La trilogía del poder (Alberto Fujimori; Vladimiro Montesinos, jefe de los servicios de inteligencia y Nicolás de Bari Hermosa, jefe de la Fuerzas Armadas) está recibiendo un fuerte cuestionamiento. A las críticas formuladas contra el régimen del ex-general Fernando Belaúnde, se han unido el ex- comandante general de la FF.AA., Alfonso Panizo, quien aduce que las Fuerzas Armadas deben permanecer ajenas a las pugnas civiles.

Entre tanto, el "zar antidrogas" de Estados Unidos, McCaffrey, en su reciente visita a Lima, se esforzó por marcar distancias con el influyente Vladimiro Montesinos. El proyecto reeleccionista para un tercer período de Fujimori, sin embargo, continúa adelante, y para ello el Presidente recibió del Congreso amplias facultades para controlar a la delincuencia, lo que le permitiría de paso controlar a la oposición.... En la siguiente entrevista, Javier Mujica, analista del Centro de Asesoría Laboral del Perú, examina el proyecto continuista de Fujimori así como la situación de la oposición.

Los llamados del ex-presidente Fernando Belaúnde Terry en el sentido de que para impedir la reelección del presidente Alberto Fujimori es necesaria una alianza cívico-militar, estarían indicando que los caminos legales están cerrados y que se requiere la intervención de las Fuerzas Armadas?

Yo creo que la alianza de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil alrededor de un proyecto nacional de desarrollo, fundado en la democracia y el estado de derecho, y el respeto a los derechos humanos no es necesariamente una invitación a acciones de naturaleza extralegal, a una rebelión armada o un golpe de Estado necesariamente. Lo que el llamado del ex-presidente Balaúnde expresa es la voluntad creciente de la mayor parte de sectores políticos del país por disponer de una convergencia de los distintos sectores que estamos preocupados por la situación de autoritarismo y el omnímodo afán reeleccionista del presidente Fujimori y de la cúpula militar que lo sostiene y lo rodea.

Los caminos legales no están cerrados en absoluto; de hecho, a través de acciones en el seno del Congreso, de acciones cívico-políticas como las de la convocatoria a una referendo nacional, o a través de acciones de presión pública, como diversos sectores sociales han venido impulsado a lo largo de los últimos meses en conjunto con sectores ciudadanos del país, se está expresando la voluntad de presionar por los canales legales que la legislación y la Constitución nos permite, para impedir que se confirme esta premeditada voluntad de reelegirse contra los mandatos constitucionales.

Y a propósito de la oposición, ¿cómo marcha el proceso del Foro Democrático para que se convoque a un plebiscito para impedir la reelección de Fujimori?

El Foro Democrático nace por iniciativa de tres ciudadanos, tres de los cuales son parlamentarios y uno no, que provienen de diversas banderas políticas. Progresivamente en el tiempo logró nuclear a múltiples sectores ciudadanos, sociales y políticos alrededor de la propuesta de la convocatoria a un referéndum contra la ley que autoriza la segunda reelección de Alberto Fujimori.

Esta iniciativa, impulsada con absoluta prescindencia de medios, sin una organización consistente a nivel nacional, sin embargo se ha ido abriendo paso a lo largo de los meses, y estoy en condiciones de informar que el Foro Democrático ya consiguió el millón doscientos cincuenta mil firmas exigidas por la ley para que se convoque a este referéndum. Sin embargo, como los organismos de registro y control se caracterizan por una acción que tiende a disminuir la verisimilitud de las firmas aportadas en distintos procesos que se ha presentado anteriormente (por ejemplo, para el registro de los partidos hubo una merma de alrededor del 30 o 40% de las firmas presentadas), se sigue recogiendo firmas en este momento para presentar 1 millón 500 o 1 millón 600.000 firmas a finales de mayo o principios de julio.

¿Qué viabilidad tiene esta propuesta del Foro Democrático?

