Me sale del alma Palabra de honor, Bolivia es uno de los países más lindos del mundo. Por sus incorregibles contrastes expresados en su diversidad geográfica y regional, en su multiplicidad cultural, y en la convivencia inarmónica de sociedades del siglo XIV con espacios posmodernos. Bolivia es una de los países más lindos de la tierra por el dinamismo dignificante de sus movimientos sociales, por la gentileza de sus habitantes, por la magia inexplicable de su sabor a estaño, a petróleo, a coca, a caña de azúcar, a brisa de montaña y a humedad amazónica al mismo tiempo. Bolivia es uno de los países más atractivos, y atrayentes, por sus potencialidades energéticas a las que distintas multinacionales quieren echarle mano y paradójicamente, ¡vaya ocurrencia!, Bolivia también. Me sale del alma, palabra de honor, Bolivia es uno de los países más lindos del planeta, porque aquí, señores, se rajan los paradigmas neoliberales y desde sus hendiduras pugnan por surgir otros, humanizadores. Pero, al mismo tiempo que se rajan paradigmas, existe el riesgo del raje del Jalisco expresado como escape, huida, negación si las políticas no se tejen en el trenzado soberano de nuestro destino, sin embajadas ni multinacionales que nos dicten lo que es bueno o malo para nosotros. Y, es más, coyunturalmente estamos afrontando el peligro del raje de resquebrajamiento, de la división, de la fragmentación, de la separación territorial, política, cultural, administrativa, estructural, si no logramos conjugar las alteridades descentralizadoras en el diseño de un solo país, intercultural, superando el monoteísmo de su estructura administrativa-política. Somos, según diversos estudios, el país más pobre de Sudamérica. Y somos, según las historias contemporáneas que se hacen en las calles urbanas y caminos rurales, el país más disconforme con su pobreza. Desde los bordes de la normalidad liberal se ha enunciado que no estamos conformes con las políticas de lucha contra la pobreza, y que queremos, en justicia, políticas de lucha contra la redistribución de la riqueza. Se forjan algunas propuestas, pero no logran expandirse ni legitimarse como propuestas de país, sino tan sólo de sector o de región. Por ello se ha escrito en las paredes que “creemos ser país / y apenas somos paisaje”, y se está escribiendo en las calles y caminos que queremos ser país con nuestros recursos para nosotros, con nuestro destino diseñado por nosotros mismos. Intentando explicaciones a la posibilidad indeseada del raje, reconocemos el análisis del sociólogo Álvaro García Linera, quien afirma que existen dos grandes fallas sistémicas o grietas estructurales en el Estado boliviano: 1) la fisura o grieta entre el predominio arbitrario de un orden estatal monocultural en medio de una sociedad mayoritariamente multicultural y multinacional; y 2) que no existe, ni ha existido un solo campo político, esto es, un solo régimen normativo de producción de lo político, sino dos: el estatal, con sus leyes, su sistema de partidos, sus normas, formas de producción del capital político y modos de representación liberal de la voluntad colectiva; y el campo político corporativo y comunitario, basado en los sindicatos, los ayllus, las comunidades, con sus propias reglas de funcionamiento, su sistema de rotación de cargos, de fusión de la responsabilidad política con la ética del comportamiento cotidiano, con su sistema normativo de autoridades tradicionales y sus formas consensuales de toma de decisiones. Tendríamos que añadir a estas formas otra contemporánea, reciente, que se opone a las dos anteriores: el espacio oligárquico agroindustrial y terrateniente autonomista, basado en las leyes que provienen de la economía de mercado y alentado por intereses multinacionales, que han dado lugar a una sui géneris “rebelión empresarial” que arrastra respaldo social regional por la autonomía y por la reconducción del poder político. Estamos viviendo una coyuntura en la que se entrecruzan las tres grietas pintando un panorama complejo en el que aparecen, como estallidos, distintos procesos paralelos, entre los que se destacan la crisis del sistema gubernamental; el movimiento autonomista de las elites del Departamento de Santa Cruz; el bloqueo de caminos de los cocaleros de Los Yungas; la victoria de los vecinos de la ciudad de El Alto que logra la salida de una transnacional; el bloqueo de relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; y el deambular de los líderes y sus partidos tradicionales. Por si fuera poco, el embajador de la Casa Blanca, ironiza diciéndonos que primero resolvamos nuestros problemas internos para hablar luego de los temas importantes como la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses y las condiciones del apoyo financiero si Bolivia no ofrece garantías para la inversión externa. Son temas que parecen producto de una historia de décadas, pero que en la realidad están ocurriendo en paralelo, todos juntos, revueltos, sin darle tiempo a la democracia para un respiro. La crisis del cuateo como sistema político Los impactos de las políticas de ajuste estructural se expresan en su fracaso y en las rajaduras de su sistema que hace una década se mostraba pluscuamperfecto, como por ejemplo la capitalización que prometía un 10% de crecimiento anual con el aporte de las empresas capitalizadas, sin embargo el año de su implementación aporta un 1,87%, el año 2001 baja al 0,15%, y empezando el 2005 su aporte se ha reducido a cero, nada. Este tipo de medidas neoliberales han sido implementadas en Bolivia por sucesivos regímenes presidenciales que, al no lograr mayorías absolutas en su elección, se vieron obligados a realizar pactos o mega-coaliciones partidistas que tienen como condición el reparto de cargos o de cuotas de poder, por lo que se denominan sistemas gubernamentales de “cuoteo”. Carente el presidente Carlos Mesa de un partido o frente político de referencia, puesto que salta de los sets de televisión a la Vicepresidencia acompañando al depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada, y sin haber seguido la trayectoria de la militancia política, se ve obligado a acudir para los cargos jerárquicos a su círculo referencial de amigos, colegas y técnicos, en palabras mexicanas a sus cuates, con lo que inaugura un sui géneris sistema gubernamental de “cuateo”. Este sistema opta por ubicarse en el centro, en un lugar que lo coloca tan cerca y a la vez tan lejos de la emergente recomposición de los movimientos populares, en la misma proporción de cercanía y lejanía del otro polo, el de la oligarquía agroindustrial y terrateniente. Los riesgos de esta política equidistante se demuestran en la exacerbación de los dos polos, dejando en el medio a un sistema gubernamental “clase-mediero” en una especie de relleno de un sándwich que quiere ser dulce al mismo tiempo que picante. La propuesta gubernamental no representa el paradigma comunitario indígena y popular, ni tampoco satisface la apuesta liberal empresarial, su eclecticismo la coloca en una situación política suicida. Una expresión fehaciente de esta forma de política centrada en la iluminación del centro, es por ejemplo el referéndum sobre el gas realizado a mediados del 2004 con cinco preguntas ambiguas que generaron lecturas distintas, y cuyo carácter vinculante no respetó ni el mismo presidente con su decreto del 30 de diciembre de 2004 que dispone el alza del precio de los carburantes antes de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos. El voto popular expresó en las urnas del referéndum su decisión de recuperar la propiedad de los hidrocarburos, pero el presidente demuestra una actitud vacilante en relación a este tema. Otro ejemplo, cuando lanza un programa de promoción de la producción nacional, el “Compro Boliviano”, al mismo tiempo que se propone embargar esta producción entrando en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Otro ejemplo más, el 30 de diciembre, en vísperas del año nuevo Mesa decreta el alza de los precios de los carburantes sin medir sus impactos en la economía popular ni en el remezón social, al mismo tiempo que no duda en afirmar que “estamos pensando en los más necesitados y los más pobres”. En otro ejemplo, Mesa tiende a diferenciarse de su antecesor arguyendo que no acudiría jamás al uso de la fuerza para aplacar las protestas sociales, mientras deja que se apruebe un decreto en el que se establece que la muerte de civiles se justifica cuando rebasan la capacidad del ejército. Salido de la video-política, Carlos Mesa es un dotado de la palabra elocuente que no se apega a libretos para filtrarse coherente, limpia, sin remilgos ni muletillas. Mesa es dueño de una palabra que sabe cautivar, como cuando asume –en palabras- las reivindicaciones populares, tales como el juicio a los masacradores de octubre de 2003, con su célebre “ni olvido ni perdón, justicia!”. La palabra oportuna le valió una opinión pública tan alta, como cuando arrastraba alto rating como el más influyente informativista de televisión, por la agudeza de sus análisis, la inclemencia en su lucha contra la corrupción, y su apasionamiento en la defensa de la capitalización, lo que le valió ser el acompañante de fórmula del más acérrimo creyente de la economía de mercado. Desmarcadas las palabras de las acciones que sembraron esperanza en la ciudadanía, la palabra impecable de Mesa gana en levedad y su resonancia es válida solamente en su entorno, cayendo en la falacia tan común de la ilusión de la comunicación que ensalza el polo de la emisión y desmerece el de la recepción. La palabra deja de tener como referente a la sociedad y su propia palabra es la fuente de la palabra gubernamental. Entonces tiene que acudir a la percepción compasiva cuando en su mensaje a la nación del 9 de enero reclama emotivo que “no me dejan gobernar”, amenazando con renunciar a la presidencia si la violencia de las demandas obliga a la respuesta con violencia. Mesa transparenta su debilidad al mismo tiempo que su humanismo. Con medidas que se toman apresuradas, respaldadas por la palabra rigurosa, y las mismas medidas que se destroncan y retroceden con igual celeridad respaldadas por la palabra que se contradice, la palabra de Mesa se dibuja pendular, tan oscilante como su política equidistante, sin interlocutor definido, y tan ambiguo como sus afirmaciones de carácter genérico: “mi compromiso es con el país”. ¿Cuál país?, he ahí el dilema. Por este centrismo oscilante, Mesa es juzgado como “populista” por las corrientes liberales que cuestionan sus constantes retrocesos, como la rebaja del precio del diesel dos semanas después de haber promulgado su subida, o por su acuerdo con las movilizaciones alteñas para la salida de la Suez, transnacional francesa del agua. Este mismo centrismo oscilante, hace que desde la otra punta, la de las organizaciones sociales, la valoración de su gestión se defina como “entreguista”, por su timidez para la recuperación estatal de los hidrocarburos y por el alza del diesel y la gasolina en coincidencia con el desacuerdo del FMI a la subvención de los carburantes. La chispa que enciende el clima de resquebrajamientos múltiples es el decreto que autoriza el alza de los precios de los carburantes. Con un respaldo cierto en los precios bajos que se manejan en el mercado interno con relación a los países vecinos, y con la agudización del contrabando mermando el destino de carburantes hacia este mercado interno, el lanzamiento de la medida busca claramente encontrar respaldo por la diferencia; esto es –como lo sustentaron los ministros del área económica- afectando más a los industriales con el alza del diesel, evitando el deterioro de la economía popular con un alza mínima de la gasolina y manteniendo el precio del gas licuado y, además, otorgando por una sola vez un bono de 100,oo pesos bolivianos (12,50 $us.) para compensar los “efectos colaterales” de esta medida. La intención era clara, se pretendía trasladar la resolución de conflictos a la cancha de la sociedad civil enfrentándola con los transportistas si ellos pretendiesen subir las tarifas. Asimismo, quedaba claro que se buscaba que la población respaldase la medida del alza del diesel confrontándose con los agroindustriales cruceños. Estos supuestos fueron sólo buenas intenciones, porque el remezón que provocan estas medidas, se parecen a lo que con acierto conceptualiza la prensa escrita, un verdadero “tsunami político” que afecta por igual las sensibilidades de los dos extremos, y que no encuentran en el centro equidistante visos de empatías. De la “otra” Bolivia, productiva, a la vieja Bolivia, bloqueadora En octubre del año 2003, cuando la ciudadanía de la ciudad de El Alto se volcó a las calles para evitar la entrega de los hidrocarburos a capitales extranjeros, algunos medios de comunicación oficiosos, en concordancia con los discursos oficiales, se esmeraban en mostrar una Bolivia retrógrada, la altiplánica bloqueadora y “otra” Bolivia productiva, la de la oligarquía cruceña. Hasta se llegó a afirmar que mediaban cuestiones de idiosincrasia en la capacidad de la protesta y del emprendimiento empresarial. Unos parecían nacidos para bloquear, y otros para trabajar. A un año y un par de meses de aquel acontecimiento, Evo Morales, líder cocalero que logró gran parte de sus demandas a fuerza de bloqueos de caminos, se declaró aprendiz de la capacidad bloqueadora de los empresarios y juventud de la ensalzada Bolivia productiva, porque mientras él sólo bloquea caminos, en Santa Cruz se bloquearon el aeropuerto, los edificios públicos principales, las calles, las avenidas y también las carreteras. Un hecho de difícil explicación, es que la movilización regional -definida por algunos analistas como un proceso de “sublevación empresarial regional” y que es a todas luces una rebelión de la oligarquía agroindustrial y terrateniente del Departamento de Santa Cruz- se inicia en las mismísimas instalaciones de la Central Obrera Departamental, enarbolando la oposición regional al alza de los carburantes, particularmente del diesel, base energética de la producción agroindustrial. Sobre esta base, y alimentada fuertemente por la incapacidad gubernamental para atender esta demanda regional, la oligarquía cruceña acude a su organización referente: el Comité Cívico Pro Santa Cruz, para instalar otra demanda, la autonomía, sabiéndola enraizada en la memoria larga cruceña, con lo que se garantiza un fuerte arraigo social. Transcurridos los acontecimientos entre marchas, bloqueos de calles, piquetes de huelguistas, toma de edificios públicos y cabildos, aparecen las intenciones reales de la oligarquía, que no son otras que la recuperación de su hegemonía o de reocupación del poder político para ponerlo –como antes de Mesa- a la par de su poderío económico agroindustrial, ganadero, latifundista y petrolero, con un manejo estatal discrecional de altas concesiones y liberalizaciones impositivas. Para ello no dudan en afectar la institucionalidad democrática alentando la renuncia del presidente Carlos D. Mesa, y tampoco dudan en manejarse con eslóganes que ocultan las estadísticas reales sobre el poderío económico cruceño, por ejemplo se afirma que Santa Cruz aporta más de la mitad de los impuestos nacionales, siendo que en la realidad la decadente La Paz recauda el 40,6% del total de impuestos nacionales, en tanto que Santa Cruz logra el 34,8% a pesar de su mayor capacidad productiva. Pero la recuperación de este poder político para ponerlo a la par del poder económico no se quiere contentar ya con el mantenimiento de un Estado centralista. Ocurrió el año 1898, cuando en la llamada Guerra Federal, La Paz, eje del poder económico, traslada la sede de gobierno a su seno, dejando a Sucre, la ciudad de los 4 nombres, con un apodo: capital. No otra cosa parece significar el sentido de la masiva concentración del reciente 21 de enero, cuando el líder del Comité Pro Santa Cruz anuncia la convocatoria a un Cabildo Abierto el día 28 para la formación de un “Gobierno Autónomo Departamental”. A raíz de este hecho, se pregunta la politóloga Jimena Costa: ¿estaremos en las puertas de una Revolución Autonómica o en vísperas de un cambio en el eje de poder? Desconociendo que la debilidad del gobierno alimenta un caudal diverso de demandas, algunos intelectuales del liberalismo que se raja, entienden que la asonada cruceña es un escudo de prevención frente al denominado extremismo indianista del altiplano y trópico cocalero, causante supuesto de una fractura de la complementariedad Oriente - Occidente. Este pensamiento se entronca con un sentido de la demanda oligarca cruceña, el de impedir o restringir los alcances de la denominada “Agenda de Octubre” producto de la rebelión altiplánica de la ciudad de El Alto el 2003, y que estableció tres temas prioritarios: un referéndum vinculante sobre los hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. Afincadas las elites cruceñas en su “Agenda de Junio”, que clama autonomía, se resguardan en su alcance regional racista, y desde él empiezan a articular, tímidamente, un criterio que podría trascender sus ahora alcances provincianos, el de la “economía mixta”, no necesariamente coincidente con la mirada más bien nacionalizadora del Occidente respecto a la propiedad de los hidrocarburos. Dadas así las cosas, el pacto regional se muestra perverso para las demandas populares tendientes a evitar el alza del costo de vida. Las organizaciones sociales se sienten cooptadas y adosadas a una sublevación empresarial socialmente descentralizadora y separatista, y empiezan a rearticular sus propias respuestas. Unidas las federaciones campesinas y centrales indígenas conforman el Bloque del Oriente y el Comité Cívico Popular, desde cuyos espacios rechazan la manipulación empresarial, se resisten a la autonomía oligárquica, plantean la reversión de los latifundios a los campesinos, exigen la realización de la Asamblea Constituyente, y amenazan con un genuino movimiento autonómico de los pueblos indígenas respecto a los poderes regionales. También el Cardenal Julio Terrazas, radicado en Santa Cruz, y una de las personalidades más influyentes en el país, se interroga: “¿para qué queremos las autonomías?, ¿va a ser el privilegio de unos cuantos o va a ser el pan de cada de día para todos?” Entonces, nada está dicho en Santa Cruz, la dialéctica regional, que por unos días nos mostró a migrantes altiplánicos e indígenas marchando del brazo de jóvenes señoriales y magníficas señoritas en una mezcla de sublevación y desfile de modelos, fue sólo un fenómeno pasajero. La realidad vuelve a su curso excluyente, y la sociología se obliga a reincorporar en sus paradigmas la noción de clases sociales para aprehender el dinamismo de las prácticas sociales, culturales y políticas. La trascendencia histórica de la Bolivia bloqueadora En abril del año 2000, en la denominada “Guerra del Agua”, Cochabamba una de las ciudades más importantes de Bolivia logra evitar el alza de tarifas por parte de la empresa capitalizada Aguas del Tunari, subsidiaria de la Bechtel Corporation, además de su expulsión, previo pago estatal de 25 millones de dólares. Cinco años después, la indómita ciudad de El Alto, a la cabeza de su Federación de Juntas Vecinales logra –movilizaciones sociales de por medio- que el Estado rompa contrato con la empresa Aguas del Illimani que tiene como socio mayoritario a la empresa francesa Suez Lyonnaise des Eaux, aduciendo incumpliento del contrato de concesión, especialmente en la atención de la cobertura que de un previsto 100% no llega sino al 60% de los hogares alteños. La Suez quiere llevarse 60 millones de dólares como indeminización, cuando en la realidad casi no realizó ninguna inversión porque se escudó en los créditos concesionales por 52 millones otorgados por el BID, el CIF-BM y la CAF. Este hecho, que parece aislado de la coyuntura, no lo es y no sólo porque ocurre en medio de la tormenta política que vive Bolivia, sino especialmente porque ha fortalecido el sentimiento de la recuperación nacional de las empresas arrebatadas al Estado por la fracasada política de capitalización, y también por la demostración de la importancia del logro de reivindicaciones que lleven a superar las rajaduras de la democracia formal con la solidez de las caracterizaciones de la democracia participativa. Desbloquear la coca para bloquear la cocaína Unduavi es la vía de acceso a las provincias del norte paceño, paso obligado de vinculación con la ciudad de La Paz. En esta población, que acoge a pequeñas comerciantes y un puesto de control de la circulación de hoja de coca, es a la vez el centro de convergencia de Nor y Sud Yungas, las zonas de producción tradicional de la coca. Entre La Paz y Unduavi se erige un punto, La Cumbre, por sobre los 5.000 msm, desde donde se desciende sin pausa ni espacio plano hasta los llanos del Beni ubicados a 600 msm. Entre la Cumbre y la Amazonía, serpentea interminable “el camino de la muerte”, reconocido como el más peligroso del mundo porque desde su construcción en los años 40 ha arrastrado a sus precipicios a más de 30.000 almas. ¿Y qué tienen que ver los caminos con la coyuntura de remezón político? Sucede que la demanda de los productores cocaleros empezó pidiendo atención estatal al mantenimiento de los caminos que, por su sinuosidad, hacen que espacios de 30 kilómetros se recorran hasta en 2 horas en épocas normales y hasta en 8 o más en época de lluvias. Luego, y dada la ineptitud estatal para responder a su protesta, a esta demanda se sumaron otras, algunas regionales como el saneamiento o titulación de tierras, y otras nacionales como la revisión de la Ley de Capitalización. Pero el tema de fondo es el de la coca, principal producto de estas regiones. Las políticas gubernamentales combinan propuestas de erradicación con otras de sustitución e interdicción, es decir, combinan intentos de desarrollo por sustitución de la coca con acciones de fuerza lo que supone militarización. Desde esta perspectiva, cerca de Unduavi, lugar del bloqueo masivo por parte de los productores cocaleros de Los Yungas, está en construcción un puesto policial – militar denominado La Rinconada, según el gobierno para prevenir accidentes en el camino más peligroso del mundo, y de paso eficientizar el control de la circulación legal de la hoja de coca; y según los yungueños para la interdicción o, lo que es lo mismo, la represión. Por eso, el planteamiento central de los productores cocaleros es el de la demolición de esta edificación o, en su caso, su traspaso a la Asociación Departamental de Productores de Hoja de La Paz (ADEPCOCA), responsable de la comercialización de la hoja de coca en el mercado legal de la urbe paceña. La respuesta gubernamental a esta demanda fue, desde su punto de vista, un signo de diálogo y buena fe, ofreciendo dejar de lado la construcción de dos torres de control previstas en otras tantas esquinas del cuartel de La Rinconada, además de suplir el muro de piedras por una división de alambrados de malla olímpica, de modo tal que las actividades del cuartel –como en los zoológicos- sean visibles para los transeúntes. Tan particular respuesta sólo avivo los caldeados ánimos de los productores de coca, que más que reivindicar una demanda particular, están en realidad señalando el camino de la necesidad de la soberanía nacional para la definición de nuestras políticas desde el sentido de nuestros propios discursos, y los que sin duda no se quedan en la falacia de que coca es cocaína y postulan, por el contrario, la necesidad de procesos de desarrollo con coca. La política gubernamental, condicionada por las políticas de seguridad del gobierno norteamericano, no parece haberse enterado siquiera de la decisión del Parlamento Europeo que el día 15 de diciembre aprobó la Declaración de Catania, y que propone entre otros puntos la aplicación de políticas de reducción del daño que han causado las equivocadas políticas de erradicación, el apoyo a la investigación del uso benéfico de la coca, y un mayor involucramiento de la sociedad civil en el proceso de decisiones políticas. Desde este punto de vista, los productores de hoja de coca, en la Primera Cumbre Informativa Nacional de la Coca, decidieron crear el Instituto Técnico Científico de la Coca; organizarse comunalmente para la lucha contra el narcotráfico; defender la producción lícita de la coca alentando su industrialización benéfica; regular la comercialización y comercialización; y visibilizar la legitimidad del consumo o pijcheo de la hoja conceptualizando que coca no es cocaína. ¿Lograrán lógicas tan distintas encontrarse si continúan presionando las políticas externas? El silencio de los ausentes ¿Dónde están los líderes nacionales de los partidos tradicionales que no pronuncian palabra y no aparecen ni por asomo?, ¿dónde está don Jorge Tuto Quiroga, indiscutible referente de la derecha boliviana?, ¿dónde anda don Jaime Paz Zamora, líder histórico del Movimiento de Izquierda Boliviana?, ¿estarán mirando de palco, o estarán azuzando las llamas de la discordia, o quizás persuadiendo para el diálogo, o esperando el momento oportuno para su mensaje oportuno? ¿Y por dónde andaban los parlamentarios que casi dejan sin quórum la interpelación a los ministros por el decreto del alza de los carburantes?, ¿dónde se encontraba don Evo Morales que días antes decía y desdecía sus (des)acuerdos con el presidente Mesa?, ¿dónde están los parlamentarios figuretis de la cotidianeidad doméstica, por qué no dan la cara cuando las papas queman? ¿Cuál es el balance de don Jaime Solares sobre su fallida convocatoria al paro nacional por la gloriosa Central Obrera Boliviana?, ¿qué dice don Felipe Quispe de su huelga de hambre sin adhesiones y que lo convierten en el Mallku solitario?, ¿será parte de una estrategia de más amplia movilización campesina?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?... El bloqueo de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo La conformación de un “bloque oficialista“ en el Parlamento, denominado Corriente de Defensa de la Democracia, compuesto por parlamentarios del gubernamental MBL y renunciantes del MNR, MIR y MAS, recibió críticas, hasta de supuesto soborno por parte del escindido MNR, a lo que el vocero gubernamental rebatió con un categórico “creen que somos de su misma condición”. El nuevo bloque parlamentario apuesta a la búsqueda de equilibrios asumiendo que Mesa es la democracia, y que el funcionamiento de un justo medio, sería la base de superación de dos procesos anteriores de funcionamiento del Legislativo: la de su dependencia partidista del Ejecutivo lo que les valió a los parlamentarios el título de “levantamos”; y desde la asunción de Mesa al poder, un gobierno sin partidos, sin referencia en el Parlamento, y un Parlamento sin presencia en el Ejecutivo. A pesar de este acontecimiento que podría modificar las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, éstas siguen siendo tensas y siguen aumentándose tensiones. Acogiéndose a derechos constitucionales instituidos, el Parlamento censuró a 4 ministros, el de la Presidencia, el de Gobierno, el de Hidrocarburos y el de Desarrollo Económico esperando su desafuero. Sin embargo, y acudiendo a su investidura el Presidente los ratificó, en una clara muestra de desafío al Legislativo y de afirmación en sus decisiones. Lo curioso es que esta medida ocurre en un contexto de alta conflictividad y rechazo ciudadano a la política del alza del precio de los carburantes sustentada por los citados ministros. Pero las provocaciones salen también de los curules del Parlamento, por ejemplo con el indisimulado sentimiento del Presidente de la Cámara Alta, de Senadores, para asumir la silla presidencial por la vía de la sucesión contemplada en la Constitución Política del Estado. Tampoco es fácil comprender la actitud del presidente de la Cámara de Diputados, que a título de mediación estuvo presente en la concentración convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y de cuyos dirigentes recibió un documento con la firma de miles de ciudadanos que abogan por la autonomía departamental; pero más incomprensibles aún son sus declaraciones a la prensa en el sentido que apoya “la justa reivindicación” del pueblo cruceño y reconoce su militancia municipalista en favor de la descentralización y las autonomías. Las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo han sido tensas desde que Carlos Mesa se sentó en la silla presidencial y por lo visto el caduco y alicaído sistema representativo no parece aprender las lecciones de la incredulidad que provocan sus acciones en la percepción de la población boliviana. Sólo para tocar un tema: ¿por qué no aprueban ya la Ley de Hidrocarburos? Desbloqueando los resquebrajamientos: a recomponer la unidad Una primera condición para evitar el raje es repensarnos y rehacernos en democracia. Aunque evidentemente democracia no es igual a Carlos Mesa, debemos respondernos a dos preguntas: ¿después de Mesa, qué y quién?; y ¿se resuelven los resquebrajamientos estructurales con los cambios de presidente? Más allá de la retórica anticonstitucional asumida por las elites empresariales de Santa Cruz que abogan la caída de Mesa para reinstalarse en el poder y para evitar la realización de la Asamblea Constituyente, los distintos sectores sociales y políticos del país abogan por la búsqueda de espacios de diálogo y de deliberación, en democracia. Así por ejemplo, FEJUVE El Alto anuncia movilizaciones en favor de la institucionalidad democrática como plataforma para el cumplimiento de la “Agenda de Octubre”, el juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada, la realización de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Ley de Hidrocarburos. Asimismo, las organizaciones campesinas e indígenas de Santa Cruz rechazan en un documento titulado “Al Pueblo de Santa Cruz” los fines conspirativos de la oligarquía, terratenientes, traficantes de tierras y transnacionales petroleras. Algunos partidos políticos se expresaron a favor de la constitución de un Gabinete de Unidad Nacional, un Pacto Patriótico o una Cumbre Nacional, y hasta el oscilante Evo Morales, líder del MAS, pasó de su propuesta de adelantar las elecciones a la sugerencia de un Gran Encuentro Nacional entre políticos, empresarios y organizaciones sociales. También los alcaldes de ocho de las nueve ciudades principales del país suscribieron una declaración de respaldo al proceso democrático y de “transición histórica” liderada por el presidente Carlos Mesa rechazando “intentos sediciosos de sectores antidemocráticos y oligárquicos... que buscan evitar la realización de la Asamblea Constituyente”; y además de condenar a sectores del Parlamento por involucrarse en actividades desestabilizadoras, convocan la participación ciudadana y llaman al gobierno a asumir “medidas necesarias y urgentes”. La ciudadanía tiene sus manifestaciones espontáneas de respaldo a la institucionalidad democrática y hasta una agrupación cristiana oró con Carlos Mesa por la democracia. La ciudadanía apuesta por la democracia. Bolivia es un país de profunda convicción democrática, y por ello lucha por el paso de un irregular sistema de democracia formal – representativa a formas de democracia participativa. La ciudadanía boliviana ha optado por este destino que espera conceptualizarlo y operativizarlo a partir de la Asamblea Constituyente. Las elites están optando por la regresión y el continuismo de un sistema resquebrajado. Le toca ahora al presidente Carlos Mesa dejar su lugar ecléctico y optar, sin contradicciones. Gobernar con el pueblo supone gobernar con las esperanzas de una Bolivia participativa; gobernar con la oligarquía significa desmoronar esta edificación participativa y ceder a las seguridades enanas de los miedos de la clase media o a las seguridades fastuosas de las oligarquías. Siendo la democracia el espacio de reconstitución de las divergencias, las autonomías deben ser tratadas en el marco de la Constitución Política del Estado y no en el marco de la fuerza. Bolivia requiere medidas urgentes que afecten la coyuntura y medidas urgentes que afecten los campos estructurales. Entre las medidas urgentes para la coyuntura, ahora, para abrir el diálogo, están: 1) la derogatoria del decreto sobre el alza de los precios de los carburantes; 2) la suspensión de la construcción del cuartel de La Rinconada; 3) la convocatoria a un referéndum sobre las autonomías en el marco de la Asamblea Constituyente; 4) revisar los contratos especulativos con los mayoristas en la distribución de los carburantes. Recuperado la capacidad para el diálogo, superando intereses sectoriales o regionales para poner en el horizonte la noción de Bolivia como país, y como unidad, don Carlos Mesa precisa: 1) asegurar la realización de la Asamblea Constituyente; 2) alentar la aprobación urgente de la Ley de Hidrocarburos respetando la voluntad ciudadana por la recuperación de nuestros recursos energéticos; 3) encauzar el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada; 4) oponerse al decreto sobre la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses; 5) revisar la Ley de Capitalización que sólo en el sistema de tributación, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), entre el 2000 y 2004 posibilitó el aporte de un 29% por parte de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, incluidas las petroleras; mientras que los consumidores aportamos el 71% vía el IVA. Todas estas medidas requieren darse en el marco de un Programa de Gobierno cuya filosofía se inscriba en el camino de construcción de una democracia participativa. Desde esta visión será posible analizar con soberanía la conveniencia o no del ingreso al TLC; la renegociación o no pago de la deuda externa que subsume el 28% de nuestro PIB; los mecanismos de organización de las autonomías; y los caminos de manejo de nuestros hidrocarburos. Difícil momento de decisiones para Bolivia, en la que la continuación y profundización de la democracia depende de nosotros mismos y de la capacidad nacional para escribir su historia con soberanía.