo a las medidas que tome el Presidente, sino una exigencia para que éste cumpla con su mandato, es decir, que gobierne. El “Acuerdo ante la Nación” consiste en la suscripción de una agenda de cuatro puntos tomados de algunos de los temas que están latentes en el ambiente: 1) Aprobación de la Ley de Hidrocarburos respetando el espíritu del referéndum vinculante del 18 de julio de 2004 que reconoce el concepto de propiedad del Estado, garantiza la inversión extranjera y nacional, otorga seguridad jurídica, y fomenta la exportación, industrialización y explotación del gas. 2) Elección de Prefectos por voto democrático; convocatoria a Referéndum sobre Autonomías en los 9 departamentos; y convocatoria a la Asamblea Constituyente como pacto de unidad de cara al futuro. 3) Un acuerdo nacional con participación de los sectores más representativos de la sociedad para la producción, generación de empleos e inclusión ciudadana. 4) Definición de una agenda de respuestas a las demandas sociales para la superación de los bloqueos. En esta sesión parlamentaria y con su habitual capacidad de oratoria que sabe persuadir tocando los afectos, don Carlos D. Mesa puso de relieve algunos puntos que saben instalarse en el corazón de las personas. Habló por ejemplo que el acuerdo con los parlamentarios es en realidad una decisión del país por “resolver con sensatez, racionalidad, espíritu de paz y sentido de futuro” el contexto que pintan los bloqueos y la violencia. Aclaró que su renuncia estuvo dirigida a detener el país por un momento, e invitar a sus habitantes a reflexionar sobre la lógica de la violencia que es suicida porque no permite gobernar y porque inviabiliza a Bolivia. Como para despejar dudas, enfatizó en que su renuncia no fue producto de un cálculo político para su fortalecimiento personal, sino una angustiosa y riesgosa decisión para permitir repensar el país en democracia. Combinando armónicamente el movimiento de sus manos con los gestos de su rostro y los tonos de su voz, en una alocución expresada con un orden extraordinario y sin leer una línea de libreto, Mesa dejó en claro que la circunstancia de su renuncia le permitió a Bolivia la apertura de un nuevo escenario, de otra oportunidad para trabajar juntos, con apertura al diálogo y la tolerancia. Imploró por manifestaciones pacíficas y respetuosas del otro, por combatir la violencia e intolerancia sin herir, sin racismos, con respeto, especialmente a los indígenas. No podía dejar de individualizar a Evo Morales, convocándolo especialmente para que se sume al esfuerzo nacional de diálogo con el Presidente y con el país. Lo arengó para abrirse a la capacidad de “saber escuchar a Bolivia que quiere diálogo, paz, acuerdos”. Y consecuente con su aversión a los bloqueos, convocó a la población a ocupar las calles el día jueves 10 al mediodía para “expresar oposición militante y democrática en contra de los bloqueos” y a favor de un país desbloqueado, de libre tránsito y de libre decisión. Más tarde, desde el balcón del Palacio de Gobierno y ante una multitud festiva de pañuelos blancos expresó algunas cosas más, guardadas para el delirio: “han marcado mi decisión de que me comprometa a seguir hasta agosto del 2007”, le dijo a la multitud agradeciéndole su respaldo. “Actuemos responsablemente con un discurso de paz que gana siempre”, pidió enfático. “Demostrarle al mundo que el racismo se acabó en Bolivia”, exigió como parte del compromiso. Y el “no al bloqueo” fue la exhortación de cierre aclarando que el espíritu de diálogo es más grande que cualquier piedra que entorpece la transitabilidad. Después de la parafernalia Varias medidas están sucediéndole inmediatamente a la decisión de rechazo parlamentario a la renuncia del Presidente. Una de ellos es el reforzamiento de la criminalización a la protesta social, mediante la búsqueda de un decreto que justifique, como en los años negros de las dictaduras, el encarcelamiento de los líderes de los movimientos sociales; peligrosa decisión en democracia para un gobierno que quiere moverse en los marcos de la Constitución y de una cultura del diálogo. Otra está relacionada con el fortalecimiento de la oposición, que a su vez concertó un gran Pacto de Unidad Social con la participación de las principales organizaciones populares, entre las que destacan la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la FEJUVE El Alto y el MAS de Evo Morales y que cerraron filas para defender su propuesta de Ley de Hidrocarburos. Otra manifestación es la promesa por parte del Parlamento, ahora unido en un rodillo, para aprobar la Ley de Hidrocarburos del Presidente Mesa en el curso de las siguientes horas; una decisión que tuvo en espera por más de ocho meses después del referéndum vinculante sobre el gas y que ahora saldrá al margen de los resultados del referéndum, o leyéndolos con los lentes de su conveniencia. Instalados en un escenario que no es muy distinto al anterior, salvo en la alianza del Presidente con los partidos tradicionales en el Parlamento, y excepto la mayor polarización política, nos preguntamos si la experiencia se justifica haberse desarrollado. Seguramente los movimientos sociales asumirán que además de los bloqueos existen otras formas de reivindicación y lucha que tienen que aprender a desarrollarlas, y acaso más adelante los gobernantes recuperarán su ubicación en un país complejo y atípico. No nos hagamos los suizos. No vivimos en un país de marchódromos de caminatas planificadas y de gritos silenciosos expresados en pancartas. No es éste un país de shopings que organizan el comercio. No estamos en un país de zambódromos donde los danzantes alegran las graderías de los espectadores. Bolivia no es un país de reservorios de indígenas hechos para el regocijo de los turistas. Éste no es un país de casas de indigencia donde se guarda la pobreza. En Bolivia las protestas y marchas se hacen en las calles y carreteras cotidianamente porque son una forma de enunciación de demandas. En las ciudades y pueblos principales los mercados callejeros y los vendedores ambulantes ganan las aceras de las avenidas principales. Las fiestas se toman las ciudades y los ciudadanos bailan en ellas. Los indígenas se riegan en todo el territorio sin vestirse para el turismo sino ganándole espacios al mundo globalizado. Los pobres son parte de un paisaje inhumano que los discrimina y los excluye. No nos hagamos los suizos, Bolivia es un país bloqueado por su pobreza. En consecuencia, hay que gobernar desde el país como es, y no desde el país de las maravillas que no somos. Desde el país de la diversidad, no desde Estados monoteístas y monoculturales. Desde el país de la demanda hecha conflicto, no desde el país de la paz de los cementerios. Hay que gobernar el país que somos para cambiarlo. Para que las marchas construyan democracia participativa y se reflejen en políticas de Estado con sensibilidad social. Para que el mercado se someta a las leyes del Estado y no éste a las de aquel que no controla. Para que los indígenas se incluyan con autodeterminación en la construcción de una ciudadanía múltiple. Para que los pobres ya no sean tales. Para el país que quiere ser distinto, sin pobres, con justicia, sin imposiciones, con soberanía. * Adalid Contreras Baspineiro, sociólogo y comunicólogo boliviano