Esta propuesta tendrá viabilidad en la medida en que, evidentemente, gane eco y respaldo social. Si es una iniciativa mas grande incluso del colectivo de 1 millón y medio de personas que la impulsa, seguramente frenará los graves retos que están planteados, es decir, un control por parte del poder ejecutivo de todos los mecanismos del aparato estatal: control del poder judicial que está al mando de un oficial del Servicio de Inteligencia; control del legislativo que no solamente que no legisla porque permantemente hace delegaciones de sus facultades hacia el poder ejecutivo sino que tampoco fiscaliza. A ello se añade, un poder electoral que va ser renovado en el mes de julio y un conjunto de medidas dictadas por el gobierno en los meses previos, que están orientadas a controlar la nueva conformación del jurado nacional de elecciones. Entonces, son bastantes los obstáculos que esta iniciativa debe sortear, y la única manera de lograrlo es a través de la movilización social.

A propósito de control, ¿qué papel está jugando la cúpula de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)?

Los servicios de inteligencia nacional son la herramienta por medio de la cual se manifiesta esta trilogía de poder que cubre todos los ámbitos de la institucionalidad nacional; éstos, están configurado todos los mecanismos para garantizar la reelección de Fujimori.

Recientemente se acaba de aprobar facultades legislativas para que el gobierno legisle sobre la seguridad nacional, para ello se ha venido produciendo una serie de incidentes que afectan la seguridad ciudadana: asesinatos de cambistas de monedas (hasta 12 cambistas han sido asesinados o heridos por atentados ciegos); el asesinato de uno de los más destacados empresarios mineros del país, lo que ha generado una situación de zozobra e histeria colectiva, escenario en el cual el gobierno hace esta propuesta de delegación de facultades legislativas para, en primer lugar, poner al Servicio de Inteligencia Nacional en el control de la seguridad ciudadana y del orden público, y en segundo lugar, para militarizar el control de la seguridad nacional hacia adentro, es decir, para disponer la creación de rondas urbanas; establecer que ciertos delitos sean juzgados ya no por tribunales civiles sino por tribunales militares; ampliar las penas a cadena perpetua, en fin, para aplicar todos los mecanismos que se usaron durante la época de la guerra, la violencia y el control del terrorismo.

Este es el escenario que el gobierno piensa instaurar dentro de muy poco, como preámbulo del proceso eleccionario que llevaremos a cabo en 1999, y es fácil deducir que este escenario no apunta tanto a una garantía de la seguridad ciudadana, sino sobre todo a un control de las condiciones de ejercicio de la oposición político-democrática, y además a garantizar mejores condiciones para la consumación del fraude electoral que viene preparado el gobierno como carta complementaria y aleatoria de su estrategia reeleccionista.

¿En qué se basa para afirmar que se está preparado un fraude?

En primer lugar, en todos los dispositivos de control de cada uno de los aparatos del Estado que van a intervenir en el proceso eleccionario; en segundo lugar, en los antecedentes de los procesos electorales que se han llevado en el Perú, y particularmente las últimas elecciones generales y el proceso de referéndum para la aprobación de la Constitución de 1993, una Constitución que el gobierno no tuvo más remedio que decir que fue aprobada por el 51% de la población versus un 49% que había votado por el NO.

Tanto en este proceso como en las elecciones generales de 1995, se produjeron grandes alteraciones de la voluntad ciudadana a través de la sustracción de actas electorales, duplicación de padrones, instalación de un centro de computo paralelo al del jurado nacional de elecciones, es decir, a través de la manipulación de todo el proceso, y también a través de la infiltración de agentes de inteligencia en los organismos de registro electoral y en los organismos de control del proceso eleccionario. Esto está documentado, está comprobado y es materia del conjunto de denuncias que se presentaron nacional e internacionalmente.

¿Qué objetivos tiene la decisión de reorientar las funciones del SIN hacia el control de la delincuencia?

