La semana que termina hubo una gran atención nacional por el debate en el Congreso promovido por el senador Iván Cepeda sobre el paramilitarismo y el narcotráfico. Pero más allá de las valoraciones acerca del mismo, sobre lo cual se ha escrito y dicho suficiente, quiero referirme en este escrito es al papel de los mismos en las actividades normales de los Congresos.

Las funciones del Congreso en un régimen presidencialista como el nuestro y en el contexto de una democracia liberal, se pueden resumir en tres grandes, una, la legislativa propiamente dicha, es decir tramitar, debatir y aprobar o negar, iniciativas de ley o de reformas constitucionales y para ello existen procedimientos acordados; dos, la función de nombramiento de algunos altos funcionarios del Estado y tres, el control político tanto a los funcionarios del gobierno, tarea básicamente de las oposiciones políticas, como a las políticas públicas y a situaciones políticas de relevancia nacional, hechas tanto en comisiones como en plenarias.

Sin embargo, en nuestra elites políticas, pero también en amplios sectores de la sociedad, existe una mezcla contradictoria en la cultura política, heredada de nuestra historia pasada; de una parte, concebir la política como enfrentamientos entre enemigos –casi como de guerra- y no como un espacio normal de divergencias que periódicamente se resuelven en las elecciones; en esto pesa mucho toda la tradición de enfrentamiento violento entre conservadores y liberales de lo cual algunos sectores prefieren no hablar y que dejó en la historia de Colombia cientos de miles de muertos. Pero por otra parte, está la tradición frente nacionalista, heredera de décadas de convivencia burocrática entre liberales y conservadores –justamente para tratar de acabar con los enfrentamientos violentos, que considera que se debe evitar la controversia, aquello que genere molestias o disgustos al otro o a los otros y en aras de ello se callan o disfrazan el análisis de acontecimientos o hechos de la historia política nacional.

Esto ha llevado a que la función de control político en el Congreso termine siendo en muchos casos casi que formal. Sin embargo, ha habido en la historia colombiana reciente, debates de control político que han dejado huella, para no hablar de los propios de los periodos de hegemonías conservadoras y liberales, fue muy destacado durante el Frente Nacional el debate hecho por el senador anapista, en ese momento, José Ignacio ‘Nacho’ Vives contra Enrique Peñaloza, gerente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) durante el gobierno de Carlos Lleras, que fue transmitido en directo por la radio y generó gran interés nacional; o los debates de Gustavo Petro y otros senadores por la llamada parapolítica, durante el gobierno del ex presidente Uribe, para sólo mencionar dos de los varios que se han dado. El debate que estamos mencionando al inicio de esta columna se sitúa en esa tradición. Pero hay que destacar que un debate de control político en el Congreso no es un proceso judicial, es un debate político; otra cosa es que de allí se puedan derivar procesos judiciales, que pueden o no prosperar dependiendo de la prueba existente de comisión de delitos. No es la opinión de uno u otro congresista, que son eminentemente políticas, necesariamente pruebas judiciales. Eso es otra cosa y es en otro escenario, en el de los tribunales donde se decide si hay o no mérito para iniciar un proceso judicial.

Por ello lo deseable es que el Congreso haga muchos más debates de control político y que los medios le den la trascendencia que los mismos tienen, porque esa es una de las tareas de los congresistas. Hay muchos temas nacionales que requieren que se debatan seriamente en el Congreso, insisto no para creer que eso son procesos judiciales, sino fundamentalmente para ilustrar la opinión nacional. Eso también contribuiría a mejorar la imagen de los ciudadanos sobre la institución del Congreso.

- Alejo Vargas Velásquez, profesor titular Universidad Nacional, Colombia, director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.