El próximo 10 de octubre se cumplirán cuatro meses desde que la ReDCo solicitó a la FGR iniciar una investigación sobre la asignación de todas las concesiones del espectro radioeléctrico otorgadas desde la época de la exANTEL hasta la actualidad. La solicitud de las organizaciones sociales se realizó el pasado 10 de junio y no se ha tenido respuesta.

 

Óscar Campos, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) señaló que según el Código Procesal Penal después de este tiempo “estamos facultados de pedirle al fiscal auxiliar que lleva el caso y al Fiscal General, Luis Martínez, que se pronuncien para expresar si existen elementos suficientes para una causa probable de investigación y si se puede judicializar el caso”.

 

Las organizaciones piden que si la FGR ha iniciado la investigación, que se les informe, de igual forma si el ministerio público ha desestimado la petición y se ha mandado a archivo la misma que se pronuncie al respecto.

 

“Hay una preocupación por el silencio de la investigación respecto a este caso, porque no se sabe si existe una investigación seria sobre las concesiones de frecuencias”, afirma Campos.

 

Entre los casos incluidos en la solicitud que se le presentó al Fiscal está uno de los ventilados a través de un medio digital sobre la asignación de siete canales privados de televisión con la intervención de testaferros, que se reconvirtieron a señales de televisión abierta y que ahora están en manos de Telecorporación Salvadoreña (TCS) de manera irregular, en desuso desde hace cinco años para que lo investigara.

 

También la entrega de canal 8 a la Asociación AGAPE que fue irregular y merece una investigación, ya que han sido prácticas anómalas realizadas en la entrega de frecuencias a quien mejor pague por ellas.

 

Esta vez, la solicitud de investigación a la FGR la extendieron a otras instancias del Estado para transparentar y democratizar la asignación de concesiones de frecuencias de radio y televisión y para agilizar procesos que tienen de por medio la discusión sobre este tema.

 

En ese sentido, reiteraron el llamado a la Asamblea Legislativa para crear una comisión especial que investigue la información sobre las concesiones que ha otorgado SIGET a lo largo de su trayectoria; un tercer llamado fue a la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, para que así como ha impulsado procesos de transparentar y rendir cuentas en otras instituciones del Estado, también impulse un proceso de este tipo en la Superintendencia para poder transparentar las concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico.

 

Y el cuarto llamado fue a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “para que resuelva de una vez por todas dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones”, pendientes desde hace varios años, ya que esta instancia tiene la posibilidad de, a través de sentencias, abrir un proceso de reformas a la Ley (de Telecomunicaciones) en la Asamblea y así crear mecanismos que transparenten la asignación de concesiones y que en el futuro no se den irregularidades como las que se han cometido en el pasado.

 

 

Aprovechando la reciente campaña impulsada por los grandes medios de televisión arropados por gremiales afines como ASDER y ASAP planteando la necesidad de transparentar la asignación de una frecuencia, la ReDCo salió al encuentro de esa inquietud e hizo un llamado a los “Medios Unidos” a que demuestren que esa preocupación por la transparencia en la asignación de frecuencias es genuina y que se unan a acompañar las cuatro exigencias que se están planteando en esta ocasión.

 

“Si no lo hacen es una campaña demagógica que responde a intereses de algunos medios que no quieren la entrada de competidores y entonces ese discurso de transparencia y juego limpio es vacío”, afirmó Leonel Herrera de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).

 

Sobre esta discusión, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad Sherman Calvo, una de las gremiales que apoya la campaña de juego limpio en la concesión de frecuencias y aliado de la Telecorporación Salvadoreña, afirmó en una columna de opinión el lunes 29 de septiembre, que “la democratización del espectro radioeléctrico sin duda alguna es otra de las falacias populistas del socialismo del siglo XXI para controlar los medios” y que obedece a lineamientos de censura y control que se realizan en países como Ecuador, Venezuela y Nicaragua.

 

Para el publicista el argumento de la “democratización de medios” estipulado en convenios internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, es falso porque según él, el país cuenta con “125 radioemisoras y 13 canales de televisión, contando únicamente medios pertenecientes a ASDER, 138 medios libres e independientes, sin incluir a los periódicos y el resto de medios publicitarios no asociados y de publicidad exterior” y que eso es suficiente muestra de la democracia existente en los medios.

 

Calvo deja entrever que la democratización de los medios “es un reproche de gente que no sabe de empresas, ni de medios de comunicación, ni de publicidad hacia algunos medios por haber sido pioneros y visionarios hace 50 años o un siglo de trayectoria”.

 

Al respecto, Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) argumentó que “el espectro radioeléctrico es un bien público, limitado y debe ser administrado democráticamente, con criterios de participación, inclusión y democracia, algo que en El Salvador no ha sucedido y que los organismos internacionales han establecido como parámetros válidos y sanos para la convivencia de un país”.

 

El abogado señaló que lo que se plantea es que “todos los medios privados tienen el derecho de existir, a lo que no tienen derecho es a creer que sólo ellos tienen que existir, ni siquiera se está planteando expropiaciones, sino corregir lo que está mal hecho desde el pasado, corregir prácticas y normativas que no permiten la inclusión de medios públicos y comunitarios, que demandan también su cuota de participación y que tanto como los privados tienen legítimo derecho de participar en el reparto de este bien público”.

 

El representante de ARPAS agregó que sobre el tema del juego limpio y la transparencia, la Superintendencia de Competencia el 30 de junio también emitió una resolución que pasó un tanto desapercibida pero que expuso, en el ámbito comunicacional, varios aspectos que son anticompetitivos en el reparto del espectro radioeléctrico, como la asignación por subasta de las frecuencias, las prórrogas automáticas cada 20 años de las mismas y el carácter de bien privado que se le da a las concesiones.

 

Al final Herrera también anunció que tienen la oferta del gobierno de que pronto se creará una Comisión Nacional para discutir los temas de comunicación, en la que participarán representantes de medios privados, públicos, comunitarios, organizaciones sociales, gremio periodístico, academia, etc. que será relevante para generar un espacio de discusión de las diversas inquietudes sobre la transparencia en este tema.

 

- José Mejía | @JosMejia