Yo creo que habría que preguntarse si el propio SIN no está implicado en algunas de las operaciones que ha potenciado la acción delincuencial en los últimos tiempos. Agentes de los servicios de inteligencia, comprobadamente, han estado implicados en la extorsión a empresarios, en acciones de disposición de bienes públicos con finalidades políticas mediatas para suscitar ambientes de zozobra que permitan la adopción de medidas políticas o legislativas, que permitan un mayor control de la población, o la declaración de estados de emergencia que pongan espacios del territorio nacional bajo el control de mandos políticos militares.

Es como poner a los delincuentes a controlar a los delincuentes. Se soluciona el problema de la delincuencia por esa vía... Ciertamente no, el incremento de la delincuencia está relacionado con el incremento de la pobreza y la exclusión social que rige en el Perú. El hecho de que el 50% de la población peruana, esto es, más de 11 millones de habitantes, se encuentren en situación de pobreza y la mitad de esta última en situación de indigencia, es ciertamente un caldo de cultivo, un escenario propicio para el desarrollo de formas anómicas de responder a las carencias de estos millones de personas.

Además, en un escenario de consumo desenfrenado, propio de estas aperturas comerciales y de los modelos neoliberales con ínfulas hiperconsumistas, se despiertan apetitos y expectativas en los sectores populares que no son resueltos porque no hay empleo, porque no hay ingresos, de modo tal que se está induciendo en cierta forma también a comportamientos delincuenciales para satisfacer esas expectativas de consumo. Pese al desgaste de Fujimori, sondeos realizados en Lima indican que tiene una aceptación del 44%. ¿A qué se debe este fenómeno? Se debe a varias circunstancias.

Fujimori cayó en sus niveles de popularidad luego de la retoma de la Embajada del Japón, ocupada por un comando emerretista, y luego recuperó popularidad a raíz de una participación muy intensa en todo lo que significaron obras de prevención para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño. Su aparición en el escenario nacional y local brindado asistencias: medicamentos, alimentos, carpas, le ha granjeado un cierto nivel de simpatía popular. La oposición cuestiona la corrupción presente en las obras de prevención, la ineficiencia de las obras de prevención, los criterios centralistas de como fueron implementadas estas actividades, pero la oposición no tiene recursos que ofrecer a la población para enfrentar los efectos de este fenómeno, entonces la oposición no crece en su popularidad: quien crece en su popularidad, al margen de todo esto, es Fujimori.

¿Quién encabeza la oposición?

Hay oposición de distinta naturaleza. El alcalde de Lima, Alberto Andrade, encabeza todas las encuestas y digamos que el sesgo fundamental de su oposición a Fujimori está centrado en la ausencia de Estado de derecho, en las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo contra los gobiernos locales.

El Sr. Andrade, en cambio, no puede calificarse como un opositor si se refiere uno a su opinión sobre el modelo económico excluyente, si se refiere a lo que significó la quiebra del Estado de Derecho del golpe de Estado del mes de abril de 1992 que él aplaudió, si se refiere a la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que el aplaudió, en fin, hay oposición y oposiciones. En el resto de la oposición, que son los partidos democráticos y las organizaciones sociales, no hay una cabeza visible en este momento, lo que hay son procesos de concertación que coduzcan a, como se espera, la plasmación de un frente anti-dictatorial y en favor de una transición democrática para las elecciones generales de 1999.

¿Eso indicaría que hay una reactivación del movimiento social y popular que en otras décadas era fuerte?

Yo creo que paulatinamente se está produciendo la reactivación del movimiento social y popular en el Perú. Determinadas organizaciones han venido reconstruyendo su tejido social, podría hablar del movimiento sindical, del movimiento campesino, movimientos de sobrevivencia, de los comedores populares, de los comités del vaso de leche, de las organizaciones de derechos humanos. Esta reconstrucción del tejido social fortalece la reconstrucción de las perspectivas políticas para enfrentar una oposición medianamente unida a la estrategia reeleccionista de Fujimori.

- Publicado en el Servicio Informativo Nº 273, ALAI, 28-05-1998, Quito