En Argentina se vive una tensa situación debido a la negociación de las tarifas en servicios como, telecomunicaciones, suministro de electricidad y agua, donde están involucrados el Gobierno argentino, de una parte, y empresas españolas como Aguas de Barcelona, Unión Fenosa o Telefónica. El ministro de Planificación de Argentina, Julio de Vido, declaró a mediados de enero que “en Argentina no puede haber usuarios cautivos en ninguna circunstancia” y, por tanto, no descarta la rescisión de contratos de concesiones si no se garantizan las inversiones que marque el Gobierno argentino. Por otro lado, en Uruguay, Aguas de la Costa, empresa controlada en un 60% por el grupo Aguas de Barcelona (Agbar), tiene pendiente de resolución un recurso ante el Gobierno de aquél país para poder seguir prestando servicios de agua potable y saneamiento en el país. El recurso responde a una reciente reforma constitucional que obliga a que los servicios de agua potable estén a cargo exclusivamente del Estado. Agbar y la negociación tarifaria en Argentina Aguas de Barcelona, grupo empresarial presidido por Ricard Fornesa, ha anunciado que va a diversificar su línea de negocio, aunque sus bastiones fundamentales seguirán siendo los sectores de agua y salud, a la vez que estrenará nueva sede el próximo verano. Los datos conocidos recientemente señalan que ha rechazado participar en un concurso de privatización de servicios de agua en una ciudad china, informa el periódico Expansión, pero que tiene mucho interés en presentarse a los concursos de privatización en nuestro país, donde el 51,8% del mercado de agua y saneamiento está todavía en manos de empresas públicas. Con respecto a América Latina, uno de los contenciosos más espinosos es la tensa pugna que se vive en la negociación entre Aguas Argentinas y el Gobierno de Buenos Aires. Así, la visita a París a mediados de enero del presidente argentino, Néstor Kirchner, será aprovechada por el grupo francés Suez Lyonnaise des Eaux, que controla Aguas Argentinas con casi un 40% de las acciones y en la que también participa con un 25% la española Aguas de Barcelona, para presionar en las negociaciones con las autoridades bonaerenses, según una información publicada por el diario galo Le Figaró. “El grupo no tiene intención de dejarse humillar”, resalta el periódico francés, añadiendo que “podría renunciar” al contrato firmado en 1993 por su filial, la cual se había mantenido hasta ahora en equilibrio contable, pero que prevé para este año “varias decenas de millones de pérdidas”. Suez presentará su cuenta de resultados de 2004 y el plan de crecimiento para los dos próximos años el 10 de marzo próximo (en Bolivia, las organizaciones sociales de El Alto y Santa Cruz obligaron hace dos semanas al gobierno de Carlos Mesa a anular el contrato de explotación del servicio de agua en La Paz y el Alto que tenía suscrito la empresa francesa Suez Lyonnaise des Eaux). Responde esta amenaza a la ya efectuada por el ministro de Planificación de Argentina, Julio de Vido, quien ha adelantado la imposición de multas millonarias a tres empresas eléctricas, entre las que se encuentra Edesur – controlada por la española Endesa- y Aguas Argentinas. El ministro declaró que “en Argentina no puede haber usuarios cautivos en ninguna circunstancia” y, por tanto, no descarta la rescisión de contratos de concesiones si no se garantizan las inversiones que marque el Gobierno argentino. Hay que tener en cuenta dos factores. Uno, los apagones de la pasada semana; dos, este año toca renegociar las tarifas. La multa aplicada a Aguas Argentinas se eleva a 21 millones de dólares. En primer lugar, la sanción fue de unos 680.000 dólares "por el reciente corte en el suministro de agua potable, falta de información, y comunicación al ente regulador, y a la población afectada", según indicó el ministro. Pero además, el Gobierno de Kirchner consideró anulado, de forma unilateral, un pacto alcanzado con Aguas, denominado Acta Acuerdo de renegociación contractual, que suspendía todas las actuaciones contra la empresa. Al considerarse anulado el acuerdo, el Gobierno vuelve a reclamar todas las obligaciones que estaban suspendidas, entre ellas el pago de unos 20,2 millones de dólares en multas acumuladas. El Acta Acuerdo había vencido el 31 de diciembre pasado, pero las dos partes habían consensuado implícitamente que siguiera en vigor mientras se renegociaba el acuerdo definitivo. Agbar arrojó un incremento en la cuenta de beneficio neto consolidado de un 137,5% durante los nueve primeros meses del año 2004. La compañía con sede central en Barcelona ganó en ese tiempo 157,92 millones de euros, frente a los 66,48 millones registrados en el tercer trimestre de 2003. Agbar en Uruguay Aguas de la Costa, empresa controlada en un 60% por el grupo Aguas de Barcelona (Agbar), tienen pendiente de resolución un recurso ante el Gobierno de Uruguay para poder seguir prestando servicios de agua potable y saneamiento en el país. El recurso responde a una reciente reforma constitucional que obliga a que los servicios de agua potable estén a cargo exclusivamente del Estado, informa Efe. Los ciudadanos uruguayos votaron a favor de esta reforma en un plebiscito celebrado el pasado 31 de octubre, coincidiendo con las elecciones presidenciales que otorgaron el triunfo a Tabaré Vázquez, candidato del Frente Amplio. Agbar entiende que el resultado del plebiscito no es retroactivo. El grupo se adjudicó en 1993 un contrato para distribuir agua en el departamento de Maldonado por un periodo de 25 años. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida fue la impulsora de la reforma de dos artículos de la Constitución Nacional que permitirá preservar este recurso natural y recuperar el derecho para que el agua tenga una gestión pública. Se recogieron previamente 33.700 firmas en 48 horas, certificadas en cumplimiento de los requisitos legales. Las modificaciones afectan a los artículos 47, 188 y disposiciones transitorias y especiales de la Constitución Nacional. Así, el suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales queda fijados de la forma siguiente, como detalla Roberto Peccia, miembro de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. - El agua es un recurso natural esencial para la vida. - El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. - El servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. - Las aguas superficiales, así como las subterráneas (...) constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico. - El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. - la reparación que correspondiere, por la entrada en vigencia de ésta reforma, no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas.